Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El






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1 sólo cuando el Poder Ejecutivo (el Presidente) no la realiza; 2 fija la fecha de elecciones en los casos en que no se desprende directamente de disposiciones constitucionales y/o legales; 3 no existe regulación de la convocatoria en Colombia. Sin embargo las elecciones de 1994 fueron convocadas por Ley de Congreso; 4 en defecto de convocatoria, corresponderá al Tribunal de Garantías Constitucionales; 5 sólo cuando el Tribunal Supremo Electoral no la realiza; 6 en el caso de elecciones; 7 en el caso de plebiscitos; 8 la convocatoria corresponde al Presidente del Congreso; 9 en el supuesto de disolución de la Asamblea general y convocatoria de elecciones de Senadores y Representantes.

En nueve países (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela) son los órganos de la justicia electoral las instancias a las que el ordenamiento jurídico respectivo encarga la periódica convocatoria del cuerpo electoral para la celebración de elecciones ordinarias. A ellos hay que añadir Uruguay, en relación con el referéndum y Brasil, en las condiciones precedentemente comentadas.

De esos nueve países, en seis, el órgano de la justicia electoral es el único legitimado al respecto: Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones; El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral; Honduras, el Tribunal Nacional de Elecciones; Panamá, el Tribunal Electoral; República Dominicana, la Junta Central Electoral, y Venezuela, el Consejo Supremo Electoral. Más aún, en algunos de esos ordenamientos se estipula que el mismo órgano será competente para la convocatoria de un referéndum; este es el caso de Panamá, en donde el art° 293 del Código Electoral se remite a las normas del propio Código (que determina la competencia exclusiva en orden a la convocatoria del Tribunal Electoral) en relación con la convocatoria de los electores a referéndum. En otros dos países (Ecuador y Guatemala), los respectivos órganos de la justicia electoral (en ambos casos el Tribunal Supremo Electoral) son competentes para convocar elecciones en primera instancia, si bien, en defecto de convocatoria, se habilita, en un caso (Ecuador), al Tribunal de Garantías Constitucionales para, en primer término, que requiera al Tribunal Supremo Electoral a que cumpla su obligación de convocar los comicios y, caso de no hacerlo a las cuarenta y ocho horas del requerimiento, para que el propio Tribunal de Garantías Constitucionales proceda a efectuar la convocatoria, destituyendo al unísono a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral. En el otro caso (Guatemala), en defecto de convocatoria de elecciones en la fecha legalmente marcada por el Tribunal Supremo Electoral, la Constitución dispone que será obligación del Congreso o, en su defecto, de la Comisión Permanente, convocar sin demora tales elecciones. Finalmente, en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral es habilitado para convocar elecciones, pero no así para la convocatoria de plebiscitos y referendos respecto de la cual queda habilitada la Asamblea Nacional.

Un poco al margen del anterior modelo, si bien con puntos de contacto con el mismo, hemos de referirnos a Uruguay y recordar algo de lo ya expuesto respecto a Brasil. En Uruguay la Corte Electoral es habilitada para convocar al cuerpo electoral a un referéndum abrogatorio, bien que se trata de una facultad reglada, en cuanto que el referéndum ha de ser convocado cuando hubiese sido solicitado por el 25 por l00 de electores inscritos. Es decir, que el órgano de la justicia electoral asume aquí esta competencia de convocatoria, si bien no le corresponde análoga facultad cuando de convocar al cuerpo electoral para elecciones se trata. En cuanto a Brasil, aunque, como ya señalamos, el art° 23.VII del Código Electoral atribuye al Tribunal Superior Electoral la competencia para fijar las fechas de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores y Diputados federales, ello tiene tan sólo lugar cuando no lo hubieren sido por ley. Y así, en los comicios de 1994 ha sido el propio legislador quien, mediante una Ley, ha convocado al cuerpo electoral. A su vez, el art° 23.IV del mismo Código atribuye a los Tribunales Regionales Electorales la fijación de la fecha de las elecciones de Gobernador y Vicegobernador, Diputados estatales, Prefectos y Vice prefectos, Concejales y Jueces de Paz, cuando no venga determinada esa fecha por disposición constitucional o legal. Hay que presuponer, pues, que en defecto de convocatoria por ley serán los órganos de la justicia electoral citados los que procedan a convocar al cuerpo electoral, pues no otra cosa debe presuponer su competencia para fijar la fecha de las elecciones.

