1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general






descargar 335.51 Kb.
título1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general
página4/8
fecha de publicación20.06.2015
tamaño335.51 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8
FORMALIDADES ESENCIALES EL PROCEDIMIENTO
El artículo 14 Constitucional, en su párrafo segundo, dispone “nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad... sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento...”
Efrain Polo Bernal, dice que las formalidades esenciales del procedimiento, son los principios rectores que la técnica jurídico procesal da a las partes en un juicio, para la debida oportunidad de defensa, demandando, probando y alegando ante el juez competente y en la vía correspondiente, y al juzgador o autoridades competentes le otorga la facultad de conocimiento, de documentación y justicia, legal resolución.
Juventino V. Castro, incluye a las formalidades esenciales entre las garantías del procedimiento, al tiempo que Burguoa las coloca entre las garantías de seguridad jurídica, y las define como “... el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas, a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria, para generar una afectación válida, de diferente índole, en la esfera del gobernado, integrada por el summun de sus derechos objetivos”.
Estas formalidades, se identifican como los cauces jurídicos para que los sujetos de la relación procesal penal, hagan valer sus pretensiones, ofrezcan y desahoguen las pruebas que a sus intereses favorezcan, con el fin de obtener una resolución ajustada a la ley, en la que se resuelva el conflicto de intereses, tomando en consideración las cuestiones planteadas, debatidas y probadas.
Es característico de los Estados de derecho, el que se otorgue audiencia al inculpado, en un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ante tribunales previamente establecidos y se juzgue con leyes expedidas con anterioridad al hecho imputado, dando así a las partes, la debida oportunidad de ofrecer pruebas, de alegar y de que estos y aquellas, se tomen en consideración con la autoridad que va a dirimir la controversia.
Contempladas desde otro ángulo las formalidades esenciales del procedimiento, debe decirse que la autoridad, por su lado, al emitir todo acto, se obliga a notificarlo a las partes y otorgarles una dilación probatoria para que puedan estar en condiciones de exponer sus razonamientos y consideraciones legales pertinentes, documentando el procedimiento de audiencia que se otorgue, y dictando conforme a la ley, la resolución respectiva, puesto que el no hacerlo, produce violaciones directas a la Carta Fundamental.
La consecuencia del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, está constituida por la garantía de debido proceso legal. En la actualidad, existe uniformidad en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, en el sentido de que debe otorgarse el máximo de defensa al inculpado, (inclusive en caso de que por ello, se encuentre en conflicto con alguna otra garantía, como podría ser la de pronto proceso) estableciendo dentro del debido proceso, en acatamiento a la garantía individual, las formalidades esenciales del procedimiento, para evitar la indefensión.
Puede concluirse diciendo que las formalidades esenciales del procedimiento, están integradas fundamentalmente por la garantía de audiencia, que se resuelve en otorgar al inculpado, pero también a las demás partes, no sólo el derecho a ser oídos en juicio, sino además, aportar las pruebas que acrediten su dicho, y a que sean consideradas por la autoridad, al dictarse la resolución correspondiente.
Este derecho público subjetivo, no es ajeno a nuestra vida jurídica nacional, pues se consagró desde los primeros ordenamientos constitucionales del país. Por ejemplo:
El artículo 28 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, decía: “Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades esenciales de ley”.
La Constitución de Cádiz, que estuvo vigente en la Nueva España durante la Colonia, establecía en su artículo 244: “Las leyes señalarán el orden y las formalidades del procedimiento, que serán uniformes en todos los tribunales, ni las cortes ni el rey podrán dispensarlas”.
Estos son los más antiguos precedentes de la garantía constitucional que otorga ahora el artículo 14 Constitucional.


