Las competencias de los jueces y su impacto en la reforma judicial






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Las competencias de los jueces y su impacto en la reforma judicial

Patricia Casana de Burga
Sumilla
Cada vez es más acuciante contar con un Poder Judicial eficiente, para lo cual no basta con llevar a cabo una reforma entendida como un proceso de cambio formal a cargo de juristas y centrada en el marco normativo.
En el presente artículo se sostiene que sin jueces competentes el mejoramiento del sistema de justicia es inviable y se destaca que los más competentes no son, necesariamente, quienes más méritos académicos exhiben. Sin dejar de reconocer el valor del conocimiento, se propone centrarse en las competencias, que incluyen también las habilidades y las actitudes, proponiendo como competencias clave de los jueces la independencia, la integridad, el juicio, el liderazgo, la motivación y el trabajo en equipo.
En particular, se destaca que los vocales supremos deben poseer la habilidad del liderazgo en máxima intensidad, erigiéndose en líderes transformacionales de excepción que conduzcan con energía y autoridad moral el proceso de reforma judicial.

I. Introducción
El sistema jurídico cumple funciones económicas precisas; por ejemplo, define los derechos de propiedad y su transferencia. Para que el sistema jurídico funcione se requiere un sistema judicial eficaz y eficiente. Un sistema judicial ineficaz e ineficiente resta valor a los derechos consagrados por el sistema jurídico, afectando con ello el desempeño del sistema económico, lo cual —a su vez— dificulta o imposibilita el desarrollo sustentable.
En ese contexto, no está en discusión que el Poder Judicial, debe cambiar, sea como fuere que se denomine dicho cambio: reforma, reorganización o refundación. Para ello, se requiere jueces que destaquen no sólo por sus conocimientos jurídicos sino por sus conocimientos transversales y competencias tales como capacidad para tomar decisiones, identificar, plantear y resolver problemas, trabajar en equipo, motivar y conducir hacia metas comunes, formular y gestionar proyectos, asumir un compromiso ético, entre otras.
Conforme a una tendencia general, los académicos y comentaristas han enfocado el problema de la reforma judicial a partir del análisis del marco normativo, sobre cuya base han esbozado diversas teorías para explicar los fracasos del sistema de justicia y proponer soluciones. Por otra parte, los mecanismos de selección de jueces se han centrado esencialmente en examinar los conocimientos de Derecho de los postulantes, aunque ni la pericia técnica ni los estudios académicos son los únicos ni los más importantes factores que inciden en el éxito de un profesional. Las credenciales avanzadas, los títulos y los diplomas son deseables, pero no aseguran un magistrado con desempeño superior.
Aunque se aceptara como válido que quienes actualmente acceden a la judicatura y permanecen en ella cuentan con suficiente preparación académica, la evidencia apunta a que los magistrados peruanos requieren apoyo para desarrollar las competencias necesarias para conseguir que se haga aquello que debe hacerse.
Es necesario trabajar en la identificación de los mejores jueces, ahora dispersos, a fin de potenciar su impacto en la organización. Los buenos jueces —aquellos que han desarrollado balanceadamente su capital intelectual, emocional y relacional— pasan inadvertidos y no están “inventariados” como un activo inmaterial valioso para el Poder Judicial, entidad que sigue enfocada en la escasez de recursos materiales, requiere un rediseño de su estructura organizacional y acomete la reforma como si se tratara de una reorganización administrativa. Paralelamente, es preciso implementar un proceso de reclutamiento y selección para atraer e incorporar a los mejores abogados a la judicatura, así como mejorar la calidad de la enseñanza legal en el Perú.
II. Las competencias
A inicios de 1970 el psicólogo conductista y consultor estadounidense David C. Mc Clelland (1917-1998) introdujo la noción de competencia como un referente indispensable en cualquier iniciativa de mejoramiento organizacional.1 Mc Clelland propuso que la evaluación de las competencias predice el nivel de desempeño de un modo más confiable que las pruebas tradicionales, enfocadas esencialmente en conocimientos.
Según Spencer y Spencer (1993), una competencia es una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con una performance superior en un trabajo o situación.2 Tejada y Navío (2005) señalan que el concepto de competencias supone:
“[...] todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional. El dominio de estos saberes le hacen capaz de actuar con eficiencia en situaciones profesionales”.3

