Resolución: 000058/2010






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SEGUNDO: La defensa de REINEL PERDOMO PÉREZ modificó su escrito de conclusiones, estimando que su defendido es autor únicamente de dos delitos de robo con violencia y un delito de lesiones, no así de los de detención ilegal ni de la falta de lesiones, concurriendo la circunstancia atenuante de colaboración con las autoridades por vía de la analógica del artículo 21, 6ª del CP, y solicitando la imposición de una pena de 3 años y 6 meses de prisión por cada uno de los delitos de robo, y 3 años y 6 meses de prisión por el delito de lesiones.

La defensa de Yeison Yeir Perdomo, también modificó sus conclusiones provisionales, estimando a su defendido autor de un delito de robo con violencia y de una falta de lesiones, concurriendo la circunstancia atenuante de colaboración con las autoridades por vía de la analógica del artículo 21, 6ª del CP, y solicitando la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de robo, y una multa de 20 días con una cuota de 10 euros por la falta de lesiones.

La defensa de Bryan Muñoz Moncada, también modificó sus conclusiones provisionales, estimando a su defendido autor de un delito de robo con violencia, concurriendo la circunstancia atenuante de colaboración con las autoridades por vía de la analógica del artículo 21, 6ª del CP, y solicitando la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de robo.

La defensa de Jorge Enrique Gutiérrez, también modificó sus conclusiones provisionales, estimando a su defendido autor de un delito de robo con violencia y de una falta de lesiones, concurriendo la circunstancia atenuante de colaboración con las autoridades por vía de la analógica del artículo 21, 6ª del CP, y solicitando la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de robo. La defensa de José Julián García Carmona, en sus conclusiones admitía la autoría de los delitos de robo con violencia y de delito y la falta de lesiones, no así de los delitos de detención ilegal, considerando además que no concurrían agravantes, y sí la atenuante de colaboración del artículo 21, 4ª y 6ª del CP.

Las defensas de Yohan Díaz Abud, Jefferson Alejandro Perdomo Contreras, Diego Fernando Renza Andrade y Jesús Orlando Rosero Muñoz, solicitaron la libre absolución de los mismos, por no haber tenido participación alguna en los delitos imputados.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO: Probado y así se declara, que sobre las 03:00 horas del día 5 de junio de 2008, los acusados REINEL PERDOMO PÉREZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, JOSÉ JULIÁN GARCÍA CARMONA, mayor de edad y con antecedentes penales no computables en la presente causa, JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ GARCÍA, mayor de edad y sin antecedentes penales, puestos de común y previo acuerdo en la acción, cubriéndose los rostros con capuchas y esgrimiendo una pistola, un cuchillo y una pata de cabra, irrumpieron en la vivienda, propiedad de Dª Gemma Encarnación Requena Gascar, sita en la urbanización Los Riscos, nº 7 de Playa Blanca-Yaiza (Las Palmas), tras saltar el muro que bordeaba su perímetro, accediendo al dormitorio principal, donde se encontraba durmiendo Dª Gemma Encarnación en compañía de sus dos hijos menores que contaban con ocho años de edad, Diego y Álvaro García Requena y, tras despertarles bruscamente, mientras uno de ellos asía fuertemente a Dª Gemma Encarnación por el cuello, le solicitaron el contenido de la caja fuerte y las llaves de uno de sus vehículos, propinándole seguidamente varios golpes en el ojo con la culata de la pistola que portaban, ocasionándole edema y equimosis periorbitaria izquierda y hemorragia subconjuntival así como una herida inciso contusa superficial en la región cigomática izquierda que requirieron para su curación de una única asistencia facultativa, tardando en curar 12 días, cuatro de ellos impedida para el desempeño de su profesión habitual. A continuación, los acusados, amedrentándoles con las armas e instrumentos que portaban, obligaron a Dª Gemma Encarnación y sus dos hijos, a acompañarles por toda la casa en busca de dinero, joyas y otros objetos de valor, consiguiendo apoderarse de las joyas contenidas en la caja fuerte y regresando nuevamente hasta el dormitorio principal, donde Dª Gemma Encarnación procedió a hacerles entrega de 3.000 € en efectivo y un pequeño joyero. En este momento, los acusados, procedieron a amordazarles, atándoles las manos con bridas y tapándoles la boca con cinta de embalar, haciendo lo mismo con el perro, y les dejaron encerrados dentro del cuarto de baño mientras continuaban registrando la vivienda, apoderándose de una videoconsola Nintendo, un reproductor Mp4 de la marca Jjoy, unas gafas de sol de la marca Rayban, varios ordenadores, un teléfono móvil y numerosas joyas entre las que se encontraban dos relojes de comunión marca Viceroy, dos relojes de la marca Hublot y una pulsera de diamantes. Poco después de que los acusados abandonaran el citado domicilio, sus moradores consiguieron liberarse de sus ataduras.

