El derecho de organización. Teoría del Órgano. La competencia. Relaciones interorgánicas. Jerarquía. La desconcentración y conflictos de atribución






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PRIMERA PARTE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
TEMA 2
El derecho de organización. Teoría del Órgano. La competencia. Relaciones interorgánicas. Jerarquía. La desconcentración y conflictos de atribución.
Se parte de una premisa la Administración se puede entender como una gran organización pero, en realidad, se tendría que hablar de una pluralidad de organizaciones (administración del estado, las 17 administraciones autonómicas, etc.) ya que todas ellas tienen una personalidad jurídica propia y diferenciada.

¿Qué se entiende por organización?

Una organización es un conjunto de medios de diferentes tipos (de tipo personal, material y financiero) ordenados o dispuestos ordenadamente en una serie de unidades diversas a las cuales se atribuyen toda una serie de funciones específicas a efectos del cumplimiento eficaz de la totalidad de funciones que tienen encomendadas la determinada entidad donde se integran estas unidades.

Hay dos conceptos claves;

  • Unidad (unidades en que se descompone la entidad); el concepto de unidad es el que luego nos llevará a un concepto más importante, que es el órgano administrativo.

  • Entidad; por otra parte hemos de decir que el concepto o la noción de entidad vendría a identificarse con el resultado final de la integración de las diferentes unidades y la noción de entidad es sinónimo de la noción de organización, la noción de organización se puede identificar con la Administración pública.

Una particularidad es que no es sólo esto, a partir de la Revolución Francesa y con toda la teoría de la división de poderes se produjo la identificación entre Administración pública y el poder ejecutivo (siglos XVIII-XIX), pero a mitad del siglo XIX aparece en Alemania una nueva concepción (concepción de la personalidad jurídica del estado) la cual surge con la idea de dar respuesta al problema de quien era el titular de la soberanía? La respuesta es el Estado, entendido como persona. Esto provoca que una vez se otorga personalidad jurídica al Estado en su conjunto, los tres poderes que lo componían queden un poco diluidos, de tal forma que la Administración (hasta ahora se identificaba con el poder ejecutivo) pasa a ser identificada como una función del Estado persona. Contra esto, se produce una reacción y se dice; las funciones del Estado son contingentes y, por tanto, la Administración pública no se puede identificar con las funciones que realiza, pero tampoco es posible entender la administración como un simple complejo de unidades y lo realmente característico de esta organización (Administración pública) es que está dotada de personalidad jurídica (esto significa que necesariamente se convierte en sujeto de derecho y por tanto, puede ser titular de relaciones jurídicas (concretamente, de las relaciones jurídicas relacionadas con las funciones que tiene encomendada esta organización)).

Administración pública; organización con personalidad jurídica propia. No se puede identificar Administración pública con una simple organización. Las administraciones públicas son organizaciones personificadas.

A partir de aquí, esta organización personificada entonces empezará a ser objeto de trato por parte del derecho, en concreto, del Derecho administrativo. El derecho administrativo se ocupa de la actividad del sujeto y del propio sujeto, así, una parte del derecho administrativo no se ocupa de regular las relaciones donde interviene el sujeto (Organización personificada (Administración pública)), sino de regular al propio sujeto y sus relaciones internas. Esta parte del derecho administrativo no regula las relaciones del sujeto, sino al propio sujeto, y como es lógico son normas jurídicas que forman parte del derecho administrativo (a esta parte del derecho administrativo se la denomina derecho de la organización administrativa). Este bloque normativo (derecho de la organización administrativa) por la presencia de normas de muy diferente tipo (empezando por la constitución, pasando por las leyes y normas con rango de ley hasta llegar a las normas reglamentarias). De las tres la más peculiar de todas es la tercera (normas reglamentarias), porque las normas reglamentarias quien las dicta es la propia administración (art. 11 LPAC, poder de autoorganización), esto significa que la administración se puede autorregular i así, de todas las normas que regulen la organización personificada, algunas de ellas proceden del propio sujeto que es objeto de la regulación y por tanto, la administración tiene poder para autoorganizarse.

¿Tiene un poder ilimitado? No, porque las normas reglamentarias no son exclusivas de la materia organizativa (hay leyes, etc.). Debemos saber que no siempre ha sido así, sino que ha habido momentos en que se han defendido a favor de la administración (poder ejecutivo) una potestad organizativa plena (exclusión de la ley en la regulación de la materia organizativa), la materia organizativa era propia de la potestad reglamentaria. Esto iba acompañado de otras dos teorías (creencias);

  1. Las normas de organización no son normas jurídicas.

  2. La potestad organizativa era una potestad discrecional (no control por parte del tribunal).

Resultado de todo esto es que la potestad organizativa quedaba totalmente excluida del control de los dos otros poderes (legislativo y judicial).

