1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general






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título1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
La justicia penal mexicana, se halla regulada por distintas normas constitucionales, que aluden a los órganos a cuyo cargo, quedará su procuración y administración.
Artículos 116 y 122 Constitucionales, el 116 fracción III, establece: El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones Locales...”. El 122 Base Cuarta dice: Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común...”. En la Base Quinta, inciso D, se indica que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno.
Artículo 20 Constitucional fracción IX, “En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías: IX. Desde el inicio de su proceso... tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera... X. ... Las garantías previstas en las fracciones... IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan...”
El fundamento constitucional en el orden federal, se obtiene de los artículo 94 al 101, 102 y 120 fracciones IX y X de la Constitucional, que aluden, en su orden, a la justicia federal, al Procurador General de la República y a la ya citada institución de la defensa, en estos términos:
Artículo 94 C: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal...”; artículo 102. “La ley organizará el Ministerio Público (sic) de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado, o en sus recesos, de la comisión Permanente...” Líneas arriba nos referimos a la normas constitucionales (artículo 20 IX y X C) que establecen la institución de la defensa en el orden común y que son aplicables en materia federal.
De las funciones que corresponden a cada uno de los órganos mencionados, se ocupan los artículos 16, 19, 20, 21 y 102 y siguientes, de la Constitucionales.
Concepto
Ante la enconada polémica acerca de si existen o no partes en el proceso penal, a la que brevemente nos referiremos más adelante, para no tomar partido y enfrascarnos en espesas consideraciones, nos referiremos simplemente, como hemos manifestado, a los sujetos de la relación procesal penal.
Entendemos que son sujetos de dicha relación, los que de alguna forma intervengan en ella y los clasificaremos a continuación, para más tarde ocuparnos del examen así sea somero, de cada uno de ellos.
Clasificación


  1. Llamaremos sujetos INDISPENSABLES de la relación procesal penal, a aquellos sin cuya concurrencia no pueda darse la relación: El juez, el Ministerio Público, el inculpado y el defensor.


No incluimos en esta categoría al ofendido por el delito, en virtud de que en primer lugar, existen delitos en los que no está personalizado de manera concreta, sino general, como ocurre, por ejemplo, en tratándose de los delitos de traición a la patria, portación de armas prohibidas o posesión de drogas, y su ausencia material, no determina la inexistencia de la relación jurídica procesal penal.
Además, aun cuando estuviera personalizado de manera concreta el ofendido, pero por cualquier circunstancia, se opusiera a figurar en el proceso, ello no implicaría necesariamente, la inexistencia de la relación procesal penal, la cual en cambio se realizaría normalmente. Por eso es que esto no significa que tratemos con indiferencia a esta importantísima figura del procedimiento y del proceso penal. Un poco después haremos algunas consideraciones acerca de la trascendencia del ofendido en el enjuiciamiento.


  1. Después tenemos a los SUJETOS NECESARIOS, que son aquellos cuya presencia es requerida en el proceso pero no como determinante de la existencia de la relación procesal penal. O sea, son necesarios, pero su concurrencia en el enjuiciamiento es contingente, puesto que nada se opone a que asistan, pero su falta no altera la existencia del proceso. Entre ellos señalaremos al ofendido por el delito, los testigos, los peritos, intérpretes, secretarios, policías, funcionarios de prisiones, etc.




  1. Finalmente, nos referiremos a los TERCEROS, que intervienen en la relación procesal penal, pero sólo en lo relativo a la reparación del daño, cuando ésta adopta el carácter de responsabilidad civil. A estos terceros, ya aludimos con anterioridad y están señalados en el artículo 32 CP que, entre paréntesis, amerita una urgente reforma legislativa. Esta norma estatuye: “Están obligados a reparar el daño en los términos del artículo 29: I: Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad; II. Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad; III. Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de 16 años, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos; IV. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio; V. Las sociedades o agrupaciones por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan. Se exceptúan de esta regla a la sociedad conyugal, pues en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que cause, y VI. El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos”


