Neiva, octubre once (11) de dos mil siete (2007)






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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Sala Primera De Decisión
Neiva, octubre once (11) de dos mil siete (2007).
MAGISTRADO : Dr. JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO

CLASE DE ACCION : REPARACION DIRECTA

ACCIONANTE : JOSE LUIS VARGAS PENAGOS

DEMANDADA : LA NACION- MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL

PROCESO NÚMERO : 41-001-23-31-000-2003-00202

ACTA NÚMERO : 071 DE LA FECHA.
I. LA DEMANDA
Por conducto de apoderada judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, el señor JOSE LUIS VARGAS PENAGOS demanda a LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, para que sea declarada su responsabilidad por las lesiones sufridas en los oídos con un explosivo, durante la incursión subversiva a la población de Praga – Huila el día 22 de agosto de 1994.
Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene al demandado a pagar la totalidad de los daños de orden material y moral ocasionados y que se cumpla la sentencia dentro del término y efectos previstos en el artículo 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
II. HECHOS

Los hechos narrados son los siguientes:
PRIMERO: La parte actora ostenta la calidad de AG. quien presta su servicio a la Policía Nacional, quien sufre un accidente por causa de toma guerrillera el día 22-08-94, en la estación de policía de Praga Huila.
SEGUNDO: Estando Prestando su servicio y como resultado de la toma guerrillera se realizan junta medica (sic) 125 del 060296, en el cual se califica las heridas de arma de fuego las cuales son reconocidas.
TERCERO: De forma ligera e irresponsablemente califican al paciente como paciente simulador por perdida (sic) auditiva en el segundo punto con respecto al otorrino.
CUARTO: Al no calificarse correctamente la parte auditiva se sesgo (sic) la posibilidad de recurrir a una nueva junta Médico Laboral exactamente a el TRIBUNAL MEDICO LABORAL. Por declararlo paciente simulador.
QUINTO: La parte demandada cometió una primera omisión grande como fue el hecho de no proveer los tapa oídos para mi poderdante máxime cuando es sabido el riesgo a que se enfrentan los policías a causa del orden público, lo que hizo que al momento de estallar las granadas se causaran lesiones en los oídos no de perdida (sic) como lo creyó el ente examinador porque eso no se le estaba discutiendo sino una afección grave que con cualquier otro estallido se puede perder los oídos.
SEXTO: En el ultimo examen medico dice textualmente que el oído derecho no se sello (sic) porque tiene un nivel de complicación muy aumentada producto de secuela de perforación timpánica y el oído izquierdo no se sello (sic) tampoco porque tiene un nivel de complicación aumentada. Este último dictamen médico fue realizado el 7 de marzo del 2001.
SEPTIMA: El dictamen del 7 de marzo del 2001 que se practico (sic) en el centro Audio lógico del Huila E. U. y posteriormente en la Clínica de la Inmaculada de la Policía el 25 de febrero del 02 se da el examen definitivo y se tiene como el ultimo (sic) recurso anterior a pedir nuevo TRIBUNAL MEDICO disponía según su examen de audiometría, El paciente no debe exponerse a ruidos por la prohibición de empeorar el umbral auditivo y empeorar del zumbido (pito). No debe realizar polígono ni otras actividades a fin de Con el Trauma acústico, control cada seis meses. El paciente puede laborar siempre y cuando no tenga estos riesgos anotados.
OCTAVA: Mi poderdante en búsqueda de aclarar el desprestigio de haber sido catalogado como paciente simulador y la lesión que si quedaron en los oídos, como lo demuestra el concepto CENTRO AUDIOLOGICO DEL HUILA E. U. y la Clínica de la Inmaculada de la policía.
NOVENO: En consecuencia del Hecho anterior mi poderdante solicita nuevamente su caso sea revisado lo cual consta en el oficio de septiembre 03 de 2002, a lo cual le contestan Negativamente el 24 de octubre del 2002 y el 04 de Diciembre 2002. a lo cual le respondieron que el había renunciado a cualquier reclamación y al termino (sic) para solicitar la convocatoria a Tribunal Medico, y esto es con respecto a las esquiarlas (sic) y heridas por coacusa (sic) de las granadas que en ello no hay ninguna discusión, el punto esta (sic) en que la administración cometió una omisión a demás (sic) de no proveer los tapa oídos, como omitir absolutamente realizar una junta médica con respectó (sic) a los oídos lesionados no perdidos, para que fueran analizados como consecuencia de haber estando (sic) frente a una toma guerrillera sin lo previsto por el estado como son tapa oído.
DECIMO: Como consecuencia de los Hechos la parte demandada cometió dos omisiones no proveer los tapa oídos y no realizar el Tribunal Medico a mi cliente agotándose así todos los recursos de la vía gubernativa” (fls. 6 y 7).
III. FUNDAMENTO DE DERECHO
Invoca los artículos 2 y 90 de la Constitución Política.

