1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general






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título1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general
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2.2.2. EL MINISTERIO PÚBLICO
Corresponde en este momento, referirnos al Ministerio Público, que junto con el órgano jurisdiccional del que ya hablamos, constituye otro de los sujetos indispensables de la relación procesal penal.
También denominado Representante Social, (en tanto defensor de los intereses de la sociedad) o Fiscal, (como una reminiscencia del Derecho Inglés, en el que se designaban Fiscales por el monarca, para cobrar coactivamente, a los súbditos de la Corona, que no pagaban voluntariamente sus contribuciones a los gastos públicos), reconoce su fundamento en el artículo 21 Constitucional, al estatuir imperativamente, que la investigación y persecución de los delitos, incumbe al Ministerio Público el cual se auxiliará con una policía, que estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél.
Esta disposición constitucional, permite que con exclusión de cualquiera otra persona o institución, el Ministerio Público se encargue de la averiguación y persecución de los delitos.
Históricamente, se buscan los orígenes del Ministerio Público en Grecia, donde existió la acusación privada, en la que, el directamente ofendido por el delito, deducía su acción contra el agresor, ante el tribunal de los Heliastas.
No es difícil imaginar los inconvenientes que esto trajo. Es un hecho, que no todos contamos con la misma facilidad de persuasión, para defender nuestro derecho, que en ocasiones es superada por la habilidad del transgresor; a veces el poder del infractor, ya físico, económico o en maldad, supera al del agredido; otras, el mismo dolor producido por la afrenta, impide una defensa cálida y convincente del derecho atropellado; en fin, todas estas y otras cuestiones similares, pueden propiciar la impunidad del delincuente y la recepción de su conducta agresora.
Para salvar esos obstáculos, surge la acusación popular, en la que un representante de la comunidad, llevaba la voz de la inculpación. En esta etapa que se lee en los vivos relatos del derecho romano, descuellan oradores fogosos que, como Cicerón, Catalina, Catón, con implacable celo defienden el derecho del agraviado en encendidos discursos plagados de citas jurídicas y sostenidos por los razonamientos legales incendiarios de sus autores, algunos de los cuales todavía nos conmueven al repasarlos.
A esta época, sucede la de la acusación por parte del Estado, que se sustenta en una idea diferente. En efecto, la persecución de los delitos deviene una función de vital importancia para la conservación del orden social que debe prestar el Estado, para evitar el regreso a épocas bárbaras de la humanidad, como la venganza privada o el Talión.
Originalmente, de manera equívoca, se confiere la persecución del delito al propio juez, dando paso a la más inhumana inquisición y es hasta el advenimiento de la acusatoriedad, cuando se independiza la función de juzgar, de la persecutoria, y se entrega su ejercicio a una institución diferente de la judicial.
De aquí parte, seguramente, la conformación de la institución del Ministerio Público, en la forma en que hoy la conocemos.
La doctrina encuentra sus antecedentes en Francia, si bien adosados a un conjunto de características obtenidas de nuestra propia experiencia mexicana, tales como la doble función de titular de la acción persecutoria del delito y, al mismo tiempo, jefe de la policía ministerial, a cuyo cargo se encuentra la consecución de los elementos, con base en los que decidirá si ejercita la acción penal; otra característica mexicana, no menos importante y cuya constitucionalidad si habría de examinar en lugar aparte, consisten en que siendo un órgano del Ejecutivo, realiza no obstante, actos de innegable carácter jurisdiccional, como precisamente la determinación de si ejercita la acción penal, cuya titularidad detenta.
La revolución francesa de 1789, trajo como consecuencia el derrumbe de las prácticas procesales inquisitoriales y la entronización de algunas ideas del procesamiento ingles, claramente de corte acusatorio, como una reacción natural del pensamiento liberal propio de la época.
De esta forma, se estableció un Jurado de Acusación elegido por el voto popular, cuya misión era formular acusación de oficio o por virtud de una denuncia del afectado, representando no ya al Estado, sino a la sociedad que eligió al Jurado.
Junto a él, se instituyó el Jurado de juicio, encargado de instruir el proceso penal, con lo cual quedó, de hecho, realizada la separación de las funciones: acusatoria y de juzgamiento.
