Resolución: 000058/2010






descargar 113.47 Kb.
títuloResolución: 000058/2010
página3/4
fecha de publicación15.06.2016
tamaño113.47 Kb.
tipoSolución
ley.exam-10.com > Derecho > Solución
1   2   3   4

TERCERO: En el caso presente, en los dos robos descritos en el relato de hechos probados, las víctimas fueron maniatadas y amordazadas, durando el asalto unos 20 minutos en el caso del robo del día 13 de julio, y más de dos horas, según la victima, en el caso de robo del día 5 de junio, dejando a dichas víctimas atadas, y si bien dicha privación de libertad constituye ciertamente, medio necesario, en sentido amplio y objetivo, para la comisión del robo, su intensidad, téngase en cuenta que las víctimas fueron golpeadas y en uno de los casos incluso apuñalada, excedió de la mínima privación de libertad insita en la dinámica comisión del delito contra la propiedad afectando de un modo relevante y autónomo al bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal. (anterior STS).

Precisa la STS. 73/2005 de 31 de enero, que: “Cuando la dinámica comisiva desplegada conlleva previa y necesariamente (artículo 77.1 C.P EDL1995/16398 .) la inmovilización de la víctima como medio para conseguir el desapoderamiento y esta situación se prolonga excediendo del mínimo indispensable para cometer el robo, máxime cuando su objeto es incluso indeterminado y a expensas de lo que puedan despojar los autores, la relación de concurso ideal (artículo 77) es la solución adecuada teniendo en cuenta la doble vulneración de bienes jurídicos autónomos".

Estima por tanto esta Sala, que lo correcto es apreciar el concurso medial y no el real como preconiza la acusación, y desde luego en ningún caso el concurso de normas. El robo no se produce después de la detención, siendo la intención inicial y única la del apoderamiento, y no estado exactamente determinada la duración de los asaltos, mínimo 20 minutos, aunque sí que en los dos casos las víctimas se deshicieron de sus ataduras sin dificultad, estimamos, reiterando lo dicho anteriormente, que nos encontraríamos ante un concurso medial.
CUARTO: Que existió un delito de allanamiento de morada no se pone en duda, ni fue objeto de discusión o debate en el plenario, efectivamente los acusados, en los dos casos entraron los domicilios ajenos contra la voluntad de sus moradores, y tal allanamiento fue medio para cometer el robo en el interior de las viviendas.

Que se cometieron los robos también fue reconocido por los acusados, así en los hechos descritos concurren todos los elementos configuradores de los delitos de robo con violencia ya que existe:

1º.- Un apoderamiento de cosa mueble ajena (el dinero, relojes ordenadores portátiles, joyas etc), elemento estructural que evidencia el ánimo de lucro, que se presume siempre por ir insito en los delitos de apoderamiento patrimonial (STS 13 mayo 1992).

2º.- Se emplea violencia e intimidación. La conducta de los acusados golpeando y maniatando a sus víctimas, intimidándolas con un cuchillo y una pistola, mientras les interrogaban acerca del dinero y las joyas, constituyen actos de violencia e intimidación que facilitaron el apoderamiento.

3.- Dicha situación de violencia o intimidación configura plenamente el delito de robo previsto y penado en el artículo 242 del Código Penal, habiéndose consumado el mismo, toda vez que los acusados dispusieron de los bienes.

Como dijimos más arriba, se plantea el problema de una pluralidad de conexiones mediales encadenadas, y también como dijimos antes se analizó en la STS 179/2007 de 7 de marzo, que, en un caso similar señaló:

La doctrina se encuentra dividida y señala como posibles tres opciones:

1º) Aplicar el art. 77 tantas veces sean los nexos de medio a fin.

2º) Un solo concurso medial en concurso real con el delito o delitos sobrantes (criterio aplicado en las SSTS. 13.3 y 2.11.84) que se penarían con independencia.

3º) Todos los delitos en concurso medial (SSTS. 191/95 de 14.12 con cita STS. 8.7.85, homicidio frustrado, atentado y lesiones).

