I) el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal Con Función de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite de tutela interpuesto por Fredy Forero Valero contra la Empresa Alianza Logística y otro, expediente t 258. 529; (II)






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Resolución de los casos concretos.


De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala reiterará la jurisprudencia referente a que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz, para la protección laboral reforzada, cuando lo que se busca es garantizarles a los trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.12 De esta manera y de acuerdo con lo preceptuado en la parte motiva, aunque no existe un derecho absoluto a permanecer en el empleo, la desvinculación laboral de estas personas sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Así, lo que se busca, es proteger a las personas que como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad, han sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de sus funciones.
La Corte Constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones la improcedencia de la acción de tutela para solicitar reintegros laborales, puesto que existen otros medios de defensa judicial a los cuales los accionantes pueden acudir para lograr lo pretendido; no obstante, excepcionalmente es aceptada la viabilidad del amparo cuando se establece que aquellos mecanismos de defensa no son idóneos o que se requiere la urgente intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
De igual manera, esta Corporación ha establecido como excepción a la regla general de improcedencia, que se trate de un trabajador que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en circunstancia que le otorgue el derecho a permanecer en su empleo, es decir que goce de la estabilidad laboral reforzada, tal como es el caso de las personas que han sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de sus funciones.
Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta las consideraciones ya expuestas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral, pudo verificarse en todos los casos objeto de estudio que: (i) los accionantes son sujetos de especial protección constitucional, debido a que como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad han sufrido un deterioro en su salud, razón por la cual se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, no cuentan con medios económicos para procurarse su subsistencia ni la de su núcleo familiar, pues su estado de salud les impide acceder por el momento al campo laboral y, (ii) fueron retirados de sus cargos sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo, razón por la cual el despido carece de validez.
Por otro lado, constituye una conducta legítima de los accionantes ejercitar la acción de tutela, pues se trata de sujetos de especial protección constitucional quienes, ante los diferentes despidos y terminación de sus contratos laborales, no tienen otro mecanismo eficaz para solicitar la defensa de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social.
Lo anterior conlleva a que los criterios esbozados en la parte motiva se apliquen de la siguiente manera:
a). EXPEDIENTE T-4.258.529
Estudio de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Fredy Forero Valero.
Analizada la situación fáctica, le corresponde a la Sala determinar si la empresa Alianza Logística Ltda. y otro, vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida y al trabajo del accionante, al despedirlo de su cargo sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
En el caso objeto de estudio se encuentra acreditado que el señor Forero Valero sufrió un accidente en su moto mientras regresaba de repartir los productos de la empresa para la cual laboraba, lo que le produjo una disminución en su capacidad laboral y le ha impedido acceder a otro empleo. La empresa accionada lo despidió sin que mediara previa autorización del Ministerio de Trabajo y sin tener en cuenta que el accionante se encontraba en situación de vulnerabilidad, toda vez que las molestias en su ojo aún no habían desaparecido. Adicionalmente estaba pendiente un procedimiento médico que buscaba restablecer el estado de salud del accionante.
Por ello, siguiendo la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, se deben proteger al trabajador los derechos fundamentales invocados, por tratarse de una persona que merece una especial protección constitucional.
De lo anterior se evidencia que dicho despido carece de validez ya que no obra autorización de la autoridad del trabajo. Además, su padecimiento le procura el status de persona protegida por la estabilidad laboral reforzada, haciendo presumir que su trabajo en la empresa demandada constituye su única fuente de ingresos con la cual provee lo necesario para poder vivir en condiciones dignas a su núcleo familiar, en el cual se encuentran menores de edad. Ello aunado a que debido a su merma en la capacidad laboral, no ha podido encontrar otra fuente de recursos económicos.
De igual forma, no consta dentro del plenario que el empleador haya acudido al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización de despido del accionante. Recuérdese que la garantía de la estabilidad laboral reforzada implica para el empleador la observancia de un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997, que cobija a los trabajadores en situación de vulnerabilidad, independientemente de la existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues la única circunstancia que es relevante en estos eventos, es que se verifique la merma en la capacidad laboral del trabajador durante o con ocasión de su trabajo y que dicha patología lo sitúe en un estado de debilidad manifiesta.
Como se afirmó en líneas anteriores, el empleador puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad pero observando un debido proceso, esto es, debe acudir a la autoridad competente para que verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación del contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral reforzada quedaría sin contenido.

