Magistrada Ponente: luisa estella morales lamuñO






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SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 11-1292

 

El 17 de octubre de 2011, la abogada Ana Leonor Acosta en su condición de Síndica Procuradora Municipal del Municipio Chacao, según se evidencia de Resolución N° 183-08, emanada del ciudadano Alcalde, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Chacao Extraordinaria N° 7727 el 15 de diciembre de 2008 y los abogados Héctor Rangel Urdaneta, Vanessa Santos Huen, Carla Bolívar Sánchez, Alírio Álvarez y Alejandra Van Hensbergen, en su carácter de apoderados judiciales del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 76.860, 108.244, 117.024, 117.244, 115.638 y 138.230, respectivamente, interpusieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de revisión de la sentencia definitiva dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 9 de febrero de 2011, bajo el N° 163.

 

El 31 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

La representación judicial del Municipio Chacao del Estado Miranda, consignó diligencia el 3 de mayo de 2012, solicitando pronunciamiento en la presente causa.

 

El 28 de noviembre de 2012, la sociedad mercantil DIAGEO DE VENEZUELA, C.A.,  por medio de su apoderada judicial, Catherina Gallardo Vaudo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 137.383, consignó escrito de alegatos en contra de la solicitud de revisión interpuesta.

 

La representación judicial del Municipio Chacao del Estado Miranda, consignó diligencia en la misma fecha, solicitando pronunciamiento en la presente causa.

 

Constituida esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 8 de mayo de 2013, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

DEL ESCRITO DE REVISIÓN

 

Se presentó solicitud de revisión, con fundamento en los siguientes alegatos:

 

Que “el 9 de diciembre de 2005 (…) [el] Municipio Chacao notificó a DIAGEO el Acta Fiscal distinguida con las letras y números DAT-GAF-300-322-2005 del 5 de diciembre de 2005, en la que se formuló un reparo fiscal discriminado como se indica a continuación: 1.- Por concepto de impuesto sobre actividades económicas causado y no pagado correspondiente al ejercicio fiscal coincidente con el año civil 2003, la cantidad de (…) (Bs.F. 6.560.754,43); 2.- Por concepto de impuesto sobre actividades económicas causado y no pagado correspondiente al ejercicio fiscal coincidente con el año 2004 (…) (Bs.F. 9.236.016,90). El 3 de febrero de 2006, DIAGEO presentó ante el fisco Municipal de Chacao escrito de descargos y promoción de pruebas contra la referida acta de reparo; luego de ello el 12 de febrero de 2007, la Dirección de Administración Tributaria ya mencionada dictó la Resolución N° L/015.02/2007 que culminó el sumario administrativo y confirmó el reparo fiscal por la cantidad de QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.F. 15.796.771,33) y aplicó por ilícitos tributarios sanción de multa por el monto de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (Bs.F 6.258.385,22)”.

 

Que “el 20 de abril de 2007, DIAGEO interpuso recurso contencioso tributario junto con acción de amparo constitucional y suspensión de los efectos contra la Resolución No. LJ01 5.02/2007, el cual apoyó, entre otros alegatos, en la supuesta ‘inconstitucionalidad del clasificador de actividades económicas que pretende gravarla venta al mayor de bebidas alcohólicas’, lo que contradecía el supuesto criterio vinculante sentado por esta Sala Constitucional en sentencia No. 1397, de 22 de julio de 2004, caso: Seagram de Venezuela, C.A. El 8 de junio de 2007, el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como juez de la causa, acordó la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, decisión contra la cual la representación del MUNICIPIO CHACAO interpuso apelación, la cual fue decidida por la Sala Político-Administrativa en sentencia No. 00966 de 13 de agosto de 2008, en la que confirmó la procedencia de la medida cautelar solicitada condicionada a la constitución de una fianza. Luego de sustanciado el juicio de anulación, el Tribunal de la causa dictó sentencia definitiva No. 0037, el 13 de abril de 2009, y en ella declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por DIAGEO, entre otras razones por estimar que la exigencia del MUNICIPIO CHACAO de efectuar pagos por concepto del impuesto a actividades económicas realizadas dentro del Municipio por la comercialización de bebidas alcohólicas era contraria a la potestad de la República de gravar la actividad de producción de bebidas alcohólicas”.

