La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo






descargar 165.57 Kb.
títuloLa obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo
página1/3
fecha de publicación20.06.2015
tamaño165.57 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
  1   2   3







ESPAÑA:
La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo

Noviembre de 2008






INDICE
1.Introducción

2.Actuaciones judiciales: denuncia, dligencias preliminares y admisión a trámite de la causa

3.Obligación del Estado de investigar. Actuación del Ministerio Fiscal y principio de legalidad

4.Crímenes de Derecho Internacional: desapariciones forzadas de personas y crímenes contra la humanidad, la calificación de los hechos

5.La cuestión de la prescripción de los delitos¿Han prescrito estos crímenes?

6.Incompatibilidad de la amnistía con la obligación de juzgar y sancionar. La no aplicación de la ley de amnistía

7.La falta de adecuación de la Ley de Memoria Histórica a los estándares internacionales en materia de desapariciones y exhumaciones

8.Derecho de las víctimas a recursos efectivos para hacer valer sus derechos a verdad, justicia y reparación

ESPAÑA
La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo


1. Introducción

En las últimas semanas, y con particular intensidad desde el 16 de octubre pasado con el auto judicial que dispone la tramitación de una causa por la Audiencia Nacional sobre hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, la sociedad española está siendo expuesta a opiniones y declaraciones de autoridades en las que bien se hace una utilización distorsionada de conceptos y términos de naturaleza jurídica, bien se falta a la verdad en torno al contenido del proceso. Todo ello con el propósito de oponerse a la obligación del Estado español de investigar en base a evidencias razonables sobre la comisión sistemática o a gran escala de desapariciones forzadas con características propias de los considerados crímenes contra la humanidad, cuya denominación hace más de un siglo es reconocida por el derecho internacional por su naturaleza especialmente ultrajante para la conciencia de la humanidad.
Algunos de los argumentos que han sido sostenidos en reacción al auto judicial pueden desorientar especialmente a la opinión pública al ignorar u ocultar deliberadamente la legalidad internacional y el régimen de derecho que la comunidad internacional ha ido construyendo precisamente ante la realidad de Estados renuentes a garantizar los derechos de las víctimas e inclinados a la impunidad y el olvido. Invocar leyes internas reñidas con el derecho internacional es una expresión conocida en la experiencia mundial cuando las sociedades se enfrentan a su pasado.
Para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las víctimas, busca establecer la lógica del olvido respecto de crímenes especialmente ultrajantes para la conciencia de la humanidad, se coloca fuera de la legalidad reconocida internacionalmente y socava su propia legalidad. Como la experiencia mundial demuestra, las exigencias de verdad, justicia y reparación, no se cierran por el paso del tiempo sino con la realización de tales derechos. El Estado español no es una excepción.
En España, aquellos que fueron detenidos ilegalmente sin que hasta la fecha se haya esclarecido la suerte que corrieron y el paradero de sus restos, no han sido objeto de olvido para sus familias, ni lo son para la comunidad internacional como tampoco pueden serlo para una sociedad como la española. La prolongada injusticia respecto de aquellos que fueron privados de recursos en materia de verdad, justicia y reparación, constituye de las más profundas heridas abiertas que la sociedad española tiene hoy la oportunidad de apreciar en su justa dimensión interna e internacional.
España cuenta con una trayectoria judicial que en ejercicio de la jurisdicción universal ha contribuido, con decisiones, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, a afirmar la legalidad internacional respecto de crímenes atroces con independencia del lugar en el que se hayan cometido. Si como agente de la comunidad internacional, España a través de sus tribunales ha afirmado la universalidad de los derechos de las víctimas y rechazado los mecanismos de impunidad que impedían la realización de sus derechos, hoy tiene la oportunidad de actuar con coherencia respecto de aquellos ciudadanos sometidos a una prolongada injusticia en su propio país.

