Origen y evolución del derecho de la competencia






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C) Entorno histórico



La ley 155 de 1959 fue expedida al comenzar el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), primer gobierno del Frente Nacional, que sucedió a la Junta Militar.

El gobierno del presidente Lleras Camargo estaba centrado en lograr la unidad nacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas después de la dictadura militar. Otras de las principales banderas de su administración fueron el control del orden público y la internacionalización del país. Para lograr este objetivo resultaba de la mayor utilidad el alto perfil del presidente en el campo de la diplomacia.

El presidente Lleras nombró en su primer gabinete a Hernando Agudelo Villa como ministro de Hacienda y Crédito Público, uno de los más importantes políticos e ideólogos del liberalismo en Colombia.

Dentro de los muy importantes y variados logros de Agudelo Villa, a lo largo de su brillante vida pública, se le debe reconocer de manera especial el haber identificado la relevancia de las normas de competencia para el desarrollo del país y el bienestar de la población, razón por la cual procedió a redactar el proyecto de la ley 155 de 1959 y a adelantar su trámite en el Congreso de Colombia y se convirtió, sin lugar a dudas, en el padre del derecho de la competencia en Colombia.

D) El proyecto de ley


En 1958 Agudelo Villa presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Por el cual se dictan normas sobre prácticas comerciales restrictivas”, el cual se convirtió en la ley 155 de 1959.

La exposición de motivos señala que Colombia era entonces uno de los pocos países que no contaba con este tipo de normativa, la cual se necesitaba a causa del proceso de industrialización del país y de concentración de la riqueza.

En la misma exposición de motivos, Agudelo Villa explicó que se debía garantizar la competencia con el fin de proteger a los consumidores y evitar los abusos de poder provenientes de las grandes empresas, que él percibía como “concentraciones monopolísticas” en esa época en Colombia. Al respecto manifestó que la competencia debía ser vista como: “[...] el más eficaz instrumento para promover el desarrollo tecnológico”.

Hoy, 50 años después de su expedición, los elementos esenciales de la ley 155, no han perdido vigencia y nadie duda de su importancia como norma fundadora del derecho de la competencia. En palabras de Agudelo Villa:

El proyecto no se inspira en el ánimo de desalentar, ni mucho menos, el crecimiento de las empresas o su integración, por cuanto precisamente la disminución de costos, los precios favorables y la mejor calidad de los productos, dependen de manera especial de industrias que puedan producir en grande escala. Y porque los males sociales no provienen en sí del hecho de que las empresas sean unidades económicas robustas, sino de las prácticas nocivas, que con base en su poder económico, pueden ejecutar en perjuicio de los intereses generales de la comunidad.

Bien entiende el gobierno que el estatuto sobre prácticas restrictivas es imperfecto y que la discusión de él en el Congreso puede mejorarse con la incorporación de sanciones a otros hechos que se consideren lesivos de la libre competencia. El ánimo del ejecutivo es únicamente el de iniciar en el país el proceso legislativo tendente a impedir prácticas restrictivas, y a garantizar la real operancia de la fuerza competitiva, que considera de utilidad social, porque protege los intereses de los consumidores y evita los abusos de poder, emanados de las combinaciones impersonales y de las concentraciones monopolísticas, fuera de que la competencia es el más eficaz instrumento para promover el desarrollo tecnológico”.

Como hemos dicho, el esfuerzo de Agudelo Villa fue una semilla que no germinó de manera inmediata en nuestro país, ya que la ley 155, al igual que la legislación expedida en los demás países latinoamericanos durante la primera parte del siglo xx, no fue aplicada, como ya se dijo, a causa del modelo de desarrollo proteccionista que no incentivaba la competencia.

Sin embargo, las palabras de Agudelo Villa en la exposición de motivos de la ley mantienen una vibrante vigencia en la actualidad y capturan la esencia del moderno derecho de la competencia, cuyo énfasis no está en la prohibición del monopolio, sino del abuso de la posición dominante en el mercado y de la realización de las prácticas restrictivas de la competencia en perjuicio de los consumidores, de los competidores actuales y potenciales y de la economía en general.

En el mismo sentido, Agudelo Villa afirma en su obra:

Con la legislación antimonopolística se trata de controlar los abusos de los monopolios y de la concentración de la riqueza en pocas manos, pero sin desalentar el crecimiento de las empresas o su integración para poder aprovechar las ventajas técnicas de la producción en grande escala, indispensable para el desarrollo de determinadas ramas de industriales de técnica avanzada, que requieren grandes inversiones de capital, cuantiosos gastos de investigación científica y adquisición de patentes, por encima de los recursos de las empresas pequeñas.

Es decir, no se persigue mantener por sí muchas medianas y pequeñas empresas, que no pueden organizar la producción en condiciones económicas y que frecuentemente operan con un gran desperdicio de recursos, sino impedir las prácticas restrictivas y garantizar la real operancia de la fuerza competitiva que protege los intereses de los consumidores, promueve el desarrollo técnico y evita efectos regresivos en la distribución del ingreso”13.

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