 

Contra la referida decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Político Administrativa a través de la sentencia objeto de revisión, para lo cual señaló que “el fondo de la controversia pasaba por determinar la gravabilidad o no de las actividades económicas relativas a la venta, producción y distribución de alcohol y especies alcohólicas ejercidas por DIAGEO DE VENEZUELA, C.A. por parte del MUNICIPIO CHACAO, pues de la aclaratoria de tal cuestión dependía la decisión sobre la procedencia o no del vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de la Ley alegado por la representación municipal en este juicio. Que para establecer en el presente caso la competencia de los Municipios para gravar o no la actividad de comercialización, producción y distribución de alcohol o especies alcohólicas con el impuesto sobre actividades económicas era oportuno traer a colación el criterio establecido en la sentencia No. 1.397 de 22 de julio de 2004, dictada por la Sala Constitucional, caso: Seagram de Venezuela SA., ‘por cuanto el recurso contencioso tributario fue interpuesto bajo la vigencia de la precitada decisión, es decir, el 20 de marzo de 2007’. Que, en vista de ello, procedía citar en extenso la mencionada sentencia de esta Sala Constitucional para resaltar aquéllos párrafos en los que se hicieron afirmaciones, en cuanto a la armonización de la potestad nacional de cobro de impuesto a la producción de bebidas alcohólicas con la potestad municipal de cobro de impuesto por la realización de actividades económicas”.

 

Que “este criterio de la Sala Constitucional había sido acogido por ella (por la Sala Político Administrativa) en su sentencia No. 1.579, de 20 de septiembre de 2007, caso: Cervecería Polar, C.A.”, por lo que “en observancia del criterio de la Sala Constitucional contenido en el fallo 2.078/06, ‘a los fines de preservar el derecho a la defensa y al debido proceso, así como el principio de la tutela judicial efectiva de las partes en juicio, debía declarar que el fallo N° 2408, de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A. de la Sala Constitucional, invocado por la representación judicial del MUNICIPIO CHACAO como el aplicable a la controversia, en realidad no resultaba aplicable a la causa bajo examen. Así se decide’. Con apoyo en el razonamiento precedente, la Sala Político Administrativa declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano Miranda; en consecuencia, confirma la sentencia definitiva Nro. 003 7/2009 del 13 de abril de 2009, dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo quedan nulos los actos administrativo impugnados’ (…)”, es decir, “por considerar que el MUNICIPIO CHACAO había contrariado o desconocido un precedente vinculante en la materia de esta Sala Constitucional”.

 

Que “en este sentido que se pide a esta Sala Constitucional reparar en la sentencia de la Sala Político Administrativa que se cuestiona en esta oportunidad por iniciativa del MUNICIPIO CHACAO, pues es de suma utilidad, dada la evidente inconstitucionalidad que la aqueja, el que se despeje toda duda sobre el precedente jurisprudencial de esta Sala que resulta aplicable a la armonización constitucional entre el impuesto municipal aplicable a toda actividad económica y el impuesto nacional a las bebidas alcohólicas, de modo tal que en lo sucesivo tanto los legisladores municipales al momento de sancionar las Ordenanzas como los jueces contencioso-tributarios al examinar la constitucionalidad de éstas partan sin equívoco del mismo criterio vinculante dictado conforme al artículo 335 de la Constitución Nacional”.

 

Que la sentencia objeto de revisión “efectuó una errada interpretación de la Constitución (artículo 156.12, 179.2, 180 y 335) a partir de un criterio interpretativo de esta Sala que no debió asumir como precedente constitucional vinculante para la resolución del caso (…), no sólo porque el criterio elegido era aislado y terminó siendo considerado contrario a la Constitución (por limitar arbitrariamente la potestad tributaria municipal), sino porque a todo evento, para la fecha en que se dictó la sentencia impugnada podía considerarse que si existía un precedente vinculante, desde al menos julio de 2007, en la medida que no se ha producido luego de ningún otro pronunciamiento contrario a lo en él establecido”.