Descartada la primera por cuanto preventiva a serias objeciones desde el principio "non bis in idem", la posición que sostiene la aplicación del art. 77.1.2 a una de las conexiones mediales en concurso con el hecho delictivo sobrante trata de evitar el supuesto privilegio para el autor, sin embargo es contraria al sentido del precepto que quiere unificar aquellas infracciones que se encuentran en relación medio a fin de forma objetivamente necesaria. De igual manera que el inciso primero del art. 77.1 CP no impide el concurso ideal cuando sean más de dos los tipos realizados por una única acción, tampoco debe excluirse la apreciación de una sola conexión medial en caso de que las plurales realizaciones típicas se encuentren relacionadas teológicamente

Todos los delitos en concurso medial es la posición que sigue la anterior sentencia y la de 29 de abril de 2010, que vimos antes, sin plantearse en el caso presente, lo que sí ocurrió en esta última sentencia, el que en un robo se cometan dos detenciones ilegales, y ello por cuanto solo una es objeto de acusación en el caso del robo del 13 de julio.
QUINTO: Conforme al artículo 242 del Código Penal las lesiones causadas en los robos con violencia deben penarse por separado.

Los hechos también constituyen una falta y delito de lesiones de los que responden no solo los autores materiales y directos de las mismas, sino todos lo participantes en los robos, conocedores como eran de las armas que todos portaban, y asumiendo por tanto el uso que de ellas se hiciera. Efectivamente los acusados reconocen los hechos, y concretan que portaba cada uno de ellos al acceder a las viviendas, con lo que eran sabedores de que había quien portaba cuchillos, pistola de fogueo, y una pata de cabra. La STS 11/9/2000 dice: "la nueva definición de la coautoría acogida en el art. 28 del C. P. 1995 como "realización conjunta del hecho" viene a superar las objeciones doctrinales a la línea jurisprudencial que ya venía incluyendo en el concepto de autoría, a través de la doctrina del "acuerdo previo", a los cooperadores no ejecutivos, es decir, a quienes realizan aportaciones causales decisivas, pero ajenas al núcleo del tipo la "realización conjunta del hecho", implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por ello, necesario que cada coautor ejecute, por si mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización del mismo se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común. En consecuencia, a través del desarrollo del "pactum scaeleris" y del condominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo del tipo, como la de quienes planifican, organizan y dirigen a distancia la operación, sin intervenir directa y materialmente en su ejecución" .

En el caso presente, las agresiones a las víctimas se producen al comienzo del asalto, y todos los acusados son conocedores de haberse producido tales agresiones, continuando todos con la acción depredatoria sin objeción alguna, existe una realización conjunta del hecho, existe un acuerdo previo de portar armas, existe un conocimiento de las lesiones causadas por uno de ellos, continuando con el asalto, y existe, por tanto, coautoría en todos los delitos.

Las lesiones fueron constitutivas de falta las causadas a Gema Encarnación Requena Gascar, y de delito las causadas a Florencio Rodríguez Hernández, que como se detalla en el relato de hechos probados requirieron para su curación tratamiento médico quirúrgico consistente en sutura de la herida de la pared abdominal, antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos, habiendo estado tres días hospitalizado.
SEXTO: Debemos a continuación entrar en el estudio de las acusaciones formuladas contra Yohan Díaz Abud, Diego Fernando Renza Andrade, Jesús Orlando Rosero Muñoz y Jefferson Alejandro Perdomo Contreras, habiendo negado todos ellos los hechos imputados desde el principio de las actuaciones, así como cualquier tipo de participación en los hechos descritos. La única prueba en que se fundamenta la acusación es la declaración de los acusados que sí reconocieron los hechos, sin embargo tal imputación respecto de Yohan y Jefferson, no se sostuvo en el acto del plenario, retractándose todos de su declaraciones sumariales, y las otras como veremos, no se estiman suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a dichos acusados.

La Doctrina del Tribunal Constitucional en materia de valor probatorio de las declaraciones incriminatorias prestadas por el imputado, se resume en la sentencia 118/04, de 12 de julio, en los siguientes términos: Cuando dicha declaración se erige en única prueba para justificar la condena deben extremarse las cautelas, ello se debe a la especial posición que ocupa el coimputado en el proceso ya que, a diferencia del testigo, no tiene obligación de decir verdad, por el contrario, tiene derecho a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable e incluso a mentir.

Asimismo debemos traer la STS de 12 de Febrero de 2003, que dice: Es bien conocida la jurisprudencia relativa al valor probatorio de las declaraciones de los coimputados y a las cautelas con que deben tomarse los datos incriminatorios de esa procedencia, debido a que podrían estar mediatizados por el interés en la autoexculpación o en la atenuación de la pena de quien los facilita; y, además, por la circunstancia de que, dado el estatuto procesal del declarante, el principio de contradicción sólo puede operar en estos casos de forma muy limitada (por todas, STC 297/2002, de 11 de noviembre y STS 658/2002, de 12 de abril).

