I) el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal Con Función de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite de tutela interpuesto por Fredy Forero Valero contra la Empresa Alianza Logística y otro, expediente t 258. 529; (II)






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Las órdenes en el caso del señor Herley Vélez Quintero.
En el presente asunto, la Sala encontró acreditados los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, a la salud, al trabajo y al mínimo vital del accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Solarte y Compañía Ingeniería, reintegrar al señor Herley Vélez Quintero al cargo que venía desempeñando o a otro que pueda desempeñar dignamente, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por su médico tratante, cancelando todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad. De igual manera, al no existir autorización del Ministerio del Trabajo se autoriza el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de Trabajo.
d) EXPEDIENTE T- 4.263.635
Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Jaimir Mendoza Oviedo.
En el caso objeto de estudio se observa, que el tutelante mientras se encontraba cumpliendo con sus labores en las instalaciones de la empresa Industria Nacional de Gaseosas, donde fue vinculado a través de la Empresa Eficacia Servicios Integrales, sufrió dos accidentes, uno el 23 de diciembre de 2004 y otro el 23 de julio de 2011, los cuales dejaron ciertas secuelas en su humanidad, tal como lo prescribe su examen de egreso, el cual fue calificado como no satisfactorio.
En el expediente se encuentra además acreditado que el actor ha tenido que acudir en diferentes oportunidades a su EPS en la cual tiene procedimientos médicos pendientes. Así mismo, asegura no tener ingresos, el cual está compuesto por sus hijos menores de edad, afirmación que no fue desvirtuada y, por tanto, debe ser tomada como cierta.
De igual forma, se evidencia que la empresa accionada tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el actor, ya que los accidentes se produjeron dentro de las instalaciones donde prestaba sus servicios, razón por la cual, para poder efectuar el despido, la empresa accionada debía solicitar la autorización previa del Ministerio de Trabajo, puesto que esta Corporación ha señalado reiteradamente que para que se haga efectivo el despedido de una persona que ha sufrido una disminución en su capacidad laboral se requiere autorización de la entidad correspondiente (Ministerio de Trabajo).
De otro lado, no consta dentro del expediente que el empleador, Industria Nacional de Gaseosas o Eficacia Servicios Integrales haya acudido ante la autoridad del trabajo para solicitar la autorización de despido del actor. Es importante resaltar que el accionante en interrogatorio de parte precisó que ya había interpuesto la respectiva demanda laboral. En ella se tendrá que definir con quién era que el accionante sostenía la relación de trabajo, si con La Industria Nacional de Gaseosas S.A. o con Eficacia Servicios Integrales, o si existe algún tipo de solidaridad entre ambas.
Mientras dicha situación se resuelve, teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda la empresa Eficacia Servicios Integrales, manifiesta que es la real empleadora del accionante, y que la garantía de la estabilidad laboral reforzada implica para el empleador la observancia de un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997, la cual no se observó ya que no se allegó el permiso del Ministerio del Trabajo, se ordenará el reintegro del trabajador a un cargo igual a superior al que venía desempeñando, bien sea directamente con la empresa Eficacia Servicios Integrales o en alguna de las compañías a la que ésta preste sus servicios de logística.
La consecuencia jurídica y constitucional de la inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio, da lugar a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el trabajador, por ello la tutela debe proceder y en este puntual caso se concederá como mecanismo transitorio, hasta tanto se agote el proceso laboral pertinente ya iniciado.
Las órdenes en el caso del señor Jaimir Mendoza Oviedo.
En este caso se encuentran acreditados los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empres Eficacia Servicios Integrales, reintegrar al señor Jaimir Mendoza Oviedo a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad que presenta, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se ordena también el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de Trabajo.
e) Expediente T-4.265.370
Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Luis Ferney Cubides Cepeda.
Se estudia la situación del señor Luis Ferney Cubides Cepeda, quien a pesar de haber sufrido una enfermedad en su columna y tener programada una cita con medicina laboral para tratar su enfermedad, fue despedido de la empresa ISVI LTDA, sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo.