 

Que el fallo objeto de revisión se fundamentó en un criterio “aislado de esta Sala Constitucional en la materia, que no resultó según esta propia Sala compatible con los artículos 156.12, 179.2 y 180 de la Constitución, al aplicar en el caso resuelto por la sentencia cuya revisión se solicita como precedente vinculante el criterio contenido en sentencia No. 1.397 de 22 de julio de 2004, caso: Seagram de Venezuela S.A. que nunca contó con la necesaria ratificación, continua y pacífica, en sentencias posteriores dedicadas al mismo tema para poder considerarlo un precedente vinculante según el artículo 335 constitucional, y obviar que para la fecha en que se dictó la sentencia No. 163 (09.02.11) ya esta Sala Constitucional había establecido en sentencia No. 2408, de 20 de diciembre de 2007, caso: Pemod Ricard Margarita, C.A. (sin luego apartarse más de esa interpretación) que resultaba conforme a la Constitución Nacional (sic) el cobro por los Municipios del impuesto a actividades económicas a los particulares dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas, aún cuando la República cobrara a esos mismos particulares el impuesto a la producción de bebidas alcohólicas, por tratarse de potestades tributarias distintas aplicables a su vez a supuestos de hechos también distintos. En tal sentido, se ofrece a esta Sala Constitucional la oportunidad propicia para cuestionar la aplicación por parte de la Sala Político Administrativa de un criterio aislado, que no constituye una interpretación vinculante de esta Sala y que terminó siendo considerado contrario a la Constitución de 1999, así como, de ser el caso, la falta de aplicación por parte de la Sala Político Administrativa del que resultaría ser el verdadero precedente sobre el tema debatido, obviando con ello las reglas interpretativas que tanto en Venezuela como en el Derecho Comparado rigen la aplicación de cambios de criterios jurisprudenciales vinculantes, según el tipo de norma interpretada, si se trata de una norma sustantiva o de una norma procesal. A juicio de esta representación es clara la trascendencia general del tema a aclarar (de interés para todos los Municipios y contribuyentes municipales que existen en el territorio nacional), y la necesidad de que establezca (o en todo caso, de que se ratifique para prevenir nuevos errores grotescos en la interpretación y aplicación de la Norma Fundamental) un criterio que deba ser cumplido en el futuro por todos los operadores jurídicos, en especial, por Municipios, contribuyentes y tribunales”.

 

Que ello se justifica, sobre la base de las siguientes consideraciones: “Primero, a fin de garantizar la supremacía constitucional y el respeto a las interpretaciones vinculantes de esta Sala Constitucional en cuanto a los principios y normas contenidas en la Norma Suprema (artículos 7 y 335), es impostergable que esta Sala aclare que la argumentación contenida en su sentencia No. 1.397 de 22 de julio de 2004, caso: Seagram de Venezuela S.A., no puede considerarse en ningún caso como un criterio vinculante o precedente sobre la armonización conforme a la Constitución de la potestad tributaria municipal y la potestad regulatoria y tributaria nacional sobre actividades económicas relativas a bebidas alcohólicas, ya que tanto antes como después de esa decisión (según se demostrará en la primera sección de la siguiente parte) se dictaron sentencias sobre el mismo tema en sentidos diversos (las más de las veces, apoyando la tributación municipal sobre estas actividades), que no ratificaban lo dicho en el fallo No. 1.397/2004, de modo que lo dicho en este último no es más que un criterio aislado. Segundo, con el propósito de evitar interpretaciones contradictorias y erradas de la Constitución, así como tratos discriminatorios en la aplicación judicial de normas y principios constitucionales, es indispensable que esta Sala precise cuál es su criterio vinculante sobre el tema debatido (armonización según la Constitución de potestades tributarias de Municipios y República sobre actividades económicas relacionadas con bebidas alcohólicas) o, de considerar que ese criterio ya existe, entonces ratificar que el mismo está contenido, a juicio de esta representación, en su sentencia No. 2408 de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A., vigente por lo demás para la fecha en la que la Sala Político Administrativa dictó la sentencia cuya revisión se solicita y por lo tanto, al tratarse de una interpretación sobre una norma sustantiva y no sobre una norma procesal, resulta aplicable al caso concreto de forma inmediata. Y tercero, a objeto de evitar que los Municipios de todo el territorio nacional queden privados de recibir un ingreso tributario que la Constitución vigente les habilita a exigir y recibir para financiar con él parte de su funcionamiento administrativo y de los diversos servicios públicos que prestan a la colectividad, es fundamental que esta Sala revise y anule el fallo de la Sala Político Administrativa No. 163, de 09 de febrero de 2011, ya que éste se fundó en una interpretación errada, e incluso grotesca, de la Constitución (…), al concluir que según ésta los Municipios no pueden aplicar el impuesto a las actividades económicas a la actividad de comercialización de bebidas alcohólicas por supuestamente constituir ello una invasión de la potestad tributaria nacional, lo cual es equivocado según lo expuesto ya en forma pacífica por esta Sala incluso desde mucho antes de su sentencia No. 2408 de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A.”.