En nuestro país, a pesar de que desde la Constitución de 1824 se hablaba ya de un Ministerio Fiscal, es la Ley de Jurados de Juárez, de 1869, la que por primera vez habla del Ministerio Público, sin asignarle funciones especificas. Esas funciones reales del Ministerio Público se conocieron y delinearon, hasta la Ley Orgánica del Ministerio Público, de 1903, durante el gobierno de Porfirio Díaz, en que se le separa de la administración de justicia y se le otorga la titularidad de la acción penal, poniendo a la cabeza de la institución al Procurador de Justicia.
El artículo 21 Constitucional, como se ha visto, otorga modernamente el pefil, que da características especiales al Ministerio Público, como un órgano del Estado al que incumbe en exclusiva, por mandato constitucional, la investigación y persecución de los delitos, mediante el ejercicio de la acción penal, ante la autoridad jurisdiccional, con el auxilio de la policía que estará bajo su autoridad y mando directo, y las demás funciones que específicamente le encomienda la ley.
Es importante traer a colación el mensaje que dirigió el Presidente Venustiano Carranza al Constituyente de Querétaro, a propósito de la aprobación del artículo 21 Constitucional mencionado. Decía: “... Pero la reforma no se define allí, sino que propone una innovación que de seguro revolucionará completamente el sistema procesal que durante tanto tiempo ha regido en el país, no obstante todas sus imperfecciones y deficiencias. Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común, han aceptado la institución del Ministerio Público, pero esta adopción ha sido nominal, porque la función asignada a los representantes de aquél, tiene un carácter meramente decorativo para la recta y pronta administración de justicia. Los jueces mexicanos han sido, durante el periodo corrido desde la consumación de la independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época Colonial; ellos son los encargados de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto, siempre se han considerado autorizados para emprender verdaderos asaltos contra los reos, lo que, sin duda alguna, desnaturaliza las funciones de la judicatura. La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por los jueces que, ansiosos de renombre, veían con verdadera fruición que llegase a sus manos un proceso que les permitiese desplegar un sistema completo de opresión, en muchos casos contra personas inocentes y en otros, contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando en sus inquisiciones las barreras mismas que terminantemente establecía la ley. La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la magistratura, dará al Ministerio Público toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo, la persecución de los delitos, la busca de los elementos de convicción que ya no se hará por procedimientos atentatorios y reprobados y la aprehensión de los delincuentes. Por otra parte, el Ministerio Público con la policía judicial represiva a su disposición, quitará a los presidentes municipales y a la policía común, la posibilidad que hasta hoy han tenido, de aprehender a cuantas personas juzguen sospechosas, sin más mérito que su criterio particular. Con la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad individual quedará asegurada, por el artículo 16 constitucional, nadie podrá ser detenido sino por orden de la autoridad judicial, la que no podrá expedirse sino en los términos y con los requisitos que el mismo artículo exige.”
En consonancia con nuestro sistema de gobierno, que nos conforma como una república democrática, representativa y federal, integrada por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, contamos con un Ministerio Público Federal, que se ocupa fundamentalmente de la persecución de los delitos federales, y un Ministerio Público local, que tiene como propósito esencial perseguir los delitos del orden común.
El fundamento constitucional, por tanto, lo encontramos en el invocado artículo 21, Constitucional y en los artículos 102, A) y 122 Constitucional Base Quinta inciso D.
El artículo 102 apartado A, dispone que los funcionarios del Ministerio Público Federal serán nombrados y removidos por el Ejecutivo; estarán presididos por un Procurador General de la República, que también designará el Titular del Ejecutivo Federal, con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; fija los requisitos para ser Procurador; y, le encomienda la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal.
La otra disposición señala que el Ministerio Público en el Distrito Federal, estará a cargo de un Procurador General de Justicia.
La literatura procesal penal, atribuye al Ministerio Público las siguientes características:


