Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El






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1 cualquier cargo representativo cuya elección deba hacerse de acuerdo con el sistema de representación proporcional; 2 miembros del Congreso de la Unión electos por el principio de mayoría relativa; 3 Alcaldes; 4 cargos vacantes de las Municipalidades que llegaron a desintegrarse"; 5 Delegados a una Asamblea provincial o municipal; 6 Gobernador de Estado; 7 se considera inexistente la elección en un determinado distrito cuando la mitad del total de sus Mesas fueran anuladas; 8 cuando se declare nula la elección de la mitad o más de los Senadores, de los Representantes de la Cámara o de los Diputados a una Asamblea Departamental correspondientes a una circunscripción electoral; 9 cuando la votación en la Mesa o las Mesas anuladas sea susceptible a afectar al resultado final de la elección; 10 en el caso de una grave perturbación del orden público que imposibilite el desarrollo de las votaciones deberán diferirse las elecciones; 11 cuando la elección del Presidente de la República no estuviere declarada un día entes del aquel de enero del año en que se inicia su mandato; 12 desaparición de todos los poderes constitucionales de un Estado miembro de la Unión; 13. Empate de una votación o pérdida de la representación raíz de la revocación del mandato respectivamente

La vacancia en la Presidencia de la República es, sin embargo, la circunstancia más generalizada. En cuatro países (Chile, México, Panamá y Venezuela) tal vacancia determina una convocatoria extraordinaria de elecciones presidenciales, siempre, claro es, que se den las restantes circunstancias previstas en cada caso. A este respecto hay que señalar que en los cuatro países se requiere que la vacancia sea absoluta, a lo que se añade en Panamá, que no exista suplente (que no pueda ser cubierta la Presidencia vacante por ninguno de los dos Vicepresidentes). Asimismo, en todos los países se requiere, adicionalmente, la existencia de un requisito temporal, coincidente en Chile y Panamá, que establecen que la vacancia debe de producirse dos años antes de la expiración del mandato al menos. En México, el período requerido se contabiliza a partir de la toma de posesión de la Presidencia, en cuanto que la vacancia debe de producirse en los dos primeros años del mandato, Y también en Venezuela el punto de referencia es la toma de posesión, si bien aquí se exige que la vacancia se produzca inmediatamente antes de la toma de posesión.

La vacancia en la Vicepresidencia de la República desencadena también, en Paraguay, una convocatoria extraordinaria del cuerpo electoral. Para ello, la vacancia ha de ser definitiva y acontecer dentro de los tres primeros años del periodo presidencial.

Muy específica es la determinación del art 20.2 del Código Electoral mexicano, que se refiere a la vacancia de miembros del Congreso de la Unión electos por el principio de mayoría relativa (Senadores y los Diputados electos de acuerdo con tal principio), sin establecer requisitos adicionales.

La falta absoluta de un Gobernador de Estado es causa, en Venezuela, de convocatoria de elecciones extraordinarias a Gobernador, a tenor del art° 16 de la Ley sobre elección y remoción de los Gobernadores de Estado, precepto que exige asimismo que la vacancia sea absoluta y que se produzca con anterioridad a la jura del cargo (en sintonía con lo que se establece por el art° 187 de la Constitución respecto del Presidente de República) o antes de que se cumpla la primera mitad del periodo que le corresponde.

La vacancia en determinados cargos municipales electivos también es causa en ciertos países de la convocatoria extraordinaria de comicios. Ello acontece en Colombia respecto del Alcalde, supuesto contemplado por el art° 20 de la Ley núm. 78, de 1986, que requiere, además, que se trate de una falta absoluta y que se produzca antes de que transcurra un año de ejercicio del mandato (del periodo del Alcalde, dice literalmente la Ley). Y en Costa Rica, el art° 141 del Código Electoral prevé la convocatoria de elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes de las Municipalidades que ‘llegaren a desintegrarse’, expresión ésta en verdad curiosa que el legislador no se encarga de explicar o precisar.

Por último nos encontramos con el modelo cubano, en verdad peculiar y que por ello tratamos en todas sus vertientes. Varias son las vacancias que desencadenan, o pueden desencadenar, una convocatoria extraordinaria. En primer término, la vacancia de un cargo de Diputado a la Asamblea Nacional, que tan sólo faculta al órgano legitimado para la convocatoria (el Consejo de Estado) para decidir tal convocatoria. En segundo lugar, la vacancia de un Delegado a una Asamblea provincial, que sí que obliga a una convocatoria extraordinaria, siempre que la vacante no se produzca en los últimos seis meses de mandato. Por último, la vacancia de un Delegado a una Asamblea municipal, en iguales términos que los inmediatamente antes expuestos.