 

Precisaron, que “PRIMERO: La Sala Constitucional ha señalado, en varias ocasiones, que sus interpretaciones de la Constitución no hacen más que reconocer lo que en esa norma suprema se establece, por lo que ha de entenderse siempre que los derechos y principios declarados están en rigor desde la misma promulgación de la Constitución y no a partir del fallo que así los reconoce. Es decir, es jurisprudencia de esta Sala que sus decisiones tienen un carácter declarativo y que la Constitución, más allá de lo que diga la Sala, ha de tener vigencia desde sus inicios. Este criterio de la Sala Constitucional, perfectamente acertado, incluso ha sido expuesto en un asunto relacionado directamente con la controversia entre nuestro representado y DIAGEO, en torno a la potestad tributaria de los municipios. La aclaratoria de 17 de junio de 2005, caso: Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, de la sentencia de 04 de marzo de 2004, antes citada, refiere textualmente: ‘carece de sentido entender que la aplicabilidad de las normas interpretadas por esta Sala es predicable sólo a partir del 21 de abril de 2004, fecha de publicación del fallo, y no a partir de la entrada en vigencia de la actual Carta Magna. Por el contrario, ese criterio implica desconocer la majestad del Constituyente y da pie a generar controversias interpretativas desprovistas de fundamento que sólo tienen como intención excusarse de la aplicación de las normas constitucionales, los solicitantes en algún momento de su escrito califican a esa situación como ‘fraude a la Constitución’ y esta Sala comparte la afirmación’. En otras palabras, la Constitución tiene vigor desde su publicación y si en algún momento se interpretó erradamente alguno de sus preceptos, desconociendo algún derecho, garantía, principio, una vez hecha la corrección en la interpretación ha de ser ésta la que debe entenderse como imperante siempre, más allá de las injusticias cometidas previamente y que no puedan repararse, básicamente si existe una sentencia con autoridad de cosa juzgada que impide su revisión. En el caso presente, no hay duda que más allá de la sentencia del 22 de julio de 2004, caso: Seagram de Venezuela S.A., que se insiste es un fallo aislado o minoritario, los 335 municipios de Venezuela desde la vigencia de la Constitución han tenido las mismas potestades tributarias para pechar las actividades económicas realizadas en su jurisdicción. Que en determinados asuntos una errada interpretación de las normas constitucionales haya desconocido esa potestad no puede de modo alguno suponer que, ahora, corregido el error, siga reiterándose a otros supuestos. La decisión impugnada de la Sala Político-Administrativa carece, pues, de justificación y resulta inconstitucional manifiestamente”.