Lo anterior, busca evitar conductas reprochables como aquella que pretende encubrir actos discriminatorios a través de argumentos que prima facie se encuentran ajustados a derecho.
La consecuencia jurídica y constitucional de la inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio de la Protección Social, da lugar a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen el deterioro en la salud del trabajador.
Esta situación no es acorde con los principios y criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación, en virtud de los cuales las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional y no pueden ser despedidos sin que obre autorización proferida por la oficina de trabajo.
En resumen: (i) no procede el despido de una persona en situación de vulnerabilidad sin que exista autorización del Ministerio de Trabajo, (ii) cuando el empleador alega justa causa, el Ministerio del Trabajo o la autoridad que haga sus veces, debe calificar si la causal alegada es justa o no, esto con la finalidad de proteger al trabajador que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y (iii) aun existiendo indemnización, no procede el despido sin previa autorización.
Las órdenes en el caso del señor Fredy Forero Valero
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que no existe autorización del Ministerio de Trabajo para despedir al señor Fredy Forero Valero, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad debido al accidente que sufrió en su ojo derecho, lo cual le ha ocasionado una disminución en la vista y constantes molestias, estando pendiente una cirugía, esta Sala de Revisión revocará el fallo de tutela proferido el tres (3) de enero de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, y en su lugar, protegerá los derechos fundamentales a la estabilidad laboral, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Alianza Logística Limitada, reintegrar al señor Fredy Forero Valero a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que padece, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Así mismo se pagará la indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997.
Por último, se advierte al empleador que la terminación del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de Trabajo.
b) EXPEDIENTE T-4.259.251
Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la señora Alicia Stella Jácome Barrios.
Analizada la situación fáctica, le corresponde a la Sala definir si la empresa Textiles de la Costa S.A., vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, al terminar unilateralmente el contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las partes, pese a tener conocimiento de que: i) mientras estaba vigente la relación laboral la accionante fue diagnosticada con cáncer de seno y, ii) le fue programado un riguroso tratamiento de radioterapia y quimioterapia.
La Sala observa que en este caso el empleador tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la accionante, puesto que la patología se produjo mientras estaba realizando las labores de costura en al empresa, y pese a ello terminó su contrato laboral sin solicitar la autorización previa ante el Ministerio de Trabajo.
En un principio para emprender el estudio de lo planteado, es necesario reiterar que esta Corporación ha indicado que la estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental de aplicación inmediata del cual hacen parte integral una serie de garantías, como lo son la debida protección y el restablecimiento de derechos e intereses de los individuos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta debidamente probada, tal como ocurre en el presente caso, en el que la accionante pese a padecer una enfermedad catastrófica y estar en tratamiento médico, fue desvinculada de su trabajo sin justa causa y, sin previa autorización de la entidad competente para ello.

