I) el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal Con Función de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite de tutela interpuesto por Fredy Forero Valero contra la Empresa Alianza Logística y otro, expediente t 258. 529; (II)






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Hechos


  1. Indica que laboró para la empresa de empleos temporales desde el 11 de julio de 2012, y que fue enviada en misión al Hospital Eduardo Arredondo Daza a prestar sus servicios en labores de limpieza. Allí superó el año de trabajo, razón por la cual aduce ser trabajadora directa del centro asistencial.




  1. Precisa que sufrió un accidente laboral el día 13 de diciembre de 2012, cuando al realizar la limpieza de los baños, cayó desde su propia altura encima de su mano derecha, produciéndole un fuerte dolor.




  1. Aduce que el accidente le produjo fractura de la epífisis inferior del radio, lo que la incapacitó para desempeñar adecuadamente sus funciones laborales.




  1. Manifiesta que como consecuencia del accidente fue incapacitada en varias oportunidades, hasta que fue reintegrada al trabajo con restricciones.




  1. Argumenta que el reintegro a sus labores le resultó doloroso toda vez que no podía sostener en debida forma los utensilios de aseo con los que realizaba sus operaciones habituales.




  1. Aduce que aún sin recuperarse totalmente de su mano derecha, el 10 de junio de 2013, tuvo que ser atendida en urgencias de la EPS Salud Total, al presentar una apendicitis aguda, siendo intervenida quirúrgicamente.




  1. Señala que después de la cirugía fue incapacitada en tres ocasiones. Al final de las cuales le fue terminado su contrato laboral de manera unilateral y sin el permiso previo del Ministerio del Trabajo.




  1. Indica que tiene la custodia de su nieto toda vez que su hija padece problemas mentales y de drogadicción.




  1. Argumenta que al momento del retiro, 13 de julio de 2013, no se le practicó el examen de egreso, y a la fecha de la interposición de la tutela, no se le habían liquidado las prestaciones laborales.


Contestación de las empresas demandadas.
Hospital Eduardo Arredondo Daza.
El centro hospitalario precisó que la accionante llegó al centro asistencial como trabajadora en misión de la Empresa de Empleos Temporales Maluc´s, la cual fue vinculada bajo la modalidad de contrato de trabajo de obra o labor contratada. Señala que la trabajadora siempre estuvo afiliada al sistema general de seguridad social, siendo atendida en los diferentes eventos en que presentó merma en su salud, razón por la cual no puede decirse que sus derechos fundamentales han sido conculcados.
Señaló que la terminación del contrato obedeció a imperativos contractuales y legales, toda vez que esta persona no podía estar más de un año en un mismo puesto de trabajo. Adicionalmente, la relación laboral se terminó por vencimiento del término pactado y no con base en alguna conducta discriminatoria o por que se haya presentado alguna discapacidad en la trabajadora.
Indicó que mientras la relación laboral estuvo vigente, se aceptó reingresar a la trabajadora después de las intervenciones médicas, teniendo en cuenta sus limitaciones.
Argumenta que la afirmación de no haberse pagado la respectiva liquidación de los haberes laborales no es cierta y, al respecto, anexa el correspondiente recibo del pago aceptado y firmado por la trabajadora.
Por lo anterior, considera que la acción de tutela no debe proceder e indica que de continuar la trabajadora con la reclamación de sus pretensiones, debe acudir ante la justicia ordinaria, toda vez que el juez constitucional no debe inmiscuirse en competencias que fueron asignadas a otras jurisdicciones.
Empresa de Empleos Temporales Maluc´s E.U.
La empleadora precisó que la trabajadora fue debidamente afiliada al sistema de seguridad social, con el fin de que se le prestara la atención médica que en su momento requiriera; en esa medida, consideró que no se vulneraron sus derechos fundamentales. Añadió que en todo caso, para la fecha de terminación del contrato laboral, la trabajadora no estaba incapacitada, tampoco presentaba minusvalía o alteración alguna.
Precisó que la terminación de la relación laboral obedeció exclusivamente a causas legales, tal como el fenecimiento del contrato por cumplimiento del tiempo pactado. Agregó que se dio el respectivo preaviso y por tanto se obró conforme a los postulados del Código Sustantivo del Trabajo y la S.S. y a lo estipulado en la Ley 50 de 1990, la cual no permite que estas personas sean contratadas por más de un año.
Por último solicito denegar el amparo solicitado o, en su defecto, declarar la improcedencia por la existencia de otros medios de defensa judicial, toda vez que durante la vigencia de la relación laboral se pagaron los salarios y prestaciones y al finalizar la misma se pagó la correspondiente liquidación.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
Primera instancia.
El Juzgado 2° Penal Municipal CFCG de Valledupar, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2013, decidió denegar la acción de tutela, al considerar que la competencia para dirimir este tipo de conflictos laborales corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria. Señaló que está probado en el expediente que la relación de trabajo feneció por el vencimiento del término pactado y no tuvo como móvil las incapacidades de la trabajadora; toda vez que las mismas datan de los meses de enero y febrero del año 2013, mientras que el contrato de trabajo terminó en el mes de julio del mismo año, sin que para la fecha estuviera en un estado de debilidad manifiesta, lo que de contera exonera a la empresa de acudir ante el Ministerio del Trabajo con el fin de que le autoricen la terminación de la relación laboral por una justa causa.
Impugnación
La accionante inconforme con el fallo lo impugnó, aduciendo que el a quo se equivocó al desvirtuar la veracidad de los hechos y por cuanto no valoró en debida forma las pruebas allegadas. Señaló que la terminación del contrato de trabajo se dio en razón a sus afectaciones de salud y que la relación laboral superó los 360 días.
Por lo anterior solicitó al ad quem que revocara la decisión de primera instancia, para en su lugar, conceder el amparo tutelar de sus pretensiones.
Segunda Instancia
El Juzgado 3° Penal del Circuito de Valledupar mediante proveído del 31 de octubre de 2013, decidió confirmar en todas sus partes el fallo proferido por el a quo, advirtiendo que la accionante no se encuentra ante la inminencia de un perjuicio irremediable, además precisó que la controversia planteada debe resolverse en un debate amplio ante la jurisdicción laboral ordinaria, por cuanto de lo allegado al expediente de tutela no se pudo determinar que la terminación del contrato de trabajo obedeció a una causa diferente al fenecimiento del término pactado.
De otra parte, precisó que la afectación a la salud de la accionante no es de tal entidad que pueda catalogarse como constitutiva de discapacidad o que le impida realizar otras actividades productivas.