IMPARCIALIDAD DE LAS RESOLUCIONES Y LA SUPLENCIA DE LAS DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA.
El órgano de la jurisdicción, aunque parezca verdad de perogrullo, sólo se ocupa de dictar actos jurisdiccionales (en algunos casos de verdadera excepción, el juez no emite resoluciones sino acaso, opiniones, como en tratándose de la calificación de la quiebra, y las recomendaciones que dicta en asuntos de extradición y las opiniones que emite al ejercitar la facultad que confiere el párrafo segundo del artículo 97 Constitucional a la Suprema Corte).
Los actos jurisdiccionales se denominan resoluciones y éstas, se clasifican en autos y sentencias (en el orden común se alude también a decretos).
Los primeros, deben contener una síntesis de la materia que tratan y la resolución del juez, precedida de su motivación y fundamento legal. Artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Penales y 72 párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Por ejemplo, un auto, diría esto: “agréguese al expediente el escrito del defensor del inculpado, por el que ofrece pruebas en favor de su cliente (ésta sería la síntesis de la materia a tratar). Con apoyo en los artículos 150 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales ( naturalmente este sería el fundamento legal de la resolución) estando en tiempo, (esta sería la motivación del acto jurisdiccional) se admiten las probanzas ofrecidas y se señalan las diez horas del día quince del actual, para su desahogo, debiendo citarse a los testigos, en los domicilios que proporciona el oferente de la prueba” (finalmente, éste sería el acuerdo o resolución del juez).
Las sentencias, son las resoluciones que terminan con la instancia, dirimiendo la controversia sometida al conocimiento del juez, tanto en lo principal, como en las cuestiones accesorias surgidas en el proceso. Artículo 94 del Código Federal de Procedimientos Penales y 71 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Los decretos más bien son resoluciones judiciales de mero trámite. Artículo 71 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Doctrinariamente se mencionan las sentencias interlocutorias, que son resoluciones judiciales que dirimen cuestiones incidentales del proceso. En otro tipo de procedimientos, como los civiles o laborales, se reconocen estas sentencias interlocutorias, pero el proceso penal solo se integra, como se señala, con resoluciones judiciales denominadas decretos, autos o sentencias.
Pues bien, es de vital importancia, que cada resolución judicial desde un simple decreto, hasta la más grave sentencia, estén presididos por la imparcialidad de la autoridad que la dicta, dejando atrás favoritismos e intereses personales que perturben la buena marcha de la justicia. Eduardo J. Couture, procesalista Uruguayo, dice que los ciudadanos no tenemos derecho adquirido a la sabiduría del juez, pero si lo tenemos a su independencia, a su autoridad y a su responsabilidad, y agrega que la obra de los jueces es, en el despliegue jerárquico de preceptos jurídicos, un grado avanzado de la obra de la ley; y la jurisdicción, como función pública de hacer justicia, es la que asegura la continuidad del orden jurídico y por ello, la preservación del orden social.
La buena administración de justicia que se espera del órgano jurisdiccional, exige el dictado de resoluciones desprovistas de mala fe o motivadas por mezquinos intereses, como base de la rectitud del juicio de la autoridad. El juez sólo es la boca que pronuncia las palabras de la ley, decía Montesquieu, estimando que desde este ángulo, la imparcialidad de la autoridad como aplicadora de la norma, debe regirse únicamente por su inteligencia, lo que resulta un acierto, aunque modernamente se considere que las resoluciones judiciales, en tanto son producto de la interpretación y aplicación de la ley, no pueden prescindir, además de la inteligencia, de la voluntad del juzgador.
El equilibrio de las partes en el proceso penal, es signo constante en los sistemas de procesamiento acusatorios, en aras del cual deben otorgárseles iguales ventajas procesales, de manera que ninguna de ellas quede en estado de indefensión.
No obstante, tradicionalmente se ha estimado que en la realidad, el inculpado resulta ser la parte débil de la relación procesal penal y, en esas condiciones, se ha procurado restablecer el equilibrio procesal, otorgando a él y a su defensor, alguna ventaja que ponga a las partes en la misma situación de igualdad.
Estas ideas no se aceptan de manera unánime en la doctrina procesal penal, y al contrario, se piensa que el otorgamiento de alguna ventaja al inculpado o a su defensor, se traduce en un claro desequilibrio de las partes, que permite tener privilegios a una, que le son negados a la otra, lo que conduce, como en el caso de la suplencia en la deficiencia de la queja, por negligencia, ignorancia o falta de atingencia de la defensa, a que el órgano jurisdiccional realice, al margen de la imparcialidad que debe regir su actuación, labores defensivas, que sólo son permitidas en un régimen inquisitivo.
Los que así piensan, quizás olvidan o prefieren no darse cuenta, de que el Ministerio Público en la relación procesal penal y por disposición legal, se le conceden una serie de ventajas que también estrictamente, pudiera pensarse que rompen el equilibrio procesal.
