Origen y evolución del derecho de la competencia






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3. Características principales de la ley 155 de 1959. Paralelo con el decreto

2153 de 1992 y la ley 1340 de 2009




A) Estructura de las prohibiciones



La norma principal de la ley 155 es el artículo 1º, que contiene una prohibición general en contra de todas las prácticas restrictivas de la competencia. La mencionada norma dispone:

“Art. 1º.—(Modificado artículo 1º decreto-ley 3307 de 1963). Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en general, toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendentes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”.

Si bien en los artículos 7º a 9º, de la ley 155 se introducen normas para impedir las prácticas restrictivas verticales en los sistemas de distribución, lo cierto es que la ley sigue de cerca el esquema de la ley Sherman, al basarse de manera fundamental en su prohibición general.

Con la expedición del decreto 2153 de 1992 se modificó esta estructura normativa y se adoptó una similar a la que utiliza desde mediados del siglo xx la Unión Europea y que ha sido asimilada por la mayoría de los países norteamericanos y por otras jurisdicciones.

La moderna estructura del derecho de la competencia en Colombia se introdujo con el decreto 2153 de 1992 y no ha sido modificada por la reciente ley 1340 de 2009. Esta estructura mantiene la prohibición general como norma residual que se debe aplicar cuando las conductas que se investigan no se encuentran expresamente prohibidas; pero acompañada de un catálogo de conductas anticompetitivas que señalan de manera no taxativa las conductas que el legislador considera contrarias a la libre competencia y que por tanto ayudan a aplicar los sistemas de análisis, como se explicará en el punto siguiente.

En el caso del decreto 2153 la prohibición general se encuentra en el artículo 46, y los catálogos de conductas que se dividen en acuerdos anticompetitivos, actos anticompetitivos y conductas de abuso de la posición dominante en el mercado, se encuentran en los artículos 47, 48 y 50 respectivamente. Las mencionadas normas establecen lo siguiente:

Art. 46.—Prohibición. En los términos de la l y del presente decreto están prohibidas las conductas que afectan la libre competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito”.

“Art. 47.—Acuerdos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:

”1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.

”2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros.

”3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores.

”4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro.

”5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos.

”6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos.

”7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

”8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción.

”9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas.

”10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización” (Adicionado por el artículo 16 de la ley 590 del 2000).

“Art. 48.—Actos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes actos:

”1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al consumidor.

”2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios.

”3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política de precios”.

“Art. 50.—Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se tendrá en cuenta que, cuando exista posición dominante, constituyen abuso de la misma las siguientes conductas:

”1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos.

”2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas.

”3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones.

”4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado.

”5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción.

”6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización” (Adicionado por el artículo 16 de la ley 590 del 2000).

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