Han sido recuperadas las gafas y los relojes de comunión y entregados a sus legítimos propietarios quienes los conservan en calidad de depósito provisional.

Los objetos sustraídos y no recuperados, a excepción de las joyas que no han podido ser objeto de tasación pericial, han sido valorados oficialmente en 8.616,40 €.
SEGUNDO: Ha quedado también probado, que entre las 03:30 y las 03:40 horas del día 13 de julio de 2008, los acusados REINEL PERDOMO PÉREZ, JOSÉ JULIÁN GARCÍA CARMONA, YEISON YEIR PERDOMO PÉREZ y BRYAN ANDRÉS MUÑOZ MONCADA, de común acuerdo se dirigieron a la vivienda sita en la calle Celemín, nº 2 de Los Valles-Teguise, en un vehículo conducido por Jefferson Alejandro Perdomo Contreras, a quien le dijeron que les llevara a dicho domicilio a comprar hachis, diciéndole una vez llegaron al lugar, que se marchara y que ya le llamarían para que fuera a recogerles, accediendo los acusados REINEL PERDOMO PÉREZ, JOSÉ JULIÁN GARCÍA CARMONA, YEISON YEIR PERDOMO PÉREZ y BRYAN ANDRÉS MUÑOZ MONCADA, sin que conste el empleo de fuerza alguna en las cosas, armados igualmente con pistolas, cuchillos y patas de cabra y enmascarados con capuchas, al interior la referida vivienda perteneciente a D. Florencio Rodríguez Hernández, quien se encontraba en su habitación durmiendo junto a su mujer Dª Alicia María Barrios Peraza. Tras despertar a los moradores de la vivienda, los acusados, mientras les apuntaban con una pistola, con el propósito limitar su capacidad de movimientos, comenzaron a maniatarles, atándoles las manos y los pies y tapándoles la boca con cinta de embalar, haciendo lo mismo con los perros, golpeando seguidamente a D. Florencio con la pata de cabra en la cara, en la parte posterior de la cabeza, en la espalda y en los brazos, ante la resistencia que ofrecía, asestándole asimismo 3 puñaladas en el estómago y en ambas piernas, ocasionándole una herida inciso contusa de 2 centímetros en epigastrio, sin penetración en cavidad, heridas contusas de uno, dos y tres por dos centímetros de diámetro en la cara anterior del tercio medio y distal de la pierna izquierda, una herida contusa de un centímetro de diámetro en la cara anterior del tercio medio de la pierna derecha, herida contusa horizontal de tres centímetros en la región de la rótula izquierda, contusión con inflamación periocular de ambos ojos, fractura de la pared media de la órbita izquierda en las celdas etmoidales y lámina papirácea, enfisema en órbita con hipertensión de globo ocular izquierdo, hematoma palpebral y hemorragia subconjuntival de ojo derecho. Las lesiones referidas requirieron para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico, consistente en reposo, cura y sutura quirúrgica de la herida de la pared abdominal, antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos orales, tardando en curar 40 días, todos ellos impeditivos para el desempeño de su profesión habitual, con 3 días de hospitalización y restándole como secuela una cicatriz lineal de dos centímetros en la región de epigastrio, cicatrices de uno, dos y tres por dos centímetros de diámetro en la cara anterior del tercio medio y distal de la pierna izquierda, un cicatriz de un centímetro de diámetro en la cara anterior del tercio medio de la pierna derecha, con un perjuicio estético moderado valorado entre 7-8 puntos.

Seguidamente, tras conseguir que Dª Alicia les hiciera entrega de 500 € en efectivo, mientras D. Florencio y Dª Alicia continuaban amordazados, los acusados Reinel, José Julián, Yeison, Bryan, inspeccionaron la vivienda en busca de dinero u otros objetos de valor, abandonándola seguidamente, tras haberse apoderado de un teléfono móvil marca Nokia valorado pericialmente en 37 € y dejando maniatados y encerrados dentro de su dormitorio a los moradores de la vivienda, quienes poco después consiguieron liberarse de sus ataduras.

Una vez en el exterior de la vivienda, los anteriores acusados llamaron por teléfono a Jefferson Alejandro para que fuera a recogerles, apareciendo este a los pocos minutos sin que tuviera conocimiento de los hechos perpetrados.

