1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general






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título1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general
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A) SUJETO ACTIVO DEL DELITO


  1. Su concepto y diversas denominaciones. El inculpado, obviamente, no solo es un sujeto indispensable de la relación procesal penal, sino a no dudarlo, es el principal actor de él. Surge el inculpado, en el momento mismo en que a alguien se atribuye, en la denuncia o querella, participación en la realización del delito.


Hay que distinguir, desde luego, entre el sujeto activo del delito y el inculpado, pues aun cuando a primera vista pudieran confundirse y a menudo se trate efectivamente de la misma persona, la realidad es que debe establecerse con claridad su diferencia, pues no necesariamente y por eso no siempre, se trata del mismo sujeto.
El sujeto activo del delito es quien participó, de algún modo, en la comisión del hecho delictivo, es decir, es la persona física que como autor, partícipe o encubridor, intervino en la comisión del delito.
En cambio, el inculpado por el delito puede serlo una persona que de ninguna manera haya participado en la realización del hecho delictivo, un inocente, una víctima del error o la calumnia. Por eso, aun cuando suele converger en el sujeto activo del delito, la calidad de inculpado, eventualmente puede inculparse a un inocente, es decir, a alguien ajeno al delito, de ahí que pueda tratarse de sujetos diferentes y de ahí que

valga hacer la diferenciación, quedando claro que no siempre el inculpado es el sujeto activo del delito.
Todavía una parte de la doctrina insiste en la discusión acerca de si las personas morales o jurídicas, podrían ser inculpadas por un delito, argumentando que solamente a los autores de los delitos, en obsequio al mandato constitucional que impide la aplicación de penas trascendentales, puede imponérseles alguna pena, y en el caso, el Código Penal señala sanciones que pueden ir desde la suspensión, hasta la disolución de las sociedades mercantiles, cuando se estime necesario para la seguridad pública (artículo 11 del Código Penal).
Nosotros descartamos esa posibilidad, por varias razones que parecen concluyentes. En primer término, porque es requisito para que pueda enjuiciarse a alguien, que ese alguien tenga el mínimo de condiciones de salud y desarrollo mental al cometer el hecho delictivo, que le permitan ser sujeto del reproche penal, cuestión de la que sería ocioso investigar, tratándose de una persona moral; o sea, la imputabilidad sólo puede concebirse en una persona física.
A la manera del artículo 13 VII del Código Penal, entendemos la imputabilidad como la capacidad del individuo. al cometer el delito, de comprender el carácter ilícito de éste y de conducirse de acuerdo con esa comprensión.
Por lo demás, en relación a los fines tradicionalmente reconocidos a la pena, es decir, la aflicción, la prevención general y particular y la readaptación social del delincuente, malamente podrían ser referidos a alguien que no fuera una persona física.
Por idénticas razones, no pueden figurar como inculpados, pues, los inimputables, los toxicómanos en lo que toca al delito contra la salud en sus modalidades de adquisición y posesión de estupefacientes o psicotrópicos (artículos 523 a 527 del Código Federal de Procedimientos Penales), los muertos, sus sucesores testamentarios o legítimos, los animales, ni los objetos.
Conviene añadir que no debe confundirse al sujeto activo del proceso, con el inculpado. Aquél es el que ejercita la acción, es el actor en el proceso penal.
En todo proceso, sea de la índole que fuere, existe un actor y un demandado; el primero es el titular de la acción que ejercita en el juicio, precisamente en contra del demandado que ocupa el sitio de destinatario de la acción, contra él dirígese la acción ejercitada.
En el proceso penal, quien ejercita la acción penal es su único titular, el Ministerio Público, por eso ocupa el lugar de sujeto activo del proceso. El inculpado, en cambio, o sea persona en contra de quien se endereza la acción penal por el Ministerio Público, es lógicamente el sujeto pasivo del proceso penal.
Inculpado, para buscar definirlo, es la persona física imputable, en contra de quien se dirige la pretensión punitiva del estado, hecha valer por el Ministerio Público, a través del ejercicio de la acción penal.
Puede serlo cualquier persona, sin distinción de raza, religión, sexo, nacionalidad o ideología, inclusive, como ya vimos, siendo inocente.
Para referirse al inculpado, la Constitución Política, la legislación procesal e inclusive la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados, utilizan de manera descuidada distintas denominaciones, como reo, procesado, probable responsable, etc.
Los distintos autores de Procesal Penal, aunque también usan erráticamente la denominación que corresponde a ese sujeto indispensable, está conforme en que reciba estos nombres, según la etapa procesal por la que vaya transitando: indiciado, durante la averiguación previa, por existir apenas indicios de responsabilidad a su cargo; procesado, una vez que se encuentra a disposición del juez, porque es ahí cuando empieza el procesamiento; acusado, desde el momento en que el Ministerio Público formula conclusiones acusatorias en el proceso; inculpado, encausado, incriminado o imputado, es una denominación común que puede ser usada indistintamente, hasta este momento procesal, sentenciado, al dictarse sentencia definitiva; condenado o reo, si esa resolución es condenatoria, compurgado, si ha cumplido la condena impuesta.
Nada impide, por otra parte, que el procedimiento se inicie sin que se conozca ni esté identificado el inculpado, es bastante con que se tenga noticia del delito. De hecho, muchas averiguaciones previas son iniciadas por el Ministerio Público contra quien resulte responsable (QRR), por ignorarse la identidad del inculpado. No obstante, al consignarse sí debe existir certidumbre acerca del incriminado, pues no podría el Ministerio Público ejercitar la acción penal contra persona indeterminada, como ocurre en materia obrero patronal, por ejemplo, en que se ejercita la acción laboral contra quien acredite ser el patrón. El corolario de lo expuesto, es que en materia procesal penal, no existen los juicios en rebeldía, siendo condición para la realización del procesamiento, la presencia física del inculpado.
Cabe aclarar que dentro del procesamiento penal, eventualmente podría establecerse en presencia de una condena en rebeldía, pero solamente en lo que mira al pago de los daños, y contra el obligado civilmente a repararlos. Tal ocurría si, por ejemplo, el ofendido por el delito, dentro del mismo proceso penal que se instruye al inculpado, reclama a uno de los terceros que menciona el artículo 32 del Código Penal, el pago de la reparación del daño y emplazado dicho tercero, no concurría a juicio.
La identificación del inculpado al ejercitarse la acción penal, no necesariamente deberá ser expresando su nombre y apellidos, es suficiente con que se mencione su sobrenombre o apodo, porque con frecuencia estos sirven mejor para la citada finalidad, que el nombre mismo.