Durante el curso, estudiaremos particularizadamente a cada uno de los sujetos indispensable de la relación procesal penal y, hasta donde sea posible a algunos de los sujetos necesarios.
Situación jurídica del ofendido en el proceso penal.
Adelantándonos un poco, por ahora diremos algunas palabras en relación con el ofendido por el delito, que es quien ha resentido por modo directo, alguna afectación o ha visto peligrar al menos, su esfera de derechos como consecuencia del hecho delictivo.
Por eso, a diferencia de lo que ocurre con el inculpado, según veremos, ofendido puede serlo cualquier individuos, incluyendo a los inimputables y a las personas morales, o al hombre mismo antes de su nacimiento (así en el aborto) o sólo en cuanto a su integridad corporal, lesiones o su patrimonio (robo) a su honra, dignidad (calumnias, difamación) etc.
Aun cuando muchas veces la ley, la doctrina y la jurisprudencia hablan de ellas con poca atingencia, equiparándolas o confundiéndolas, pensamos que lo correcto es no perder de vista la diferencia entre el ofendido, y la víctima del delito. Esta última, sufre la afectación o puesta en peligro de su esfera jurídica, de modo indirecto, por la comisión del delito. De esta manera, víctima del delito pueden serlo los familiares del ofendido, pero también la propia familia del inculpado, por ejemplo.
Merced a las reformas del artículo 20 constitucional a partir de 1993 a la fecha, el ofendido ha recibido distinto trato legal, al que con todo desaire, le reservaba la legislación anterior, en que ocupaba, ciertamente, el papel de patito feo de la relación procesal penal.
Ahora, acordes con dichas reformas, en todo proceso penal tendrá la víctima o el ofendido por algún delito, con el rango de garantías individuales, los siguientes derechos:


  1. A recibir asesoría jurídica. Sobre este particular, aplicando la garantía individual, el artículo 141 CFPP, añade el derecho del ofendido a “ser informado, cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación previa o del proceso”




  1. A que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda. Acerca de este punto, véase supra 1.5.2 A), debiendo agregarse que los artículos 141 CFPP y 9° CDF, para ese efecto, autorizan la presentación ante el Ministerio Público o Juez, de datos y pruebas, que conduzcan a justificar la procedencia y monto de la reparación del daño.




  1. A coadyuvar con el Ministerio Público. También autorizan los artículos 141 CFPP y 9° CDF, a la víctima u ofendido, a proporcionar al Ministerio Público o al juzgador, directamente o por medio de aquél, todos los datos o elementos de prueba con que cuenten, que conduzcan a acreditar los elementos del tipo penal y a establecer la responsabilidad del inculpado. La parte final del citado artículo 141 CFPP, ordena que en todo caso, el juez oficiosamente, cite a la víctima u ofendido, para que comparezcan por sí o por su representante designado en el proceso, a manifestar lo que a sus intereses convengan en relación con lo previsto en dicho artículo.




  1. A que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera. La fracción III del artículo 141 CFPP, agrega que también tiene derecho a recibir asistencia sicológica de ser necesaria, la que quizás pudiera estar comprendida ya, en la atención médica referida en la Constitución. Por su lado, la parte final del artículo 9° CDF, hace depender de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el sistema de auxilio a la víctima del delito.




  1. Los demás que señalen las leyes. En relación con este inciso, el artículo 141 CFPP, abundando en las garantías del ofendido, permite que esté presente en los actos procesales en que el inculpado tenga ese derecho, con lo que se propende el equilibrio e igualdad de las partes en el proceso.



