Bolivia: Lanzan acción urgente ante amenaza de grupos de choque oficiales contra IX marcha Indígena que se oponen a tipnis






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QUINTO. Demandamos a las organizaciones nacionales e internacionales y el sistema internacional de protección de los derechos humanos a constituirse a Cajamarca para garantizar la integridad y la vida de humildes campesinos y ronderos que vienen defendiendo la dignidad de todos los peruanos y su derecho a elegir su propio modelo de desarrollo y que han sido ignorados por el actual gobierno.

SEXTO. CONACAMI denuncia ante el mundo entero que el Gobierno de Ollanta Humala está implementando el exterminio de los derechos colectivos, no respeta el Estado de Derecho y en aquellos pueblos ubicados bajo la influencia directa de las empresas transnacionales están suspendidas las garantías constitucionales.
Viva la Lucha del pueblo de Cajamarca que es de todos los peruanos!

La vida vale más que el oro!

Ni un muerto más!
PERU: Sigue la ola de violencia: confirman un cuarto civil muerto durante enfrentamientos en Cajamarca

Conacami, La República
De acuerdo a las primeras informaciones, el deceso del poblador se debió a un disparo en el tórax.

Joselito Vásquez Jambo (28) se convirtió en el cuarto civil fallecido durante las protestas antimineras que se producen en Cajamarca, contra el proyecto Minero Conga. El poblador de Bambamarca estuvo presente durante el enfrentamiento entre los manifestantes antimineros y la Policía, en los alrededores de la plaza de armas de la mencionada ciudad, en la provincia de Hualgayoc, donde este martes se declaró el estado de emergencia.
De acuerdo a las primeras informaciones, el deceso del poblador se debió a un disparo en el tórax. A él se suman José Eleuterio García Rojas (40), José Faustino Silva Sánchez (35) y un menor de edad de siglas C. M. A. (17), quienes perdieron la vida el último 03 de julio.
Lista de heridos:

Santos Lucano Duran (50). Derivado al Hospital de Chota.

Delermino Vásquez Rojas (56).

Héctor Vásquez Bautista (72).

Carmen Aguilar Cortez (35).

Aureliano Bustamante Mendoza (44).

Edgar Blanco Huamán (19). Derivado al Hospital Regional de Cajamarca.
PERU: Lo que dijo Marco Arana antes de ser detenido

La Republica, Conacami
Tras la muerte de tres personas –entre ellos un menor de edad- por las protestas de ayer martes en Celendín, región Cajamarca, contra el proyecto minero Conga, el partido político Tierra y Libertad, liderado por Marco Arana, criticó al mandatario por no resolver los conflictos sociales y lo responsabilidad de las pérdidas humanas.

“Tierra y Libertad se solidariza con las familias de Eleuterio García Rojas (40), José Silva Sánchez (35) y el joven Medina Aguilar (17 años), muertos en Celendín por acción de la Policía y el Ejército. Exigimos una investigación profunda y rápida para encontrar las responsabilidades en estas muertes y en los más de 20 heridos”, menciona la agrupación en un comunicado.

De igual modo señala que “ya van 15 muertos” en el actual Gobierno por los conflictos sociales. “El Estado debe garantizar la vida por encima de cualquier interés económico o cálculo político. Usted como Jefe de Estado debe garantizar que esto se cumpla. (…) Usted no puede imponer el proyecto Conga con muertos, heridos, detenidos, estados de emergencia y más violencia”, agregó.
La agrupación de Arana, uno de los opositores más acérrimos a minas Conga, exige una audiencia en Palacio de Gobierno para el presidente regional Gregorio Santos y los líderes del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca; levantar del Estado de Emergencia en Celendín; investigar las muertes de los 15 fallecidos en los 11 meses de Gobierno e iniciar un “diálogo nacional” en torno a las “nuevas condiciones para la minería y la promoción del desarrollo sostenible”.
Marco responsabilizó de la violencia en Celendín a trabajadores de construcción civil que reclamaban el pago de sueldos atrasados, más no a manifestantes anti Conga. De otro lado, cuando se convocó a dos marchas por la paz, Arana puso en duda los verdaderos motivos de las manifestaciones. “No sería extraño que ellos estén montando esto para provocar la violencia e imponer el proyecto Conga”, dijo.