Es a lo que se debe la exigencia de valorar con particular cuidado la actitud del imputado y atípico testigo y, muy especialmente la de cuidar que el contenido de ésta cuente, además, con el aval representado por la confirmación mediante datos de otra procedencia.”

Por su parte la STS núm. 560/2007, de 22 de junio , dice: "Es conocida de todos la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala por la que en principio hay que considerar válida como prueba de cargo, esto es, apta para desvirtuar la presunción de inocencia la declaración de uno o varios coimputados; sin embargo hay que tener en cuenta los límites que a tal doctrina viene imponiendo en los últimos años el mencionado Tribunal Constitucional, recogidos inicialmente en dos sentencias, las 153/1998 y 49/1998, y ya consolidados en las enumeradas como 68, 72 y 182, todas de 2001 ; 2, 57 y 235 de 2002; y 55 y 286 de 2005, entre otras muchas:

1º. Su fundamento se encuentra en que estas declaraciones de los coacusados sólo de una forma limitada pueden someterse a contradicción habida cuenta de las facultades que estos tienen por lo dispuesto en el art. 24.2 CE que les reconoce el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, lo que constituye una garantía instrumental del más amplio derecho de defensa en cuanto que reconoce a todo ciudadano el derecho a no contribuir a su propia incriminación (STC 57/2002 ).

2º. La consecuencia que de esta menor eficacia probatoria se deriva es que con solo esta prueba no cabe condenar a una persona, salvo que su contenido tenga una mínima corroboración.

3º Tal corroboración aparece definida como la existencia de cualquier hecho, dato o circunstancia externos, apto para avalar ese contenido en que consisten las declaraciones concretas de dicho coacusado.

4º. Con el calificativo de "externos" entendemos que el TC quiere referirse a algo obvio, como lo es que tal hecho, dato o circunstancia se halle localizado fuera de esas declaraciones del coimputado.

5º. Respecto al otro calificativo de "mínima", referido al concepto de corroboración, reconoce el TC que no puede concretar más, dejando la determinación de su suficiencia al examen del caso concreto. Basta con que exista algo "externo" que sirva para atribuir verosimilitud a esas declaraciones.

6º.- No sirve como elemento corroborador la declaración de otro coimputado. El que haya manifestaciones de varios acusados, coincidentes en su contenido de imputación contra un tercero, no excusa de que tenga que existir la mencionada corroboración procedente de un dato externo.

7º. Esta corroboración mínima a través de cualquier hecho, dato o circunstancia externos resulta exigible no en cualquier punto, sino en relación con la participación del acusado cuya condena está en juego y concretamente respecto del hecho o hechos por los que viene acusado. Esto es, no basta que se corrobore la verdad de las manifestaciones en determinados extremos para luego dar crédito a otros extremos diferentes no corroborados que son precisamente aquellos por los cuales condenó la sentencia recurrida. La corroboración ha de ser específica respecto de cada hecho delictivo y respecto de cada coimputado, si hubiera condenas por hechos diferentes y con acusados diferentes.

8º La corroboración o corroboraciones externas y específicas han de fundarse en los elementos que aparezcan expresados en las sentencias impugnadas como fundamentos probatorios de la condena.

Esta doctrina se refiere obviamente a los casos en que aparece en el procedimiento esa declaración del coimputado o coacusado como prueba única de cargo para justificar la condena.

Tal corroboración con las características que acabamos de mencionar constituye un requisito para que esa prueba pueda valorarse como de cargo. Determinar si ha de considerarse como razonablemente suficiente para justificar la condena discutida requiere un examen y una valoración posterior que ha de hacer el Tribunal de instancia, valoración que, a su vez, puede ser impugnada en casación desde esta perspectiva de la suficiencia razonable".
Pues bien, en el caso presente debemos partir de un hecho fundamental, y es que, los acusados que reconocen los hechos e imputan a Diego Fernando y Jesús Orlando, también imputaron en fase sumarial a otros como Yohan y Jefferson, y sin embargo respecto de estos se retractaron en el acto del plenario, con lo que existe una sombra de duda acerca de la credibilidad de dichos acusados. Además son varias las contradicciones en que incurren en sus declaraciones, contándose también escritos dirigidos desde la prisión exculpando a Diego Fernando.