En un recorrido por las disposiciones de nuestros Códigos procesales, encontramos las siguientes normas que aluden a la situación del ofendido o de la víctima:
Del CFPP: artículo 2 VI. Compete al Ministerio Público Federal asegurar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos del artículo 38, que a su vez ordena el aseguramiento o restitución de sus derechos, si están legalmente justificados, cuando en las actuaciones, estén acreditados los elementos integrantes del tipo del delito de que se trate; 23, que autoriza al ofendido para imponerse de los autos en la Secretaría del tribunal, 28 y 31 que ordenan se provea de intérprete al ofendido, si no habla o entiende suficientemente el castellano, o si fuere sordomudo; 16, que faculta el acceso a las actuaciones de averiguación, a la víctima u ofendido y/o su representante, si los hubiere, 115, que alude a la querella del ofendido menor de edad, pero mayor de dieciséis años; 133, que autoriza al denunciante, querellante u ofendido a inconformarse contra la resolución en que el Ministerio Público determine no ejercitar acción penal.
Del propio CFPP, el artículo 146, que ordena al Tribunal tomar conocimiento directo de la víctima y la calidad de las personas ofendidas por el delito; 248, conforme al cual el testigo dirá si está ligado al ofendido por vínculos de parentesco, amistad o cualesquiera otros, o si tiene algún motivo de odio o rencor contra de él; 249, que señala la facultad de la víctima u ofendido para interrogar a los testigos; 365, que otorga al ofendido o sus legítimos representantes, el derecho a apelar, cuando hayan sido reconocidos por el juez de primera instancia, como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios.
Del CDF: el artículo 28, conforme al cual el tribunal o juez, comprobados los elementos del tipo penal, dictarán oportunamente las providencias para restituir al ofendido en sus derechos que estén plenamente justificados; 35, el ofendido o la víctima podrán pedir el embargo precautorio de bienes, cuando haya temor fundado de que el obligado a la reparación del daño los oculte o enajene; 36, El ministerio Público practicará las diligencias necesarias para integrar debidamente la averiguación previa, cuando se haya negado la orden de aprehensión o de comparecencia o auto de libertad por falta de elementos...”; 70, que autoriza a la víctima, el ofendido o su representante a comparecer a la audiencia y alegar en las mismas condiciones que los defensores; 80, en tanto deben ser notificadas a la víctima u ofendido o al coadyuvante del Ministerio Público, todas las resoluciones apelables;
Del propio CDF, el artículo 146, que establece que la reconstrucción de hechos se practicará después de la inspección y habiendo sido examinado el ofendido que deba intervenir en ella; 183, que ordena nombrar intérprete al ofendido o víctima que no hablen o entiendan suficientemente el castellano; 206, igual al 248 CFPP, 264 que alude a la querella del ofendido; 271, establece que el Ministerio Público hará que el ofendido sea examinado por los médicos legistas, para que dictaminen, provisionalmente, acerca de su estado psicológico; 296 bis, que obliga al juez del proceso, durante la instrucción a allegarse datos respecto a la calidad de las víctimas u ofendidos por el delito; 417, que concede derecho de apelar al ofendido o sus legítimos representantes, cuando coadyuven en la acción reparadora y solo en lo relativo a ésta; 487, que autoriza al ofendido o la víctima para promover la acumulación; 569 y 572 II, que ordena hacer efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito, la garantía relativa a la reparación del daño.

UNIDAD 2 SUJETOS PROCESALES

2.1. ÓRGANO JURISDICCIONAL

CONCEPTO DE JURISDICCIÓN PENAL
Ahora fijaremos nuestra atención, en el primer sujeto indispensable de la relación procesal penal, concretamente el juez, que también denominamos órgano jurisdiccional penal, órgano de la administración de justicia penal, etc.

Es precisamente el órgano del Estado al que se encarga la función de hacer justicia, la función jurisdicente, (del latín juris dicere, decir el derecho) ello por expreso mandato del artículo 21 Constitucional, que al establecer la división de poderes o de funciones, reservando la investigación, la persecución de los delitos al Ministerio Público y a la policía, que estará bajo su autoridad y mando inmediato, determina la imposición de las penas, como función propia y exclusiva de la autoridad judicial.

El juez penal podemos decir, es el órgano del Estado encargado de resolver, mediante la aplicación de la ley, los conflictos de intereses que el Ministerio Público somete a su conocimiento, con el propósito de preservar el orden social.

Ese conflicto de intereses que el Ministerio Público pone en conocimiento del juez, se presenta entre la sociedad (representada por el Ministerio Público) y el inculpado, a quien se señala como culpable del delito.

Ese es precisamente el conflicto de intereses que el órgano jurisdiccional habrá de dirimir, para preservar el orden social, aplicando la ley.
COMPETENCIA EN EL FUERO COMÚN, EL FEDERAL Y EL MILITAR.
Por definición, todos los jueces, tienen igual facultad de decir el derecho, independientemente de su rango o importancia y del tipo de conflictos que les corresponda resolver.

Pero es claro que el juez no va a andar por ahí diciendo el derecho en cualquier plaza, u ofreciendo al público sus facultades jurisdicentes; por eso es importante señalar los límites de la función jurisdiccional, es decir, el señalamiento del campo en que puede el juez desempeñar su jurisdicción permitirá propiciar orden en la administración de justicia.

La función de administrar justicia, no hay duda que constituye una de las más grandes e importantes misiones del hombre sobre la tierra, porque juzgar a un semejante es, bien visto, lo que más se asemeja a la función de la divinidad.

