1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general






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1.5.1 El objeto principal

Éste, ya se ha dicho, está constituido por el conflicto de intereses que ha de resolverse por el juez, aplicando la ley.
De esta suerte, el proceso penal persigue de manera fundamental, la represión de los actos punibles, a través de la imposición de las sanciones. En este sentido, la pretensión punitiva del Estado, objetivada por el ejercicio de la acción penal en contra de un individuo, constituye el objeto más importante del proceso.
Sin embargo, hay que precisar que en el proceso se van a ventilar hechos delictuosos imputados a alguien, a los cuales el juez enlazará el derecho, según el valor que atribuya a las pruebas desahogadas, obteniendo un juicio que volcará en sentencia.
Gómez Orbaneja y Herce Quemada, injustamente criticados por Colín Sánchez, sostienen que el objeto del proceso, lo constituye el hecho por el que se acusa a alguien, el contenido sobre el que versa su conducta, la actividad del individuo que se estima delictiva y que ha de juzgarse por sentencia, en una palabra, el objeto del proceso es un hecho estimado como delito.
Por si el objeto del proceso se estimara un “crimen” (una figura delictiva) y no un “factum” (hecho delictuoso), según sostienen con propiedad, “bastaría modificar el punto de vista jurídico, la calificación, para excluir la litispendencia o la cosa juzgada; se podría volver a juzgar a la misma persona con el mismo hecho”, con sólo calificar el hecho, de un modo distinto, con otro nombre diferente, al de la figura delictuosa aludida en la sentencia.
Pero también se ocupa el proceso penal de otros objetos que figuran al lado del principal, según ahora veremos.
1.5.2 OBJETOS ACCESORIOS DEL PROCESO PENAL
Pudieran constituirlos aquellas otras cuestiones que surgen de manera marginal, al conflicto esencial sometido al conocimiento del juez, como en algún sentido podría ser la reparación del daño, según veremos a continuación.
1.5.2.1. LA REPARACIÓN DEL DAÑO
Estimamos que la reparación del daño resultaría cuestión accesoria, sólo cuando ejercitada la acción penal por el Ministerio Público, el ofendido o su legítimo representante promovieran la acción reparadora de daños en el proceso, contra algún tercero ajeno al inculpado, adoptando así la forma de responsabilidad civil.
Porque si la acción reparadora la ejercita el Ministerio Público, al mismo tiempo que la acción penal, contra el inculpado, entonces ocuparía junto con ésta, el objeto principal del proceso.
El fenómeno no representa novedad, especialmente para el jurista mexicano, porque el proceso penal tiende a la represión de los actos punibles, mediante la imposición de penas, y a la luz de los artículos 24, 29, 31 y 34 del Código Penal, la reparación del daño constituye, junto con la multa, una pena, la sanción pecuniaria justamente que, solicitada por el Ministerio Público en el proceso, contra el infractor (solicitud que la ley le obliga a formular en todos los casos, y que también resolverá obligatoriamente el juez, a riesgo de ser sancionados, con multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo) no queda duda de que se trata de una pena pública, y como tal, malamente podría estimarse como objeto accesorio del enjuiciamiento penal.