  1. Unidad o jerarquía, en tanto todos los funcionarios que lo integran, forman un solo órgano y reconocen una sola dirección, con lo cual se evita la anarquía y se propicia el cumplimiento de los fines de la Institución;




  1. Indivisibilidad, en la medida en que ante cualquier tribunal, sus Agentes representan a una misma Institución, o como dice el jurista Juventino V. Castro, a la pluralidad de la Institución: unidad en la diversidad, con lo que se evita que se fraccionen sus actuaciones, y




  1. Irrecusabilidad, porque dentro de un proceso no puede recusarse el Ministerio Público como Institución, aunque nada se opone a que sean recusados sus agentes, en cuanto personas individuales, en el caso de estar impedidos para intervenir en un caso concreto.


La legislación secundaria ha signado un doble papel al Ministerio Público:
Como autoridad, al asumir la titularidad del primer procedimiento penal, que es la averiguación previa, con todas las implicaciones que ello apareja, como la realización de actos de imperio, es decir, aquellos para cuya validez no requiere el concurso de la voluntad de los particulares, o la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos que en dicho procedimiento penal realice, con excepción hasta ahora, de la omisión en ejercitar la acción penal.
El carácter de autoridad, al momento de ejercitar la acción penal ante el juez, lo pierde el Ministerio Público, para convertirse, por ese hecho sólo en una parte procesal.
En referencia a las atribuciones del Ministerio Público, no puede soslayarse la alarma que produce en los estudiosos del tema, la múltiple y variada gama de funciones que de manera increíble ahora le están encomendadas.
Como hemos visto, el Mensaje del Presidente Carranza al Constituyente de Querétaro de 1917, sin embargo reconoció que las leyes federales y comunes, expedidas con anterioridad en nuestro país, habían aceptado al Ministerio Público pero sólo nominalmente, porque en la realidad, era una figura decorativa en el proceso penal y en cambio, los jueces mexicanos, desde la Independencia, habían sido investigadores de los delitos, recolectores de pruebas por procedimientos atentatorios y reprochados, e inquisidores en la obtención de confesiones.
La aprobación del artículo 21 Constitucional, trajo como resultado la limitación más o menos aceptable, de las funciones encomendadas al juez, que no son otras que las de realizar actos de jurisdicción, con lo cual se procuró restituirle, para decirlo en palabras del Mensaje de Carranza, toda su respetabilidad.
En cambio, se ha producido un fenómeno inverso en lo que mira al Ministerio Público, pues ha sido investido de tantas funciones, que se ha propiciado, una verdadera desnaturalización del órgano de la acusación por excelencia.
Algunas de esas funciones, totalmente ajenas a la original de perseguir los delitos, enlista García Ramírez de esa forma: El Procurador General de la República participa en el llamado Consejo de Ministros, para la hipótesis de suspensión de garantías, en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto (artículo 29 Constitucional); el Ministerio Público Federal es representante jurídico de la Federación en todos los casos en que ésta sea parte; interviene en los casos de diplomáticos y cónsules generales (artículo 102 Constitucional); es custodio de la legalidad, en cuanto debe promover lo necesario para la buena marcha de la administración de justicia, incluyendo la denuncia de las irregularidades de los juzgadores (artículo 102 Constitucional párrafo segundo); el Procurador General de la República, intervendrá personalmente en todas las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 constitucional (artículo 102 constitucional párrafo tercero).
También intervendrá denunciando las leyes contrarias a la Constitución, promoviendo su reforma, denunciando la contradicción de tesis sustentadas por la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito; el Ministerio Público interviene en los juicios de amparo para preservar la legalidad; interviene en el orden común, para investigar, hacer cesar y promover el castigo de las detenciones arbitrarias; interviene en el control de la manifestación de bienes de los servidores públicos; investiga los casos de enriquecimiento ilícito, interviene en asuntos civiles y familiares (divorcios, sucesiones, nombramiento de tutores o curadores, enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacciones acerca de sus derechos, informaciones ad perpetuam, representa a los ausentes, etc.); en materia de nacionalización de bienes; en la represión internacional contra la delincuencia; en casos de extradición; en ejecución de tratados sobre repatriación de sentenciados; en actividades de orientación social, legal y juvenil, en favor de los habitantes del Distrito Federal y particularmente de las víctimas del delito; en prestar asesoría al ofendido y víctimas del delito etc.
Según parece, hace falta una nueva revolución procesal, pero ahora no para llevar a su correcto sitial al juez, sino para cortar muchos de los tentáculos que significan las demesuradas atribuciones del Ministerio Público, y restituirlo en el justo lugar que le asigna la Constitución.
Legalmente, la Procuraduría General de la República se rige en cuanto a su organización y funcionamiento, por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR) y su Reglamento; y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (LOPGJDF) y su Reglamento.
2.2.3. ORGANO DE LA DEFENSA
Nos ocuparemos, a continuación, del órgano de la defensa que se integra, por el inculpado y su defensor.
El artículo 20 fracción IX Constitucional, establece que en todo proceso penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías: “Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esa Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí o por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.
Característica del sistema de procedimiento acusatorio, como hemos afirmado en otro lugar, es la existencia del órgano de la defensa en el enjuiciamiento, de manera independiente a la acusación y al órgano de juzgamiento.
La garantía individual de defensa adecuada para el inculpado, la extiende nuestra propia Carta Fundamental, por virtud del contenido de la fracción X, párrafo cuarto del artículo 20 ya transcrito, no solamente al proceso penal, sino a la averiguación previa del Ministerio Público, al establecer que las garantías previstas en la citada fracción IX, serán también observadas durante este procedimiento penal de averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan.
Conforme se advierte de la disposición constitucional, el inculpado puede proveer por sí a su defensa, con lo que se conforma que este vértice del triángulo procesal, queda integrado tanto por el inculpado, como por su defensor.
Por ello, para conseguir orden en la exposición, aludiremos primero al inculpado y seguidamente hablaremos del defensor.
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