Por eso, es menester que los hombres que aspiren a encarnar el órgano al que se asigna tan trascendente función, reúnan un mínimo de requisitos y cualidades, que agrupa así la doctrina:



  1. Capacidad subjetiva, que a su vez se subdivide en capacidad subjetiva en abstracto y capacidad subjetiva en concreto, y


2. Capacidad objetiva, también denominada competencia.

A) La capacidad subjetiva en abstracto, está integrada por las condiciones personales exigidas por la ley, a los sujetos que pretendan convertirse en administradores de justicia, y que se traducen en requisitos de carácter:
a) Ético;

b) Técnico;

c) Físico;

d) De nacionalidad;

e) De residencia;

f) De ajeneidad a otras funciones públicas, y

De otros tipos.
Estas condiciones no son iguales en todos los casos y no son requeridas todas, de igual manera, como requisitos para ocupar los cargos de administrador de justicia. O sea, que no se va a exigir el cumplimiento de iguales requisitos, a quien aspira a ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a quien sólo aspira a ser titular de un juzgado de Paz, por ejemplo.

Así, el artículo 95 Constitucional, señala que para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita;



  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, es decir, está reclamando del aspirante, un requisito de nacionalidad que no se satisface, obviamente, siendo mexicano por naturalización. (Requisito de nacionalidad).



  1. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. Este requisito que agrupamos entre los de carácter físico, ya se contemplaba antes de la reforma de 1993, a la disposición que contamos, aunque se establecía como límite de edad a la que podían ser electos, los sesenta y cinco años.


La ley secundaria establecía la obligación a los ministros, de jubilarse forzosamente, al cumplir los setenta años de edad.



  1. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. (Requisito de carácter técnico).


Nótese que esta función de decir el derecho en el más alto nivel jerárquico, hasta ahora no la hemos perdido los Licenciados en Derecho, como sí hemos perdido otras áreas que según parecía, antaño teníamos reservadas en exclusiva.

También debe subrayarse que nuestra ley fundamental en este apartado, no requiere que se haya ejercido realmente la profesión por el beneficiado con la designación de Ministro, lo cual estima irrelevante, siendo suficiente la antigüedad en la obtención del título profesional, cosa que al parecer, encierra una gran incongruencia.



  1. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. ( Es evidente que estamos ante un requisito de orden ético).




  1. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación. (Requisito de residencia).




  1. No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. (Requisito de ajeneidad a otras funciones públicas).




    1. La capacidad subjetiva en concreto, se refiere al órgano de la jurisdicción, pero ya en el desempeño del cargo.


Se traduce en que el juzgador, no se encuentre impedido para resolver el caso concreto que fue sometido a su conocimiento, por existir alguna causa que pueda afectar la imparcialidad de su juicio, como sería, por ejemplo, estar relacionado con las partes de alguna forma, por vínculos de consanguinidad, parentesco, amistad, razones de enemistad, odio o rencor, etc.

En el caso, lo que procede es que el juez, existiendo el impedimento, se excuse de conocer del asunto, y sólo en caso de que no lo haga, cualquiera de los interesados podrá solicitar su recusación. Los artículos 515 y 522 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establecen los impedimentos de los jurados y de los Magistrados, Jueces y Secretarios de los tribunales del Ramo Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), señala los impedimentos de los Ministros, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

Nada más de paso, diremos que el artículo 225 I del Código Penal, señala como delito cometido contra la administración de justicia, el conocer de negocios para los cuales se tenga impedimento legal, o abstenerse de conocer de los que le correspondan, sin tenerlo.



  1. La capacidad objetiva. La literatura procesal penal se refiere a la capacidad objetiva, identificándola con la competencia, que es definida como aptitud del órgano del Estado, constitucionalmente facultado para ello, para ejercer la jurisdicción en un caso concreto.


Conforme a nuestra Carta Fundamental, todo acto autoritario debe respetar la garantía formal de mandamiento escrito, y además de provenir de autoridad competente, para que pueda afectar válidamente, la esfera jurídica del gobernado.

El artículo 16 Constitucional, imperativamente establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Se dice que la competencia es el límite de la jurisdicción, (todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer y resolver determinados asuntos) lo cual significa que la facultad del juez de resolver mediante la aplicación de la ley los conflictos sometidos a su conocimiento, está restringido por la competencia. Ésta, se establece de las siguientes formas:
1. Por territorio;

2. Por la materia;

3. Por el grado;

4. Por la cuantía;

5. Por el turno;

6. Por la seguridad de la prisión, y

7. Por conexidad.


  1. En materia de competencia por el territorio, nuestra legislación procesal penal acoge el principio de la territorialidad, conforme al cual, es competente para conocer de un delito, el juez del lugar en que se cometa. El artículo 6 del Código Federal de Procedimientos Penales dice: “ “Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10. Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido.” 446 y 447 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.