Todo esto ha cambiado, la materia organizativa es una más de las materias administrativas y evidentemente, está sometida al control de los tribunales de justicia (art. 106 CE; control de la potestad reglamentaria) y además, la materia organizativa perfectamente puede regularse por ley (en nuestro ordenamiento jurídico no hay nunca reserva reglamentaria, en cambio sí que hay reserva reglamentaria de ley (cualquier materia (ejemplo; materia organizativa)) puede ser reclamada por el legislador y ser regulada por ley).

Constitución; establece los principios generales que configuran el modelo organizativo de la administración española (art. 103.1 CE) y el régimen de creación de los órganos administrativos.

Normas legales organizativas; normas organizativas con rango de ley, hay muchísimas y tratan de establecer aspectos esenciales de la materia organizativa.

Normas reglamentarias; las normas reglamentarias, evidentemente, siempre deben estar ajustadas a la regulación establecida por normas de rango superior (constitución y leyes). La parte reglamentaria organizativa ha de respetar las normas de rango mayor, lo que pasa es que esto que es así, en el supuesto de la materia organizativa tiene una cierta peculiaridad y es que la materia organizativa no difiere de otras materias administrativas, necesariamente ha de ser conforme a las normas de rango superior, pero también es cierto que en la materia organizativa (a diferencia de lo que sucede con otras materias administrativas que afectan a los derechos y deberes de los ciudadanos) es posible la producción de reglamentos independientes (en las otras materias administrativas sólo reglamentos ejecutivos).

Reglamento independiente; no necesitan para su creación una previa habilitación legal expresa y no está destinada a ejecutar una previsión legal.

Reglamento ejecutivo; sí deriva de una previsión legal y está destinado a ejecutar la ley (previsión legal).

Esto no quiere decir que todos los reglamentos de organización tengan la condición de independientes, puede suceder que la ley dicte disposiciones organizativas y remita al reglamento su desarrollo (reglamento ejecutivo) pero también es posible dictar reglamentos independientes. Así, los reglamentos que dicta la Administración en materia organizativa (orgánica) puede encontrarse, respecto de la ley, en una doble situación;

  1. Ejemplo; Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado Administración periférica la figura de los directores insulares disposición legal organizativa, pero la ley dice que reglamentariamente se determinará aquellas islas donde haya un director insular y después se adopta un Real Decreto donde se dice que habrá un director insular en Menoría, etc., (hemos de saber que esta figura sólo se da en las CCAA de Baleares y Canarias, y además no en todas las islas sino sólo en algunas). Este real decreto es una norma reglamentaria que tiene la ley como premisa o presupuesto (norma legal que ha previsto y habilita la norma reglamentaria para su desarrollo).

  2. El caso en que la ley organizativa legislativa no sea un presupuesto, sino que actúe como límite externo de la norma reglamentaria.

Ejemplo; ley del Régimen Local municipio todo municipio debe tener una serie de órganos y dice cuales serán, pero la ley añade que el resto de órganos (complementarios de los anteriores) serán establecidos por el propio ayuntamiento, de esta manera, si el ayuntamiento aprueba un reglamento que establece un nuevo órgano (por ejemplo una comisión), este reglamento orgánico no desarrolla la ley de régimen local.

Unidades; son cada una de las unidades en las que se descompone la organización de una entidad y a las que se atribuyen funciones específicas a efectos del cumplimiento eficaz de la totalidad de funciones que tiene encomendadas la determinada entidad donde se integran estas unidades.

Órgano administrativo; el concepto de órgano administrativo surge para explicar de qué manera resulta imputable a las personas jurídicas las actuaciones llevadas a cabo por las personas físicas que actúan por ellas.

En un primer momento, este fenómeno se intenta explicar en base al concepto de representación (mandato representativo) pero hay un problema y es que todo lo que hace el mandatario excediendo el mandato no resulta atribuible al mandato y, por tanto, de las actuaciones ilegales de los servicios públicos (ejemplo; actuación de un funcionario) la administración no responde.

