Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del






descargar 21.49 Kb.
títuloCon fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del
fecha de publicación17.06.2016
tamaño21.49 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 58 Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS DIPUTADOS JAVIER GONZÁLEZ GARZA Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SUSCRIBEN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, BAJO EL SUPUESTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA CITAR A COMPARECER AL GENERAL GUILLERMO GALVÁN GALVÁN, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, A JAIME ANTONIO LÓPEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y A JOSÉ LUÍS CHÁVEZ GARCÍA, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, BAJO LAS SIGUIENTES:
C O N S I D E R A C I O N E S
El 11 de julio de 2006, alrededor de las 2 a.m., un grupo de entre 10 y 20 elementos militares uniformados llegaron en vehículos oficiales a “El Pérsico Dancing” y “Las Playas Cabaret”, dos clubes nocturnos ubicados en la zona de tolerancia de Castaños. Durante las siguientes tres horas, los soldados sometieron a 14 mujeres que trabajaban en estos clubes y a siete policías encargados de la seguridad en la zona a intimidación y abusos.
La CNDH documentó que los soldados abusaron verbalmente de las mujeres, las obligaron a bailar mientras las apuntaban con armas y las llevaron a las habitaciones por la fuerza. Los soldados amenazaron a las mujeres, las obligaron a desvestirse, las violaron (en algunos casos, varias veces), abusaron sexualmente de ellas, las obligaron a masturbarse frente a los soldados y/o las obligaron a practicar sexo oral a los soldados. Una de las mujeres resultó embarazada como resultado de la violación, y otra que estaba embarazada sufrió un aborto luego de esa noche.