Por su lado, el artículo 1° del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, señala: “Corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito Federal: I. Declarar; en la forma y términos que esta ley establece, cuando un hecho ejecutado en las entidades señaladas es o no delito; II. Declarar la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos, y III. Aplicar las sanciones que señalen las leyes. Sólo estas declaraciones se tendrán como verdad legal.

Los párrafos segundo y tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, estatuyen: “En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competen el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro.”

Ventajas de la territorialidad. La aplicación de este principio, propicia ventajas importantes. Una de carácter procesal, pues es innegable que las pruebas, por regla general, se hallan en el lugar de comisión del hecho delictivo, y el juez, como las partes, por esa razón, tendrán la facilidad de ofrecerlas y desahogarlas.

Otras ventajas de la territorialidad, tienen que ver con la reafirmación de la soberanía del Estado o del país que aplique sus leyes y juzgue por medio de sus tribunales, los delitos ocurridos en su territorio.

Ciertamente, queda en entredicho el carácter soberano de un pueblo, cuando otro país ajeno, tiene que juzgar los delitos cometidos en aquél. Esta fue la tesis de México en el caso del Doctor Álvarez Machain, inculpado de haber intervenido en el homicidio del agente policíaco norteamericano Enrique Camarena Salazar.

Al parecer, el profesional fue trasladado a los Estados Unidos de manera subrepticia y ahí, sometido a juicio por los hechos mencionados, ocurridos en Guadalajara, Jalisco.

Nuestro gobierno, sostuvo el principio de la territorialidad, argumentando que si los hechos delictivos habían ocurrido en México, éramos entonces, el único país facultado para juzgar de ellos, con independencia de la culpabilidad o inocencia del inculpado, sobre la cual, al final de cuentas, no prejuzgaba nuestro país.

A la postre, aunque por caminos distintos (el juez norteamericano estimó que no había datos para enjuiciar por el homicidio, al inculpado y lo liberó), se respetó el principio de la territorialidad, esgrimido por México.

También propende la territorialidad, a la consecución de los fines de la pena.

Efectivamente, una de las múltiples finalidades asignadas a la pena, es la prevención del delito. Esta puede ser particular o general.

La prevención particular se dirige al delincuente, para evitar su reincidencia (te impongo esta pena para que no vuelvas a delinquir) La general, se dirige a la colectividad (observen lo que le ocurrió al transgresor de la ley, ustedes motívense por la norma, para que no les ocurra lo mismo).

A pesar de las múltiples ventajas que acarrea la acepción del principio de la territorialidad, no puede invocarse en todos los casos, porque aplicado irrestrictamente, pudiera conducir a la impunidad.

Cierto, si en todos los caos se va a aplicar la ley y van a juzgar los tribunales del lugar en que se cometió el delito, será bastante con que el inculpado se salga de ese lugar, para que no pueda juzgársele en otro sitio.

Si alguien cometiera un homicidio en Guadalajara, Jalisco, e inexorablemente tuviera que ser procesado y juzgado por los tribunales y con las leyes de ese Estado, en aplicación indiscriminada del principio de territorialidad, bastaría con que se trasladara al Estado de Guanajuato, para que quedara impune su delito.

Estas razones, es decir, la inconveniencia de aplicar siempre, en todos los casos, la territorialidad, y también la lucha contra la impunidad de los delitos, han dado lugar a establecer en algunos casos, la aplicación extraterritorial de la ley mexicana, sólo como casos de excepción.

De esta suerte, las excepciones al principio enunciado, son,

a) El estatuto personal;

b) El estatuto real, y

c) La justicia universal.
Conforme al primero, son competentes para conocer del delito, los tribunales de la nacionalidad del delincuente, sin importar dónde se cometió, ni la nacionalidad de la víctima.

Según el estatuto real, serán competentes para conocer del delito, los tribunales de la nacionalidad de la víctima, con abstracción del lugar en que haya tenido lugar el delito y de la nacionalidad del delincuente.

Finalmente, la justicia universal preconiza la competencia de los tribunales del lugar en que se encuentre el delincuente, ello para dar respuesta a los problemas de impunidad que pudieran derivarse del avance de la civilización, que se traduce en la rapidez de las actuales vías de comunicación, que permiten al delincuente trasladarse de un Continente a otro, en unas cuantas horas.
Claros ejemplos de la aplicación de la extraterritorialidad estudiada, los encontramos en el artículo 4 del Código Penal, veamos:

Se juzgarán con arreglo a las leyes mexicanas, los delitos cometidos en territorio extranjero por:

a) un mexicano contra mexicanos (estatuto real o personal, según se vea);

b) mexicano contra extranjeros (estatuto personal);

c) extranjero contra mexicanos (estatuto real).