PERÚ: Gobierno declara estado de emergencia en tres provincias

Pulsar
El gobierno del Perú, decretó el estado de emergencia en tres provincias. La decisión fue hecha este martes tras los conflictos iniciados contra la instalación del proyecto minero Conga en los distritos de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca que dejaron 3 muertos y 21 heridos.
El anuncio suspende en esas provincias el derecho de reunión, la inviolabilidad de domicilio y el libre tránsito por un período de 30 días. El conflicto comenzó tras los enfrentamientos entre manifestantes contrarios a la instalación del proyecto minero Conga y agentes antimotines de la policía peruana.
Según denuncias oficiales, los activistas atacaron con piedras la municipalidad, la comisaría y la fiscalía de la provincia de Celendín durante una movilización antiminera. La policía reprimió la protesta que finalizó con al menos 3 personas muertas, una de ellas menor de edad. Además hubo 21 heridos y 15 detenidos.
Entre ellos se encunetra el dirigente de la organización Tierra y Libertad, Marco Arana. Se trata de uno de los principales dirigentes opositores al proyecto Conga.
Cabe señalar que los marchistas sostienen una huelga indefinida en la región de Cajamarca contra la instalación del proyecto minero Conga. Dicho proyecto prevé secar 4 lagunas en esa zona para extraer cobre y oro. La continuidad de este emprendimiento fue confirmada por el Gobierno tras la finalización el pasado abril de un Estudio de Impacto Ambiental.
Vale recordar que el Gobierno peruano también había declarado el estado de emergencia en la provincia de Espinar tras el fallecimiento en mayo pasado de 2 manifestantes antimineros.
Las muertes se produjeron luego de una represión policial a una manifestación contra la contaminación de ríos por parte de la empresa Xstrata Tintaya.
PERÚ: Basta de represión, respeto de los derechos, respeto a la vida

CAOI
En el Perú rige, de hecho, un gobierno militar que reprime y criminaliza y en menos de un año ya suma quince muertos por conflictos sociales. Un gobierno que en lugar de garantizar los derechos humanos y colectivos de los peruanos, los vulnera para proteger los intereses de los poderosos, en particular los de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, como lo comprueban, una vez más, los sangrientos hechos de Celendín, Cajamarca, y su saldo de tres muertos y 21 heridos.
Todo indica que la violencia en Celendín es el resultado de actos premeditados de provocación. Ya el propio presidente Ollanta Humala había advertido: “aténganse a las consecuencias”. Y el gobierno ha encontrado el pretexto perfecto para decretar el estado de emergencia en tres provincias cajamarquinas: Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.
A los 21 detenidos de ayer se suma hoy la violenta y arbitraria detención de Marco Arana cuando estaba sentado en la Plaza de Armas de Cajamarca. Pese a que éste no opuso resistencia, la policía lo agredió y lo condujo a la Comisaría, donde fue nuevamente golpeado.
La respuesta ha sido la misma que en Espinar, Cusco: represión, detenciones arbitrarias, congelamiento de cuentas de los gobiernos municipales o regionales, violando su autonomía, declaración de estados de emergencia, militarización, muertes, procesos penales. Mientras que en el exterior el presidente Humala habla de “desarrollo sustentable”, dentro del Perú continúa imponiendo la minería a sangre y fuego.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI condena la violenta represión en Cajamarca y exige que se investigue y sancione a los responsables de estas y todas las muertes producidas en movilizaciones. Exige la libertad de Marco Arana y el corte de juicios de todos los defensores de los derechos de las comunidades, del agua y de la vida, que en el Perú suman cerca de un millar. Que el mundo lo sepa: en el Perú se está matando, se están vulnerando los derechos humanos y colectivos, se están militarizando provincias enteras. Que el mundo se pronuncie: basta de represión, respeto de los derechos, respeto a la vida.
PERÚ: Canal 45 de Cajamarca en la mira del Gobierno

Servindi
Aproximadamente a partir de las 9 de la noche del 3 de julio, numerosos policías iniciaron un rodeo a la sede de Megavisión Canal 45, la televisora cajamarquina que no ha parado su transmisión de lo que acontece en esta ciudad, tras la represión del Gobierno en contra de los pobladores.

Lalo Valera, conductor de ese canal, ha recibido la solidaridad de todas partes del país por su firmeza en dar tribuna a la población y mantenerla informada en una ciudad sitiada bajo el estado de emergencia.