En este contexto de grave desinformación por parte de autoridades que debían defender la legalidad, Amnistía Internacional ofrece este documento para exponer y esclarecer conceptos ante la confusión que se está sembrando, y contribuir con ello a que las autoridades españolas ajusten sus opiniones y decisiones a la legislación a la que se deben con justicia y equidad.
Por otra parte, cuestionar la labor jurisdiccional del juez instructor en los términos en los que se está haciendo supone un inadmisible ataque a su independencia judicial que la Constitución y las leyes españolas garantizan y debe preservarse. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se creó precisamente para garantizar la independencia del Poder Judicial, de tal modo que tiene encomendada por la Constitución española la principal y esencial función de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado.1 Entre aquellas otras competencias que le atribuyen las leyes, cabe destacar intervenir en amparo de los jueces y magistrados que se sientan atacados en su independencia.2
Amnistía Internacional ha venido abogando de manera sostenida ante las autoridades españolas en los últimos años en relación a la deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista, a quienes el Estado privó de los derechos a la verdad, justicia y reparación3. La organización ha lamentado especialmente la falta de compromiso de las diferentes autoridades con el dolor de las familias quienes de modo precario y con sus propios medios emprendieron la búsqueda y la recuperación de los restos de sus seres queridos detenidos ilegalmente respecto de cuyo paradero no obtuvieron respuesta ni durante el régimen franquista ni durante los gobiernos posteriores.
Tras la tramitación de la Ley “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”,4 quedó confirmada, como no podía ser de otra manera, a través de su Disposición adicional segunda que “[l]as previsiones contenidas (…) son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”. Dicha disposición por cuya inclusión abogó intensamente Amnistía Internacional durante la tramitación de la ley, es precisamente uno de los elementos de máxima importancia a tener en cuenta para abordar la materia sobre la que ciertos sectores, incluido el Ministerio Fiscal, se han pronunciado.


  1. Cronología de las actuaciones judiciales: denuncia, dligencias preliminares y admisión a trámite de la causa



  • El 14 de diciembre de 2006 organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo presentaron ante la Audiencia Nacional denuncias a las que se sumaron otras, respecto de hechos presuntamente constitutivos de crímenes contra la humanidad que habrían incluido detenciones ilegales, “sin que hasta la fecha pudieran conocer la suerte que corrieron sus seres queridos y el paradero de sus restos”.

  • Con fecha 29 de enero de 2008, el Fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Miguel Bautista Samaniego emite informe en el que expresa que “no procede admitir a trámite las denuncias al no ser competente el Juzgado Central de Instrucción, debiendo procederse a su archivo”. En dicho informe el fiscal sostiene que

    1. La condición de imprescriptibilidad no se aplica a los hechos denunciados, en razón de que éstos solo pueden ser calificados como delitos comunes de acuerdo a los tipos penales contemplados en el Código Penal de la época y, en la medida que la ley penal no puede ser de aplicación retroactiva sino que exige predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones “de modo que el agente pueda ajustar su conducta de manera adecuada a las previsiones de aquella”

    2. La aplicación de los artículo 1 y 2 de la Ley 46/ 1977 de amnistía por tratarse de delitos comunes

  • En marzo las partes constituidas en la causa presentan escrito de oposición al archivo instado por el Ministerio Fiscal.

  • El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, con carácter previo a decidir sobre su competencia, ordenó la práctica de determinadas diligencias encaminadas a determinar la magnitud de los hechos denunciados y su naturaleza delictiva. Así, el 25 de septiembre de 2008 dictaba una providencia reclamando, entre otros, los fondos judiciales de los Tribunales de Justicia de Madrid desde 1936, dependientes del Gobierno de la República.

  • El 16 de octubre de 2008, mediante auto judicial el Juzgado Central de Instrucción dispuso asumir la competencia para la tramitación de la causa por “presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”. Dicho auto expresa claramente que no se trata de formar una Causa general. El juez instructor destaca que “los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española”, y que el propósito “se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas, sin despreciar todos y cada uno de los datos e información que ayuden a formar la convicción sobre los hechos denunciados”.

  • El 17 de octubre de 2008, el Juzgado Central de Instrucción acordó la transformación de las diligencias previas en sumario por ser el procedimiento en el que se conceden mayores garantías a las partes, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.