¿Cuando se van a juzgar esos casos en el país?, la respuesta esta en el mismo artículo 4 del Código Penal, al señalar las condiciones para que eso ocurra:
a) Que el acusado se encuentre en nuestro país,

b) Que no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y

c) Que la infracción de que se le acusa, tenga carácter de delito, allá y acá.
No debemos concluir este apartado, sin hacer una reflexión acerca de la extradición, por la estrecha relación que tiene con las ideas que estamos manejando, pues a través de esta institución, aunque por otros caminos, también se pretende evitar la impunidad de los delitos.

Si bien la extradición es una institución de carácter claramente jurídico, no puede negarse que también tiene un tinte tangencialmente político, porque al final de cuentas, su procedencia o sea, la entrega o no del individuo solicitado (extraído o extraditado) depende de la soberana voluntad del país requerido, y esa voluntad cuando pertenece a un Estado poderoso, es difícil inclinarla al cumplimiento de la ley, por carecerse de efectivos mecanismos de coerción para ello en el plano internacional.
Si intentáramos una definición, diríamos que la extradición, es la institución jurídico política por virtud de la cual un Estado llamado requirente, solicita de otro, llamado requerido, el envío de uno de sus nacionales, para que compurgue una pena o para que se le juzgue por algún delito.

En algún sentido, podríamos considerar que la extradición, como contrapartida del asilo, que se define como el refugio que se otorga a un extranjero que por razones ideológicas, o de raza , se encuentra expuesto en su país a persecuciones, cárcel o muerte.

El artículo 15 Constitucional, no autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común, que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos.
Estas son las limitaciones constitucionales que se señalan para extradición.
2. La jurisdicción también se limita en razón de la materia;


  1. Dada la forma en que se organiza políticamente nuestro país, como una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación ( artículo 40 Constitucional) podemos hablar de competencia federal, que abarca la jurisdicción para conocer de delitos del orden federal, y competencia local o estatal, que alude a la competencia de los jueces, para conocer de delitos comunes.


La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, publicada en el Diario Oficial de 26 de mayo de 1995, dice en su artículo 50, que los jueces penales federales, conocerán: I De los delitos del orden federal, que son los siguientes: a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales; b) los señalados en los artículos 2° a 5° del Código Penal;

Artículo 2°.- “Se aplicará, asimismo (el CP): I. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República, y II. Por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando hubieren sido juzgados en el país en el que se cometieron.”.

ARTÍCULO 3°.- “Los delitos continuos cometidos en el extranjero, que se sigan cometiendo en la República, se perseguirán con arreglo a las leyes de ésta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. La misma regla se aplicará en el caso de delitos continuados”.

ARTÍCULO 4°.- “Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros: o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República , con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes: I. Que el acusado se encuentre en la República; II. Que el reo haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió; y, III. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República.”

ARTÍCULO 5°.- “Se consideran como ejecutados en territorio de la República: I. Los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales; II. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende a bordo de un buque de guerra nacional surto en puerto o aguas territoriales de otra nación a que pertenezca el puerto; III. Los cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, sí se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad; IV. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos y los que señalan para buques las fracciones anteriores, y V. Los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas.”



  1. Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; e) Aquellos en que la federación sea sujeto pasivo; f) Los cometidos por o en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; g) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;



También son federales: h) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; i) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación; j) Los señalados en el artículo 389 Código Penal, cuando se prometa o proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal;

k) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal.

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ARTICULO 401.- “Para los efectos de este capítulo, se entiende por: II. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales, sus candidatos y los ciudadanos a quienes en el curso de los procesos electorales federales los propios partidos otorgan representación para actuar en la jornada electoral ante los órganos electorales en los términos de la legislación federal electoral”,

l) De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales.

Por exclusión, delitos del común serán todos los no expresados en la anterior relación.

Pues bien, resulta claro que los jueces federales limitan su jurisdicción, en este aspecto de competencia por materia, al conocimiento en exclusiva, de los delitos del orden federal; los jueces locales, conocerán sólo de delitos comunes.

En este mismo aspecto, se alude a los jueces militares cuya jurisdicción se restringe al conocimiento de los delitos establecidos por el Código de Justicia Militar, cometidos precisamente por militares. Sirve aquí de fundamento el artículo 13 Constitucional, que hace subsistir el fuero de guerra para los delitos y faltas militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas no pertenecientes al ejército, en el concepto de que se surtirá la competencia civil, si en un delito militar se viese complicado alguien que no lo sea.

