Andy rafael palacios rivero, richard rafael cermeño figuera, cesar eduardo pereira díAZ, jesús antonio dávila y augusto rafael quivas oliver






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SALA  CONSTITUCIONAL

 

 

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Expediente Nº 08-1574

 

 

El 4 de diciembre de 2008, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Víctor Rafael Arias Patete y María Milagros Vera Bermúdez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 49.857 y 8.499, respectivamente, en representación de los ciudadanos ANDY RAFAEL PALACIOS RIVERO, RICHARD RAFAEL CERMEÑO FIGUERA, CESAR EDUARDO PEREIRA DÍAZ, JESÚS ANTONIO DÁVILA y AUGUSTO RAFAEL QUIVAS OLIVER, titulares de las cédulas de identidad números 11.741.979, 16.902.457, 18.188.762, 18.027.635 y 16.095542, en ese orden, contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público contra el fallo emitido por el Juzgado Cuarto en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que había decretado la libertad plena de los accionantes y, en consecuencia, declaró medida de privación judicial preventiva de libertad contra los mismos.

El 10 de diciembre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Los días 18 de diciembre de 2008 y 22 de enero de 2009, los abogados Víctor Rafael Arias Patete y María Milagros Vera Bermúdez, comparecieron ante la Secretaría de esta Sala Constitucional y solicitaron el pronunciamiento respectivo.

Los días 26 de febrero de 2009 y 4 de marzo de 2009, el abogado Víctor Rafael Arias Patete, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional y solicitó el pronunciamiento respectivo.

Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Del análisis realizado al extenso escrito contentivo de la pretensión de amparo, se pudo extraer los siguientes antecedentes:

El 11 de octubre de 2008, funcionarios adscritos a la policía del Municipio Plaza del Estado Miranda, practicaron la aprehensión de los ciudadanos Andy Rafael Palacios Rivero, Richard Rafael Cermeño Figuera, César Eduardo Pereira Díaz, Jesús Antonio Dávila y Augusto Rafael Quivas Oliver, en virtud de haberles incautado en el vehículo en que se trasladaban, veinte (20) envoltorios contentivos en su interior de presuntas sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El 13 de octubre de 2008, son presentados los antes citados ciudadanos, por el Ministerio Público ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Barlovento, en donde el referido órgano jurisdiccional, entre otras cosas, declara con lugar la solicitud de nulidad de la actuaciones, realizadas por la defensa –por haber transcurrido el lapso de 48 horas entre la detención y la presentación de los aprehendidos- y, en consecuencia, acuerda la libertad plena de los mismos.

En esa misma oportunidad, el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, declaró sin lugar el recurso de revocación ejercido por el representante del Ministerio Público, y acordó el efecto suspensivo de la decisión que decretó la libertad de los aprehendidos.

El 17 de noviembre de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, conociendo del recurso de apelación con efecto suspensivo, interpuesto por la representación del Ministerio Público, declaró con lugar el referido recurso, revocó la decisión dictada por el a quo, y decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los patrocinados de los hoy accionantes.

El 4 de diciembre de 2008, los hoy accionantes, intentaron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo contra la referida decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Los apoderados judiciales de los accionantes, manifestaron que la Corte de Apelaciones denunciada como agraviante, violó los derechos constitucionales de sus patrocinados a la libertad y a la tutela judicial efectiva y, a tal efecto, indicaron:

Que el 11 de octubre de 2008, siendo aproximadamente las “…8:40 A.M…” fueron detenidos sus defendidos por la policía del Municipio Plaza del Estado Miranda.

Que la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público con sede en Guarenas, introdujo los recaudos a los efectos de hacer la presentación de los presuntos imputados a las “…9:46 A.M. del día 13 de octubre del 2.008”.

Que en consecuencia las actuaciones fueron presentadas fuera del  lapso reglamentario de la presentación establecido en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referida a las cuarenta y ocho (48) horas de detención.

Que el 13 de octubre de 2008, se efectuó la audiencia de presentación, en la cual la defensa procedió a solicitar la libertad plena de los imputados, la cual fue acordada por el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, quien decretó la nulidad de las actuaciones.