Los acusados Reinel Perdomo Pérez, José Julián García Carmona, Yeison Yeir Perdomo Pérez, Bryan Andrés Muñoz Moncada y Jorge Enrique Gutiérrez García, desde su detención reconocieron los hechos implicando a los otros acusados.

Los acusados Yohan Díaz Abud, Diego Fernando Renza Andrade y Jesús Orlando Rosero Muñoz, no ha quedado probado que tuvieran participación alguna en los hechos anteriormente narrados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: A la conclusión de que los hechos narrados son los realmente acaecidos, hemos llegado tras una valoración en conciencia de las pruebas practicadas en el acto del plenario en condiciones de inmediación, oralidad y contradicción y con todas las garantías legales y constitucionales. Efectivamente contamos con sobrada prueba acerca de la participación de Reinel Perdomo Pérez, José Julián García Carmona, Yeison Yeir Perdomo Pérez, Bryan Andrés Muñoz Moncada y Jorge Enrique Gutiérrez García, en los hechos narrados con anterioridad, y ello por cuanto todos los anteriores acusados reconocieron desde la primera declaración que prestaron ante la policía, su participación en los asaltos a las viviendas descritas. A las anteriores confesiones debemos añadir que los acusados describen con detalle la intervención concreta que tuvieron en los hechos, que las declaraciones de todos ellos coinciden en aspectos fundamentales respecto de la participación de los demás, y que a algunos les incautaron objetos provenientes de los robos, todo ello unido al reconocimiento de la participación que se plasma en las conclusiones definitivas de sus defensas. Siendo plenamente válida la prueba de confesión en atención a las propias garantías constitucionales que rodean la práctica de dichas declaraciones, y así se establece en numerosa jurisprudencia de la que destacamos, la STS. 1129/2006 de 15,11; "…. la confesión de los hechos por parte del imputado o acusado, que puede obedecer a distintas causas, debe entenderse como la consecuencia de una decisión suficientemente informada y libre, producto de una opción entre las distintas que la situación le ofrece, y cuyas consecuencias debe asumir.”
Entrando en la calificación de los hechos declarados probados, estos son legalmente constitutivos, respeto de los hechos ocurridos el día 5 de junio de 2008, de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de armas de los artículos 242, 1 y 2 del CP, en concurso medial con un delito de allanamiento de morada del artículo 202.1 y con un delito de detención ilegal del artículo 163, 1, y además una falta de lesiones del articulo 617.1, todos del Código Penal. Respecto de los hechos ocurridos el día 13 de julio de 2008, estos son constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de armas de los artículos 242, 1 y 2 del CP, en concurso medial con un delito de allanamiento de morada del artículo 202.1 y con un delito de detención ilegal del artículo 163, 1, y además un delito de lesiones de los artículos 147.1 y 148 1º, todos del Código Penal. Nos encontramos ante un supuesto de pluralidad de conexiones mediales encadenadas. En cada caso un delito -allanamiento de morada- es medio para cometer otro -robo con violencia-, que a su vez de comete por medio de un tercero -detención ilegal-, tal y como estudiaba la STS de 7 de marzo de 2007, aunque la acusación del Ministerio Fiscal solo incluye un delito de detención ilegal en el segundo de los robos, cuando lo cierto es que fueron dos las personas atadas y amordazadas.

SEGUNDO: Las defensas que reconocieron los hechos, mostraron su oposición a que pudiera estimarse la concurrencia de los delitos de detención ilegal, al entender que quedarían absorbidos por los robos.

El delito de detención ilegal es un tipo penal de consumación instantánea, que se alcanza en el instante mismo en que se priva a una persona de su libertad deambulatoria que, como derecho fundamental de todo individuo, está constitucionalmente proclamado en el art. 17.1 C.E. y que consiste en la libertad de movimientos, de trasladarse de un lugar a otro según la voluntad del sujeto. También es un delito permanente, en el que sus efectos se mantienen hasta la liberación de la víctima.

La jurisprudencia tiene dicho (STS. 1323/2009 de 30 de diciembre), que la regla para conocer si estamos ante un concurso de normas (art. 8 CP o de delitos, real (art. 73) o ideal (art. 77) ha de serla de atender a si la sanción por uno de los dos delitos es suficiente para abarcar la total significación antijurídica del comportamiento punible, con lo que nos hallaríamos ante el concurso de normas, y en caso contrario, ante un concurso de delitos, real o ideal. Es decir que solo en caso de que la privación de libertad sea un instrumento necesario y proporcionado para el apoderamiento de la cosa, podremos hablar de concurso de normas, con absorción de la detención ilegal por el robo violento, en caso contrario, estaremos en un concurso de delitos (STS. 479/2003 de 31 de marzo, 12/2005 de 20 de enero).