La declaración de nulidad de una elección es la segunda causa habilitante para la convocatoria de elecciones extraordinarias. Un total de nueve países (Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) la acogen en su ordenamiento jurídico. Entro ellos, como en la causa precedente, se establecen, no obstante, notables diferencias, por cuanto entran en juego, por lo general, distintos requisitos adicionales.

Con enorme generalidad se contempla la declaración de nulidad en Guatemala y México, en donde tan sólo se prevé, genéricamente, la declaración de nulidad del anterior proceso electoral y la declaración de nulidad de una elección, respectivamente, si bien, en Guatemala, se exige que esa declaración haya sido hecha por el Tribunal Supremo Electoral. No dista mucho de esas genéricas precisiones el ordenamiento de Uruguay, en donde tan sólo se exige la declaración de nulidad total o parcial de las elecciones llevada a cabo por la Corte Electoral, bien que para ello la Constitución exija el voto conforme de seis de los nueve miembros del citado órgano de la justicia electoral.

Un requisito bastante común para decidir la nulidad de los comicios es el de que la votación en la Mesa o Mesas anuladas sea susceptible de afectar al resultado final de la elección, circunstancia prevista en Honduras, la República Dominicana y Panamá, país este último en el que a tal circunstancia se añade la de que la votación (o con más exactitud, el número de votantes registrado en la Mesa o Mesas en cuestión) pudiera ser bastante como para determinar la subsistencia legal de un partido.

En otro caso, Perú, la nulidad se puede considerar que opera cuasi automáticamente, en función de que se alcance un determinado porcentaje de votos nulos o en blanco: los dos tercios de los emitidos, supuesto en el que los Jurados Departamentales habrán de declarar la nulidad total de las elecciones de Diputados realizadas en su jurisdicción. También se prevé legalmente la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones pueda declarar, en instancia de apelación definitiva, la nulidad de las elecciones realizadas en una determinada circunscripción electoral, al igual que puede declarar el mismo órgano la nulidad total del proceso electoral nacional.

En otros países (Argentina y Panamá), la anulación efectiva se supedita a una previa solicitud al órgano legitimado para la convocatoria en el sentido de que, efectivamente, proceda a convocar al cuerpo electoral, solicitud para la que quedan habilitados, en un caso (Argentina), los partidos políticos que hubieren participado en la elección, siempre que la formularen dentro de los tres días de sancionada la nulidad, y en el otro (Panamá), el o los partidos o candidatos afectados, cuando lo hagan dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que declare tal nulidad.

Finalmente, la nulidad de un determinado número de Mesas electorales o de candidatos electos arrastra consigo la convocatoria de elecciones con independencia ya de que se cumpla cualquier otro requisito. Y así, en Argentina, se considera inexistente la elección en un determinado distrito cuando la mitad del total de sus Mesas fueran anuladas; en tal caso, se procederá a nueva convocatoria, aunque no fuere solicitado por ningún partido político participante en los comicios. Y en Colombia, cuando por sentencia firme se declarare nula la elección de la mitad o más de los Senadores, de los Representantes de la Cámara o de los Diputados a una Asamblea Departamental correspondientes a una circunscripción electoral, se habrán de convocar elecciones extraordinarias.

La no celebración de las elecciones es la tercera de las causas que habilitan para la convocatoria extraordinaria. En seis países es objeto de regulación esta causa (Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá). En Argentina, la vinculación de la misma con la anulación de un determinado número de Mesas, a la que nos referíamos inmediatamente antes, es bien patente, pues, como ya dijimos, la anulación de la mitad de las Mesas de un distrito por la Junta Electoral Nacional conduce a considerar inexistente, es decir no celebrada, la elección.

La analogía con la causa anterior es también notable en Honduras y Panamá, países en donde se estipula que si por cualquier causa (de fuerza mayor o caso fortuito, se precisa en el ordenamiento hondureño) no se celebraren elecciones (o se imposibilitara la práctica de un escrutinio, según se dispone en la Ley Electoral de Honduras), será necesaria la convocatoria de elecciones extraordinarias cuando los votos de la Mesa o Mesas en cuestión pudieran decidir el resultado final de la elección, o incluso, según el Código Electoral de Panamá, determinar la subsistencia legal de un partido.

Con más vaguedad se regula la cuestión en Ecuador y Colombia, en relación en este último país con las elecciones de Concejales, al limitarse los ordenamientos respectivos a prever genéricamente el hecho de que por alguna causa no se hubiese podido verificar oportunamente una elección.

Mayores requisitos encontramos en la Constitución de El Salvador, que se refiere a dos supuestos de inexistencia de elecciones: aquél en por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados por la Asamblea Legislativa, no pudiere efectuarse la segunda vuelta de la elección presidencial en el periodo señalado por el art° 80 de la Constitución, y aquel otro en que también por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados por la Asamblea Legislativa, no pudieran efectuarse las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República en la fecha señalada.