IV. ADMISION Y TRÁMITE DE LA ACCIÓN
La demanda fue admitida mediante auto del 12 de junio de 2003 (fls. 30 y 31) dándosele el trámite ordinario previsto en los artículos 207 y s.s. del Código Contencioso Administrativo.
Las notificaciones y traslados se surtieron debidamente como se observa a folios 31 y 35.
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Oportunamente LA NACIÓN- MINDEFENSA- POLICIA NACIONAL, descorrió el traslado de la demanda, pidiendo que se nieguen las pretensiones de la misma, manifestando que las lesiones causadas al accionante, tuvieron lugar en un acto del servicio y con ocasión del mismo, por la acción del enemigo en una incursión subversiva a la población de Praga el día 22 de agosto de 1994.
Aduce que los perjuicios reclamados por el actor son desproporcionados e ilegítimos, porque desde el mismo momento en que resultó lesionado, no sólo ha recibido la atención hospitalaria, médica, quirúrgica y farmacéutica que ha requerido para su recuperación, sino que además, ha percibido regularmente su salario con todos los emolumentos que lo componen.
VI. LA PRUEBA
Se allegó con la demanda copia simple de los siguientes documentos: Informe de remisión e historia clínica del demandante; solicitud elevada por el actor al Departamento de Policía Huila el 3 de septiembre de 2002, Oficios 2394 y 8759 del 24 de octubre y 4 de diciembre de 2002 (fls. 17 – 28).
VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
a) Parte actora.
Guardó silencio.
b) Parte demandada.
Reitera lo expuesto en la contestación de la demanda, en el sentido de que “la institución policial en ningún momento fue la que originó con su actuar que el policial llegara a sufrir alguna lesión, sino que ello obedeció al conflicto interno que afronta todo el país, es decir que fue originado por el personal subversivo, lo que jurisprudencialmente se conoce como el hecho de un tercero, el cual no depende administrativamente del Estado” (fl. 58).
Señala que la Policía Nacional suministra los elementos necesarios para el servicio, pero dentro de esa dotación no están incluidos elementos personales como son los tapa oídos “al no ser un elemento de dotación para el servicio, corresponde al policial adoptar las medidas necesarias para disminuir los riesgos en el ejercicio de la profesión, aún cuando de acuerdo a los antecedentes y la ferocidad del ataque guerrillero, difícilmente unos tapa oídos habrían podido evitar una lesión como la que afirma el actor sufrió el día de los hechos” (fls. 58 y 59).
Afirma que una vez practicada la Junta Médico Laboral al demandante, si éste no estaba de acuerdo con la calificación de las lesiones, debió acudir dentro de los cuatro meses siguientes al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Al no haber agotado esta instancia, el actor no estaba facultado para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.
Expresa que si fuera realmente serio el problema auditivo que dice padecer el actor, no estaría laborando en la actualidad en una dependencia de la Policía Nacional como es la Estación 100, donde muy seguramente los deciveles de ruido son bastantes altos. Por ello, el concepto emitido por la Junta Médico Laboral fue exacto en calificar al actor como un paciente simulador.
c) Ministerio Público.
No rindió concepto.

VIII. CONSIDERACIONES
Pretende el actor se declare la responsabilidad patrimonial de Estado en cabeza de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y el consecuente reconocimiento de perjuicios materiales y morales ocasionados como consecuencia de la lesión sufrida en sus oídos con un explosivo, durante una toma guerrillera en la estación de policía de Praga el día 22 de agosto de 1994.

En primer lugar huelga resaltar que para establecer la responsabilidad de la administración en asuntos como el presente, es menester tener en cuenta que quienes ejercen funciones relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los agentes de policía, asumen los riesgos inherentes a la misma actividad y están cubiertos por el sistema de la indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para los accidentes de trabajo.
No obstante lo anterior, habrá lugar a la reparación plena o integral de los perjuicios causados, cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, porque en tales eventos se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:
(…) Sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido en los siguientes eventos Por falla del servicio. A este respecto, dijo la Sala Plena en sentencia del 13 de diciembre de 1983, expediente No. 10.807:
1. La doctrina, en el caso de accidente sufridos por agentes del Estado ha sostenido como norma general que la víctima no puede pretender más reparación de los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral. La aplicación de esta regla llamada ‘Forfait de la pensión’ naturalmente hace referencia a los daños sufridos por un funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común. Por esta razón, el régimen de prestaciones suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así al asumir mayores riesgos profesionales se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio se cumple, no sólo destinando un régimen de mayores prestaciones dados sus riesgos especiales sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. En principio el régimen de indemnizaciones refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufrida por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito.