En cambio, nada se opone a que se considere a la reparación del daño, cuando asume la forma de responsabilidad civil (o sea, si la reclama el ofendido o su representante, a alguna de las personas relacionadas en el artículo 32, en los términos del artículo 34 párrafo tercero del Código Penal) como un objeto accesorio del proceso penal, como también objetos accesorios del él, podrían considerarse las cuestiones que son materia de los puntos resolutivos de la sentencia, que no aludan a la cuestión principal: el decomiso de los instrumentos del delito o en algún caso, la orden de destrucción del estupefaciente objeto del propio delito, por ejemplo.
El daño o afectación sufridos en la esfera jurídica del ofendido o la víctima, con motivo del hecho delictivo, debe corresponderse con su reparación.
En términos del artículo 32 del Código Penal, la reparación del daño comprende: la restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible, el pago de su precio, así como la indemnización del daño material y moral y de los prejuicios causados, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.
Respecto al último rubro mencionado, pudiera entrar en conflicto con la parte final del artículo 20 Constitucional, que sólo señala para la víctima, el derecho a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera, y sólo una interpretación extensiva, aunque no necesariamente injusta incluiría aquí el pago de los gastos que originen los tratamientos curativos (honorarios médicos, sanatorio, medicinas, prótesis, instrumental quirúrgico, en su caso, etc.) a que alude el Código Penal.
Ya se ha dicho que la reparación del daño, puede adoptar el doble carácter: de pena pública o de responsabilidad civil y se fijaron más arriba, las condiciones de cada caso.
A la reparación del daño, tienen derecho, en el siguiente orden: 1° El ofendido; 2° En caso de fallecimiento del ofendido, su cónyuge supérstite, concubinario o concubina, y los hijos menores de edad; a falta de éstos, los demás descendientes y ascendientes que dependieren económicamente de él al momento del fallecimiento, artículo 30 bis del Código Penal.
Los jueces fijarán la reparación, según el daño que precise repararse de acuerdo con las pruebas aportadas, las cuales podrán hacerse llegar al proceso por el ofendido o sus derechohabientes, directamente al juez, o a través del Ministerio Público, y versarán sobre la procedencia y monto de la reparación, artículos 31 y 34 del Código Penal.
La ley (artículo 34 párrafo segundo del Código Penal), sanciona con multa “el incumplimiento por parte de las autoridades de la obligación anterior”, aunque al parecer el legislador secundario, al expresarse en plural, se olvidó de que la única autoridad en el proceso es el juez.
Si no pudiera obtenerse la reparación del daño en sede penal, en virtud del no ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, se podrá recurrir a la vía civil de acuerdo con la legislación correspondiente. Artículo 34 in fine Código Penal.
La reparación del daño, como la multa, se harán efectivas a través del procedimiento económico coactivo. Artículo 37 del Código Penal.
Finalmente, el artículo 39 del Código Penal, autoriza al juez , con vista del monto del daño y la situación económica del obligado, a conceder plazos no mayores de una año, para el pago, pudiendo solicitar garantía.
1.6. LOS FINES DEL PROCESO PENAL
En términos generales, no son distintos o ajenos a los fines que persigue el derecho: procurar el bien común, la justicia, la seguridad.
Ahora bien, en tratándose del proceso penal, existe también coincidencia entre sus fines y los del proceso en general, así como con los del derecho en general, a que hemos hecho alusión.
La doctrina establece, siguiendo a Eugenio Florián, la clasificación entre fines generales y específicos del enjuiciamiento penal.
1.6.1. EL FIN GENERAL DEL PROCESO PENAL, MEDIATO E INMEDIATO
El fin general del proceso penal, a su vez, se distingue en:


  1. Mediato que “se identifica con el del Derecho Penal (prevención y represión del delito) en cuanto está dirigido a la realización del mismo, que tiende a la defensa social, entendida en sentido amplio, contra la delincuencia”




  1. El fin general inmediato del proceso penal, es la aplicación de la ley abstracta e impersonal, al caso concreto y particular, lo que significa que el objetivo general inmediato del proceso penal, se encaminará a demostrar, por una parte la existencia del hecho delictivo y por otra, la responsabilidad del inculpado.


1.6.2. Específicos: La verdad histórica y la personalidad del procesado.
Se afirma que los fines específicos del proceso penal, están representados por:

  1. El descubrimiento de la verdad histórica (que revelará la existencia del delito y la responsabilidad del imputado), y




  1. La personalidad del delincuente.




  1. Con relación a la verdad histórica que busca el proceso penal, es claro que el término “histórico”, alude a la verdad de lo ocurrido en el pasado, es decir, a la forma real en que ocurrieron los hechos delictivos que serán el objeto principal del proceso penal, o como gráficamente señala el Doctor Pedro Hernández Silva, consiste en volver atrás, desde su inicio, la película en la que constan los hechos justiciables.


En este fin específico, la búsqueda de la verdad histórica, término que se equipara al de la verdad real, es de tal trascendencia, que se ha fincado en él, la diferencia con el proceso civil que, se asegura, trata de encontrar sólo la verdad formal, es decir, aquella que las partes quieran mostrar al juez.
Admitir este aserto, equivale a estar conforme en la existencia de varios tipos de verdades, una verdad real o la verdadera, una media verdad y otra verdad para efectos formales, ello a pesar de que la Axiología, capitulo de la Filosofía que estudia los valores, establece la unicidad del valor verdad.
Quizás por lo que a este punto atañe, la diferencia entre el proceso civil y el penal, deba buscarse más bien la forma en que se accede, en cada caso, a la verdad.
En relación con la personalidad del delincuente, debe decirse que el logro de esta finalidad específica, que se propone el proceso penal, está en íntima conexión con la individualización de la sanción, es decir con la determinación del quantum de la pena, problema que enfrentará el juzgador, una vez resuelta la pretensión punitiva estatal, en sentido afirmativo.
La muy reciente orientación de nuestras leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, hacia el llamado Derecho Penal de acto (que lo atribuye a los Estados de derecho, y conforme al cual, habrá que sancionar con base en la conducta del infractor, en lo que hizo, en el grado de culpabilidad que le sea reprochable) y no el Derecho Penal de autor (que se fija esencialmente en quién es el delincuente, qué grado de peligrosidad social representa y hasta qué punto es probable su reincidencia) al parecer le han restado la importancia que tradicionalmente había tenido, para la fijación de la métrica de la pena o medida de seguridad, al estudio de la personalidad del delincuente.
No obstante, el artículo 51 del Código Penal, obliga al juez, para la aplicación de las sanciones, a tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito y las peculiares del delincuente. Por otro lado el artículo 52 del mismo Ordenamiento, exige al juez adecuar las sanciones, dentro de los límites señalados para cada delito, a la gravedad del mismo y al grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:


  1. La magnitud del daño causado al bien jurídico, o al peligro a que hubiere sido expuesto;

  2. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

  3. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

  4. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;

  5. La edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del inculpado y los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y, además si pertenece a alguna etnia, sus usos y costumbres;

  6. El comportamiento posterior del acusado, con relación al delito cometido, y

  7. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente, en el momento de la comisión del delito, si son relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.


Cabe mencionar que nuestros Códigos adjetivos, imponen por igual al Ministerio Público y al juez, la obligación de allegarse, oficiosamente, los informes sobre las cuestiones anteriores, durante la instrucción e inclusive en la averiguación previa; en este caso, para que el órgano de la acusación pueda hacer fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan, al ejercitar acción penal o al formular conclusiones. Artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales y 296 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