Las capacidades conducen a las competencias, pero ser capaz no es lo mismo que ser competente. La capacidad se adquiere; las competencias se desarrollan. Las capacidades son estáticas y se confinan dentro de sus propios límites; las competencias, por el contrario, son complejas, dinámicas e incitan a nuevos desafíos. Las capacidades suponen un único saber y se agotan en su propia aplicación. No así las competencias, que se definen en la acción, metamorfoseándose y adaptándose a circunstancias siempre cambiantes.
Las competencias nacen de un dominio integral de conocimientos, habilidades y actitudes encaminadas hacia un afán de eficiencia y, en último término, enlazan con una visión perfectamente delimitada e interiorizada. Quien es competente domina y desarrolla (no sólo posee y aplica) el conocimiento, conjuntamente con sus destrezas intelectuales, psicomotoras y afectivas para llevar a cabo su desempeño conforme a objetivos trazados de antemano.
Las competencias exigen ser desarrolladas a lo largo de toda la vida. Por ello, las personas competitivas (quienes actúan independientemente, tienen capacidad de decisión y sienten que pueden hacer reales sus potencialidades innatas) invierten sus recursos materiales, intelectuales y sociales en planes de desarrollo —y no sólo de capacitación— de sus competencias clave y de sus competencias de empleabilidad.
Las competencias clave para la vida son aquéllas que todo estudiante cercano a terminar su educación obligatoria debería haber adquirido para participar productivamente en la sociedad. Éstas, según la Organisation for Economic Co-Operation and Development – OECD,4 comprenden: a) usar instrumentos interactivamente (usar símbolos, textos, conocimientos, información y tecnología interactivamente), interactuar en grupos heterogéneos (trabajar en equipo, colaborar, relacionarse bien con otros, gestionar y resolver conflictos) y, c) actuar autónomamente (comprender el contexto, defender y afirmar derechos e intereses, elaborar y conducir planes de vida y proyectos personales).
Las competencias individuales o personales son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de que dispone una persona para cumplir exitosamente una tarea o función. Las competencias organizacionales constituyen agregados de competencias que posee un grupo de individuos y que les permite un desempeño superior.5 Se caracterizan por ser colectivas, institucionalizadas, inimitables y duraderas.6
Entre las competencias organizacionales y las competencias personales debe existir congruencia. Por ejemplo, se ha establecido reiteradamente que un atributo esencial del Poder Judicial debe ser su independencia. En otras palabras: la independencia debe ser una core competence del Poder Judicial. Como Alexander Hamilton señalara, en 1788, en el Nº 78 de The Federalist: no hay libertad, si el poder de la justicia no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo. Congruentemente, una competencia individual de los jueces debe ser la independencia.7
III. El Poder Judicial
Las instituciones y el capital social son variables importantes cuando se busca el desarrollo con equidad.8 El Poder Judicial es una institución que como agente social tiene un rol crítico en la formación y consolidación del capital social peruano, pues su actuación incide en el nivel de confianza y el favorecimiento —o empeoramiento— de la solución de conflictos. Un país sin entidades públicas eficientes tiene capacidad institucional y capital social pobres, lo que limita su desarrollo.
El Poder Judicial produce un bien público para lo cual el proceso político —que sustituye al mercado— le asigna recursos. Debe proveer el bien público Justicia sin excluir a la demanda no solvente, en un país con una población total de 28´220,764 habitantes, de los cuales al año 2007 el 39,3% es pobre.9
¿Es el proceso de creación de valor del Poder Judicial diferente al proceso de creación de valor en una entidad privada? Independientemente de la respuesta, lo cierto es que es difícil medir el valor que genera. Por lo pronto, la relación costo-beneficio no se puede analizar desde la óptica privada, que compara los costos y beneficios directos valorados a precios de mercado, sino desde la perspectiva social que toma en cuenta, además, los costos y beneficios indirectos a precios de eficiencia. En otras palabras, interesa la rentabilidad social que no es otra cosa que el impacto de la inversión en Justicia sobre el bienestar de la sociedad.
“[…] un Estado existe para defender y concretar fines colectivos cuyos contenidos trascienden el aspecto económico, un aspecto crucial en las entidades privadas, donde el lucro es el fin último de la entidad, pero que en el sector público es sólo un fin instrumental para concretar fines colectivos […] la eficiencia en el sector público va mucho más allá de la limitada definición válida para el mundo de los privados ya que cuando estamos fuera de él implica asumir costos que para ellos pueden parecer, y de hecho lo son, ineficientes pues no generan mayor riqueza pero sí mayor bienestar general, el rédito más valioso para el sector público”.10