De igual forma la jurisprudencia constitucional ha indicado que esta garantía, a su vez, implica (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz.
Ahora bien, el hecho de que el empleador haya terminado el contrato de trabajo alegando una justa causa, al poco tiempo de que se le diagnóstico el cáncer de seno a la accionante, da lugar a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la accionante. Sin embargo, su comportamiento altruista de seguir cotizando al sistema se seguridad social de la extrabajadora después de finiquitada la relación laboral aminora la presunción de mala fe que la pudo inducir a dar por terminada la relación laboral.
Como se mencionó con anterioridad el empleador puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad, pero observando un debido proceso, esto es, acudiendo a la oficina de trabajo para que sea ésta quien verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación del contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral reforzada quedaría sin contenido y se desconocería lo dispuesto por esta Corporación en reiteradas ocasiones sobre la especial protección constitucional que tienen las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta.
Si bien es cierto a la señora Jácome Barrios se le han pagado las incapacidades por los primeros 180 días por cuenta de su EPS, y otras por cuenta de del Fondo de Pensiones al cual se encuentra afiliada, también lo es que cuando una persona supera los 540 días de incapacidad y el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral no alcanza al 50%, dejándole en consecuencia sin el derecho a la pensión de invalidez, la única expectativa posible que le queda para poder adquirir los medios necesarios para su subsistencia es el reintegro a su trabajo, en condiciones que no hagan más difícil su ya delicado estado de salud.
Por tanto, teniendo en cuenta la edad de la accionante (58 años) y que la misma fue calificada con el 29% de pérdida de capacidad laboral, no puede predicarse de ella que sea una persona inválida; por el contrario, puede desempeñar otros cargos que la empresa le pueda proveer. En consecuencia es procedente el reintegro solicitado, hasta tanto, cause su pensión de vejez, de invalidez o exista una causa objetiva para dar por terminada la relación laboral, previa autorización y calificación por parte de la autoridad del trabajo.
Por lo expuesto, se puede concluir que en el caso objeto de estudio el despido carece de eficacia jurídica ya que la accionante es sujeto de especial protección constitucional debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba al momento de su retiro, y por no existir autorización del Ministerio de Trabajo para que éste se efectuara. Razón por la cual esta Sala procederá a ordenar el reintegro de la señora Alicia Stella Jácome Barrios a su sitio de trabajo.
Adicionalmente, la Carta Política en su artículo 13 prescribe que se deberán adoptar decisiones que protejan especialmente a aquellas personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, al padecer contingencias provenientes de sus estado económico, físico o mental, tal como sucede en el presente caso; ello con el fin de materializar la realización efectiva del derecho a la igualdad.
Las órdenes en el caso de la señora Alicia Stella Jácome Barrios.
En este caso concreto, la Sala encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos fundamentales invocados por la accionante a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, a la salud, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Textiles de la Costa S.A.S, reintegrar a la señora Alicia Stella Jácome Barrios al cargo que venía desempeñando o a otro que pueda desempeñar dignamente, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por su médico tratante, cancelando todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de continuidad. De igual manera, al no existir autorización del Ministerio del Trabajo se autoriza el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se autoriza descontar los dineros que la trabajadora haya recibido por concepto de incapacidades, las cuales en ningún momento pudieron ser inferiores al Salario Mínimo Legal Mensual vigente. Lo anterior, atendiendo a que la empresa continúo cotizando al sistema de seguridad social de la trabajadora aún después de terminada la relación laboral.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de Trabajo.
c) Expediente T-4.263.221
Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Herley Vélez Quintero.
Se estudia la situación del señor Herley Vélez Quintero, quien a pesar de haber comunicado a la empresa que padece de la enfermedad VIH, fue despedido sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Esta corporación ha sido enfática en proteger los derechos fundamentales de las personas que padecen de VIH, quienes se han convertido en centro de discriminación por parte de personas y empresas en conceptos infundados, sin permitirles el acceso a la vida laboral o restringiéndoles el derecho al trabajo y por ende a conseguir por sus propios medios el sustento necesario para sí y su núcleo familiar.
En el presente evento es claro que el accionante es una persona que goza de una estabilidad laboral reforzada, no sólo por su condición de portador del virus, sino por la obligación que tienen los empleadores, al formar parte integral del Estado social de derecho, de garantizar la materialización del artículo 13 superior, el cual obliga a proscribir cualquier tipo de discriminación en razón a las condiciones físicas, psíquicas o sensoriales que padezca una persona.
En el presente evento se observa que pese a que la empresa conocía la enfermedad del trabajador, decidió dar por terminado su contrato de trabajo sin que mediara autorización del Ministerio del Trabajo.

Por lo anterior se ordenará a la empresa Solarte y compañía Ingeniería Calculista S.A., que proceda a reintegrar al señor Herley Vélez Quintero a su puesto de trabajo.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de Trabajo, o debe obedecer a una causa objetiva, como lo es el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.
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