Nueva teoría; a finales del siglo XIX surge la teoría organicista (de aquí viene la noción de órgano administrativo). Las personas físicas que actúen por cuenta de la administración no son externos de la administración, sino que forman parte de la administración (entendida como persona jurídica), son instrumentos a través de los cuales la administración expresa su voluntad, se dice que son como los brazos de una persona física. Así, los órganos administrativos forman parte de la administración pública y la actuación ilegal del órgano es atribuible o imputable a la administración pública, entendida como persona jurídica.

Por tanto, desde este planteamiento, como se puede entender un órgano administrativo?

  1. Como conjunto de funciones (funciones específicas al órgano administrativo se le atribuyen estas funciones a efectos del cumplimiento eficaz de la totalidad de funciones que tiene encomendada la administración pública).

  2. Conjunto de medios materiales y financieros afectados al cumplimiento de estas funciones (funciones específicas).

  3. Como la persona o personas físicas titulares del órgano, la voluntad de las cuales (personas físicas) conforma la voluntad del órgano administrativo, que como tal se imputa a la organización personificada que es la administración pública, es decir, lo que hace el órgano administrativo se entiende hecho por la propia administración.

Si se trata de un órgano unipersonal la voluntad de la persona conforma la voluntad del órgano. Si se trata de un órgano colegiado (más de una persona) entonces cada persona física contribuye a formar la voluntad del órgano administrativo (entre todas las personas físicas forman la voluntad del órgano administrativo).

Administración General del Estado (LOFAGE); no a todas las unidades (en las que se descompone la organización de una entidad) se le atribuye la denominación de órgano, sino sólo a aquellas unidades administrativas a las que se le atribuyen funciones que tienen efectos jurídicos frente a terceros, a las otras unidades (funciones que no tienen efectos frente a terceros) la ley las denomina unidades administrativas.

Pero esto no es del todo cierto, ya que, por ejemplo, la misma ley también dice que recibirán la denominación de órgano aquellas unidades en que su actuación tenga carácter preceptivo (aun cuando sus funciones no tengan efectos frente a terceros), esto es así porque la ley no siempre sigue el mismo criterio para determinar quien tiene la consideración de órgano y quien no.

Comunidad autónoma de las Islas Baleares; lo que hace la ley del 2003 (sobre esta materia) es copiar la ley que rige para la AGE.
Tipos de órganos y el régimen de creación de los órganos administrativos.

Clasificaciones de órganos hay muchísimas, lo característico de todas las clasificaciones es que, como regla general, la aplicación de cada una de estas clasificaciones da como resultado el establecimiento de dos categorías contrapuestas. Todas estas clasificaciones no son excluyentes y por tanto un órgano puede ser incluido en una u otra de las categorías de todas las clasificaciones.

  1. Órganos representativos (los titulares de los cuales ha sido elegidos democráticamente (pleno del ayuntamiento)) y órganos no representativos (un ministro);

  2. Órganos centrales (ministerio de economía) y órganos periféricos (delegación de gobierno); esta clasificación tiene como criterio que las funciones atribuidas al órgano se extiendan o no sobre la totalidad del territorio sobre el cual ejerce su poder la administración en la que se integra el órgano.

  3. Órganos con competencia general o genérica(Consejo de Ministros) y órgano con competencia específica; esta clasificación tiene como criterio que la competencia del órgano se proyecte sobre la totalidad de la acción administrativa propia de la administración en que se integra o no.

  4. Órganos simples (Presidencia de un Consell Insular) o complejos (Ministerio (dentro hay secretarías, etc.)); esta clasificación tiene como criterio que el órgano esté o no integrado por la agrupación de otros órganos.

  5. Órganos de administración activa, órganos de administración consultiva y órganos de administración de control; el criterio que sigue son las diferentes funciones que realizan los órganos.

    1. Órganos de administración activa; funciones ejecutivas (una consellería del govern balear).

    2. Órganos de administración consultiva; funciones de consulta (consell consultiu).

    3. Órganos de administración de control; funciones de control de la actuación de otros órganos administrativos (tribunal de cuentas).

  6. Órganos unipersonales y órganos colegiados; esta es la clasificación tradicional. El criterio es el número de personas titulares del órgano.