Recomendación 037/2007 emitida el 21 de septiembre de 2007 por la CNDH
El informe “Impunidad Uniformada” elaborado por la organización Human Rights Watch, y presentado en abril del 2009, señala que el uso indiscriminado de las fuerzas armadas en operaciones para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad pública se ha incrementado drásticamente durante el gobierno de Calderón, quien ha planteado el despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave en esta materia.
Miles de integrantes de las fuerzas armadas han sido incorporados a la policía federal y más de 40,000 efectivos militares han sido asignados a distintas partes del país, desarrollando labores propias de policía, transgrediendo el marco jurídico normativo vigente y careciendo del entrenamiento adecuado para tratar con civiles.
Asimismo, el informe denuncia que en el marco de las actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Los abusos documentados en el informe incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló en su comunicado del 22 de julio de 2009, que de las 2,956 quejas atendidas durante el primer semestre de 2009, la autoridad más señalada por presunta violación a los derechos fundamentales fue la Secretaría de la Defensa Nacional, en 559 casos. En cuanto al número de recomendaciones que ha enviado la CNDH por violaciones a los derechos humanos, de 1990 a la fecha han sido 67, pero en lo que va de la gestión de Calderón ha remitido 35: siete durante 2007, 14 en 2008 y 14 en lo que va de este año.
De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la SEDENA, y publicadas en diversos medios de comunicación1 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la CNDH recibió 570 quejas contra los soldados; en el de Ernesto Zedillo, mil 689; en el de Vicente Fox, mil 225, y en dos años y medio de gestión de Felipe Calderón se han acumulado 2 mil 453 denuncias. Esto constituye reflejo indudable de la grave situación que viven nuestros conciudadanos.
Durante la comparecencia del Presidente de la CNDH ante el grupo de trabajo de la Primera Comisión, el pasado 14 de julio, éste resaltó “que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha puesto en debate temas como la vigencia del fuero de guerra, y que es preocupante, que el despliegue de las fuerzas federales no haya detenido la violencia del crimen organizado y el narcotráfico. Por el contrario, ha dado como resultado innumerables quejas por presuntos abusos contra personas inocentes”.
Sin embargo, el general Jaime Antonio López Portillo, director de Derechos Humanos de la SEDENA, afirmó en conferencia de prensa que la mayoría de los delitos que cometen los militares en la llamada guerra contra el crimen organizado “son de carácter imprudencial, de una manera colateral en la acción de las tropas”. Y precisó que de las quejas recibidas, se han derivado 35 recomendaciones; 395 denuncias han concluido sin responsabilidad para el personal militar, y 525 se encuentran en trámite.
Asimismo atribuyó el aumento de quejas ante la CNDH contra las Fuerzas Armadas al incremento de su presencia en las calles, lo que fomenta de forma proporcional el contacto con la población. De igual manera, consideró que las quejas ante organismos de derechos humanos son utilizadas por abogados para allegarse pruebas que favorezcan a sus defendidos, llegando al exceso de afirmar que este organismo público de defensa y protección de los Derechos Humanos es utilizado por el crimen organizado para atacar a la institución armada.
A lo anterior, la CNDH apuntó en entrevista con MILENIO que sólo 2 por ciento de las quejas que se presentan ante el organismo corresponden a “presuntos delincuentes”. Y que su objetivo es recibir y analizar las quejas de todas las personas que habitan en el país para investigar violaciones a derechos humanos.
México es parte de varios tratados internacionales que le imponen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos contenidos en ellos, la obligación de impedir y prevenir violaciones de derechos humanos, así como de investigar, juzgar y reparar las violaciones cometidas. Sin embargo, el Estado mexicano no ha dado cabal cumplimiento a ello, pero en especial, cuando se trata de violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Los organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han rechazado y denunciado sistemáticamente que fiscales y tribunales militares investiguen y juzguen casos que suponen abusos contra civiles, y han señalado que la jurisdicción de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reiterado que la jurisdicción militar debe tener un “un alcance restrictivo y excepcional”. Un alcance “restrictivo” en cuanto a la jurisdicción requiere excluir a la población civil y que únicamente el personal militar sea juzgado por tribunales militares cuando se les imputen delitos o faltas “que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Cuando casos de violaciones de derechos humanos contra civiles no se transfieren a la jurisdicción civil, se vulnera la obligación del Estado de garantizar un recurso efectivo.2
En 2007 la Corte Interamericana amplió su jurisprudencia y concluyó que “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.
Nuestra preocupación se centra en tres aspectos. El primero, es la indefinición jurídica de la guerra emprendida por el gobierno federal en contra del crimen organizado, que ha derivado en el establecimiento de estados de excepción factuales, en los cuales, de hecho, se suspenden garantías individuales y se violan, de manera cotidiana, los derechos humanos, bajo el débil argumento de que es la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública la que puede detener la álgida espiral de violencia; en segundo término, el incremento del número de empresas de seguridad privada y grupos paramilitares que únicamente contribuyen al debilitamiento de nuestras instituciones democráticas y, consecuentemente, del Estado; y el tercero, es la ampliación extraordinaria del fuero militar que redunda en el conocimiento los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses por parte de la justicia militar, la impunidad que prevalece en los casos de los que ha conocido y los diversos que se han denunciado ante instancias internacionales así como la resistencia de las autoridades federales para el establecimiento de mecanismos de diálogo que puedan derivar en una reforma legal que ajuste la jurisdicción militar a los límites establecidos por el artículo 13 de nuestra Carta Magna.
Más aún, lejos de iniciar los procesos legislativos necesarios como respuesta a las múltiples iniciativas presentadas por diputados y senadores para examinar el alcance de la Justicia Militar, el pasado 22 de julio, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, emitió un decreto por el cual se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este Decreto faculta al Procurador General de Justicia Militar para actuar de frente a los Tribunales del orden civil, transgrediendo con ello la naturaleza jurídica de la propia instancia castrense y violando flagrantemente el espíritu consignado por nuestros Constituyentes originarios desde el Pacto Fundamental de 1857, retomado a la letra en 1917.
Por lo anteriormente expuesto, comprometido en la Construcción de un Estado, Democrático, Social y de Derecho, ponemos a consideración de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a comparecer al General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, a Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional y a José Luís Chávez García, Procurador General de Justicia Militar, para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como para informar de la motivación y alcance del decreto de fecha 22 de julio de 2009, por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sede de la Comisión Permanente, 29 de julio, de 2009.
Suscriben

Dip. Javier González Garza


Dip. José Alfonso Suárez del Real y A.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Durand y Ugarte v. Perú, Sentencia del 16 de agosto de 2000, Corte I.D.H., (Ser. C), No. 89 (2001), párr. 117.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconLey general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro,...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconArtículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconSinopsis proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconPresidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconSinopsis que reforma los artículos 73, fracción XXVI, 78, fracción...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconTarea modificaciones del articulo 1º, 2º, 3º, 73 y 123 dela Constitución...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconQue reforma el artículo 73 de la constitución política de los estados...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconQue reforma el artículo 123 de la constitución política de los estados...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconI. Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto...

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del iconQue reforma el artículo 117 de la constitución política de los estados...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com