Pruebas allegadas con el expediente


  1. Poder para actuar.

  2. Fotocopia del documento de identidad de la accionante.

  3. Copia del registro civil del menor Carlos Andrés Ribón Camargo.

  4. Certificado del ICBF en el cual consta que la custodia del menor está en cabeza de la accionante.

  5. Historia clínica de la tutelante.

  6. Documento contentivo de la terminación del contrato laboral.

  7. Copia del contrato de trabajo

  8. Fotocopia de las incapacidades certificadas en favor de la accionante.

  9. Historia laboral de la señora Camargo Soto.


1.2.1.8. Expediente T-4.271.062 (Martín Eduardo Esteban)
El accionante impetró acción de tutela contra la Empresa CONALVÍAS Construcciones S.A.S., por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Sustenta sus pretensiones en los siguientes:
Hechos


  1. Indica que el 16 de agosto de 2013, celebró contrato de trabajo con Conalvías Construcciones S.A.S. para desempeñar el oficio de ayudante de construcción.




  1. Precisa que sufrió un accidente laboral el día 22 de septiembre de 2013, cuando al terminar de fundir el solado de un túnel, su compañero le pasó un tubo de tres metros de longitud, el cual estaba lleno de concreto, lo que lo hacía pesar unos 50 kilogramos, y al recibirlo lo tumbo hacía atrás cayendo sobre el mismo, ocasionándole un fuerte dolor en la columna.




  1. Aduce que al momento del accidente, domingo en la madrugada, no se encontraba el ingeniero residente, ni el de seguridad, por tanto no se informó de la ocurrencia del mismo; esperó hasta el siguiente día hábil para dar informe a los ingenieros los cuales le dijeron que no podían hacer nada al respecto y que se debió dar aviso el mismo día de la ocurrencia de los hechos.




  1. Indica que el 19 de noviembre de 2013, la empresa dio por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo sin realizarle la valoración médica que el trabajador solicitó de manera verbal a la empresa, con el fin de conocer el estado de su columna, en la cual presentaba dolores desde el 22 de septiembre, día en que ocurrió el accidente.


Contestación de las empresas demandadas y vinculadas.
Suramericana ARL.
La ARL Sura solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por falta de legitimidad por pasiva, toda vez que las pretensiones del accionante están encaminadas al reconocimiento de prestaciones laborales y no médicas ni asistenciales, las cuales han sido garantizadas por la entidad durante todo el tiempo que el señor Martín Eduardo Esteban estuvo afiliado.
Empresa Conalvías Construcciones S.A.S.
La empleadora precisó que el trabajador fue debidamente afiliado al sistema de seguridad social con el fin de que se prestara la atención médica que requiriera; en esa medida, consideró que no se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social. Añadió que en todo caso para la fecha de terminación del contrato laboral el trabajador no estaba incapacitado, tampoco presentaba minusvalía o alteración física o psíquica alguna.
Precisó que la terminación de la relación laboral obedeció exclusivamente a causas legales contenidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, tal como es el fenecimiento del contrato por cumplimiento del tiempo pactado o la realización de la obra contratada.
Por último, solicitó denegar el amparo solicitado o, en su defecto, declarar la improcedencia por la existencia de otros medios de defensa judicial, toda vez que durante la vigencia de la relación laboral se pagaron los salarios y prestaciones y al finalizar la misma, se pagó la correspondiente liquidación.
Salucoop EPS
La EPS una, vez vinculada guardó silencio al respecto.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
Ùnica instancia.
El Juzgado 10° Penal Municipal CFCG de Bucaramanga, mediante sentencia del 23 de diciembre de 2013, decidió denegar la acción de tutela al considerar que la competencia para dirimir este tipo de conflictos laborales, corresponde a la jurisdicción ordinaria. Señaló que está probado en el expediente que la relación laboral feneció por el vencimiento del término pactado y no tuvo como móvil las limitaciones físicas del trabajador, toda vez que el mismo acudió a la EPS dos mese después de acaecido el supuesto accidente, cuando ya se le había notificado la terminación del contrato de trabajo y sin que para la fecha estuviera en un estado de debilidad manifiesta, lo que de contera exonera a la empresa de acudir ante el Ministerio del Trabajo para dar por terminada la relación laboral, la cual está amparada en una justa causa .
Este fallo no fue impugnado.
Pruebas allegadas con el expediente