La Ley del procedimiento administrativo común dedica toda una serie de artículos a la regulación del régimen jurídico del órgano colegiado (en concreto, del art. 22 a 27). La Ley del procedimiento administrativo común responde al título competencial del art. 149.1.18 CE, el cual otorga al Estado la competencia exclusiva para establecer la regulación básica del régimen jurídico de las Administraciones públicas y ahora bien, hemos de saber que de todos los art. de esta ley han de ser básicos obligatoriamente los que hacen referencia al régimen jurídico de las Administraciones públicas, los otros no tienen porque tener carácter básico. En principio, estos art. (art. 22 a 27) contienen normas de aplicación a todas las CCAA, pero normas que, por el hecho de ser básicas, han de permitir un desarrollo por parte de la normativa de la CCAA, art. 22-27 régimen jurídico del órgano colectivo. Estos art. son aplicables a todo el territorio estatal, pero con este primer condicionamiento (permitir un desarrollo). El segundo condicionamiento deriva de una previsión de la propia ley. La propia ley excluye la aplicación de estos art. en determinados casos (disposición adicional primera), estos artículos no se aplicarán;

  1. a los órganos colegiados del gobierno del estado (consejo de ministros, comisiones delegadas del gobierno). Estos órganos (consejo de ministros, comisiones delegadas del gobierno) se regulan en las normativas específicas del estado.

  2. Tampoco son de aplicación a los órganos de gobierno de las CCAA, estos órganos de gobierno se rigen por las leyes de gobierno y administración de cada una de las CCAA.

  3. Tampoco se aplica a los órganos de gobierno (ejemplo el pleno) de las administraciones locales integrados por miembros democráticamente elegidos. Su regulación está contenida en la ley reguladora de las bases de régimen local, ley que tiene el carácter de básica.

Se ha planteado un problema, buena parte de estos artículos fueron impugnados por las CCAA (recurso de inconstitucionalidad), este recurso derivó en una STC ’99, la cual dice que no todos ellos tienen carácter básico y por tanto, considera inconstitucional los art. 23, 24, 25 (apartado 2 y 3) y art. 27 (apartado 2, 3 y 7). El TC hace esto porque considera que la regulación contenida en estos art. (declarados inconstitucionales) es tan precisa que no permite la intervención normativa de las CCAA (son más que básicos), así, estos artículos son inconstitucionales y por tanto, nulos. Pero no, concretamente el TC dice que estos artículos son no básicos, pero de esto no deriva la nulidad de estos artículos, sino que dice que sólo se podrán aplicar estos artículos a la administración del estado y, además, constituirán derecho supletorio en los otros casos, de todo esto se deriva que las CCAA sobre gran parte del régimen jurídico de los órganos colegiados puede regular libremente (no tienen normativa básica de referencia).
Estructura y funcionamiento de los órganos colegiados.

  1. Todo órgano colegiado ha de tener un Presidente, el presidente es quien representa al órgano colegiado y el que cumple las funciones de nexo de conexión del órgano colegiado con otros órganos administrativos, además, le corresponde convocar las sesiones del órgano (fijar día y hora para que el órgano se reúna) y establecer el orden del día (cuestiones a tratar en la sesión), dirige las intervenciones, es el encargado de garantizar la observancia de la legalidad en todo lo que hace referencia a la decisión del órgano colegiado.

  2. Pleno del órgano colegiado; conjunto de todos los miembros del órgano reunidos forman el pleno. Todos tienen derecho a participar en las reuniones del pleno, tienen derecho a tomar parte en las deliberaciones del órgano colegiado y derecho a participar en la toma de decisiones del órgano colegiado (derecho a votar), a efectos de que estos derechos se hagan efectivos, también tiene toda una serie de derechos complementarios (que le sea notificada la convocatoria de la reunión del pleno y el orden del día, derecho a formular preguntas, a recibir información sobre todos los aspectos a tratar en la reunión del órgano colegiado, etc. Es importante saber, respecto del órgano colegiado, que las personas físicas no tienen, como tales, entidad orgánica propia. La LPAC dice que la convocatoria se ha de notificar como mínimo con 48 horas de antelación a la hora de la reunión, pero de todas maneras es posible que la convocatoria sea válida sin cumplir este requisito de antelación, siempre y cuando todos los miembros lo acuerden por unanimidad. A la vez, para la constitución de la reunión se fija un quórum (quórum de constitución) de miembros (la mitad de los miembros colegiados, siempre que estén presente el Presidente y el secretario. En la práctica lo que sucede es que el propio órgano colegiado establece reglas de funcionamiento y por ejemplo, prevén segundas convocatorias (no exigencia de un número mínimo de miembros). Las sesiones se han de llevar a cabo respetando el orden del día (excepción; será posible tratar y decidir una cuestión no prevista en el orden del día cuando los miembros presentes acuerden por mayoría la urgencia del asunto). Las decisiones se toman por el sistema de mayoría y concretamente mayoría simple menos cuando se exige mayoría cualificada, todos los miembros del órgano tienen derecho a votar (a favor, en contra o abstenerse), no pueden abstenerse los que tienen la condición de funcionario o autoridad. De las decisiones que toma el órgano y son imputables a la Administración no podrán responder aquellas personas que hagan hecho constar su voto en contra o abstención.