 

Que “SEGUNDO: La Sala Político-Administrativa negó la aplicación inmediata a la sentencia vinculante de esta Sala Constitucional de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A. Aun cuando, como se vio previamente, esta sentencia no hace más que reiterar un criterio jurisprudencial que estaba ya consolidado sobre las potestades tributarias municipales, debe mencionarse que no hay ningún motivo para negar su aplicación inmediata, que es la regla general en cuanto a la vigencia de los precedentes constitucionales. No encuadra dicho fallo en las excepciones normalmente aceptadas para que un precedente no empiece a ser tomado en cuenta en adelante por los tribunales al momento de sentenciar. Nótese que se trata de un fallo que se refiere a aspectos sustantivos, como lo es la potestad tributaria municipal, y no a aspectos procesales, que es cuando normalmente se retrasa su entrada en vigor para no afectar las condiciones, presupuestos o cargas ya exigidas o relegadas en los asuntos en trámite. No estamos frente a un caso que justifique la ‘prospective overruling’ o que encuadre en la llamada ‘autonomía procesal’ de la Sala Constitucional y justifique postergar su entrada en vigor. El asunto simplemente indica cuál es el régimen de las potestades que, según la Constitución, tienen los 335 municipios de Venezuela en materia tributaria, por lo que no hay razón alguna que pueda esgrimirse válidamente para negar su aplicabilidad inmediata por los jueces al momento de sentenciar, en el futuro, cualquier asunto en curso o que se le presente”.

 

Que “TERCERO: Una de las notas aceptadas en Derecho Comparado sobre la ‘prospective overruling’ es que el tribunal que dictó el fallo, normalmente el tribunal constitucional, ha de indicar de modo expreso e indubitable que la vigencia del precedente sentado queda postergada en el tiempo o solo ocurrirá para los asuntos que se inicien a partir del mismo. En caso de omisión en el fallo de esa advertencia ha de regir la regla general, es decir, la aplicabilidad inmediata y para todos los tribunales del precedente constitucional vinculante. Como toda excepción, pues, y la postergación de los efectos de un fallo vinculante es excepcional, ha de estar prevista expresamente y así haber sido advertido por el tribunal constitucional, con la debida justificación o motivación, por lo demás. Bueno, en el caso de la sentencia de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A., esta Sala Constitucional en ningún momento indicó que sus efectos quedaban suspendidos en el tiempo, por el contrario. Se desprende de la lectura de tal decisión que ha de aplicarse en el futuro de inmediato en todos los casos en curso o que se presenten, que no hay lugar para que se mantenga una disputa jurídica en el tiempo, que está definitivamente zanjada y que, en definitiva, los municipios y los contribuyentes, así como los tribunales, todos, deben reconocer y hacer valer las potestades tributarias amplias previstas constitucionalmente. La inexistencia de un llamado de la Sala Constitucional a que el fallo de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A., entre en rigor solo para los asuntos que inicien con posterioridad deja al resto de los tribunales, y a la Sala Político-Administrativa, en la obligación de darle acatamiento y aplicabilidad inmediata, cada vez que deba sentenciar en el futuro”.

 

Que “CUARTO: La Sala Político-Administrativa intenta justificar su desconocimiento del precedente constitucional vinculante invocando la tesis de la confianza legítima. Si bien esta teoría ha sido reconocida para garantizar la estabilidad de las relaciones jurídicas y la seguridad jurídica, la aplicación que en la sentencia impugnada hizo dicha Sala de ese criterio es equivocada. Asumió la Sala Político-Administrativa que los contribuyentes tenían la confianza legítima de seguir rigiéndose, en cuanto a su sujeción a la potestad tributaria municipal, sobre la base de un criterio reconocido previamente como contrario a la Constitución. Pretendió, simple y llanamente, tirar de la confianza legítima para mantener la violación de normas constitucionales, o al menos para beneficiar de un criterio jurisprudencial errado y contrario a la Constitución a DIAGEO contra el Municipio Chacao. No hay duda, pues, en que carece de justificación la actuación de la Sala Político-Administrativa y, por tanto, el desconocimiento de la jurisprudencia vinculante vigente para el momento de la sentencia impugnado resulta inconstitucional y debe ser sancionado por esta Sala”.