  • Con fecha de 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal formula “recurso de apelación” directamente ante la Sala de lo Penal respecto del auto de admisión a trámite de fecha 16 de octubre de 2008 del Juzgado Central de Instrucción, solicitando su archivo.

  • Con fecha 21 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal plantea cuestión de competencia ante el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando nuevamente declare la incompetencia del juzgado de instrucción con nulidad del auto de 16 de octubre de 2008 alegando el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  • Con fecha 22 de octubre de 2008, el Juzgado Central de Instrucción número 5 dicta providencia dando traslado a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal -escrito de 21 de octubre de 2008- para que informen de lo que a su derecho convenga sobre lo planteado, “al objeto de no generar, de forma irreparable, indefensión, ni de quebrantar el principio de tutela judicial efectiva y garantizar la contradicción”. Cabe destacar que la actuación del instructor viene motivada por un oficio proveniente de la presidencia de la Sala de lo Penal.

  • El 23 de octubre de 2008, el Juzgado Central de Instrucción número 5 resuelve no admitir a trámite el recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal de fecha 20 de octubre de 2008, contra el auto de fecha de 16 de octubre de 2008, confiriéndole plazo para que subsane en su caso interponiendo el preceptivo recurso de reforma.



3. Obligación del Estado de investigar. Actuación del Ministerio Fiscal y principio de legalidad

A partir de la obligación básica de “respetar, asegurar que se respeten y aplicar” las normas internacionales de derechos humanos, el Estado español tiene el deber ineludible de garantizar el acceso igual y efectivo a la justicia; la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; y el acceso a información pertinente sobre los abusos y los mecanismos de reparación.
En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación de derechos humanos para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones así como obtener reparación a las víctimas o sus familiares.5 El Estado español no puede elegir cuál de estas obligaciones cumplir y por tanto no puede oponerse a ninguna de ellas. La obligación de investigar comprende el necesario ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado.6 Si un Estado incumple con esta obligación, su responsabilidad internacional se encuentra comprometida.7 La entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recordado insistentemente la existencia de esta obligación en varias resoluciones sobre la cuestión de las desapariciones forzadas.8
Asimismo, el derecho de las víctimas a la justicia está inextricablemente unido a la obligación del Estado de investigar. El incumplimiento de la misma se traduciría, en impunidad y denegación de los derechos de las víctimas a obtener la tutela efectiva de los tribunales de justicia. Además, tal obligación de investigar no puede ser acometida de cualquier manera. Debe ser cumplida conforme a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales. El deber de investigar es una obligación de medio. Ello significa que el Estado debe llevar a cabo las actividades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon e identificar a sus autores. Se trata de una obligación jurídica y no de una mera gestión de intereses particulares. Esto implica que las investigaciones deben ser emprendidas de oficio por las autoridades, independientemente de que medie denuncia formal.
Así, el Comité de Derechos Humanos ha recordado que,
“el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, y de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados”9
Para el derecho internacional, el derecho a un recurso ante graves violaciones de derechos humanos –que a su vez es un derecho inderogable- incluye el acceso a justicia, la reparación adecuada y efectiva y el acceso a información objetiva sobre la violación cometida.10
Es más, tratándose de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura, los recursos deben ser esencialmente judiciales.11 De lo contrario, tal y como ha expresado el Experto sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las Naciones Unidas, resultaría “difícil imaginar un sistema judicial que vele por los derechos de las víctimas y se mantenga al mismo tiempo indiferente e inactivo ante los flagrantes delitos de quienes los han violado”.12

Actuación del Ministerio Fiscal y principio de legalidad

Según el artículo 124 de la Constitución española es función del Ministerio Fiscal “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. La Ley Orgánica del Poder Judicial igualmente establece que el Ministerio Fiscal “tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”13 Es igualmente pertinente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En virtud del derecho internacional, las acciones a cargo del Estado deben ponerse en marcha siempre que haya motivos razonables sobre la desaparición forzada de personas, para lo cual debe disponer de todas las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo la investigación.14 Asimismo, según las Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, éstos “desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones”.15 De conformidad tanto con la legislación española16 como con las normas internacionales17, el Ministerio Fiscal debió haber promovido de oficio la acción pública. No solo no lo ha hecho, sino que en sus escritos de 20 y 21 de octubre de 2008 elabora toda una batería de argumentos para oponerse al ejercicio de la jurisdicción española, en cualquier caso, tendente a la investigación de los hechos y circunstancias relativas a las desapariciones.

