Rama Judicial tribunal contencioso administrativo del huila sala segunda de decisión m. P. Dr. Gerardo ivan muñoz hermida






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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA


SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. DR. GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA.




Neiva, veinticinco (25) de Mayo de dos mil diez (2010)

ACCION: TUTELA

ACCIONANTE: YOVANNY ROJAS VARGAS

ACCIONADO: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

PROVIDENCIA: SENTENCIA

RADICACION: 41 001 23 31 000 2010 00201 00
Aprobada en la fecha. Acta N°__/.


I.- ANTECEDENTES.
YOVANNY ROJAS VARGAS, actuando en nombre propio, ejerciendo la acción constitucional de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, instaura acción de tutela contra la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la participación en la conformación del poder político y el ejercicio de sus derechos ciudadanos, al omitir la expedición del duplicado de su documento de identidad cédula de ciudadanía.
II.- HECHOS.
Expone el solicitante del amparo, que es un ciudadano colombiano mayor de edad, cedulado bajo el No. 12.170.515 de Isnos, Huila, municipio donde reside en la vereda Bajo Mondeyal.
Que el día 7 de Febrero de 2008 realizó las gestiones necesarias en la Registraduría Nacional del Estado Civil delega en Isnos Huila, con el fin de obtener duplicado de su documento de identidad, sin que hasta la fecha haya sido posible que se le cumpla este derecho fundamental, que lleva 27 meses esperando ese documento tan necesario para ejercer sus derechos civiles, económicos y políticos.
Que en el país y en el Municipio de Isnos, se han desarrollado y se avecinan procesos electorales de los cuales posiblemente no podrá participar a pesar de ser un derecho que le da la Constitución y la Ley.
III.- DERECHOS CONCULCADOS:
Menciona el accionante como vulnerados por parte de la accionada los derechos contenidos en los artículos 13 y 40 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 23 del Pacto de San José de Costa Rica, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992.
IV.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA:
La acción se instauró en el Juzgado Promiscuo Municipal de Isnos Huila quien la remite por competencia a la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Huila (f. 6).
El dieciocho (18) de Mayo de los corrientes, correspondió por reparto el conocimiento del presente asunto a esta Sala de decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.
Mediante proveído de la misma fecha (f. 8) se avoca el conocimiento de la acción, se ordena notificar, correr traslado y solicitar un informe el cual se allegó por el accionado en forma oportuna.
V. CONTESTACIÓN DEL ENTE ACCIONADO (f.21):
5.1 Registraduría Nacional del Estado Civil:
Mediante escrito vía fax y por correo certificado, por intermedio de la Jefe de la Oficina Jurídica la Registraduría Nacional del Estado Civil, se refirió a los hechos de la presente acción en los siguientes términos:
Sostiene que la entidad no vulnera ni ha vulnerado en modo alguno los derechos fundamentales que invoca el accionante, ya que desde el momento mismo de la solicitud, al preparar el material, se le hizo entrega de una contraseña, que suple las veces de la cédula de ciudadanía para efectos de la identificación, refiere que así lo ha sostenido la H. Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, tales como la sentencia No. T-964 de 10 de septiembre de 2001.
Que si al vencimiento del término de la contraseña, por alguna razón aún no esta listo el documento de identificación, el ciudadano puede solicitar una certificación, gestión que se cumple en el mismo documento; con este trámite Administrativo se da apoyo al ciudadano para identificarse mientras la Entidad hace entrega de su documento de identificación.
Refiere que si bien es cierto que el artículo 1 de la ley 39 de 1961, expresa en su tenor literal, que “los mayores de 18 años solo podrán identificarse con la cédula de ciudadanía laminada”, también la norma en comento ha sido modificada por normas posteriores y reiterada jurisprudencia en cuanto ya no es el único documento que sirve para identificar a los ciudadanos en todos sus actos.
Por lo tanto estima que el concepto respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica del accionante a través de la cédula de ciudadanía ha evolucionado acorde al ordenamiento jurídico actual, por cuanto se admiten otros medios para efectos de identificar a las personas.
Por lo anterior considera que la tardanza en la entrega de la cédula de ciudadanía no se vulnera la personalidad jurídica, que la adquiere desde que nace, máxime si se tiene en cuenta que dispone de la contraseña, donde se prueba que tiene el documento en trámite y que en la misma se indica el número de identificación.
Frente a la situación del tutelante, manifiesta que la Dirección Nacional de Identificación informó que consultado el Archivo Nacional de Identificación – ANI, el sistema de gestión electrónica de documentos GED, la herramienta logística de entrega de documentos HLED y el archivo temporal MTR, se logró establecer que el duplicado de la cédula 12.170.515 a nombre de YOVANNY ROJAS VARGAS, se encuentra en proceso de producción.
Aclara que el proceso de producción de la Cédula de Ciudadanía conlleva una serie de etapas que garantizan la confiabilidad del documento y que los datos contenidos en esta correspondan a su verdadero titular.