El Doctor García Ramírez, sin duda uno de los más completos y mejores exponentes en nuestro país, de la totalidad de las disciplinas penales, dice: “Parte privilegiada es el Ministerio Público en razón del estado de ventaja, indudable, en que se encuentra con respecto al inculpado. Esto acontece en situaciones diversas que recordaremos: Al Ministerio Público se pueden entregar los expedientes para que los estudie fuera del local del juzgado, pero no a la otra parte ( artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Penales y 15 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; el erario público soporta los gastos de diligencias promovidas por el Ministerio Público, no así los de las solicitadas por el inculpado, salvo que el Ministerio Público haga suya esa solicitud (artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales y 23 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal); en ausencia del juzgador, la policía de audiencias se ejercita por el agente del Ministerio Público (artículos 93 del Código Federal de Procedimientos Penales y 63 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal); ciertas resoluciones cuyo éxito reclama sigilo (cateo, aprehensión, providencias precautorias, aseguramiento, etc.) sólo se notifican al Ministerio Público (artículo 105 del Código Federal de Procedimientos Penales); al promoverse cuestión de competencia, de oficio, por un tribunal, se ordena que resuelva oyendo previamente al Ministerio Público, pero no se dispone que él oiga al inculpado (artículo 431 del Código Federal de Procedimientos Penales), y dispone en general, el Ministerio Público, tiene en materia de competencias una intervención superior a la del inculpado, lo que ilustra con el artículo 455 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que prohibe a los tribunales entablar o sostener competencia alguna sin audiencia del Ministerio Público; determinadas decisiones del Ministerio Público vinculan la suerte del proceso y obligan a sobreseer; desistimiento de la acción y conclusiones no acusatorias (artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Penales y 323 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, éste sólo para las inacusatorias); además las conclusiones del Ministerio Público precisan y limitan la posibilidad decisoria del juez, lo que no ocurre con las conclusiones de la defensa; la suspensión del procedimiento sólo puede ser pedida por el Ministerio Público (artículo 472 del Código Federal de Procedimientos Penales y 481 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal).
Estas son sólo algunas de las ventajas que anota el autor citado, reconocidas por la ley en favor del Ministerio Público, pero no agotan la lista, porque además, existe la potestad reconocida al órgano de la acusación, para escoger y asignar competencia al juez, en caso de seguridad en las prisiones (artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales) y otras más, aun cuando la ventaja mayor de la acusación, que no menciona la ley, pero que no podría negarse, es el cautiverio en que se halla el inculpado durante el procesamiento, es decir, la prisión preventiva, que además de todo, le resta la posibilidad de proveer por sí mismo a su defensa, buscando personalmente, como protagonista principal del drama penal, los medios probatorios que acrediten su inocencia.
Por eso estimamos que la queja deficiente de la defensa del inculpado, con independencia de las protestas de los siempre inconformes, debe ser suplida por el órgano jurisdiccional, por las argumentaciones señaladas y por dos razones adicionales, la primera, para auxiliar a que se haga efectiva la garantía constitucional de defensa adecuada del inculpado (artículo 20 fracción IX Constitucional) y, además, porque modernamente la justicia material, que no la formal, se orienta hacia el reconocimiento de las injusticias económicas y sociales, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la explotación del trabajo ajeno y tiende a eliminar privilegios derivados de la mejor preparación cultural o prejuicios de raza, religión, de clase social o de ideas políticas, para resolver en justicia, tomando en cuenta todas estas cuestiones que no pueden ser ajenas a los fines del proceso penal.
Por su lado, la ley ha atemperado los formulismos excesivos y las exigencias de expresión, en todos los campos del derecho, evitando en materia procesal penal, la innecesaria dilación de los procesos y procurando su simplificación, pensando que al final, lo que interesa es asegurar la juridicidad de las resoluciones judiciales y ello se garantiza siguiendo la autoridad de las normas que rigen su actuación. Así establece que la inconformidad manifiesta contra una resolución judicial, implica la interposición del recurso que proceda (artículo 409 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal); que no se entenderá consentida una resolución judicial, sino cuando notificada, se conteste expresamente de conformidad o se deje pasar el término señalado para la interposición del recurso que proceda (artículo 79 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) y, los múltiples casos en que se autoriza la actuación oficiosa del juez para encausar el proceso penal, para cambiar la clasificación del delito o para allegarse pruebas para mejor proveer.
Algo más que debe resaltarse, es la presunción de inocencia, en relación con la cual, Hernando Londoño Jiménez dice: “La validez de este principio, desde la sola atribución a una persona de un hecho punible, hasta la declaración jurisdiccional de responsabilidad penal mediante sentencia ejecutoriada, entraña de por sí una filosofía tan profunda, tan humana y espiritista del proceso, que de no olvidarse de dicho postulado cuando se analiza y se juzga la conducta del hombre frente a la ley penal, la justicia cumpliría mejor y más rápidamente su sagrada misión de dar a cada uno lo suyo.”

