Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El






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1 elecciones municipales; 2 sólo cuando la convocatoria corresponde al Consejo de estado; 3 posteriores a la promulgación de la Ley de convocatoria del referéndum; 4 elecciones para gobernadores de Estado, Diputados a las Asambleas Legislativas, Alcaldes, Concejales y juntas Parroquiales.

Por lo que atañe a Bolivia, Guatemala y Venezuela, sus respectivos ordenamientos establecen unos plazos variables en función del tipo de comicios, plazos que se concretan con precisión. Y así, en Bolivia, mientras las elecciones generales han de convocarse con una anticipación de, al menos 180 días, respecto de la fecha de los comicios, ese plazo se reduce a los 120 días en las elecciones municipales. En Guatemala se distinguen hasta cuatro plazos diferenciados (de 120, 90, 45 y 90 días), en función de que, respectivamente, se trate de elecciones generales, elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, celebración de una consulta popular y otro tipo de elecciones. Finalmente, en Venezuela, se hace un doble distingo según se trate de elecciones para Presidente de la República, Senadores y Diputados, o de elecciones para Gobernadores de Estado, Diputados a las Asambleas Legislativas de los Estados, Alcaldes, Concejales y Juntas Parroquiales. En el primer caso, el plazo de 6 meses de anticipación respecto de la fecha prevista para la elección; en el segundo, de tan sólo 3 meses.

En cuanto al periodo de tiempo propiamente dicho que ha de mediar entre la convocatoria y las elecciones, una revisión general de los plazos nos muestra lo heterogéneo de los mismos (véase cuadros 4 y 5) que oscilan desde los ocho meses de Perú hasta los 30 días posteriores a la promulgación de la Ley de convocatoria de un referéndum, a cuyo transcurso es posible en Paraguay la celebración de una consulta popular de tal naturaleza.

Recordemos finalmente que en Costa Rica, y respecto tan sólo de las elecciones constituyentes, el Código Electoral faculta al Tribunal Supremo de Elecciones para decidir la fecha de las mismas (predeterminada con exactitud respecto de las elecciones ordinarias), con lo que la convocatoria, que también es potestad suya, no viene acotada por la necesidad de que medie un periodo específico entre la misma y la fecha de celebración del referéndum.
Formalidades de la convocatoria electoral
Dos son los tipos de formalidades que de modo más generalizado se contemplan en los ordenamientos jurídicos electorales que venimos analizando: la publicación del Decreto de convocatoria electoral y la existencia de unos contenidos mínimos a los que el mismo debe responder.

En ocho países (Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Venezuela) se exige la publicación del Decreto de convocatoria, con la finalidad obvia de dar publicidad del mismo. No en todos, sin embargo, la convocatoria debe hacerse de igual forma. En efecto, en tres de estos países (Costa Rica, Cuba y Venezuela), la convocatoria ha de publicarse tan sólo en la Gaceta Oficial. En Panamá, esa publicación se plasma en el Boletín del Tribunal Electoral, en cuanto que, con carácter general, el art° 31 del Código Electoral prevé que para la publicación de todos los decretos y demás resoluciones y actos de que debe darse conocimiento al público en general, el Tribunal Electoral editará un órgano oficial de divulgación bajo aquel nombre. En Paraguay, al requisito de la publicación en la Gaceta Oficial se une el de dar comunicación del mismo a la Corte Suprema de Justicia y a la Junta Electoral Central. Los tres restantes países (Bolivia, Ecuador y El Salvador) recurren a la publicación de la convocatoria en los medios de comunicación social, con la finalidad de conseguir su mayor difusión entre la opinión pública. En un caso (Bolivia), tan sólo se contempla la publicación en los diarios de mayor circulación del país, mientras que en los dos restantes (Ecuador y El Salvador), la publicación en el Registro Oficial (Ecuador) y en el Diario Oficial (El Salvador) viene a complementar la que ha de hacerse en lo principales medios informativos del país. Hemos de recordar asimismo que también en Ecuador se prevé que el Tribunal Supremo Electoral difunda en la forma más amplia posible el asunto o cuestión objeto de una consulta popular o plebiscito, desde la fecha de la convocatoria hasta dos días antes de la votación. Finalmente, si bien un tanto al margen del requisito relativo a la publicación de la convocatoria propiamente dicha, hemos de aludir al caso de Colombia, en donde el art° 211 del Decreto núm. 2241, de Código Electoral, dispone que el Gobierno publicará oportunamente el número de los integrantes de las Cámaras Legislativas y Diputados a las Asambleas Departamentales de las diferentes circunscripciones electorales. No nos hallamos, desde luego, ante un contenido inexcusable de la convocatoria, pues no lo contempla de tal modo el Código Electoral colombiano, aunque en rigor así debiera ser. Sí estamos, por contra, ante una información de interés para la opinión pública que, por lo mismo, ha de ser dada a conocer mediante su oportuna publicación.
Cuadro 6: Publicidad de la convocatoria

País

Órganos en las cuales la convocatoria debe ser publicada

Bolivia

Diarios de mayor circulación

Costa Rica

Gaceta Oficial

Cuba

Gaceta Oficial

Ecuador

Registro Oficial, diarios de mayor circulación, cadena nacional de radio y tv

El Salvador

Diario Oficial, principales medios informativos

Panamá

Boletín del Tribunal Electoral

Paraguay

Gaceta Oficial

Venezuela

Gaceta Oficial

En aquellos países en que la legislación electoral no prevé la específica publicación del Decreto de convocatoria electoral, hay que presuponer, sin embargo, que en cuanto estamos ante una norma de obliga cumplimiento, que exige la adecuada publicidad, dicha norma de convocatoria electoral habrá de ser publicada en el respectivo Diario Oficial. Hay que entender, pues, desde esta óptica, que no resulta especialmente significativa la previsión normativa, u omisión de la misma, relativa a la publicación en el Diario Oficial de la norma, por la que se convocan a los comicios. La omisión ha de interpretarse más bien como un defecto o error de técnica legislativa.

Es evidente, por otro lado, que los modernos medios de comunicación de masas garantizan la amplia divulgación del proceso electoral. Ello no obstante, ha de valorarse positivamente, como una garantía más de publicidad, y por lo mismo afán de transparencia y objetividad del proceso electoral, la explícita exigencia que algunos ordenamientos electorales hacen de la publicación en los principales medios de difusión de los comicios. Puede que a algunos les parezca una redundancia, pero, personalmente, lo valoramos como una garantía más.

A su vez, nueve de los países analizados (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana), a los que habría que añadir, en un especifico supuesto de plebiscito, Chile, exigen normativamente unos contenidos mínimos para los Decretos de convocatoria electorales. La fecha de la elección, el tipo de cargos a cubrir en la misma, el número de representantes a elegir por cada circunscripción e incluso los distritos, secciones electorales o circunscripciones en que se haya de realizar la elección, son algunos de los contenidos más comúnmente exigidos por los respectivos ordenamientos jurídicos. El cuadro 7 muestra cuales son los contenidos mínimos exigidos en el caso de los Decretos de convocatoria a elecciones.
Cuadro 7: Contenido mínimo de la convocatoria a elecciones

País

Fecha de los comicios

Cargos a elegir

Circunscripciones / distritos / secciones electorales

Otros

Argentina

X

X

 

X1

Bolivia

X

X

 

 

Costa Rica

 

X

 

 

Ecuador

X

X

 

X2

Guatemala

X

X

X

 

Nicaragua

X

 

 

X3

Paraguay

X

X

X

 

Perú

X

 

 

 

Rep. Dominicana

X

X

X

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