Las asociaciones de víctimas denunciantes han solicitado a los órganos jurisdiccionales españoles que adopten no sólo –como afirma el Ministerio Fiscal- las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la represión y la localización de las fosas comunes sino también que se instruya el oportuno proceso para la averiguación y punición de los hechos y determinación de responsabilidades penales. Es decir, se trata precisamente del derecho imprescriptible e inalienable de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y de la suerte que corrieron los desaparecidos o fallecidos. La realización de este derecho exige necesariamente la existencia de un proceso judicial.
De conformidad con el Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos, “incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber”.18 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha considerado que cuando una persona afirma “de manera defendible” ser víctima de una violación grave a sus derechos humanos, se origina para los Estados una obligación procedimental, la de poner en marcha una “investigación oficial efectiva” para “poder llevar a la identificación y el castigo de los responsables”.19
Los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal (a saber, la incompetencia del órgano judicial instructor, la irretroactividad de la ley penal, la prescripción de los delitos y la aplicación de la ley de amnistía) van destinados al archivo de las actuaciones, es decir, a la no apertura del proceso. Tal pretensión resulta ilegítima y especialmente lesiva respecto de aquellas personas que fueron privadas de contar con un derecho efectivo. La aplicación de la ley que propugna el Ministerio Fiscal niega a los denunciantes su derecho a la acción de la justicia, lo que vulnera el derecho de las víctimas a obtener justicia.20
El Ministerio Fiscal pareciera confundir el objetivo último de todo procedimiento penal, es decir, la sanción de conductas delictivas, con los fines propios a una instrucción: investigar para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos y a partir de ahí establecer las responsabilidades penales oportunas. 21 Así, difícilmente podrá el Ministerio Fiscal ejercer el rol de garante de los derechos de los ciudadanos -a obtener justicia y reparación- y a satisfacer los interés de la sociedad -que no queden impunes los responsables de delitos graves de derecho internacional- si no sólo no actúa de oficio sino que, en sus actuaciones, promueve interpretaciones de las leyes que impiden investigar los delitos que se denuncian y que llevan a perpetuar mecanismos de impunidad, obviando y quebrantando el derecho internacional.
De la supuesta cuestión de competencia
El Ministerio Fiscal niega la competencia del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Sin embargo, los argumentos que utiliza se entremezclan de tal manera que no se entiende cuál es en definitiva su pretensión. Así:
(i) en el informe de fecha 29 de enero de 2008, el Ministerio Fiscal afirma que los delitos comunes (detenciones ilegales sin dar razón del paradero) son competencia de los juzgados del lugar donde se hubieran cometido los hechos. En cuanto a los crímenes contra la humanidad, no dice de qué órganos judiciales sería competencia la instrucción y el enjuiciamiento cuando se hubieran cometido en territorio español.22 Finalmente, se insta el archivo del procedimiento.
(ii) en el recurso de apelación de 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal declara que la competencia corresponde a los órganos judiciales territoriales de los lugares en los que se hubieran cometido los crímenes (de detención ilegal del artículo 166 del Código Penal). En lo que se refiere a los crímenes contra la humanidad cometidos en territorio español serían competencia del “órgano de la jurisdicción que corresponda de acuerdo con los criterios ordinarios de delimitación” que establezcan las leyes. No obstante, el Ministerio Fiscal no aclara cual sería tal “órgano”.23 El Ministerio Fiscal pide se revoque y deje sin efecto el auto de 16 de octubre de 2008 y se “declare la nulidad de pleno derecho del auto recurrido y la incompetencia del órgano judicial”.
(iii) en el escrito de fecha 21 de octubre de 2008, en virtud del cual se promueve un incidente con el objeto de examinar la competencia del juzgado instructor, el Ministerio Fiscal repite los argumentos utilizados en sus anteriores escritos.24
Así pues a pesar de que el Ministerio Fiscal no aclara cuales serían los juzgados y tribunales competentes para instruir y juzgar los hecho delictivos denunciados, si dice que, de conformidad con las leyes, existen tales órganos jurisdiccionales para conocer.25 Es más, la existencia de juzgados y tribunales que tendrían competencia se riñe con la petición de nulidad. Cabe aclarar, que no se está ante un supuesto de conflicto de competencia, pues sólo hay un único juzgado que se considera competente para actuar. Si se declarase la incompetencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 tendría que hacerse indicando a favor de la autoridad judicial que se estimase competente, extremo que falta en el presente caso.26 No obstante, ésto sería irrelevante teniendo en cuenta que lo que sí postula con claridad meridiana el Ministerio Fiscal es la amnistía de los delitos y la prescripción de la acción penal.
Pareciera que el Ministerio Fiscal no está en realidad discutiendo la competencia, o falta de ella del juzgado instructor, sino la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles, es decir, se niega que ningún tribunal español estaría facultado para ejercer la función jurisdiccional. Ello supondría que los graves hechos denunciados quedarían en la más absoluta impunidad, así como una grave violación de la obligación de defender la legalidad y de los principios de justicia que le corresponde al Ministerio Fiscal.
4. Crímenes de Derecho Internacional: desapariciones forzadas de personas y crímenes contra la humanidad, la calificación de los hechos