2.2. PARTES
Concepto de parte
Un problema que preocupa a muchos procesalistas, es el concerniente a determinar, si las partes que como tales figuran en el proceso civil, pueden equipararse, conceptualmente, a las que participan en el proceso penal.
Mucho se discute en la doctrina, acerca del concepto de “parte procesal” y ríos de tinta se han escrito, para averiguar si el concepto civil de parte, puede ser trasplantado al proceso penal.
Es claro que este concepto de partes procesales, sólo atañe al sistema de procesamiento acusatorio, que distingue claramente los órganos de juzgamiento, acusación y defensa, pues en el inquisitivo, estas funciones no se hallan diferenciadas, y una sola persona u órgano, puede desempeñarlas, resultando ocioso plantear el problema a que nos referiremos.
Nuestra legislación procesal penal, con frecuencia alude a las partes, a veces de manera descuidada, o confusa, o sin precisarlas, y otras incluyendo entre ellas, además del Ministerio Público, al inculpado y al defensor, al ofendido y a la parte civil, sin fijar una posición. Así por ejemplo, cuando alude a: “parte ofendida”, en los artículos 263, 360, 568 III y 264 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; “a petición de parte” en los artículos 10, 124 Bis, 277, 298 VIII, 300 del Código Federal de Procedimientos Penales y 139, 183, 285 Bis, 663 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; parte inicial en el artículo 537 CDF; “Parte legítima”, en los artículos 364 CFPP y 15, 505 CDF; “Alguna de las partes”, en los artículo 208, 217, 261, 270 etc. del Código Federal de Procedimientos Penales y 151, 220, etc. CDF; “El Ministerio Público conciliará a las partes”, en el artículo 2 Frac. X del Código Federal de Procedimientos Penales; “El juez y las partes”, en el artículo 174 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, etc.
Pero claro que no es bastante para que lo sean, con que la ley las denomine “partes”, razón por la que debe averiguarse si por su naturaleza, realmente lo son.
En este copioso examen del tema, se descubren múltiples puntos de vista, desde quienes niegan que haya partes en el proceso penal, argumentando que sólo puede hablarse de ellas, donde hay intereses contrarios, porque las partes se contraponen en el proceso y cada una de ellas concurre a defender sus propios intereses ya que en un proceso de partes, por su definición, hay contienda de intereses en la que los intervinientes, cuentan con iguales medios.
En cambio, dicen, nada de esto ocurre en el enjuiciamiento penal, porque con frecuencia el Ministerio Público coincide con los intereses del inculpado, como cuando pide su absolución, solicita el sobreseimiento, o formula conclusiones de no acusación, además de que no representa intereses propios, sino que tiene a cargo por mandato constitucional, la representación de los intereses sociales.
Por otro lado, hay quienes estiman que el proceso penal es de una sola parte: el inculpado, ya que el Ministerio Público es un órgano del Estado y como tal, no puede asumir una actitud parcial en el proceso. En sentido material, agregan, el Ministerio Público nunca es parte porque, como se ha dicho, no defiende en juicio derechos que le sean propios, sino ajenos, aunque sólo en sentido formal será parte, en tanto se oponga al inculpado, en la actividad procesal. Por lo demás, el defensor tampoco es parte procesal, porque más bien su posición es la de representante del inculpado que, en todo caso, es quien figura como parte.
Finalmente, se asegura que en el proceso penal no hay partes en el sentido procesal civil de la expresión, aunque parece que la opinión dominante, admite la existencia de partes sólo formalmente, no en el aspecto material, o sea, el Ministerio Público figura impropia o formalmente como parte, en cuanto se opone al procesado en la actividad del proceso, pero por lo demás es un órgano público, algunos dicen de buena fe, que hace valer la pretensión del Estado, pero que se dirige a la actuación del Derecho sustantivo, por un interés público, superior, y no de parte.
Por lo que a nosotros toca, al carecer de interés la polémica anterior para los efectos del estudio que emprendemos, que no se altera un ápice si la eludimos, hablaremos mejor de los sujetos de la relación procesal penal, en el concepto de que si utilizamos eventualmente la expresión “parte”, producto de la costumbre adquirida por contagio de la ley y en buena medida de la doctrina ya mencionada.
1   2   3   4   5   6   7   8

similar:

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconResumen: El estudio de la acción procesal penal constituye una obligatoriedad...

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconReflexiones en torno a la trascendencia del principio de Estado de...

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconBibliografía de don Luis Díez-Picazo parte I teoría general. Derecho...
Comentarios a las reformas del Código Civil. El nuevo Título Preliminar y la Ley de 2 de mayo de 1975. VV. Aa. Vol. I, Tecnos, Madrid,...

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconLa presente ponencia fue presentada para su publicación, en las memorias...

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconLa evolucion del derecho procesal en el derecho romano por L. Carlos rosenfeld

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconDerecho procesal penal

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconDerecho procesal penal II unidad n° 1

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconApuntes de derecho procesal penal

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconLección I: introducción al derecho procesal penal

1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general iconEl Derecho de la persona es la parte del Derecho civil formada por...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com