Que el 17 de noviembre de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, revocó la libertad plena decretada a favor de sus defendidos y, en consecuencia, decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los mismos.

Que la Corte de Apelaciones al decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los accionantes y dejar sin efecto la solicitud de la defensa de libertad plena, incurrió en violación al continuar la privación de libertad de sus defendidos obviando la presunción de inocencia.

En tal sentido solicitaron:

“…se dicte un MANDAMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA LA SENTENCIA EMITIDA en fecha 17 de NOVIEMBRE del 2.008, en el expediente N° 7205-08, POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, CON SEDE EN LOS TEQUES, y en consecuencia se ordene la NULIDAD DE LA SENTENCIA y se ORDENE LA INMEDIATA LIBERTAD PLENA DE NUESTROS REPRESENTADOS…”.

III

DE LA DECISIÓN ACCIONADA

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, declaró con lugar el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por el Ministerio Público, revocó la decisión que decretó la libertad plena de los hoy accionantes y, en consecuencia, acordó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los mismos, con base en las siguientes consideraciones:

De los autos se desprende, que de conformidad con el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal el Representante del Ministerio Público ejerce Recurso de Apelación en la modalidad de ‘efecto suspensivo’ por haber otorgado el Tribunal de la causa Libertad Plena, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la audiencia de presentación. Se observa que se tramitó el recurso interpuesto conforme a las normas legales previstas para la apelación de autos de manera ordinaria y no por el especial procedimiento previsto en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Pena. Sin embargo esta Sala dará tratamiento al mismo según el Procedimiento establecido en el artículo 374 ejusdem, toda vez que se verifica en la Audiencia Oral de Presentación, que la vindicta pública ejerció Recurso de apelación según dicho procedimiento.

(…)

Por lo que se evidencia de la norma antes transcrita, que la apelación del Ministerio Público en la modalidad de ‘efecto suspensivo’, supone la celeridad que debe revestir la resolución de tal recurso, al suspenderse la ejecución de la decisión emitida por el respectivo Tribunal de Control que decretó a los imputados Libertad Plena.

(…)

Se colige pues, de esta manera, que si bien es cierto, que el Juez de Control en el acto de la audiencia de presentación anuló las actuaciones policiales por haberse prolongado por el lapso de cuarenta y nueve (49) horas la detención policial de los imputados de autos, al respecto cabe señalar, las jurisprudencias emanadas de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional en relación a las 48 horas en que debe presentarse ante el Tribunal de Control, el imputado:

1) ‘…En criterio de la Sala, la acción de amparo propuesta resulta inadmisible toda vez que la inconstitucionalidad de la presunta detención practicada por los organismos policiales sin orden judicial alguna, no puede ser imputada a la Corte de Apelaciones accionada, ni tampoco al Juzgado de Control que dictó el auto de privación judicial preventiva de libertad el 2 de junio del 2000, ya que la presunta violación a los derechos constitucionales derivada de los actos realizados por los organismos policiales tienen límite en la detención judicial ordenada por el Juzgado de Control, de modo tal que la presunta violación de los derechos constitucionales cesó con esa orden, y no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional del procesado mientras dure el juicio…’ (Sentencia N° 526, de fecha 09-04-2001, Magistrado Ponente: Dr. IVAN RINCÓN URDANETA)

2)‘…Se desprende entonces del referido contenido normativo que ese lapso de cuarenta ocho (48) horas previsto en el Texto Fundamental tiene como finalidad la presentación del aprehendido ante un Tribunal, para que el respectivo órgano jurisdiccional determine si se cumplieron los supuestos de flagrancia establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que implica un control posterior por parte de los órganos judiciales. En caso que la captura devenga en una privación judicial preventiva de libertad, se debe presentar al imputado igualmente dentro de las cuarenta y ocho horas, por aplicación de los tratados internacionales y el artículo 259 eiusdem (vid. sent. del 24 de septiembre de 2002, caso: Dianora Josefina Noblot de Castro).