Sostiene que se solicitó de manera prioritaria la agilización del proceso de expedición del documento y de esa manera pueda el accionante tener la cédula de ciudadanía en el menor tiempo posible, la cual será impresa y enviada de manera preferencial al lugar donde la solicitó, siempre y cuando no se presenten inconsistencias o errores definitivos de producción.
Culmina informando que le fue remitida al accionante comunicación en la cual se le informa el estado actual del trámite de la cédula de ciudadanía y solicitando DENEGAR la presente acción.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.
La acción de tutela está consagrada en el Artículo 86 de la Constitución Política para obtener la protección de los derechos fundamentales de la persona cuando estos son amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de la autoridad pública o de particulares en la prestación de un servicio público.
Esta acción es procedente cuanto el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El accionante considera que la Registraduría Nacional del Estado Civil le ha vulnerado sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 13 y 40 que prescriben:
ARTÍCULO 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ella se cometan.
ARTÍCULO 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tenga doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública.”
6.1 PROBLEMA JURÍDICO:
Corresponde determinar a esta Corporación si al señor YOVANNY ROJAS VARGAS, se le están vulnerando o amenazando vulnerar sus derechos fundamentales a la igualdad y su derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, por parte de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, al no haberle expedido el duplicado de su cédula de ciudadanía que solicitó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil delegada en el municipio de Isnos Huila desde el siete (7) de Febrero de dos mil ocho (2008).
6.2 Del fondo del asunto.
El accionante hace mención a la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y a su derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
La Registraduría Nacional del Estado Civil Delegada considera que no se encuentra vulnerando ninguno de los derechos invocados por el actor por cuanto la contraseña suple las veces de la cédula de ciudadanía para efectos de la identificación.
En relación a la vulneración de su derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, estima la Sala de Decisión que se debe tutelar, en razón a que la ausencia del documento de identificación del actor le está vulnerando sus derechos civiles y amenazando vulnerar sus derechos políticos, dada la trascendencia e importancia que implica la tenencia de la cédula de ciudadanía para toda persona mayor de edad, en el ejercicio de las diferentes actividades propias del desarrollo interpersonal, más aún, cuando tal documento es un instrumento de vastos alcances de orden social, como lo ha establecido la Corte Constitucional en la Sentencia T-028 de 2001 y lo ha reiterado en otras providencias: T-29 de 2005, T-56 de 2006 entre otras, luego entonces, la violación de sus derechos fundamentales sólo cesará una vez se le entregue dicho elemento de identificación.
Así las cosas, si bien la Registraduría manifiesta que va agilizar el proceso de expedición del documento, los tiempos de respuesta son ostensiblemente amplios, por lo tanto se debe proteger el derecho de petición de la parte actora y de la participación en la conformación del poder político en Colombia y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
En consecuencia cuando ha trascurrido más del tiempo prudente y necesario para expedir la cédula de ciudadanía solicitada en duplicado, en aras de satisfacer acciones como la presente, la Sala protegerá los derechos fundamentales del accionante, ordenándole a la institución demandada expedirle y hacerle entrega del documento de identidad al actor en el plazo de treinta (30) días, debiendo acreditar el cabal cumplimiento ante esta Corporación.
Al punto de la vulneración del derecho a la igualdad, no allega el actor elementos de juicio que permitan establecer respecto de quien o de quienes se presenta vulneración, por lo tanto no procede la protección de éste.
VII.- Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Se tutela la vulneración del derecho fundamental de petición, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político derivados de la carencia de la cedula de ciudadanía, por la Registraduría Nacional del Estado Civil al no haber expedido el duplicado de dicho documento al Señor YOVANNY ROJAS VARGAS, identificado con el No. 12.170.515 de Isnos (Huila) quien solicitó el trámite referido el día 7 de Febrero de 2008.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil que expida y se le haga entrega al accionante, su cédula de ciudadanía dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente decisión, debiendo informar a ésta Corporación sobre la entrega del documento de identidad.
Tercero: Si la presente decisión no fuere impugnada, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notifíquese a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 5o del Decreto 306 de 1.992.
Cópiese, Notifíquese y cúmplase

GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA.

Magistrado.

JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO. RAMIRO APONTE PINO


Magistrado. Magistrado.


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