La ciudadanía ha demandado respeto a la vida de este conductor de televisión así como de su familia, porque se teme represalias en su contra al oponerse a la comparsa mediática promovida por los inversionistas mineros y el Gobierno Nacional.
No se ha podido precisar cuántas personas se encuentran alojadas en la iglesia San Francisco, en plena Plaza de Armas de Cajamarca, que fue uno de los pocos refugios al que pudieron acceder para evitar ser detenidos.
Los mensajes de Twitter y Facebook, así como llamadas telefónicas dan cuenta de que hacia la una de la mañana del 4 de julio, continúa el asedio al canal 45, los disparos de armas de largo alcance y los efectos de los gases lacrimógenos.
Toda la plaza, incluidos los accesos a la iglesia San Francisco se encuentran rodeadas por al menos 400 policías. Un poblador llamó para denunciar que los efectivos intentaron entrar al templo con el fin de detenerlos.
Cumpliendo al parecer órdenes, grupos de policías recorren las calles de Cajamarca haciendo disparos y lanzando bombas lacrimógenas.
FRANCIA: La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en Celendín, Cajamarca, y Bambamarca
París. La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Celendín, Cajamarca, y en Bambamarca que resultó en la muerte de cuatro manifestantes y de un campesino rondero y hace un llamado a las autoridades peruanas para que pongan fin a la represión en contra de las protestas vinculadas a megaproyectos extractivos.
El pasado 3 de julio de 2012, efectivos de la Policía Nacional arremetieron contra los manifestantes reunidos en la plaza de armas de la ciudad de Celendín, matando a tres personas, entre ellas un menor de edad, y dejando heridos 30 civiles y tres efectivos de la fuerza pública.
La manifestación tenía como objetivo denunciar el proyecto minero Conga, desarrollado por la minera Yanacocha, primera productora de oro en Sudamérica, que contaminaría de manera irreversible las reservas de agua de la zona. Frente a este riesgo ambiental, desde finales del año pasado se han venido desarrollando protestas en la región de Cajamarca. Las autoridades peruanas respondieron declarando en varias oportunidades el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Hualgayoc.
«Condenamos vehementemente el recurso a la represión y a la violencia para resolver los conflictos ambientales», asertó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. « Después de Bagua, después de Islay, estos graves hechos se suman a los recientes sucesos de Espinar. Perú debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de los manifestantes », agregó.
La FIDH urge a que se investigue con celeridad la responsabilidad de la fuerza pública en la muerte de estas tres personas. También insta a las autoridades peruanas a buscar una salida negociada y pacífica del conflicto. En este sentido, solicita al equipo de comisionados desplegados desde ayer en Celendín tomar todas las medidas necesarias para favorecer la apertura de un diálogo de buena fe entre las autoridades, la empresa Yanacocha y la población afectada. Asimismo, la FIDH llama a la empresa Yanacocha a ejercer su responsabilidad de debida diligencia para evitar causar o contribuir a violaciones de derechos humanos, y a la Corporación Financiera Internacional a respetar los derechos humanos y sus propias Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, así como a suspender su apoyo financiero al proyecto como accionista.
Más generalmente, la FIDH solicita que las autoridades peruanas establezcan mecanismos efectivos de consulta y participación, de manera a respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, tomando en cuenta la opinión de éstas, y entablen un debate nacional amplio en torno a la explotación de los recursos naturales y la seguridad ambiental.
Contacto: Arthur Manet (inglés, francés, castellano) Tel: +33 6 72 28 42 74 (Paris)

ARGENTINA: Comunidad originaria vive aislada

Latido Indígena / ALER
17 familias de la comunidad cacique del Colalao en Tucumán se encuentran aisladas debido al cierre de su principal vía de comunicación por parte de un terrateniente que, en complicidad con algunas autoridades provinciales, intentan desalojarlos de aquellos territorios que por ley les pertenece. Y a este pretendido despojo de tierras en la comunidad Indio Colalao – Base Riarte, se suma la lucha de los pobladores por la educación de sus hijos; ya que en el año 1996 la escuela Nº 31, que brindaba educación primaria a los niños indígenas, fue cerrada sin explicación alguna, rompiendo uno de los derechos más importantes del niño: El acceso a la educación. Ante este problema la cacique, Maria Lilia Delgado, inició una medida de protesta desde el pasado domingo. Escuche el reporte de Exequiel Reinoso.
ARGENTINA: Mogeleluchi zungu: invitación presentación libro, INAPL, 6 de julio 18 hs.

Invitamos a Ud./s a la presentación del libro Mongeleluchi zungu.
Los textos araucanos documentados por Lehmann-Nitsche, publicado por Marisa Malvestitti en 2012 en la serie Estudios Indiana, la que se llevará a cabo el viernes 6 de julio a las 18 hs en la sede del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 3 de Febrero 1378, en la ciudad de Buenos Aires.
La publicación recupera el archivo que recopilara Roberto Lehmann-Nitsche entre 1899 y 1926 en distintas localidades del país, con veintiséis interlocutores mapuche, haciendo así accesibles en versiones bilingües mapuzungun-español los textos relatados por quienes habían vivido las contingencias de la "campaña del desierto". Explicita además las modalidades de documentación lingüística adoptadas por el antropólogo en conjunto con los hablantes con los que interactuó, dimensionando su práctica etnográfica en el contexto de los estudios académicos realizados en la época sobre las lenguas indígenas americanas.
Presentarán y comentarán distintos aspectos de la obra la Dra. Barbara Goebel (Instituto Ibero-Americano de Berlin), Lic. Verónica Azpiroz Cleñan (Organización Mapuche Epu Bafkeh de Los Toldos), Lic. Lorena Cañuqueo (becaria doctoral IIDyPCa-UNRN-CONICET) y la autora (IIDyPCa y EHyES, UNRN).
GUATEMALA: Los actos de violencia y desalojos no pueden resolver los conflictos agrarios!