El acusado Reinel Perdomo manifestó en el plenario, “que dijo tantas mentiras, que ya ni recuerda”, refiriéndose a sus anteriores declaraciones sumariales. El acusado José Julián García Carmona reconoció haber enviado una carta exculpando a Diego, y pidiéndole a este perdón por haberle implicado. El acusado Jorge Enrique también reconoció haber escrito una carta exculpando a Diego, y rectificó en cuanto a quien mordió en la mano la víctima Gemma Encarnación. Por lo tanto contamos con tres acusados que implican a Diego, de los que al menos dos le han exculpado en algún momento según los escritos que constan en autos, tratándose además, como dijimos más arriba, de tres acusados que han variado sus declaraciones, culpando y exculpando a otros acusados como Yohan y Alejandro, pero incluso implicaron a Jorge Enrique en el robo del día 13 de julio, retractándose después.

Respecto de Jesús Orlando, existe cierta confusión puesto que este se refiere a un ecuatoriano como la persona que conocía datos de la vivienda asaltado el día 13 de julio, y efectivamente los acusados que imputan a Jesús también hacen referencia a un ecuatoriano. En cualquier caso solamente contamos con la imputación de los acusados que confesaron los hechos, y del mismo modo que en el caso de Diego, y también de Yohan y Jefferson Alejandro, aún cuando respecto de estos dos últimos fueron exculpados por los demás en el acto del juicio oral, deben existir hechos o datos que corroboren mínimamente tales imputaciones.

Pues bien, en canto a Jesús Orlando, y sin bien se dice que trabajó en el vivienda objeto del robo del día 13 de julio, no se ha acreditado ninguna relación o conocimiento de este acusado respecto de la indicada vivienda, a la que ni siquiera acudió el día de los hechos, ni aún para asegurarse su parte del botín, por la supuesta privilegiada información prestada. Es más, contrariamente a lo imputado, el propietario de dicha vivienda, Florencio Rodríguez Hernández, negó, tras observar a Jesús Orlando, que este hubiera trabajado nunca para él, ni que hubiera realizado obras en su casa.

Respecto de Jefferson Alejandro, y Yohan, debe tenerse en cuenta la exculpación que en el plenario se realiza, al igual que respecto de al participación de Jorge Enrique en el robo del día 13 de julio de 2008, y de la que no cabe considerar motivo espurio alguno, ya que en nada afecta a las respectivas participaciones en los hechos. Respecto de Diego, ya hemos visto las exculpaciones que se realizaron por carta, así cono la poca credibilidad que nos ofrecen los acusados que le implican en los hechos del día 5 de junio. En definitiva esta Sala no ha alcanzado el pleno convencimiento para dictar un fallo condenatorio respecto a Jefferson Alejandro Perdomo Contreras, Yohan Díaz Abud, Diego Fernando Renza Andrade y Jesús Orlando Rosero Muñoz, y ello por carecer de dato alguno que corrobore las declaraciones de los otros coimputados, no siendo suficiente la sola y única declaración de estos para dictar una sentencia condenatoria, tal y como nos enseña la jurisprudencia citada anteriormente.

Se debe exigir una certeza, al margen de cualquier conjetura o sospecha, más o menos fundada, sobre la participación en los hechos que se les imputan, y a falta de la misma, por aplicación del principio "in dubio pro reo", procederá un fallo absolutorio respecto de los mismos, puesto que dicho principio : "en cuanto regla valorativa dirigida a los Tribunales exige que, en caso de duda sobre la existencia de la implicación de un imputado en un contenido incriminatorio, debe optarse por la decisión más beneficiosa para éste" (STS de 26 de abril de 2004).
1   2   3   4

similar:

Resolución: 000058/2010 iconResolución 042-2010 del 16 de abril del 2010

Resolución: 000058/2010 iconResolucióN 3312 de 2010

Resolución: 000058/2010 iconResolución 3748 de 2010

Resolución: 000058/2010 iconResolución 3899 de 2010

Resolución: 000058/2010 iconResolución ple-cne-6-9-11-2010

Resolución: 000058/2010 iconResolución del Consejo ue y 20-11-2010

Resolución: 000058/2010 iconResolución de 6 de septiembre de 2010. Punto e

Resolución: 000058/2010 iconResolución No. 083-05-conatel-2010

Resolución: 000058/2010 iconResolución incop no. 046-2010

Resolución: 000058/2010 iconResolución incop no. 040 -2010






© 2015
contactos
ley.exam-10.com