1.7. SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL
Para hablar de los sujetos que integran la relación jurídico procesal, es muy importante de modo previo, dar un vistazo a los sistemas de procesamiento, porque constituyen las reglas conforme a las cuales ha de regirse y se va a resolver, el conflicto de intereses planteado al órgano jurisdiccional.
Los sistemas de procesamiento, se integran con el conjunto de normas que regulan de manera ordenada la forma en que se lleva a cabo el procesamiento de quien ha sido inculpado de la comisión de un hecho delictivo.
Esto significa que a aquel que se le enjuicia por un delito, debe aplicársele cierta normatividad que es común a todos los justiciables, porque no es propósito del legislador hacer escarmientos con nadie. Por esa razón, nuestra Constitución, prohibe el juzgamiento por leyes privativas o tribunales especiales, al expresar el artículo 13: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
Pues bien, los sistemas de procesamiento, establecen esas formas que son utilizadas para llevar a cabo el enjuiciamiento de alguien, a quien se atribuye la comisión de un delito.
Tradicionalmente se señalan tres sistemas de procesamiento diversos que, en orden de antigüedad, son los siguientes: el acusatorio, el inquisitorio y el mixto.
De manera uniforme, se admite que ninguno de ellos se muestra totalmente puro, pues siempre se permea en uno, alguna o algunas de las características que normalmente se atribuyen al otro sistema, no obstante lo cual, el número predominante de las pertenecientes a uno u otro, es lo que permite conocer su perfil característico y por ello, asimilarlo al correspondiente sistema.
Históricamente se ha identificado cada uno de los sistemas de enjuiciamiento, con las características que corresponden al régimen de gobierno del país en que se aplican, de modo que en términos generales, en los países gobernados democráticamente, es el sistema acusatorio el que regula las formas de procesamiento, reservándose el inquisitivo para los regímenes de gobierno dictatoriales o totalitarios, en los que se anteponen a las garantías y derechos del individuo, los preferentes intereses sociales, posponiendo de esta forma, la aplicación de la ley en aras de las razones de Estado.


  1. Se afirma que el sistema de procesamiento acusatorio, encuentra sus orígenes en Grecia y en la República Romana. A la fecha, con algunos signos de identificación propios, se aplica en Inglaterra y en los Estados Unidos de América.


Reconoce como principales características, las siguientes:


    1. Se encuentran diferenciados perfectamente los órganos de juzgamiento, acusación y defensa, por lo que las funciones respectivas, están encomendadas a órganos diferentes, que las realizan de modo independiente. Esta separación de las funciones integradoras del triángulo procesal, permite a la vez que formar un proceso de partes, garantizar mayor objetividad e imparcialidad en el juzgamiento.


En sus orígenes, como en la actualidad, la facultad de decisión la ha ejercido un órgano del Estado, sin embargo, inicialmente, el órgano jurisdiccional no podía abrir el juicio ex oficio (oficiosamente), pues requería de la acusación privada previa, es decir, del impulso del afectado por el delito o del de sus familiares. Más tarde, se admitió la intervención de cualquier ciudadano como denunciante, lo que permitió establecer la distinción entre delitos privados y públicos.
En la actualidad, confiado el ejercicio de la acción penal en exclusiva, a un órgano del Estado, el juez no puede iniciar el proceso sin que esa acción sea previamente deducida ante él.
De la misma manera, la debida constitucionalidad del procesamiento, exige la presencia del defensor en todos los actos de éste, so pena de declararse nulo lo actuado sin su concurrencia.


    1. En el sistema acusatorio, rigen los principios de oralidad, publicidad y concentración de los actos procesales, lo que significa que el enjuiciamiento es tramitado verbalmente, y sólo lo esencial se documenta por escrito. Las diligencias en que se realizan actos de procesamiento, pueden ser presenciadas por cualquier persona y se propende a realizar la totalidad del procesamiento en una sola audiencia, en la que se desahogan las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y se pronuncia la sentencia.




    1. La libertad probatoria y la libre valoración del juez respecto del material convictivo, son constantes del sistema acusatorio, no existe límite en cuanto al material de prueba que puedan aportar las partes, y no existe tasación del valor de la prueba.




    1. También identifican este sistema, entre otras, las siguientes peculiaridades: la igualdad procesal de las partes, que da equilibrio a la causa; la inapelabilidad de la sentencia, el estatismo del juez, que no está facultado para buscar pruebas, reclasificar delitos, intervenir en los interrogatorios oficiosamente, es decir, queda sujeto el juez a la actividad de las partes; la existencia de un juez que solo se ocupa de instruir la causa, y otro u otros de dar el veredicto; el predominio del interés particular sobre el social, al estimarse que el delito primordialmente ofende a aquél; la figura del inculpado como sujeto y no como objeto del procesamiento; y, la libertad del encausado durante el procesamiento.