  3. Secretario; puede ser un miembro del órgano colegiado o una persona externa. Si no tiene la condición de miembro, en cualquier caso sí que es necesario que sea una persona al servicio de la administración dentro la cual se integra el órgano (en este caso el secretario tiene voz pero no voto, si es miembro, el secretario tiene voz y voto). Qué hace? Garantiza que se notifiquen las convocatorias y el orden del día, custodiar los documentos y expedientes sobre los que ha de tratar el órgano colegiado, expedir certificaciones sobre los acuerdos adoptados por el órgano colegiado.


Régimen de creación de los órganos administrativos en general.

Dentro del marco de la constitución y de la ley, la administración tiene competencia para dictar normas para configurar la propia organización, es decir, su propia estructura, dictando normas reglamentarias y los actos de ejecución necesarios por la aplicación de estos reglamentos. En todo caso, la ley le impone un límite y una serie de exigencias;

  • está prohibido crear órganos administrativos que suponen duplicación de otros ya existentes, a no ser que al mismo tiempo se suprima o restringa de forma correcta la competencia de estos.

  • Respecto del nuevo órgano se ha de establecer de que manera se integra dentro de la estructura orgánica de la administración donde se integra y cual su dependencia jerárquica y también cuales son sus competencias.

  • También se exige que haya suficiente dotación de crédito porque se puedan conseguir su propia puesta en marcha y su funcionamiento.

Ahora veremos los principios básicos de la organización administrativa. Primero haremos una precisión y es que estos principios son principios de organización administrativa, pero no necesariamente son principios de estructura orgánica (organizativa).
Principio de competencia (de los órganos administrativos).

LA competencia es el conjunto de funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico a cada órgano, en consecuencia, las funciones que está obligado a ejercitar. En términos más estrictos, la competencia se puede definir como la medida de la potestad atribuida a cada órgano. Partiendo de la noción de competencia, es posible ligar competencia con uno de los principios básicos del ordenamiento jurídico (principio de legalidad). Antes de la Revolución francesa, es decir, cuando regía la monarquía absoluta (antiguo régimen) todos los poderes estaban en manos del rey, hasta el punto de que el poder se configuraba como un atributo personal del monarca y se justificaba por su origen divino. Con la revolución francesa todo esto cambia, porque aparece la soberanía popular y, en consecuencia, será en la voluntad del pueblo, que se expresa a través de la ley donde encontrarán su origen todos los poderes, y luego era la comunidad (mediante la ley) quien había de atribuir a la administración el poder. Toda actuación de la administración necesariamente debía encontrar justificación en un poder previamente creado por la norma y atribuido por la norma a la administración. Toda actuación de la administración necesariamente se había de poder entender como resultado del ejercicio de un poder previamente atribuido a la administración. Las leyes, de manera positiva y directa, definen que es lo que puede hacer en cada situación la administración, así, la administración no puede hacer nada más que aquello que las normas le permiten hacer. En estos poderes que crea el ordenamiento jurídico y que el ordenamiento atribuye a la administración de forma directa y positiva es lo que se conoce como potestad (poderes atribuidos a la administración por parte del ordenamiento jurídico) y la cantidad de poder atribuido por parte del ordenamiento jurídico a cada órgano es lo que se denomina competencia. La competencia es irrenunciable y será ejercida efectivamente por el órgano que la tenga atribuida como propia, pero hay excepciones (la delegación, la sustitución y la avocación).

Criterios que puede emplear la norma a la hora de atribuir competencias;

  • Criterio material; de aquí resulta la atribución de competencias a los diferentes órganos de una determinada administración pública teniendo en cuenta una división material de la totalidad de funciones que tiene encomendadas una determinada administración pública.

  • Criterio jerárquico; del que resulta la atribución de competencias a cada órgano teniendo en cuenta la posición que este órgano ocupa dentro la organización vertical del aparato organizativo de una administración.

  • Criterio territorial; del que resulta la atribución de competencias teniendo en cuenta hasta donde llega el desarrollo o extensión territorial del aparto organizativo (ejemplo; Administración periférica Provincias y CCAA, entonces hasta allí llega la competencia del delegado de gobierno, porque esta figura se integra dentro de la administración periférica).