Dentro de la categoría de crímenes de derecho internacional –ilícitos que conllevan responsabilidad penal individual- se incluyen los crímenes contra la humanidad y la desaparición forzada de personas –asimilada en España al delito de detención ilegal27. Se trata de crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto y no conciernen sólo a la sociedad en cuyo seno han tenido lugar. La impunidad de tales crímenes además de desafiar el régimen de derecho construido internacionalmente para proteger los derechos humanos y de socavar el imperio de la ley, representa el máximo desprecio por los derechos de las víctimas.
La Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas señala que,
todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”28
Asimismo, la Declaración establece que,
“el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o de individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva, es necesario para prevenir las desapariciones forzadas en toda circunstancia” y que “los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial”
En similares términos se expresa la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 200629 en la que España es un Estado signatario pero no parte aún.
Así pues, siempre que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, se deberá iniciar una investigación judicial y la misma no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna.30 Además, la prohibición de desaparición forzada de personas tiene atribuida la jerarquía de norma imperativa de derecho internacional, es decir, constituye una norma de jus cogens. La desaparición forzada en tanto que crimen contra la humanidad tendrá, por tanto, el mismo atributo. Los efectos legales que ello implica son, entre otros, la imprescriptibilidad y la prohibición de amnistiar.
Como hemos adelantado, cuando un delito de desaparición forzada de personas se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil se calificará como un crimen contra la humanidad.31 Los crímenes contra la humanidad son reconocidos como tales por el derecho internacional consuetudinario.32 La prohibición de las conductas que integran la categoría de crímenes contra la humanidad está igualmente recogida en declaraciones y otros instrumentos internacionales.33
En el caso de los hechos denunciados ante el 5 Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el juez expresa lo siguiente: .
“De momento, y sin perjuicio de que, tras el análisis pormenorizado y evacuados los informes técnicos que procedan, (...)las cifras sean diferentes, el número global de víctimas desaparecidas en el periodo estudiado (17 de julio de 1936 a diciembre de 1951) es de 114.266 personas (...) Como se comprueba, el sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la fecha. La acción fue coordinada y dirigida por las sucesivas Juntas Militares en tiempo de guerra, y los gobiernos sucesivos, al menos en las estructuras estrictamente político-militares y no simplemente técnicas, sin olvidar la acción de estructuras paramilitares como La Falange.”