  1. Derecho de petición de noviembre de 2013 dirigido a Conalvías S.A.S. con el fin de que se certificara su relación laboral.

  2. Respuesta al derecho de petición.

  3. Evolución de la consulta externa expedida por la IPS Coomultrasan.

  4. Informe de resultados de rayos X de fecha 25 de noviembre de 2013.


II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS


  1. Competencia


La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para decidir estos asuntos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.


  1. Problema jurídico.


Conforme a lo reseñado respecto de las situaciones fácticas planteadas y de las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, corresponde a la Sala Quinta de Revisión establecer si en los casos expuestos procede la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de los accionantes, los cuales han sido presuntamente vulnerados por las diferentes empresas accionadas, al despedirlos de sus empleos sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban debido a las diferentes enfermedades que padecen y a los accidentes laborales sufridos, sin contar con el permiso del Ministerio del Trabajo o de quien haga sus veces, en las respectivas entidades territoriales.
Para solucionar el problema jurídico planteado, esta Sala: (i) reiterará la jurisprudencia acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se ponen en riesgo derechos fundamentales de sujetos de especial protección; (ii) la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; (iii) las obligaciones del Ministerio de Trabajo en cuanto a la autorización para despedir aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; y, por último, (iv) se resolverán los casos concretos.


  1. La procedencia excepcional de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de sujetos de especial protección en materia laboral. Reiteración de jurisprudencia.


Según el contenido del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela se caracteriza por ser preferente, sumaria y subsidiaria, es decir, que tal y como lo ha expresado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la misma puede ser incoada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, ii) existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la protección del derecho de que se trate, o, iii) Existiendo acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable.1 
En este sentido, la subsidiariedad y la excepcionalidad de la acción de tutela, permiten aceptar la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. Razón por la cual, quien invoca la transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.2 Esta exigencia pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador3.
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-262 de 1998, señaló:
“…la acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomará el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. (...)”. (
De esta forma, el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo extraordinario, sin embargo, si el juez constitucional, atendiendo a situaciones extraordinarias comprueba que los otros medios judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas, la tutela se hace procedente.
Al respecto, esta Corporación en la Sentencia T- 742 de 2011 manifestó:
la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela, porque como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y eficaz para la defensa de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si el juez constitucional constata que el otro medio de defensa no resulta conducente para la protección efectiva de los derechos invocados, - al no asegurar, por ejemplo, la eficacia necesaria para su defensa real -, el fallador puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de los derechos fundamentales, admitiendo la procedencia en estas circunstancias, de la acción de tutela”.
En el caso específico de la solicitud de reintegro al cargo a través de la acción de tutela, se ha manifestado su improcedencia como regla general, toda vez que, existen otros mecanismos de defensa judicial a los cuales se puede acudir; tales como la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la Corte ha establecido una excepción: “que se trate de un trabajador que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en una circunstancia que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de las personas con discapacidad”. 4
En estos casos, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para la protección laboral reforzada, cuya finalidad es expandir el postulado de la igualdad real y efectiva y, de esta forma, garantizarles a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.5 Es decir, que aunque no existe un derecho a permanecer en el empleo, la desvinculación laboral de estas personas sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Así lo reiteró esta corporación en la sentencia T-772 de 2012, al resolver ocho casos similares a los que ocupan ahora la atención de la Sala, y la cual servirá como referente en el presente asunto, al reiterar: “esta Corporación no sólo considera que en estos eventos la acción de tutela es procedente, sino que además es el mecanismo apropiado para solicitar el reintegro laboral. Además, su procedencia también se predica frente a las personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, caso en el cual podrá concederse de manera transitoria mientras las autoridades competentes deciden lo pertinente.6 En este último caso, la procedencia de la acción de tutela busca evitar la configuración de un perjuicio irremediable y no releva al trabajador de acudir a las vías ordinarias judiciales”.
En conclusión, en aquellos casos en los cuales se perciba la afectación de los derechos fundamentales de una persona en situación de discapacidad, adulta mayor, u otras poblaciones vulnerables, la acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no puede exigírsele previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues el asunto cobra relevancia constitucional ante la posibilidad de que se trate de un acto discriminatorio.

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