  1. Su legitimación procesal. En lo que concierne a la legitimación procesal del inculpado, esta consiste en su aptitud para ejercer su carácter de parte. Entendemos por legitimación, el vínculo jurídico existente entre las partes y la relación de derecho penal que se debate en el proceso. En esta virtud, el inculpado no requiere de alguna especial capacidad jurídica de actuar o para ejercitar sus derechos, siendo bastante con que se trate, como hemos visto antes, de una persona imputable.




  1. Sus derechos y obligaciones. Es claro que en un régimen de gobierno en el que imperen los procesos de desarrollo democrático, los derechos de que disfrute el gobernado al ser sometido a procesamiento, serán más amplios que los que se le otorgan en los gobiernos dictatoriales.


En efecto, en un Estado de derecho como el nuestro, el inculpado tiene múltiples facilidades defensistas, ello no solo en el procesamiento, sino a partir de que empieza la investigación en sede administrativa, puesto que está en aptitud de designar defensor o persona de su confianza que lo defienda adecuadamente en esa etapa procesal, ante el Ministerio Público, y la persona nombrada, puede intervenir en cumplimiento de su cometido, aportando pruebas y asistiendo al inculpado en los actos en que se precise.
Además, el artículo 20 Constitucional, contiene todo un catálogo de derechos públicos subjetivos del inculpado, que van desde la posibilidad de que obtenga la libertad provisional bajo caución, cuando proceda; estar informado acerca de la naturaleza y causa de la acusación; declarar o permanecer callado, sin que reciba presión alguna o violencia física o moral; el derecho a un pronto proceso, a ser careado si lo solicita, con quienes depongan en su contra y en presencia del juez; a declarar en audiencia pública.
Pero también otras disposiciones constitucionales permiten un justo proceso al inculpado. Así, no podrá ser juzgado sino en tribunales establecidos previamente y con leyes dictadas con anterioridad al hecho, no podrá aplicarse en su agravio una ley en forma retroactiva, no se le podrán imponer penas crueles, injustas, infamantes, inusitadas o trascendentales, etc.
Con todo, puede decirse que la garantía de audiencia que consagra en su favor la carta fundamental, envuelve a los otros derechos, al concederle la potestad de ser oído en juicio, aportar las pruebas que justifiquen su dicho, con la obligación imperativa para la autoridad, de tomar en consideración tanto sus alegaciones como las pruebas desahogadas, para el efecto de dictar la resolución correspondiente.
Para finalizar, hablaremos de las principales obligaciones del inculpado, entre las cuales, se encuentran la de someterse a los actos de su procesamiento, es decir, estar presente en ellos puesto que en nuestro medio, conforme se lleva dicho, está prohibido el enjuiciamiento en ausencia del inculpado que, en cambio, se permite en otros países.
Esta presencia del inculpado, para asegurarla en ciertos casos que en su momento trataremos, puede ser estando en prisión preventiva, o libre, bien porque el delito que se le atribuya no amerite pena privativa de libertad o sea alternativa, porque disfrute de libertad provisional bajo caución, sin caución o bajo protesta.
2.2.3. EL DEFENSOR