Los Estados tienen la obligación de enjuiciar a las personas responsables de haber cometido crímenes contra la humanidad, así como de cooperar en la identificación, detención y castigo de las mismas.34 La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado que,
desde los juicios de Nuremberg se ha reconocido en la esfera internacional que existían deberes que incumbían a los individuos en virtud del Derecho internacional y que puede castigarse a los individuos por violar el derecho internacional”35
Incluso el propio Ministerio Fiscal, informando a favor de la competencia de la jurisdicción española en el caso de los campos de concentración nazis en Austria y Alemania, ha afirmado que,
“es una categoría preexistente en el Derecho Internacional, de origen consuetudinario, (…) que impone a los Estados una obligación de perseguir y castigar. El desvalor de la conducta de los crímenes contra la humanidad pertenece al derecho internacional consuetudinario en vigor desde hace muchas décadas, con eficacia erga omnes aplicable también a España aunque el legislador no lo hubiese desarrollado hasta 2004 (…). El principio de legalidad aplicable a los delitos internacionales como los crímenes contra la humanidad no es el interno, sino el internacional (…) El CP vigente puede aplicarse retroactivamente a conductas anteriores que ya eran criminales en el momento de cometerse con arreglo a la legalidad penal internacional; es decir, eran criminales porque estaban prohibidas en el derecho consuetudinario internacional en esa época aunque no hubieran sido tipificados en el CP español (…) El crimen de lesa humanidad (prohibido por norma de ius cogens) es un crimen tipificado en el derecho internacional independientemente que en la legislación interna no exista norma penal prohibitiva como tal”36
Asimismo, en el caso contra Adolfo Scilingo, el Tribunal Supremo acabó condenando al acusado como autor de delitos de asesinato y detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad conforme al derecho internacional. El Tribunal Supremo concluyó que,
De todos modos, las circunstancias descritas, muy similares a las contenidas en los instrumentos internacionales, superpuestas a hechos ya de por sí constitutivos de delitos, son las que convierten a éstos en crímenes contra la Humanidad, incrementando el contenido del injusto, lo que repercute en una mayor pena; planteando la cuestión de su imprescriptibilidad; y permitiendo afirmar que los Estados deben proceder a su persecución y castigo. (…) nada impide que se refiera a delitos de asesinato y detención ilegal, que, por sus circunstancias constituyen internacionalmente, o constituirían según el derecho interno en el momento de la persecución, crímenes contra la Humanidad (…)”37
Aunque los Tribunales de justicia españoles se muestran con frecuencia reacios a la aplicación directa del derecho internacional, en tanto no se encuentre éste materialmente incorporado al derecho interno 38, no equivale a afirmar que han puesto en duda el cumplimiento de la obligación de investigar, procesar a los presuntos responsables, y en caso de ser hallados responsables, sancionarlos.
Si la interpretación que se hiciere por los tribunales de justicia españoles concluyera en la imposibilidad de someter a proceso a una persona por una conducta que fuere considerada por el derecho internacional como delito o crimen al tiempo de su comisión, y la misma no se hallara tipificada y penalizada en su Código Penal en aquel momento, tal omisión o defecto no debería constituir un obstáculo para la persecución de tal conducta. Si tal fuera el caso, impidiéndose la realización del proceso, por ejemplo porque la ley española no tipificaba como tal a la conducta al tiempo de su comisión, España contravendría sus obligaciones convencionales bajo el derecho internacional.39
El Ministerio Fiscal y la calificación de los hechos
En el auto de 16 de octubre de 2008 el juzgado instructor asumía la competencia para investigar presuntos delitos contra el sistema de Gobierno y Altos Organismos de la Nación en conexión con delitos de desaparición forzada (detención ilegal) de personas sin dar razón del paradero, torturas, y el exilio forzados, entre otros, constitutivos de crímenes contra la humanidad. Cabe resaltar que el Ministerio Fiscal no se pronuncia sobre los hechos a investigar en las denuncias. Se limita a cuestionar la calificación jurídica que realiza el juez instructor pero no ofrece una alternativa.
Según el instructor, a través de la acción de la insurrección o alzamiento en armas que acabó con el sistema de Gobierno y Altos Organismos, se propició la comisión de los crímenes contra Humanidad. Existiría pues una conexidad entre el delito contra los altos organismos de la Nación –conducta incardinada en el Código Penal vigente dentro de los denominados “Delitos contra la Constitución”40 y que sería competencia de la Audiencia Nacional41- y el delito contra la humanidad que exigiría su conocimiento conjunto en el seno de un mismo procedimiento.42
