1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general






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LA AUTORIZACIÓN.
Vamos a estudiar ahora la autorización, que al igual que la querella, constituye un requisito de procedibilidad, es decir, una condición sin cuyo cumplimiento, no puede iniciarse o continuarse, en su caso, la averiguación previa.
La ley está dictada para aplicarse a todos aquellos que se coloquen bajo su supuesto, lo cual se ha expresado tradicionalmente, con el aforismo: “la ley es igual para todos”, principio que recogen los artículos 1°, 2°, 12 y 13 Constitucional, al establecer en lo conducente, que todo individuo gozará de las garantías otorgadas por la Constitución; que está prohibida la esclavitud en nuestro país; que no se concederán títulos nobiliarios, ni prerrogativas ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados en otro país; y que niguna persona o corporación puede tener fuero, aunque se admite la subsistencia del fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero con la advertencia de que los tribunales militares, no podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.
Este planteamiento, en el que se admite como principio la igualdad de todos frente a la ley, se estudia doctrinariamente, dentro del ámbito de validez personal de la ley procesal penal.
Sin embargo, se han reconocido algunas excepciones al principio general antes enunciado, que obedecen a distintas razones, como la importancia del cargo desempeñado por la persona y, por consecuencia, las altas responsabilidades a ella confiadas; la investidura que ostenta y la garantía de independencia de que debe disfrutar en el desempeño de la función; en fin, los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país y otra serie de motivos similares que justifican, igualmente, los casos de excepción a la aplicación indiscriminada de la ley a todos sus destinatarios.
También doctrinariamente, las excepciones al principio anunciado, se analizan a través de la inviolabilidad y la inmunidad, esta última llamada igualmente fuero.
Conforme a la primera, el favorecido con ella, queda sustraído a la aplicabilidad de la ley. Esto significa que inviolabilidad e impunidad, son términos equivalentes.
La inviolabilidad será absoluta, cuando todos los actos del favorecido con ella, estén exentos de la aplicación de la ley; será relativa, cuando sólo algunos de esos actos salgan del marco de aplicabilidad legal.
Nuestra ley no registra casos de inviolabilidad absoluta. (En Roma, la tienen el Papa y los Cardenales durante el Cónclave y también son inviolables en sus países, algunos Monarcas y Dictadores).
No obstante, legalmente existen reconocidos casos de inviolabilidad relativa, como el que confiere el artículo 61 Constitucional, a los Diputados y Senadores, quienes son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Anteriormente, cosa que inexplicablemente no hace la ley actual, la LOPJF (artículo 91) también reconocía expresamente esa inviolabilidad relativa para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los razonamientos que expresaran en sus resoluciones.
En lo que concierne a la inmunidad, implica un privilegio procesal para el favorecido con ella, porque impide temporalmente la aplicación de la ley, por el tiempo en que subsista el impedimento, lo que significa, a diferencia de lo que sucede en la inviolabilidad en que se cancela de plano la aplicación de la ley, que su beneficiario sólo estará eximido de la aplicación de ella, mientras dure el obstáculo relativo, que por su naturaleza es esencialmente transitorio.
Entre las inmunidades que destaca la ley, tenemos:

  1. Inmunidad presidencial. Deriva del párrafo segundo del artículo 108 Constitucional, en tanto establece que el Presidente de la República, durante su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.