  1. Naturaleza jurídica del defensor. El defensor constituye un sujeto indispensable de la relación procesal penal, porque sin su presencia, según veremos adelante con más detalle, resultarían nulos los actos del juicio, lo que quiere decir que no puede concebirse sin él la relación procesal, ni inclusive, algunos actos de la averiguación previa, tal sería por ejemplo, el caso de algunos actos procedimentales de trascendencia, como los aludidos en el artículo 388 II, VII bis del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo corelativo en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal es el artículo 431 III y VI bis: “Habrá lugar a la reposición del proceso, por alguna de las causas siguientes: ...II. Por no habérsele permitido nombrar defensor o no nombrársele el de oficio en los términos que señala la ley; por habérsele facilitado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento y por habérsele impedido comunicarse con él o que dicho defensor lo asistiere en algunas de las diligencias del proceso; ...VII Bis. Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa a) No haber asesorado al inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso; b) No haber asistido a las diligencias que se practicaren con intervención del inculpado durante la averiguación previa y durante el proceso; c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculpado.”


Es claro que en los regímenes democráticos, el defensor tenga mucha mayor posibilidad de actuar en ejercicio de su ministerio, que en países en que se gobierne

dictatorialmente, pues son aquellos regímenes los que adoptan, en lo general, la

acusatoriedad que es signo distintivo de los Estados de derecho.
Nuestra Constitución política, eleva al rango de garantía individual, el derecho del inculpado a una defensa adecuada. El artículo 20 fracción IX constitucional, expresa: “En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías: ...IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera...”
Conforme a esta norma, cuatro son las formas en que puede asumir su defensa: por sí, por persona de su confianza, por abogado particular, y , por un defensor de oficio.
El reconocimiento de que el inculpado pueda atender por sí mismo a su defensa, resulta de los artículos 20 IX constitucional, 86 del Código Federal de Procedimientos Penales y 69 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. El señalado artículo del Código Federal de Procedimientos Penales establece: “Las audiencias serán públicas y en ellas el inculpado podrá defenderse por sí mismo...”, disposición que copia casi literalmente la norma del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Lo anterior implica que nuestra Ley Fundamental y la legislación secundaria, conceden el derecho a la autodefensa, no admitido en muchas legislaciones, en las que se requiere, siempre, la representación del inculpado en juicio, por un procurador, que es quien comparece ante la autoridad para la realización de los actos del procesamiento, y un letrado o abogado, que es quien tiene la dirección jurídica del asunto y presta el asesoramiento necesario.
Si decide defenderse él mismo, igual que cuando nombre como defensor a alguien de su confianza, que carezca de cédula profesional de Licenciado en Derecho o autorización de pasante, deberá ser asistido, además, por un defensor de oficio que le nombre el tribunal, para su orientación y adecuada defensa, teniendo presente que el órgano de la acusación, está respaldado por profesionales del derecho, especializados en su tarea. Artículo 160 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En tal virtud, la designación de defensor puede hacerla de manera voluntaria el inculpado, pero también le puede ser nombrado defensor de oficio, por el tribunal, para el caso de que no quisiere o no pudiere designarlo, porque no cabe legalmente su renuncia a ser defendido.
En cuanto al defensor particular, es potestativa su designación por parte del inculpado, aunque esta potestad de elegir está naturalmente sujeta a sus posibilidades económicas.
Es importante tener presente el principio de igualdad en cuanto derivado de la defensa en juicio, dice Clariá Olmedo pues se traduce en el equilibrio con respecto a las oportunidades que deben tener las partes para hacer valer sus derechos y garantías. El principio será violado cuando a una de ellas substancialmente se le otorgan durante el proceso, posibilidades de actuación que le son negadas a la otra, especialmente en lo que respecta a la alegación, a la prueba y a las impugnaciones en general.
Cuando un profesional del derecho decide intervenir, debe ajustar su actuación a la ley, pero está obligado a actuar siempre en defensa de los intereses del inculpado, inclusive en contra de la voluntad de éste, aprovechando cualquier circunstancia que figure en el expediente y que pudiera favorecerle, lo que significa que no puede reclamársele imparcialidad en su proceder, porque de ser esto así, no podría ofrecer ni aportar a la causa, pruebas que pusieran al descubierto alguna falla de orden técnico en la acusación, o en relación con el planteamiento de los hechos o bien respecto de cuestionamientos jurídicos, que permitan la liberación del inculpado, o la reducción de la gravedad de sus cargos.
Naturalmente, no es el caso de justificar prácticas antijurídicas, que podrían ir desde el ilegal aleccionamiento del inculpado, el soborno, el amago, la presentación de testimonios prefabricados o documentos alterados, y ni siquiera vale la pena detenerse en quien utiliza ese tipo de corruptelas, sea el fiscal o el defensor aunque tampoco es dable confundir a este último, como desafortunadamente se hace con frecuencia, con un cómplice o encubridor del inculpado. Lo que es indudable, es que podrá valerse de todas las probanzas que exculpen a su cliente y que figuren en autos, para encausar la defensa.

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