2. No obstante cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio, sino que han sido causadas por falla del servicio, el funcionario, o el militar, en su caso, que las sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud...
Ejemplos típicos de esta situación se presentan en todos los casos en que el accidente se produce por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente tales como el militar que perece al cruzar un puente en construcción, sin señales de peligro o aquel que muere víctima de un agente de policía ebrio en horas de servicio y cuando el militar no interviene en el operativo sino que cruza accidentalmente por el lugar. También se dan los casos en que los hechos exceden los riesgos propios de ejercicio: tal es el caso del militar que perece en accidente de tránsito debido a falta de sostenimiento del vehículo oficial que lo transporta, o el militar que perece en accidente de avión debido a que éste fue defectuosamente reparado por el servicio de mantenimiento. En todos estos casos la actividad propia del militar no juega ningún papel y su no indemnización plena rompería el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley’.
b. Cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. Ha considerado la Sala que cuando se expone al funcionario a un riesgo mayor se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas y hay lugar a la indemnización plena o integral de los perjuicios causados. Así, en providencia del 3 de abril de 1997, expediente No. 11.187, se precisó:

Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referidos a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado.
Entratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común’ ”1.
La Sala en torno al análisis de este asunto, observa que la parte actora no demostró que el Estado hubiera incurrido en una falla del servicio, ni que hubiera sometido a la víctima a una carga excepcional, diferente a la que debía soportar como miembro de la Policía Nacional; máxime teniendo en cuenta que las pruebas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, brillan por su ausencia.
Aunado a lo anterior, los escasos documentos aportados con la demanda, son fotocopias simples y en consecuencia, carecen de mérito probatorio.
Sobre el valor probatorio de fotocopias simples ha dicho el Consejo de Estado:
Según lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación, la copia debe tener un sello de autenticación propia, para poder ser valorada como el documento original y en el presente caso, se presenta una fotocopia del documento que fue inicialmente autenticado, pero esta última copia no fue autenticada por el funcionario que tenía la facultad legal para ello…”1, vigorizando lo expuesto igualmente se pronuncia: “Y del contenido de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, aplicables a los procesos contencioso administrativos en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA., se desprende que las copias simples no tienen valor probatorio alguno, pues solo tienen el valor probatorio del original en los casos que menciona la segunda norma.”2 (Subrayas de la Sala).
En el mismo sentido se expresó la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C 023 de 1998, al estudiar la exequibilidad del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en la que indicó:
Así la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos.
Sostener que el exigir una copia autenticada en el caso del numeral 2 del artículo 254 es presumir la mala fe de quien pretende hacerla valer como prueba, sería tanto como afirmar que también desconoce la presunción de buena fe la exigencia de solemnidades ad substantiam actus en algunos contratos (como en la compraventa de Inmuebles), porque con el argumento de la buena fe deberían eliminarse las escrituras públicas, el registro de la propiedad Inmobiliaria, el registro del estado civil, etc. Nada más absurdo y más contrario a las relaciones jurídicas y, en especial, a la seguridad, a la certeza, que debe haber en ellas.”
Ahora. Si bien es cierto, de la demanda y su contestación se desprende que efectivamente las lesiones auditivas sufridas por el agente de la Policía Nacional de José Luis Vargas Penagos, se produjeron cuando se desempeñaba como agente de la Policía Nacional; no se puede soslayar que dichas lesiones fueron causadas por el hecho exclusivo y determinante de un tercero -grupo al margen de la ley-, extraño a la institución demandada.

Concordante con lo anterior, no se demostró que la actuación desplegada por el tercero fuera facilitada por una acción u omisión de la institución accionada o que ésta haya tenido la oportunidad de prever el ataque o de prepararse para repelerlo –previsible y resistible-, caso en el cual no investiría el carácter de causa extraña respecto de la conducta estatal y, por lo tanto, no tendría virtud para exonerarla de responsabilidad.
Teniendo en cuenta lo expuesto, considera la Sala que en el presente caso no se probó la responsabilidad de la administración, pues está acreditado que las lesiones sufridas por el actor fueron producto del hecho exclusivo y determinante de un tercero, razón por la cual el daño cuya reparación se pide, no le es imputable al Estado y en consecuencia, se denegarán las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:




  1. Denegar las pretensiones de la demanda.




  1. Reconocer personería a la abogada TERESA HAYDEE MARIN PALMA, como apoderada sustituta de la Dra. PAOLA ANDREA CABRERA OCHOA, en los términos y fines conferidos en el memorial visible a folio 69.




  1. Tener a la abogada FANNY PIEDAD GONZALEZ SAAVEDRA, como apoderada sustituta de la Dra. TERESA HAIDEE MARIN PALMA, en los términos fines conferidos en el memorial visible a folio 70.




  1. Admitir al abogado EUGENIO ESTANISLAO ROJAS BAEZ, como apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en los términos y para los fines en que fuera conferido el poder en el memorial visible a folio 62.



Notifíquese y archívese,

JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO RAMIRO APONTE PINO


Magistrado Magistrado

JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Magistrado


1


1

21 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 2002. Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE. Rad. 1995-2928-01(14001)

 Consejo de Estado. Sentencia de 8 de marzo de 2001 Exp. No. 2483 M. P. Darío Quiñónez Pinilla.


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