Hemos de recordar finalmente el supuesto específico de grave perturbación del orden público que imposibilite el desarrollo de las votaciones, al que se refiere el art° 128 del Código Electoral de Colombia, que prevé que en tal circunstancia deberán diferirse las elecciones.

Junto a estas tres causas fundamentales, generalizadamente contempladas por distintos países, los diferentes ordenamientos han contemplado hasta otras cuatro causas que desencadenan una convocatoria electoral extraordinaria. Nos referiremos sumariamente a ellas: la primera está contemplada por el Código Electoral de Panamá, y es el supuesto de empate en una votación; la misma norma se refiere a la segunda causa: el supuesto de pérdida de la representación a raíz de la revocación del mandato, posibilitada constitucionalmente incluso; la tercera de estas causas está acogida por el art 76.V de la Constitución de México, que alude a la desaparición de todos los poderes constitucionales de un Estado miembro de la Unión. La última de ellas está prevista por el art 242 de la Constitución de Honduras, que se refiere al hecho de que la elección del Presidente de la República no estuviere declarada un día antes de aquél de enero (el día 27 de enero) del año en que se inicia su mandato.
Autoridad legitimada para la convocatoria
Como es perfectamente comprensible, las autoridades legitimadas para convocar al cuerpo electoral en estos supuestos de elecciones extraordinarias no sólo varían de unos países a otros, sino que incluso en un mismo país no coinciden en ocasiones, lo que no es sino la resultante lógica del hecho de que las causas que pueden desencadenar una convocatoria extraordinaria afectan a órganos dispares respecto de los cuales la convocatoria electoral no siempre es competencia de la misma autoridad.

Con todo, las instancias legitimadas para la convocatoria pueden reconducirse a tres grandes modelos o bloques: la legitimación de los órganos de la justicia electoral, la del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo (véase Cuadro 9).

En un total de diez países (Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) la autoridad legitimada para convocar una elección de esta naturaleza se radica en órganos de la justicia electoral, en unos casos con carácter exclusivo y en otros no, al igual que en otros supuestos la intervención de estos órganos se produce a requerimiento de otros órganos constitucionales. En Ecuador (Tribunal Supremo Electoral), Guatemala (Tribunal Supremo Electoral), República Dominicana (Junta Central Electoral) y Uruguay (Corte Electoral), la competencia corresponde en exclusiva a órganos de la justicia electoral. También en Costa Rica y Venezuela la autoridad legitimada en exclusiva es un órgano de la justicia electoral (el Tribunal Supremo de Elecciones y el Consejo Supremo Electoral, respectivamente), si bien, en ambos casos, la intervención de estos órganos es rogada: en Costa Rica, a solicitud del Poder Ejecutivo, y en Venezuela, a instancias (en el supuesto de falta absoluta de un Gobernador de Estado) del Gobernador interino o de la Asamblea Legislativa del Estado, si bien cabe asimismo la convocatoria de oficio. En los cuatro países que restan la intervención de los órganos a que venimos refiriéndonos se solapa con la intervención de otros órganos constitucionales, cada uno de los cuales interviene en causas de convocatoria electoral diferentes. Y así, en Cuba, la Comisión Electoral de Circunscripción, previo su nombramiento por la Asamblea Municipal, convoca los comicios cuando la causa desencadenante de los mismos es la existencia de una vacante de un Delegado a una Asamblea municipal.
Cuadro 9: Órganos estatales competentes a convocar elecciones extraordinarias

País

Justicia electoral

Poder ejecutivo

Poder legislativo

Argentina

 

PE nacional1

 

Chile

 

Vicepresidente

 

Colombia

 

PE nacional y/o regional2

 

Costa Rica

Tribunal Supremo Electoral 3

 

 

Cuba

Comisión Electoral de Circunscripción4

Consejo de Estado5

Asamblea provincial6

Ecuador

Tribunal Supremo Electoral

 

 

El Salvador

Tribunal Supremo Electoral7

 

Asamblea Legislativa8

Guatemala

Tribunal Supremo Electoral

 

 

Honduras

Tribunal Nacional Electoral9

Consejo de Ministros10

 

México

 

 

Congreso de la Unión11
Cámara respectiva12
Cámara de Senadores13

Panamá

Tribunal Electoral14

Ministro de Estado15

 

Paraguay

 

PE nacional

 

Perú

 

PE nacional

 

Rep. Dominicana

Junta Central Electoral

 

 

Uruguay

Corte Electoral

 

 

Venezuela

Consejo Supremo Electoral16

 

 
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