Origen y evolución del derecho de la competencia






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2. Antecedentes de la ley 155 de 1959




A) Antecedentes y marco constitucional



La Constitución Política de 1886 no consagraba el derecho a la libre competencia económica como uno de sus principios. Como ya se dijo, en Colombia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, dicha consagración solamente se produjo con posterioridad al Consenso de Washington. En el caso colombiano, esto ocurrió con la expedición de la Constitución de 1991.

Sin embargo, la Constitución de 1886 consagraba otros elementos que, como se advirtió atrás, contribuyen al marco jurídico de la economía de mercado, como el derecho a la propiedad privada, la libertad de ejercer profesión u oficio, el derecho de asociación y, sobre todo, la posibilidad de intervención del Estado en la economía.

El principio de intervención del Estado en la Economía9 es vital para explicar la función de la normativa de competencia en un país. Este principio fue introducido en Colombia, como canon constitucional de funcionamiento del Estado, por medio del acto legislativo 1 de 1936, en el cual se establecía que el Estado intervendrá “[...] por medio de leyes”, con lo cual se dio un primer paso al dotar al Estado de facultades para establecer el marco jurídico de la actividad económica. Aunque antes de dicha reforma constitucional ya se habían expedido muchas leyes que implicaban la intervención del Estado en la economía10, no existía un principio constitucional de intervención en la economía.

El antiguo artículo 32 de la Constitución Política de 1886 fue nuevamente reformado por el acto legislativo 1 de 1945, en el cual se determinó que el Estado intervendría “[...] por mandato de la ley”, con lo cual se introdujo oficialmente la posibilidad de que el Estado interviniera en la economía en forma directa, en competencia con los particulares.

Tal artículo fue modificado una vez más mediante el artículo 6º del acto legislativo 1 de 1968, que marcó la llamada descentralización administrativa por servicios, política de intervención directa en la economía mediante establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.

En la actualidad, en Colombia la intervención del Estado en la economía se encuentra enmarcada de manera precisa en el ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legal.

La ley 155 de 1959 y las demás normas de competencia son una clara expresión de la facultad de intervención del Estado en la economía.

B) Antecedentes legislativos


Es posible encontrar algunas normas anteriores a la ley 155 de 1959, que de manera dispersa trataron temas afines al derecho de la competencia, sin desarrollar el tema de manera estructural, como lo hizo dicha ley. En este literal mencionaremos dos de ellas.

a) Ley 27 de 1888. Por medio de esta ley se reformó el Código de Comercio de la época. Los artículos 2º a 4º, consagraban la facultad del gobierno para inspeccionar las “compañías” y el derecho a intervenir en el gobierno corporativo de ellas cuando lo creyera necesario.

El articulo 6º de esta ley dispuso: “Se prohíbe la fundación de sociedades anónimas contrarias a las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, así como aquellas que no versen sobre un objeto real y de licita negociación; o que tiendan al monopolio de las subsistencia o algún ramo de industria” (bastardilla fuera de texto).

Como se puede observar, aun antes de la expedición de la ley Sherman en Estados Unidos (1890), ya en Colombia se había expedido una ley que prohibía el intento de monopolización del mercado.

b) Leyes 16 de 1936 y 5ª de 1947. Estas normas, a las que remiten los artículos 5º y 6º de la ley 155 de 1959, se refieren a lo que se denomina el deber fiduciario de lealtad de los administradores de las sociedades. Se trata de normas que establecen inhabilidades a los directores de entidades del sector financiero para ejercer cargos similares en empresas competidoras. En efecto, la ley 16 de 1936 estableció inhabilidades para los directores de las entidades bancarias y la ley 5ª de 1947, que modificó a la ley 16 de 1936, se refería también a inhabilidades de los directivos de los bancos.

Luego, los artículos 5º y 6º de la ley 155 de 1959 extendieron estas inhabilidades a los directivos de las empresas del sector real que estuvieren en situación de competencia11.

Las normas sobre prohibición a la concentración de cargos administrativos contenidas en los artículos 5º y 6º de la ley 155 de 1959 deben analizarse hoy de manera conjunta con las normas de la ley 222 de 1995, sobre conflictos de interés y prohibición a los directores de las sociedades de realizar actos de competencia en contra de las empresas para las cuales trabajan12.
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