Por lo tanto, al haberse presentado el accionante ante el Tribunal Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, la lesión que se le pudo originar por haber transcurrido el lapso de cuarenta y ocho horas sin estar presente ante un órgano judicial, cesó…’ (Sentencia n° 182, de fecha 09-02-2007, Magistrado Ponente: Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN)

(…)

Sin embargo, considera este Tribunal Colegiado, que no le asiste la razón al Juez de Control, al decretar la Libertad, a los hoy imputados, toda vez que se evidencia de las actas procesales la existencia de suficientes elementos de convicción para determinar la participación de los imputados en el hecho punible que se le atribuye, así como lo señalado en el Acta Policial:

(…)

Esto verifica las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo presuntamente ocurrieron los hechos ya explanados en las actas procesales que conforman el presente expediente, configurándose la probable comisión por parte de los ciudadanos CERMEÑO FIGUERA RICHARD RAFAEL, QUIVAS OLIVER AUGUSTO RAFAEL, PEREIRA DÍAZ CÉSAR EDUARDO, DÁVILA JESÚS ANTONIO y PALACIOS RIVERO ANDY RAFAEL, del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, apreciándose las declaraciones que incriminan y los elementos de convicción, aunado a que se trata el referido delito de lesa humanidad; además del peligro de fuga y obstaculización por parte de los imputados.

(…)

De modo tal, que esta Sala no comparte el pronunciamiento emitido por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Estado Miranda Extensión Barlovento, toda vez que no le asiste la razón al Juez A-Quo, por cuanto no se encuentra ajustada a Derecho su decisión, al decretar Libertad a los imputados de autos, verificándose, de esta manera que se encuentran presentas los requisitos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para decretar una Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad a los imputados, y por tanto asegurar las resultas del proceso”.

IV

COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo y, a tal efecto, observa:

De conformidad con lo previsto en el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permite a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal integrar el régimen procesal del amparo, a través de las interpretaciones vinculantes que realiza dicha Sala, con base en los artículos 335 y 266, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la misma debe reiterar la inveterada jurisprudencia sentada desde el caso Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000, la cual puede reducirse a la afirmación de que a esta le corresponde conocer de las acciones de amparo, en única instancia, ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores (excepto los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), las Cortes de Apelaciones en lo Penal y las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de instancia superior a los mismos.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala una acción de amparo incoada contra la decisión dictada el 17 de noviembre de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, motivo por el cual, la Sala resulta competente para conocer la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinada como fue la competencia, observa esta Sala que la acción de amparo fue interpuesta por los abogados Víctor Rafael Arias Patete y María Milagros Vera Bermúdez, en representación de los ciudadanos Andy Rafael Palacios Rivero, Richard Rafael Cermeño Figuera, César Eduardo Pereira Díaz, Jesús Antonio Dávila y Augusto Rafael Quivas Oliver, contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

Evidencia la Sala, que en el caso bajo estudio la acción de amparo no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 18 eiusdem, por lo cual la misma resultaba admisible.

Ahora bien, se observa que, en el presente caso, la demanda de amparo se incoó contra una decisión judicial. La Sala ha señalado, en múltiples decisiones, que este tipo de demandas constituyen un mecanismo procesal de impugnación con peculiares características que la diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de las otras vías existentes para el ataque de los actos que emanen de los órganos jurisdiccionales, razón por la cual a estas demandas, a las cuales se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, en atención a principios de celeridad y economía procesal. A este respecto esta Sala ha sostenido:

(...) Del análisis de la disposición transcrita, en función de salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, nuestra jurisprudencia ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: a) que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, finalmente como requisito adicional (…); es decir, que la acción de amparo puede intentarse contra decisiones judiciales, pero sólo procede en estos casos(...)” (S. S.C. N° 2339 del 21-11-01).

En el caso sub examine, la demanda de amparo tiene por objeto la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por el Ministerio Público contra el fallo emitido por el Juzgado Cuarto en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que había decretado la libertad plena de los accionantes y, en consecuencia, declaró medida de privación judicial preventiva de libertad contra los mismos.

Por su parte, los pretensores de tutela constitucional denunciaron que la decisión accionada en amparo violentó sus derechos constitucionales a la libertad, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, por cuanto en criterio de los accionantes, la decisión denunciada debió declarar sin lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la decisión del a quo.