La recientísima STS de 29 de abril de 2010, dice: Así recientemente hemos recordado en la STS núm. 430/2009 de 29 de abril, que la jurisprudencia ha exigido para entender que la privación de libertad no queda absorbida en la dinámica propia del robo, que el encierro o el traslado no queridos rebasen el tiempo normal y característico de la mecánica comisiva del robo, debiendo quedar excluidas del tipo sancionador de la privación de libertad las inmovilizaciones del sujeto pasivo del robo de corta duración e inherentes a la actividad expoliatoria desplegada por los agentes, sin sustantividad propia penal, que queda absorbido por el comportamiento depredatorio.

En igual sentido la STS 447/2002 de 12 de marzo, conforme al criterio de atención a las circunstancias del caso concreto pudo decir que, por lo que se refiere al robo con intimidación, si la privación de libertad es la imprescindible para consumar el apoderamiento, la detención quedaría absorbida -Sentencias de este Tribunal núms. 501/2004 de 14 de abril, 178/2003 de 29 de mayo ó 372/2003 de 14 de mayo-.

El concurso será el previsto en el art. 77 del Código Penal EDL1995/16398 cuando la detención sea medio necesario para cometer el robo o se produzca durante la dinámica comisiva del mismo. Así en los casos de detención para despojar a la víctima de sus cosas muebles o para asegurar la ejecución del robo o la fuga del culpable (SSTS. 1008/98 de 11. de septiembre, 1620/2001 de 25 de septiembre, 1652/2002 de 9 de octubre).

Por el contrario, si la detención excede del tiempo necesario para llevar a cabo el acto depredatorio, o surge el robo después de la detención, existiría también una situación de concurso real -Sentencias de este Tribunal de 29 de noviembre de 2000 y 477/2002 de 12 de marzo.- Y lo mismo dijimos en la núm. 587/2008 de 25 de septiembre, donde establecimos que cuando la privación de libertad está encaminada a trasladar a la víctima a otro lugar donde consumar el delito principal, por razones derivadas de la conveniencia del autor unidas a las características de aquel, se ha de considerar, como se hizo en ocasiones, como concurso real. Y se penan separadamente ambas infracciones.

En definitiva -decíamos en la STS. 179/2007 de 7.3- este concurso será real (art. 73 CP EDL1995/16398 .) cuando la detención se produzca una vez concluida la dinámica comisiva del delito de robo, esto es, una ver terminada la conducta típica del robo (STS. 1334/2002 de 12.7), cuando ya el delito de robo se ha consumado (SS. 30.10.87 y 14.4.88), aunque la detención se realice a continuación y seguidamente de concluirse el robo (SS. 21.11.90 y 3.5.93), como ocurre: cuando los acusados de robo, perseguidos inmediatamente por los policías, consiguen ponerse fuera de la vista y alcance de éstos y después realizan la privación de libertad de las personas que están en una vivienda para que les oculten (STS. 646/97 de 12.4); o cuando la detención se prolongó después de finalizado el robo, obligando a la perjudicada a trasladar a los autores de los hechos lejos del lugar donde estos se habían producido (STS. 655/2000 de 11.4), o si concluido el robo, los autores realizan otra acción para evitar la libertad de la víctima (STS. 1890/2002 de 13.11).

Deberá apreciarse un delito de detención ilegal cuando la privación de la libertad en la víctima, por su duración o por sus especiales características, presente una entidad cuyo aspecto negativo en cuanto ataque al bien jurídico protegido, no quede cubierto por la sanción del delito de robo. Tal ocurrirá cuando se prolongue por más tiempo del necesario para ejecutar el apoderamiento o cuando se desproporcionada en función del delito de robo concreto cometido. En definitiva, cuando objetivamente tenga mayor entidad el ataque a la libertad que el ataque al patrimonio, aún considerando la inevitable privación de libertad que conlleva (SSTS. 479/2003 de 31.3, 12/2005 de 20.1).

Por eso esta Sala ha dicho, en un caso de robo cometido con armas en que, además se ató y amordazó a las víctimas, que la privación de la libertad fue desde el primer momento un elemento adicional a la violencia ejercida por los autores mediante las armas que portaban, pues la acción de atar y amordazar a las víctimas aparece como un agregado sobre abundante que no puede ser considerado dentro de la unidad de la acción propia del delito de robo (STS. 273/2003 de 26.2).
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