También por la materia, tenemos la llamada competencia constitucional, conforme a la cual, en algún caso, surge la competencia de la Cámara de Senadores, convertida en sentenciadora, para el juzgamiento de determinados hechos delictivos atribuidos al Presidente de la República. Artículo 111, párrafo cuarto Constitucional “Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.”

Por último, por la materia, la jurisdicción se limita en tratándose del jurado popular, conforme a lo dispuesto por los artículo 20 fracción VI y 111 Constitucional, en relación con los artículos 56 a 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

b) Pero también en relación con la materia, la jurisdicción se ve limitada por la especialización, y así tenemos, jueces de lo civil, familiar, concursal, de la inmatriculación judicial, penal, laboral, etc., y en materia federal, existen Juzgados de Distrito cuya jurisdicción está restringida al conocimiento sólo de asuntos civiles, penales, administrativos, etc., si bien existen Juzgados de Distrito en la República Mexicana, que no tienen esta limitación competencial por la especialidad, sino que conocen y resuelve negocios de cualquier materia.

3. La competencia por el grado, es aludida por el artículo 23 Constitucional, en la medida en que señala que los juicios del orden criminal no deberán tener más de tres instancias. Así, se habla de jueces de primer grado o primera instancia y de segundo gradado o instancia. Ambos, como se viene señalando, tienen jurisdicción, sólo que los jueces de primer grado, no pueden ejercerla en asuntos de segunda instancia y al revés. Estos últimos, generalmente tienen asignada competencia para conocer de los medios de impugnación, recursos o inconformidades que se interpongan, contra las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia.

4. Por la cuantía, en el orden común, la competencia de los juzgados de Paz, en materia penal, es para conocer, sumariamente, de estos delitos:

ARTÍCULO 11. “Para fijar la competencia cuando deba tener por base la sanción que la ley señale, se entenderá: I. A la sanción correspondiente al delito mayor, en caso de acumulación; II A la suma de los máximos de las sanciones de prisión, cuando la ley disponga que a la correspondiente a determinado delito se agreguen otra u otras de la misma naturaleza, y III A la sanción de prisión, cuando la ley imponga varias de distinta naturaleza”:

En materia federal, los Juzgados de Distrito en Materia Penal, conocen de toda clase de asuntos federales, sin que para ello sea relevante el quantun de la pena a imponer.

5. En materia federal, los Juzgados de Distrito en el Distrito Federal, limitan su jurisdicción por el turno semanal. O sea, cada uno de los doce juzgados federales penales, está en turno una semana, sucesivamente en el año, durante la cual, reciben todas las consignaciones que envíe el Ministerio Público Federal, además de las demandas de amparo penal que se presente. Los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito en el Distrito (Primer Circuito) y también cuando otro circuito distinto de éste, se establezcan dos o más tribunales con idéntica competencia y residencia en un mismo lugar (por ejemplo en Monterrey o en Guadalajara) el turno rige estableciéndose una oficina de correspondencia común, que recibirá las promociones, las registrará por orden numérico riguroso, y las turnará inmediatamente al tribunal que corresponda, de acuerdo con las disposiciones del Consejo de la Judicatura Federal.

En el orden común, el turno resulta ser aleatorio porque lo fija al azar una computadora, que distribuye de manera equitativa aunque sin orden predeterminado, las consignaciones que van a los 66 juzgados penales del Distrito Federal.

6. El párrafo final del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establece la competencia para conocer de un asunto, a un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado o a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez.

Esto es aplicable también, cuando el juez, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que SERÁ COMPETENTE EL TRIBUNAL DEL LUGAR EN QUE SE UBIQUE DICHO CENTRO.

7. El otro caso de jurisdicción limitada por la conexidad o atracción, deviene del mismo artículo 10, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, pues en caso de concurso de delitos, declara que el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

Son delitos conexos, dice el artículo 475 del Código Federal de Procedimientos Penales:


  1. Los cometidos por varias personas unidas;

  2. Los cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas;

  3. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medio de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.


De manera esquemática explicaremos cómo se organiza la justicia penal federal y local, en nuestro medio.