Advierte la Sala, que en la presente causa se evidencia una inconformidad por parte de los accionantes, respecto a la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, ya que se apartó del pronunciamiento emitido por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Estado Miranda, toda vez que a juicio de la referida alzada, no le asiste la razón al Juez a quo, y no se ajustó a derecho su decisión, al decretar libertad a los hoy accionantes, verificando que en el presente caso, a su decir, se encuentran presente los requisitos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para decretar una medida privativa judicial preventiva de libertad, con la finalidad de asegurar las resultas del proceso.

Así las cosas, apunta la Sala, conteste con lo expuesto por la Corte de Apelaciones, que ha sido su criterio pacifico que la presunta violación a los derechos constitucionales derivada de los actos realizados por los funcionarios policiales, no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional y, que adicionalmente, la supuesta lesión que genera la presentación del aprehendido luego de transcurrido el lapso de cuarenta ocho (48) horas previsto en el Texto Fundamental, cesa al verificarse la audiencia de presentación ante el tribunal de control y que dicha la captura genere en una privación judicial preventiva de libertad. (vid. Sentencias de la Sala Constitucional N° 526/01 y 182/07).

En cuanto a la autonomía que poseen los juzgadores para la resolución de conflictos jurídicos concretos, tanto para la interpretación y aplicación de las leyes, como para la apreciación y establecimiento de los hechos, esta Sala señaló en sentencia del 20 de febrero de 2001 (Caso Alimentos Delta C.A.), donde ratificó el criterio que expuso en sentencia del 27 de julio de 2000 (Caso Seguros Corporativos C.A. y otros), lo siguiente:

(...) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del Poder Público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales.  Pero en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución”.

El anterior criterio, aunque con mayor amplitud, ha sido reiterado por esta Sala Constitucional en innumerables decisiones, así en sentencia N° 3.194 del 6 de diciembre de 2002, se señaló:

...Así las cosas, la Sala observa de los autos que, efectivamente, el accionante sólo ha pretendido impugnar el fondo de la decisión dictada por el Juzgado Superior, el cual le fue adverso, para lograr la revisión del criterio de interpretación del Juzgador en su decisión, atacando así, la valoración del juzgador.

En tal sentido, resulta oportuno referir que, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido que, en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración sobre los medios probatorios y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlos y ajustarlos a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole, notoriamente, derechos o principios constitucionales, supuesto que, en el presente caso, no se verificó.

De manera que, en el caso de autos, las violaciones constitucionales carecen de fundamento jurídico, dado que la actuación procesal realizada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, se encuentra ajustada tanto al derecho a la defensa, como al debido proceso, por cuanto, en efecto, estimó los alegatos expuestos por el accionante, al igual que valoró pero desechó las pruebas que le servían de fundamento a los mismos...

Se evidencia, de las actas del expediente, que los quejosos pretenden, mediante el proceso de amparo, el cuestionamiento de la valoración y apreciación que realizó el Juzgador en el segundo grado de jurisdicción del proceso penal, con la sola finalidad de la obtención de una nueva revisión sobre el caso que fue planteado, como si dicha causa constituyese un grado de jurisdicción para la revisión de las decisiones que no resolviesen la causa de la manera como querían las partes. (Vid. sentencia número 1299 del 28 de junio de 2006, caso: Alfredo Gómez La Gruta).

En atención a todo lo que se explanó supra, se desprende que la demanda de amparo carece del requisito de procedencia que exige el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Igualmente resultaría inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal la sustanciación de un proceso cuyo único resultado final previsible sería la declaratoria sin lugar, por lo que esta Sala estima que la demanda de amparo de autos debe declararse improcedente in limine litis; y así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo interpuesta por los abogados Víctor Rafael Arias Patete y María Milagros Vera Bermúdez, en representación de los ciudadanos ANDY RAFAEL PALACIOS RIVERO, RICHARD RAFAEL CERMEÑO FIGUERA, CESAR EDUARDO PEREIRA DÍAZ, JESUS ANTONIO DAVILA Y AUGUSTO RAFAEL QUIVAS OLIVER, contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional   del   Tribunal   Supremo   de   Justicia,   en   Caracas,  a los 12 días del mes de mayo de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Los Magistrados

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Ponente

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp. 08-1574

MTDP

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