Urgen soluciones pacificas para el acceso a tierras de las comunidades 20 de Octubre y San Miguel Cotojax

Exigen suspensión de desalojos

Santa Cruz, Alta Verapaz. El 2 de julio del presente año se recibió información de las autoridades estatales, que dan por culminado el proceso de diálogo que habían mantenido con las comunidades 20 de Octubre del municipio de Cahabon, Alta Verapaz y San Miguel Cotojax del municipio de El Estor, Izabal, ya había sido tomada la decisión para ejecutar los desalojos en los dos casos y el desalojo en Cahabon está programado el día jueves el 5 de julio.
Como organización rechazamos la falta de voluntad del gobierno, frente a las empresas privadas para buscar soluciones pacificas para regularizar las tierras en que las comunidades se encuentran. Miembros de la comunidad 20 de Octubre han estado participando en reuniones y mesas de dialogo con representantes de las autoridades en Alta Verapaz y la ciudad capital en los últimos 10 meses y en el caso de San Miguel comunitarios han participado en espacios de diálogo y negociación desde 2008. En ninguno de los casos se ha visto propuestas que son realmente adecuadas para resolver conflicto.
El 12 de junio, en una reunión realizada en la capital entre la Secretaria de Asuntos Agrarios y delegados de la UVOC incluyendo representantes de la comunidad San Miguel, una propuesta de la empresa Chabil Uztaj fue planteada en que la comunidad se reasentara en un espacio de 7 manzanas de terreno, la empresa arrendaría media manzana de terreno en otro espacio, con precios cómodos acordados entre la comunidad y la empresa, y darían preferencia para contratarlos en empleos de la empresa. Este propuesta fue rechazada por la razón los comunitarios han vivido en estas tierras desde hace cientos de años y que todavía no se ha realizado ningún estudio catastral y registral para averiguar si Chabil Utzaj tiene el derecho pedir desalojo de la comunidad y poner plantaciones de agro-combustibles. La propuesta no garantiza que van a tener tierras en condiciones fértiles para sus cosechas en el futuro, como también es un ejemplo sustancial de la empresa para emprender nuevamente procesos de colonización y aplicación del mozo colonato.
En el caso de la comunidad 20 de Octubre, aunque representantes de la Secretaria de Asuntos Agrarios y la PDH el 08 de marzo visitaron la comunidad no realizaron ninguna propuesta o alternativa sana para la gente. En cambio han percibido un aumento de militarización en el área en la forma de sobrevuelos de helicópteros en la comunidad y la presencia fuerte de elementos de la policía y ejército. Igualmente los líderes comunitarios han sido víctimas a difamaciones por parte de los medios de comunicación acusándoles de ser terroristas y guerrilleros acusaciones que no tienen ningún fundamento.
Un acuerdo gobernativo que propone un protocolo para desalojos fue entregado por parte de la COPREDEH el 27 de mayo del año 2011, después los desalojos en del Valle de Polochic. Entre varios puntos destaca que:


  • Hay que avisar del desalojo a la gente 15 días antes de su realización. (Artículo 5)

  • Medidas de fuerza solo pueden ser implementadas en un desalojo después de que los mecanismos de mediación y dialogo se han fracasado (Articulo 7).

  • En ningún caso puede participar miembros de seguridad privada en un desalojo (Articulo 7).

  • En el caso de poblaciones indígenas se verificará el cumplimiento del artículo 16 del convenio 169 que asegura viviendas dignas para ellos afectados (Articulo 8).

  • Que el plan de desalojo contemple la protección a las personas y los bienes y muebles afectados, su traslado y reubicación al ordenarse su desplazamiento al nuevo predio o inmuebles (Articulo 8).



El primer punto en relación con este protocolo no percibimos en ninguna manera que “se han fracasado” los mecanismos de mediación y dialogo que autoriza un desalojo y al contrario creemos que las autoridades necesitan mostrar más voluntad en estos espacios. Asimismo, vemos que en las fase de la aplicación del desalojo no habido los 15 días de aviso para que la gente tenga la opción de salida pacífica. Tampoco hemos visto evidencia de un plan de desalojo que propone opciones de reubicación y otros aspectos que garantiza protección básica, es decir salud física y alimentación.
Algo muy sustancial para la vida humana y seguridad alimentaria es que las dos comunidades mencionadas como la mayoría de comunidades rurales en el país ya han sembrado y pronto están esperando rendimiento. No queremos ver otra violación al derecho de la alimentación como vimos durante los desalojos en el Valle del Polochic, cuando miembros de la seguridad privada de la finca acompañada por la policía y ejército quemaron las cosechas de las comunidades.
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