La defectuosa redacción de la norma constitucional, permitió durante muchos años, la polémica en la que la doctrina tomó partido, acerca de cuáles eran los delitos graves del orden común, sosteniendo algunos, que se aludía a los especificados en el artículo 22 Constitucional (traición a la patria; parricidio con alevosía, premeditación o ventaja; plagio; asalto en caminos; piratería; delitos graves del orden militar) y otros, que se trataba de los que por el monto de la pena asignada, no admitían libertad provisional bajo caución. Realmente, no existía en el texto legal, diferenciación entre delitos graves y leves, lo que quizás, sin buscarlo específicamente, se haya aclarado con la reforma penal de 1993, en la que si se establece ya de manera expresa, esa clasificación, dando a cada tipo de delito un tratamiento legal diverso.
Por lo demás, también se señala que se incurre en petición de principio al aludirse al género (delitos graves del orden común) y a la especie (traición a la patria) como si no hubiera esa relación y, finalmente, se critica el que se cometa la aberración de amparar con inmunidad, a los delitos del orden federal que, por la naturaleza misma de las funciones encomendadas al Presidente, existen mayores probabilidades de que fueran cometidos, quitando esa inmunidad, según se ha visto, en referencia a los delitos del orden común.
El párrafo cuarto del artículo 111 Constitucional, establece la forma de remover la inmunidad, señalando que sólo podrá ser acusado por la Cámara de Senadores en términos del artículo 110 Constitucional, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable.


  1. Inmunidad de otros servidores públicos. Se contiene en el artículo 111 Constitucional, al expresar que para proceder penalmente en contra de los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por delitos cometidos durante su gestión, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado y sólo en el primer caso, se le pondrá a disposición de la autoridad competente, en el concepto de que será reinstalado en su cargo, si es declarado inocente en sentencia.


En tratándose de los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, la inmunidad que representa el previa juicio de procedencia, tendrá el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que procedan como corresponda.


  1. Inmunidad diplomática. De la misma manera, disfrutan de esta prerrogativa los Jefes de Estado y Agentes diplomáticos extranjeros que se encuentren oficialmente en el país, a quienes no podrá aplicarse nuestra ley, si bien podrán ser juzgados en su país de origen por delitos cometidos en el nuestro acordes con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, publicada en el Diario Oficial de 3 de agosto de 1965 (en derecho internacional, se acepta que la inmunidad alcance también a los familiares de la representación diplomática, al personal de servicio y doméstico, no nacionales, que trabajan para la misión o sus miembros, e incluso, en otro orden de cosas, se otorga trato especial a la “valija diplomática” ).


El Tratado de Letrán de 11 de febrero de 1929 y el Convenio sobre inmunidades de la Organización de Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, así como la citada Convención de Viena, amparan la inmunidad del diplomático, en su tránsito por terceros Estados. En nuestro país, la inmunidad alcanza a los Jefes de Estados extranjeros en visita oficial (Emperadores, Reyes, Presidentes de la República) incluyendo al Papa como Jefe del Estado Vaticano, a los representantes de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a los de la Organización de Estados Americanos (Carta de Bogotá de 1948) y a los de la Corte Internacional de Justicia, según su Estatuto.


  1. Inmunidad por reciprocidad internacional. La confiere el artículo 5° III y IV, del Código Penal, cuando dispone que los delitos cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, si el delincuente o el ofendido fueren de la tripulación y no se turbare la tranquilidad internacional, lo que quiere decir que si el país al que corresponde la bandera del buque o aeronave, ha declinado su jurisdicción en favor de la mexicana, en casos similares procederá que se retraiga la jurisdicción mexicana.




  1. Inmunidad en la extradición. Se contempla en el artículo 10 fracción II de la Ley de Extradición Internacional, en la medida en que prohibe al Estado requirente, procesar al extraditado por delitos cometidos antes de la extradición y que no figuren en la demanda y sean inconexos con los fijados en ella, excepto si lo acepta el inculpado expresamente.




  1. Inmunidad de procesamiento a militares extranjeros. Surge de la cotidianidad en el tránsito y la permanencia de tropas extranjeras en países aliados o neutrales y encuentra fundamento en el artículo 301 del Código Bustamante y el 61 del Código de Justicia Militar. Por virtud de esta inmunidad, no podrá someterse a juicio a los militares extranjeros, por delitos cometidos en territorio nacional, si se encuentran en él con autorización otorgada por nuestro país.




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