El segundo de los modelos que aquí encontramos es el de la atribución al Poder Ejecutivo de la potestad de convocatoria, modelo en el que se pueden ubicar siete países, si bien conviene efectuar varios distingos entre ellos. En tres de ellos, el Ejecutivo es el único órgano legitimado para la convocatoria. Es el caso de Argentina, en donde el Poder Ejecutivo Nacional o los Ejecutivos de las Provincias, según se trate de la Capital Federal o de los demás distritos, son habilitados para llamar al cuerpo electoral. Es igualmente el supuesto de Chile, en donde el Presidente de la República asume tal competencia, tanto en las elecciones presidenciales como en los plebiscitos, y es, por último, el caso de Cuba en donde tal atribución corresponde al Consejo de Estado, órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidido por el Jefe de Estado y de Gobierno, y por tanto auténtico órgano ejecutivo. En otros dos países (Bolivia y Perú), la competencia que comentamos es atribuida en un primer momento al Ejecutivo, si bien se prevé un mecanismo de garantía de acuerdo con el cual, en defecto de convocatoria, otro órgano habrá de asumir tal competencia. Y así, en Bolivia, el art° l42 de la Ley Electoral habilita al Poder Ejecutivo, que es ejercido por el Presidente de la República conjuntamente con los Ministros de Estado para la convocatoria electoral, si bien, en su defecto, será el Congreso Nacional quien haya de expedir la respectiva disposición legal de convocatoria a elecciones generales o a elecciones municipales. A su vez, en Perú, el art° 1° de la Ley núm. 23.903 habilita al Presidente de la República para convocar elecciones generales, disponiendo que si el Poder Ejecutivo no hiciere la convocatoria, la hará el Presidente del Congreso dentro de los diez días siguientes a aquél en que debiere ser hecha por el Presidente. Por último, nos encontramos con dos países (Paraguay y Uruguay) en los que la convocatoria de elecciones corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo, bien que en Uruguay la única previsión legal se ciñe al supuesto de disolución de la Asamblea General, si bien le queda vedada al mismo la convocatoria a referéndum. En Paraguay, la convocatoria electoral se lleva a cabo por Decreto del Poder Ejecutivo, pero el referéndum ha de ser convocado por Ley de la Nación, pudiendo tener su iniciativa en cualquiera de las Cámaras del Congreso o en el propio Poder Ejecutivo, requiriéndose para su aprobación el voto afirmativo de la mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras. A su vez, en Uruguay, el art° 148 de la Constitución atribuye al Presidente de la República la facultad de convocatoria de los comicios en el supuesto de disolución de la Asamblea General, en el bien entendido de que si el Presidente no expidiere el oportuno Decreto de convocatoria, las Cámaras disueltas volverán a reunirse ‘de iure’, recobrando sus facultades constitucionales y cesando, por el contrario, el Consejo de Ministros. En cuanto al referéndum abrogatorio, como ya advertimos en un momento precedente, ha de ser formalmente convocado por la Corte Electoral.

El tercero de los modelos, el más minoritario, es aquel por el que se defiere al Poder Legislativo la potestad de convocatoria electoral. En puridad, y por lo que atañe a las elecciones, sólo en un país, Brasil, se prevé, corno ya hemos tenido oportunidad de señalar, la convocatoria electoral por el legislador mediante ley. Bien es verdad que en Colombia, aún no estipulándose nada por el ordenamiento jurídico, las elecciones de 1994 han sido convocadas también mediante ley, como asimismo comentamos en un momento precedente. Sin embargo, el Poder Legislativo, en otros dos países, asume competencias de convocar al cuerpo electoral, no a unos comicios, pero sí, por contra, a una consulta electoral referendaria o plebiscitaria. Y así, en Nicaragua, el Decreto Legislativo por el que se ha de convocar un plebiscito o referéndum emana de la Asamblea Nacional, mientras que en Paraguay la convocatoria a referéndum se hará mediante una Ley de la Nación.

Plazo para la convocatoria

Al abordar el plazo, el momento en el que debe hacerse la convocatoria electoral, deben analizarse dos aspectos diferentes: de un lado, si el ordenamiento prevé un único plazo o, por contra, plazos diferenciados según el tipo de comicios, y de otro, el momento especifico en que por mandato legal debe formalizarse la convocatoria electoral.