Al proveer el servicio de justicia a quienes se lo solicitan, el Poder Judicial no sólo crea valor para tales usuarios o clientes.11 Quienes no califican como usuarios también pueden percibir un valor indirecto creado de otra forma. Por ejemplo, afianzando el sistema jurídico, incrementando el nivel de confianza, afirmando la no discriminación, entre otros. El buen desempeño del Poder Judicial es un requisito para la competitividad del Perú.12 En ese sentido, todos nos beneficiamos o perjudicamos por la actuación del Poder Judicial aunque no seamos sus clientes.
Un elemento importante al evaluar la creación de valor por parte del Poder Judicial es distinguir sus productos (outputs) y sus resultados (outcomes).13 No importa sólo, por ejemplo, que entregue sentencias, sino que es esencial medir qué impacto tiene su acción de sentenciar en relación con el cumplimiento de los objetivos que debe satisfacer e, inclusive, evaluar qué efectos no deseados tiene su acción. Podría ser que todos los despachos judiciales tuvieran carga cero con lo cual se satisface teóricamente el objetivo de proveer Justicia y, sin embargo, podría suceder a la vez que la mala calidad de las decisiones judiciales haya ocasionado como outcome el descrédito total del sistema, el aumento de la desconfianza y, con ello, el de los costos de transacción, entre otras externalidades negativas, generando que el Poder Judicial no cuente con el “activo de mercado” confianza y respetabilidad.
En el Perú, al igual que en el resto de Latinoamérica, la judicatura se organiza en torno a un modelo rígido y jerarquizado heredado de la colonia, el cual no ha evolucionado durante la República al ritmo de los tiempos, dominados hoy por la globalización, fenómeno que ha hecho imperativo el rediseño de modelos y estructuras en todo el mundo. Según anota Sergio Salas Villalobos (2007):

“El excesivo formalismo de sus diseños jerárquicos asimilados a una estructura cortesana, determinaban la preeminencia de un modelo invariable en el tiempo. Esta rigidez estructural, sumada a su diseño jerárquico implicaban un modelo único tomado en base quizás a las exigencias procesales. El proceso se divide en instancias o etapas de revisión. Por tanto, era necesario diseñar organizativamente a esas instancias procesales que a su vez impliquen la determinación de los rangos. De esta manera, se diseñan igualmente los órganos de gobierno, es decir, de manera jerarquizada”.14


El Poder Judicial es una organización compleja que debe modernizarse, para lo cual es imprescindible reformular su diseño organizacional. En esa línea, es necesario incluir en el perfil de los jueces las competencias necesarias para conducir a la institución, conformada por 19,515 personas15 hacia un nuevo modelo de organización que le permita cumplir con eficiencia y eficacia su misión.