En el caso objeto de estudio se encuentra probado que el empleador tenía pleno conocimiento de la situación en la que se encontraba el accionante, toda vez que se le informó a la Jefe inmediata del trabajador para que le permitiera realizarse los exámenes de rigor. Con posterioridad se allegó el examen de egreso, el cual daba cuenta de las limitaciones que padecía el trabajador y aún así, la empresa decidió mantenerse en la decisión de dar por terminada la relación laboral, sin solicitar la autorización del Ministerio de Trabajo.
Conducta que constituye una falta al deber de solidaridad y desconoce la estabilidad laboral reforzada que esta Corte ha reiterado para aquellos trabajadores que se encuentran en situación de debilidad manifiesta como es el caso del peticionario.
Por lo mencionado con anterioridad, esta Sala encuentra probado que el despido del accionante encontrándose en situación de debilidad manifiesta como producto del deterioro de su salud, carece de eficacia jurídica por no existir autorización previa del Ministerio de Trabajo.
Las órdenes en el caso del señor Luis Ferney Cubides Cepeda.
En el caso objeto de estudio la Sala encontró acreditados los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa ISVI LTDA., reintegrar al señor Luis Ferney Cubides Cepeda a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación de salud, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se ordena igualmente el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio del Trabajo.
f) EXPEDIENTE T-4.265.459
Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora Blanca Doris Espinosa Rico.
Le corresponde a la Sala definir si la empresa Corporación Universitaria Americana, vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, al terminar unilateralmente antes del vencimiento el contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las dos, pese a tener conocimiento de que la petente sufrió un accidente laboral mientras se encontraba ejecutando el contrato de trabajo que le afectó seriamente la córnea de su ojo y otras partes del rostro.
Como ya se ha indicado, la terminación de la relación laboral con una persona que sufrido merma en su capacidad laboral exige una autorización previa del Ministerio del Trabajo, después de haberse demostrado una causal objetiva para que pueda proceder el despido. Al no cumplir el empleador con dichos requisitos está contradiciendo los parámetros establecidos por esta Corte y vulnerando los derechos fundamentales de un sujeto protegido constitucionalmente, como es el caso que nos ocupa, puesto que para despedirlo requiere de la autorización mencionada.
Por lo dicho, esta Corte protegerá los derechos fundamentales de la accionante y ordenará a la empresa accionado el reintegro a sus labores.
Las órdenes en el caso de la señora Blanca Doris Espinosa Rico
En el caso objeto de estudio la Sala encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Corporación Universitaria Americana, reintegrar a la señora Blanca Doris Espinosa Rico a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación de salud, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. De igual manera se ordena el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
De otra parte se ordenará a la ARL COLMENA que preste toda la atención necesaria a la accionante con el fin de restablecer su problema de córnea, realizando los procedimientos médicos y quirúrgicos que sean necesarios para el efecto.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio del Trabajo.
g) EXPEDIENTE T-4.267.422
Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora Luz Marina Camargo Soto.
Se estudia la situación de la señora Luz Marina Camargo Soto, quien a pesar de encontrarse en tratamiento médico, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 13 de diciembre de 2012, y estarse recuperando de la cirugía practicada el 11 de junio de 2013 de apendicitis, fue despedida de la empresa Empleos Temporales Maluc´s, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
En el presente caso la señora Luz Marina Camargo Soto es una persona en situación de vulnerabilidad en razón al accidente que padeció y al tratamiento médico que se le está otorgando, lo cual se encuentra acreditado en donde consta que la accionante durante la fecha del despido (22 de julio de 2013) y posterior a ella se encontraba en terapias en busca de la total recuperación de la mano derecha. En consecuencia, está amparada por la garantía del derecho a la estabilidad laboral reforzada como sujeto de especial protección constitucional de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
En efecto, según las pruebas que se encuentran en el expediente la empresa de Empleos temporales Maluc´s era el empleador de la accionante. El accidente sufrido dentro del Hospital quedó reportado así: “el trabajador se encontraba barriendo uno de los baños del hospital cuando de repente se resbala golpeándose la muñeca de la mano derecha generando dolor”. El anterior suceso aconteció en las instalaciones del Hospital donde se encontraba trabajando en misión la accionante, el reporte se hizo inmediatamente, razón por la cual se puede concluir que su empleador tenía conocimiento del accidente.