Cuadro 3: Regulación del plazo de la convocatoria

Plazo único

Plazo variable según tipo de elecciones

no hay regulación sobre el plazo de la convocatoria

Argentina

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Honduras

Panamá

Perú

República Dominicana

Bolivia

Cuba

Guatemala

Paraguay

Venezuela

Brasil

Chile

Colombia

Nicaragua

Uruguay

Por lo que al primer aspecto se refiere, ocho países (Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y la República Dominicana) optan por un plazo único, idéntico para todo tipo de comicios, con la precisión adicional de que en Costa Rica se salva expresamente del mismo la convocatoria de elecciones constituyentes. En un segundo grupo nos encontramos cinco países (Bolivia, Cuba, Guatemala, Paraguay y Venezuela) en los que el plazo es variable, pues difiere en función del tipo de comicios de que se trate, con una sola precisión, referente a Paraguay, país en el que el plazo es único para todo tipo de elecciones de cargos públicos, si bien difiere del mismo el plazo para la convocatoria de un referéndum. Finalmente, en otros cinco países (Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Uruguay) no encontramos previsiones específicas sobre este punto, bien que en relación a Uruguay el art° 148 de la Constitución prevea, para el supuesto de convocatoria anticipada de elecciones por virtud de una previa disolución parlamentaria, el momento de celebración de los comicios (el octavo domingo siguiente a la fecha de la disolución), lo que, en cuanto que la convocatoria debe hacerse en el Decreto de disolución, viene a suponer en alguna medida la fijación de un plazo predeterminado que ha de mediar entre la convocatoria electoral y los comicios.
Cuadro 4: Convocatoria en los países que establecen un plazo único.

País

Plazo de convocatoria en relación a la fecha de las elecciones

Argentina

90 días antes

Costa Rica

1° de octubre del año anterior1+2

Cuba

90 días antes

Ecuador

120 días antes

El Salvador

4 meses antes3

Honduras

6 meses antes

Panamá

6 meses más 30 días antes4

Perú

8 meses antes

República Dominicana

2 meses antes

1 en Costa Rica las elecciones generales se celebran constitucionalmente el primer domingo de febrero del año en que el nuevo mandato presidencial empieza; 2 en el caso de elecciones constituyentes el plazo queda a la libre decisión del Tribunal Supremo de Elecciones; 3 en el caso de una 2a vuelta presidencial no menos de 15 días antes; 4 el plazo de la convocatoria se determina en relación al comienzo del proceso electoral (30 días antes) que, cuya apertura será decretada 6 meses antes de las elecciones.

Mayor interés presenta, desde luego, el momento específico en que debe ser formalizada la convocatoria electoral. En once de los trece países en que se regula de modo particularizado este momento, el mismo se establece en función de un número de días o meses más o menos dilatado para cuyo cómputo se toma como punto de referencia la fecha de la elección. Las dos excepciones son Panamá y Costa Rica (véase cuadro 4). En Panamá la convocatoria electoral debe hacerse, por lo menos, 30 días antes de la fecha de apertura del proceso electoral, que a su vez será decretada por el Tribunal Electoral seis meses antes de la celebración de los comicios. La variación reside, pues, en el punto de referencia para el cómputo: en este caso, el inicio del proceso electoral y no el día de los comicios. A su vez, en Costa Rica la convocatoria electoral debe hacerse, a tenor del art° 7 del Código Electoral, el primero de octubre inmediato anterior a la fecha en que han de celebrarse las elecciones, en el bien entendido de que éstas, por mandato legal, en todo caso han de verificarse el primer domingo de febrero del año en que deba acontecer la renovación en la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Referente el grado de determinación temporal de la convocatoria, en la mayoría de los casos se trata de plazos de mínimos. Sólo en Ecuador y Perú (y, por supuesto, Costa Rica) el momento de la convocatoria atiende a un plazo exacto, que no admite oscilaciones de ningún tipo.
Cuadro 5: Plazo de convocatoria en los países con plazo variable

País

elecciones generales a nivel nacional

elecciones constituyentes

referéndum / consulta popular

otros

Bolivia

180 días antes

 

 

120 días antes1

Guatemala

120 días antes

90 días antes

45 días antes

90 días antes

Paraguay

180 días antes

 

30-120 días3

 

Venezuela

6 meses antes

 

 

3 meses antes4
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