IV. La reforma judicial
El crecimiento del papel del Estado en América Latina es una realidad. El aparato público no se reduce, crece y en medio de los problemas sociales se clama por la presencia del Estado y se critica su ausencia. Hoy más que nunca hay que coexistir con el Estado. Los ciudadanos presionan porque ven en una mayor intervención estatal la solución frente a las grandes desigualdades.
El Estado no sólo crece sino que interviene cada vez en más áreas y actúa de formas diversas. Responde a la crisis de seguridad y confianza con un nuevo rol, además de los tradicionales de seguridad, coerción y regulación. Cada vez menos se trata de “el Estado” versus “el Mercado” y cada vez más de “el Estado-Mercado”.16 Esto hace aún más compleja la gestión en el sector público pues se incrementan las variables. Por ello, se requiere aumentar su capacidad de gestión, siendo esta capacidad un recurso estratégico para que pueda cumplir con sus objetivos.
Existe una ola de interés en la reforma judicial, pues los ciudadanos son cada vez más conscientes de la gran relevancia que tiene un sistema de justicia eficiente y eficaz para la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo sostenido de la economía nacional y —por ende— en el bienestar de la sociedad. Asimismo, son más conscientes de su contribución al presupuesto público, por lo que han interiorizado su derecho a reclamar calidad y eficiencia al sistema de administración de justicia. En ese contexto, de ciudadanos más iconoclastas, ya no se puede eludir que “La Administración es un servicio. La Administración debe responder a los derechos, deseos y necesidades del público […]”.17 La crisis del Poder Judicial puede constituir una oportunidad para transformarlo o para “profundizarla con reformas que si se movían a tientas, tenían clara la ganancia política”.18
En general, la reforma judicial se percibe como un proceso de cambio formal a cargo de juristas y de administradores y no como un proceso de cambio integral, que incluye un cambio cultural profundo, juegos de intereses, correlaciones de poder y otros aspectos de diversa índole que demandan equipos interdisciplinarios capaces de apreciar todas las dimensiones de la reforma.
Un aspecto crucial en el proceso de reforma judicial es el rol estratégico del factor humano, el cual en las entidades públicas parece ser considerado aún un insumo o recurso al que básicamente hay que reclutar, hacerle seguimiento, controlar y sancionar.

“La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez, informó que ha presentado ante la presidencia del Poder Judicial un proyecto de ley que busca otorgar el beneficio de la colaboración eficaz a quienes denuncien a jueces que realicen actos de corrupción o tengan inconducta funcional.

(. . . ) se plantea incorporar medios de investigación especial como la figura del agente encubierto y la vigilancia a través del uso de videos”.19
En cuanto a la participación ciudadana, ya se ha puesto sobre el tapete el rol protagónico de los ciudadanos en la reforma judicial.
“A la luz de la historia, es necesaria y deseable una visión más moderada y democrática de los fines públicos y de las limitaciones del sistema de justicia. Esa visión surge de darse cuenta de que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el sistema. Los ciudadanos son co-productores de Justicia. La capacidad de los operadores de la Justicia para hacer su trabajo depende de la cooperación y el apoyo de los ciudadanos que están formalmente fuera del sistema […]. Los ciudadanos que esperan que los jueces, la policía u otros funcionarios de la justicia resuelvan el problema del crimen en la sociedad no son realistas”.20

Si el cambio en el sector público es difícil, lo es más en un sector tan tradicional como el judicial, con una estructura burocrática compleja que incita al conservadurismo y a adherirse a las reglas, dejando de lado la innovación y la reforma, aceptando por la seguridad del status quo coexistir con sus deficiencias y debilidades, más soportables que pensar siquiera en el aterrador cambio, con toda su incertidumbre. Esta situación es apoyada por la fragmentación del poder. Hay muchos niveles de control y también muchas parcelas de interés.
Lo cierto es que en el Perú la Reforma Judicial ha avanzado muy poco en su búsqueda por la construcción de un nuevo modelo de justicia que garantice la vigencia de los derechos fundamentales, atienda a las demandas de justicia en función de la mejora del servicio al usuario y refuerce la seguridad jurídica que permita la sana convivencia social y promueva el desarrollo económico.21
“[…] es interesante lo que Raúl Ferrero anota (21/7/2007) Los peruanos siguen esperando con justificado derecho que los vientos de reforma del Poder Judicial se concreten […]”.22

No es suficiente, entonces, enfocar los cambios en el nivel administrativo formal y buscar darles una expresión jurídica. Es decir, no basta modificar leyes o reglamentos. Es verdad que el Poder Judicial requiere un nuevo organigrama, fruto de una evaluación de sus funciones, así como la descripción detallada de los puestos para que tales funciones se ejecuten, en un marco de normas y procedimientos para ejercitar las tareas. Necesita también mejor infraestructura, más tecnología y más recursos económicos. Sin embargo, interesa también, e incluso más, una variable hasta ahora tratada como marginal en los procesos de reforma. Importan los jueces y los servidores judiciales, quienes con sus competencias e incompetencias son un factor crítico, clave, esencial o como se le denomine, en el proceso de cambio.
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