 

Que “QUINTO: Con la pretendida excusa de la confianza legítima, la Sala Político-Administrativa en el fallo impugnado dispuso que el criterio temporal para aplicar la jurisprudencia constitucional vigente sobre las potestades tributarias municipales fuera la fecha de interposición de la demanda. Si fue ejercida antes de la sentencia de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A., habría de aplicar los criterios abandonados, por inconstitucionales, del fallo de de 22 de julio de 2004, caso: Seagram de Venezuela S.A. Eso fue lo que hizo en la sentencia atacada por esta vía. Tomó la Sala Político-Administrativa un párrafo de una sentencia sobre confianza legítima, que dice que ha de respetarse los criterios que ‘existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente’. Sin embargo, para demostrar lo incorrecta de esa postura, vale simplemente hacer algunas preguntas: ¿El ‘debate’ entre el Municipio Chacao y DIAGEO empezó, realmente, con la interposición del recurso de anulación en 2007? ¿Ese ‘debate’ no está presente, más bien, desde el año 2002, cuando el ejercicio fiscal de ese año dio lugar al primero de los reparos? ¿Debería entonces para resolver la controversia, ya en el año 2011, tomarse en cuenta las sentencias que fueron dictadas en esta materia en 2002? ¿Si el ‘debate’ entre las partes se ha extendido por tantos años, cuál de los criterios jurisprudenciales que han regido durante ese tiempo tendría que ser el aplicado al momento de dictar la sentencia? ¿Por qué tomar la fecha de ejercicio del recurso contencioso administrativo para fijar cuál sería el criterio jurisprudencial aplicable al momento de sentenciar? ¿No sería mejor tomar la fecha de iniciación del reparo? ¿O la fecha en que empezaron los ejercicios fiscales reparados? ¿O la fecha en que se dictó el acto administrativo de reparo? ¿O cuando se ejerció el recurso de reconsideración o el jerárquico? ¿O cuando tales recursos fueron resueltos por los actos administrativos correspondientes? ¿Tiene sentido que si el recurso hubiera sido ejercido unos pocos meses después, luego de diciembre de 2007, entonces el precedente aplicable sería otro, a pesar de que el ‘debate’ entre las dos partes discurrió mientras estaba en vigor otros criterios jurisprudenciales?”.

 

En sexto lugar afirmaron que la Sala Político Administrativa ya había abandonado el criterio jurisprudencial que aplicó en la sentencia objeto de revisión.

 

Finalmente, solicitaron que “1) Que ADMITA y declare CON LUGAR el presente recurso de revisión extraordinaria interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 09 de febrero de 2011, bajo el No. 163, por haber incurrido en una errónea interpretación de la Constitución y, eventualmente, en desconocimiento de un precedente vinculante de esta Sala Constitucional, en violación de lo establecido en los artículos 7, 156.12, 179.2, 180 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2) Que ACLARE cuál es el precedente vinculante que debe ser acatado por los órganos del Poder Público y los particulares en lo sucesivo en materia de armonización o coordinación de la potestad tributaria municipal sobre actividades económicas con la potestad de regulación y tributaria del Poder Nacional sobre ciertas actividades económicas, entre otras, la de bebidas alcohólicas, que a juicio de esta representación del MUNICIPIO CHACAO tendría que ser el contenido en la sentencia No. 2.408 de 20 de diciembre de 2007, caso: Pernod Ricard Margarita, C.A. de esta Sala Constitucional. 3) Que hechas las declaratorias anteriores, ANULE la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa bajo el No. 163, de 09 de febrero de 2011, por ser manifiestamente contraria a principios y normas constitucionales en materia de interpretación vinculante (precedente) y de potestad tributaria municipal sobre actividades económicas, y ESPECIFIQUE EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL que en materia de impuesto municipal sobre actividades económicas deben seguir los Municipios, los contribuyentes, la Sala Político Administrativa y el resto de Tribunales contencioso-tributarios en el futuro para casos similares. 4) Que ORDENE a la Sala Político-Administrativa dictar una nueva decisión de fondo en el expediente No. 2009-0553, de la nomenclatura de esa Sala, en el que se sustanció la segunda instancia del juicio contencioso tributario iniciado por DIAGEO DE VENEZUELA, C.A. en contra de la Resolución No. L1015.02/2007, de 12 de febrero de 2007, dictada por la Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Chacao (…)”.

 
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