En el escrito de fecha 21 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal plantea la siguiente hipótesis: asumiendo como jurídicamente defendible la calificación del instructor, entonces el órgano jurisdiccional competente para conocer los delitos debería ser el Tribunal Supremo pues según la legislación española le corresponde la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno y otros aforados.43 No obstante, como hemos visto con anterioridad, el Ministerio Fiscal en lugar de plantear, en tal caso, cuestión de competencia, por inhibitoria o declinatoria, a favor del Tribunal Supremo, sorprendentemente insta la nulidad del auto del Juzgado de Instrucción diciendo, pura y simplemente, que carece de competencia objetiva y funcional. Por otro lado, el aforamiento –y la posibilidad de conceder tal cualidad a los miembros de una Junta Militar-, así como la existencia de otros responsables no identificados44 sería una cuestión a declarar en el marco del oportuno procedimiento por un tribunal y no ex ante como parece sostener el Ministerio Fiscal.
Por otro lado, por lo que respecta a la calificación concreta de desapariciones forzadas, en los escritos de 20 y 21 de octubre de 2008 el Ministerio Fiscal afirma que no se ha prolongado una situación de detención ilegal pues, conforme al derecho español, se exige siempre “que la persona esté viva y privada de libertad durante todo ese tiempo, lo que no es posible en este caso por ser pública y notoria su muerte”.45 El Ministerio Fiscal demuestra desconocimiento no sólo de lo que es un delito de desaparición forzada en el derecho internacional sino del propio marco legal español. Es, cuanto menos sorprendente este aparente desconocimiento, dado que dicho concepto se ha venido utilizando por la justicia española desde hace diez años en relación con causas seguidas en virtud del principio de jurisdicción universal.46 La propia sentencia, tan citada por el Ministerio Fiscal, del Tribunal Supremo en el caso Scilingo no deja lugar a dudas ni sobre la definición y contenido del delito de desaparición forzada, ni de su carácter permanente.47
Si bien el delito de detención ilegal se enmarca dentro del Código Penal español en el capítulo titulado de los “Delitos contra la libertad”, ello no quiere decir –como parece sostener el Fiscal- que el desaparecido deba estar o aparecer “vivo”. Si no, estaríamos ante un delito de asesinato que, en todo caso, no sería un delito común sino uno constitutivo de un crimen contra la humanidad. El Código Penal no configura el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero como uno de presunción de muerte sino como la constatación de la gravedad de un acto consistente en la detención probada de una persona y su –también probada- no puesta en libertad.48 Por tanto, se trata de un tipo penal específico, perfectamente delimitado que subsiste como delito permanente hasta no sea hallada la persona desaparecida, viva o muerta.49 En todo caso, determinar si a las detenciones ilegales sigue el hallazgo de las personas fallecidas, por asesinato, y si estamos en tal caso ante un concurso de delitos50 tendrá que establecerse en el marco del oportuno proceso penal.
  1   2   3

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconEl hábeas corpus instructivo en el ámbito de los delitos de desaparición...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconPolitica pública departamental para investigar, reconocer y garantizar...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconZapatero y los 85 millones de víctimas
«montaña» [Estaba situada en un lugar elevado durante las sesiones] En estos últimos, se situaron los diputados más exaltados o fanáticos:...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconAsamblea general de la organizacion de las naciones unidas en materia...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconEn Canadá siempre se mantuvo dispuesta a colaborar en los casos en...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconLa evolución de los géneros
«película de guerra», a pesar de que se desarrolle durante la Segunda Guerra Mundial y de que ese conflicto afecte profundamente...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconHacia una sociedad reconciliada, construida sobre la memoria a las...
«un Plan Integral en favor de la Paz y la Reconciliación, que contemple y aglutine todas las actuaciones a desarrollar por el Ejecutivo...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconProyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconProyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen...

La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las victimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo iconPor la cual se adopta la política pública para reconocer y garantizar...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com