A propósito de esta última característica del Doctor Fíx Zamudio dice: “Si entendemos que la prisión preventiva es una privación de derechos sin previo juicio, debemos concluir que, en buena lógica, constituye una violación a la presunción de inocencia. En aras de la defensa de la sociedad contra el delito, la prisión preventiva debería, pues, aplicarse únicamente en casos excepcionales y, en esos casos, durante el menor tiempo posible.” “En México el 74.23 % de las personas privadas de su libertad son personas sin condena, es decir, son procesados sometidos a prisión preventiva. Esta situación se debe a que las normas procesales impiden al procesado en múltiples casos, obtener su libertad bajo caución y a la excesiva duración de los procesos...”


  1. En el sistema inquitivo, campean los principios opuestos al acusatorio, y la Roma imperial así como la baja Edad Media, dan testimonio fiel de su acuñación, siendo el derecho canónico su mejor representativo, y la amplia vigencia que tuvo en Francia, terminó con la entronización de las ideas liberales y democráticas, que enarboló la revolución de ese país.


Así, pues, caracterizan a este sistema:


    1. La Fusión en un solo órgano, de las funciones de acusación, defensa y juzgamiento;




    1. El secreto en las actuaciones;




    1. La escritura como principio predominante, y




    1. La continuidad o práctica de sucesivas audiencias en las que se realizan los actos procesales;




    1. La restricción en la prueba, y el valor de ella tasado en la ley: La prisión preventiva del inculpado;




    1. El desequilibrio entre las partes;




    1. La existencia de múltiples medio impugnativos;




    1. La actividad jurisdiccional representada por el juzgador que busca los materiales de prueba;




    1. El interés particular subordinado al social, y




    1. La figura del procesado sólo como un objeto de juzgamiento.


Estos son los signos predominantes de la inquisición.


  1. El sistema de procesamiento penal mixto, encuentra justificación en la deontología procesal, que propende al equilibrio entre el interés social y el particular, y remonta sus orígenes a la etapa previa a la revolución francesa, cuyas ideas liberales determinaron la acogida del sistema acusatorio, que estaba ya presente en el procesamiento inglés.


Hay que aclarar que no es sólo la mezcla de los sistemas anteriores. El mixto más bien halla acomodo en las dos partes en que tradicionalmente se ha dividido el procesamiento, a saber, el sumario y el plenario.
En la primera etapa, se acoge la inquisición y predominan por eso, la escritura, el secreto y la concentración y la otra fase, es perfectamente acusatoria, aunque debe aclararse, conforme se lleva dicho, que una u otra, no deben entenderse en su forma pura y, además, en la legislación procesal de cada país, se imprimen las características que le son propias, por eso se ha dicho que no hay un solo sistema mixto, sino tanto como códigos lo adoptan.
No es ocioso aclarar que tanto el sumario o instructivo, como el plenario, se tramitan ante la autoridad judicial, supuestos que constituyen formas de procesamiento y el proceso, sabido es que constituye una cadena de actos que progresivamente se desarrollan, en busca de su fin último, normalmente constituido por la sentencia, pero en todo caso, se sigue en sede judicial.


  1. Respecto del sistema penal de procesamiento que rige a nuestro país, la doctrina casi de manera unánime se pronuncia por un sistema mixto, si bien difieren en la estimación de si se inclina al acusatorio, o más bien está dominado por el inquisitorio.


Ahora nos referiremos a los actores de lo que el Maestro Carrancá y Rivas llama el “Drama Penal”. Al aludir a ellos y para no enfrascarnos en la polémica doctrinaria que surge a propósito del concepto de “parte”, al que más abajo haremos referencia, los mencionaremos como los sujetos de la relación jurídico procesal penal y, en su orden, los estudiaremos hasta donde sea posible, de acuerdo con las exigencias de nuestro plan de estudios.
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