    1. En materia penal federal (artículo 94 Constitucional) el máximo tribunal de justicia de la Nación, que actualmente se integra con once Ministros y funciona en pleno o por Salas, según la competencia del caso concreto señalada en la ley. Uno de los Ministros será electo democráticamente por los otros, para desempeñar el cargo de Presidente, durante cuatro años, sin poder ser reelecto. Respecto a la forma de su designación el artículo 96 Constitucional, dice: “ Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la república someterá una terna a consideración del Senado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada ocupará el cargo la persona que dentro de dicho terna designe el Presidente de la República”:


Cada Sala la integraran cinco Ministros. La Primera Sala, conoce de problemas de constitucionalidad en asuntos civiles y penales. La Segunda, de constitucionalidad de asuntos administrativos y laborales.

Los ministros, durarán quince años en su encargo, sólo podrán ser removidos por incurrir en responsabilidad y durante el cargo no podrá disminuirse su remuneración. (Requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia: Ver supra 2.1.2. A)

También se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito. Artículo 97 Constitucional párrafo primero: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley”.

En el Distrito Federal, existen en materia penal, cuatro Tribunales Colegiados de Circuito integrados por tres magistrados, cada uno de ellos y cuatro Tribunales Unitarios de Circuito, que como su nombre la indica, están presididos por un magistrado cada uno de ellos.

En términos generales, los Colegiados conocen y resuelven los recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas en amparo indirecto penal, por los Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, y también conocen, en única instancia, de juicios de amparo directo penal, es decir, del amparo que se hace valer en contra de resoluciones que constituyen cosa juzgada.

Los Unitarios, también en términos muy generales, conocen y resuelven de los recursos que se interpongan, en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de distrito, en los procesos penales federales. En los términos de la recientemente publicada LOPJF, también tienen competencia para conocer de amparo indirecto, contra resoluciones dictadas por otro Tribunal Unitario, siempre que no se impugne la sentencia definitiva.

Igualmente, en el Distrito Federal existen doce Juzgados de Distrito, cuatro en cada uno de los tres Reclusorios Preventivos del Distrito Federal, y tienen competencia para instruir y resolver procesos penales por delitos del orden federal, por un lado, y además, conocen, en primera instancia, del juicio de amparo penal indirecto o biinstancial.

Se deposita también el Poder Judicial de la Federación, para su ejercicio, en el Consejo de la Judicatura Federa, acordes con el artículo 100 Constitucional, que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federal, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estará integrado por siete miembros: El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también presidirá el Consejo; un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuitos; uno de los Tribunales Unitarios de Circuito; un Juez de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. En Pleno, resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces. Salvo el Presidente, los Consejeros durarán cinco años en su cargo, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Por último, el Poder Judicial de la Federación ejerce: a) por el jurado popular de ciudadanos (artículos 56 a 66 LOPJF) cuya competencia se limita a conocer y resolver los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación, que sólo mencionamos de paso, por su escasa o nula importancia práctica, habida cuenta de que es muy rara su actuación en el desempeño de sus funciones, y b) Por todos aquellos tribunales de los Estados y del Distrito Federa, que deben actuar en auxilio de la justicia federal.



    1. En el orden común, de acuerdo con el artículo 122 Base Cuarta Constitucional y 619 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.


Cada Sala Penal del Tribunal, se compone de tres Magistrados y en términos generales, conocen y resuelven los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas por Juzgados Penales del orden común y por los Juzgados de Paz, del Distrito Federal.

De conformidad con el artículo 116 Constitucional, fracción III, párrafo tercero, los Magistrados deberán reunir los requisitos señalados en las fracciones I a V del artículo 95 Constitucional serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con aprobación de la Asamblea de Representantes, durarán seis años en su cargo, podrán ser reelectos y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos por incurrir en responsabilidad oficial, articulo 122 Base Cuarta Constitucional.

La función judicial en el Distrito Federal, se ejerce por Jueces Penales de Primera Instancia, distribuidos equitativamente en los tres Reclusorios Preventivos del Distrito Federal, y Jueces Penales de Paz que están localizados en las diferentes Delegaciones Políticas del Distrito Federal.

Los primeros, conocen y resuelven, en general, los procesos penales instruidos por delitos del fuero común. Los de Paz, conocen e instruyen procesos penales , en delitos del orden común, cuya pena máxima no rebase los cuatro años de prisión, o bien cuando estén sancionados con pena diferente a la privativa de libertad, en términos de los artículos 10 y 11 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los juzgados penales y demás órganos judiciales, también en los términos del artículo 122 II Constitucional, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la admisión, adscripción y remoción de Magistrados y jueces; se integrará por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente de Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado; un Juez de Primera Instancia; un Juez de Paz, electos mediante insaculación; dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes y uno por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, durarán cinco años en su cargo, serán substituidos en forma escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

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