Cabe anotar que la misma empleadora asevera en su contestación que la señora Camargo Soto fue reintegrada a su trabajo con restricciones para el desempeño de su labor, lo que hace presumir que la terminación del contrato de trabajo, no obedeció a una justa causa legal, sino a la situación de vulnerabilidad de la trabajadora.
Por otro lado, no consta dentro del plenario que el empleador haya acudido al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización de despido de la accionante. Recuérdese que la garantía de la estabilidad laboral reforzada implica para el empleador la observancia de un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 que cobija a los trabajadores en situación de vulnerabilidad, independientemente de la existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues la única circunstancia que es relevante en estos eventos es que objetivamente se verifique la situación de vulnerabilidad del trabajador durante o con ocasión de su trabajo y lo sitúe en un estado de debilidad manifiesta.
La consecuencia jurídica y constitucional de la inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio de Trabajo, da lugar a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de vulnerabilidad del trabajador, lo cual sería para el presente caso.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que existe perjuicio irremediable en cabeza de la accionante, quien continúa en tratamiento médico, como se puede evidenciar de las pruebas allegadas a este despacho en sede de tutela, situación que la coloca en desventaja frente a otras personas para acceder a un empleo. Razón por la cual, es preciso amparar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso.
Las órdenes en el caso de la señora Luz Marina Camargo Soto
En el caso objeto de estudio la Sala encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad de la señora Luz Marina Camargo Soto.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa de Empleos Temporales Maluc´s., reintegrar a la señora Luz Marina Camargo Soto a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación actual de salud, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se ordena igualmente el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio del Trabajo.
h) EXPEDIENTE T-4.271.062
Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Martín Eduardo Esteban.
Se estudia la situación del señor Martín Eduardo Esteban quien a pesar de haber padecido un accidente laboral, fue despedido de su trabajo de la empresa Conalvías Construcciones S.A.S, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
En esta ocasión el actor mientras ejercía sus labores en la empresa accionada, sufrió una lesión en su columna al recibir un tubo de peso considerable, lo que le generó una enfermedad lumbar, la cual persistió después de haber terminado su relación laboral. Su contrato de trabajo fue terminado sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y sin solicitar la autorización previa del Ministerio de Trabajo.
Para abordar el estudio de lo planteado, es necesario reiterar que, tal como se expuso en las consideraciones, la estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental de aplicación inmediata del cual hacen parte integral una serie de garantías, como lo son la debida protección y el restablecimiento de derechos e intereses de los individuos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta debidamente probada, tal como ocurre en el presente caso, en el que el accionante pese a padecer las secuelas de un accidente laboral y encontrándose en situación de debilidad manifiesta, fue desvinculado de su trabajo alegando una justa causa legal, sin previa autorización de la entidad encargada para ello.
Partiendo de lo esgrimido anteriormente, y adentrándonos al caso que en esta ocasión nos ocupa, la Sala encuentra probado que el padecimiento del actor es consecuencia del accidente sufrido en el ejercicio de sus funciones dentro de la empresa accionada.
No consta dentro del plenario que la parte accionada haya acudido al Ministerio del Trabajo para solicitar la autorización de despido del accionante. La consecuencia jurídica y constitucional de la inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio, da lugar a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de discapacidad del trabajador.
De lo manifestado con anterioridad se puede afirmar que para que un empleador pueda despedir a un trabajador que se encuentra en situación de discapacidad, el Ministerio de Trabajo debe proferir una autorización de despido, sin dicha autorización el despido no tiene eficacia jurídica.
Por otro lado, puede inferirse que el hecho de terminar la relación laboral cuando el trabajador seguía sufriendo las secuelas del accidente laboral, sin la autorización del Ministerio de Trabajo, se convierten en razones suficientes para presumir que la decisión de despido fue con ocasión del estado de salud del accionante, y para casos como el presente, en el que se comprueba que la razón del despido es la situación de debilidad manifiesta del trabajador, la Corte Constitucional ha ordenado el reintegro laboral del trabajador.
Así las cosas, al confrontar las pruebas obrantes en el expediente, estima la Sala que es preciso amparar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la salud y a la seguridad social, en aras de que la Empresa Conalvías Construcciones S.A.S., reintegre al peticionario.
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