Toda actuación por parte de un órgano incompetente constituye una actuación viciada (acto viciado), pero no siempre es un vicio de nulidad absoluta (es decir, no cualquier supuesto de incompetencia constituye un vicio de nulidad absoluta), ya que el art. 62 LPAC afirma que serán nulos de pleno derecho; “los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio”, de tal forma que un acto dictado por un órgano jerárquicamente incompetente no es nulo de pleno derecho, sino que es un acto anulable. El origen de esta idea es una línea jurisprudencial que defendía la posibilidad de que el acto dictado por el órgano incompetente jerárquicamente pudiera ser convalidado por la ratificación del órgano superior jerárquicamente (órgano competente), y esta idea ha tenido reflejo en la ley (art. 67, etc., LPAC). Así, la actuación llevada a cabo por un órgano no competente jerárquicamente no es nula de pleno derecho, sino que el órgano competente la puede convalidar si ratifica la decisión del órgano incompetente. Si el órgano que actúa es incompetente por razón de la materia o del territorio, su actuación es nula de pleno derecho.

En relación a la competencia, hemos de hacer referencia a las técnicas de alteración del ejercicio de la competencia (el principio general es que cada órgano ha de ejercer las competencias que le son atribuidas como propias por el ordenamiento jurídico, art.12 LPAC), pero la ley exceptúa este principio en tras casos (avocación, delegación y sustitución), estos tres supuestos determinarán que la competencia sea ejercida por un órgano diferente del que la tiene atribuida.

Juntamente con estas tres técnicas, la ley prevé también otras técnicas que no son propiamente de alteración del ejercicio de la competencia, sino que son de modificación de las circunstancias materiales del ejercicio de la competencia (encomienda de gestión, delegación de firma y la suplencia). A la vez, algunas de estas seis técnicas se pueden dar o bien entre órganos de una misma administración (relación interorgánica), o bien se pueden dar entre órganos de diversas administraciones (relación intersubjetiva).

  • Relación interorgánica;

    • Delegación. (X)

    • Avocación. (X)

    • Sustitución.

    • Encomienda de gestión. (X)

    • Delegación de firma. (X)

    • Suplencia. (X)

  • Relación intersubjetiva.

    • Delegación. (X)

    • Avocación.

    • Sustitución. (X)

    • Encomienda de gestión. (X)

    • Delegación de firma.

    • Suplencia.

  1. Delegación (delegación de competencias entre dos órganos de una misma administración).

Como regla general, esta delegación está regulada en el art. 13 LPAC (un órgano (delegado) ejerce por encargo de otro (delegante (que pertenece a la misma administración)) competencias propias de este último órgano). No se produce ninguna alteración en la titularidad de la competencia (la sigue ostentando el órgano delegante), sino que el cambio se produce en el ejercicio de la competencia, ya que ejercerá la competencia un órgano distinto del titular de la materia.

Esta relación, en un principio, siempre se había entendido como una relación entroncada con el principio de jerarquía (ley de procedimiento de 1958, se exigía que el órgano delegante fuese superior jerárquicamente respecto del órgano delegado), esta exigencia ha desaparecido (una competencia puede ser delegada a favor de un órgano no jerárquicamente subordinado al órgano delegante). En la medida que el órgano delegante (a pesar de la delegación) sigue siendo el titular de la competencia, puede en cualquier momento revocar la delegación y recuperar el ejercicio de sus propias competencias. También el órgano delegante puede en el acuerdo de delegación fijar el alcance de la delegación (así, por ejemplo, puede reservarse facultades en relación al ejercicio de las competencias delegadas (ejemplo; la facultad de dictar unas directrices o principios conforme a los cuales la competencia ha de ser ejercida y la facultad de control, es decir, el órgano delegado ha de dar cuenta al órgano delegante respecto de cómo ha ejercido las competencias delegadas, etc.)).

¿Cuáles son las competencias que se pueden delegar? En principio todas, pero hay excepciones (competencias no delegables; art. 13.2 LPAC; “en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del estado, presidencia del gobierno de la nación, cortes generales, presidencias de los consejos de gobierno de las CCAA y asambleas legislativas de las CCAA. b) la adopción de disposiciones de carácter general. c) la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. d) las materias en que así se determine por norma con rango de ley.”.

El punto c) del art. 13.2 LPAC haría referencia al siguiente ejemplo;
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