“A”; todos con dirección procesal en el Conjunto Residencial Parque Central, Edificio Tajamar, piso 12, Apto. 12-H, Avenida Lecuna, Caracas; ante Ud con el debido respeto acudimos y exponemos






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título“A”; todos con dirección procesal en el Conjunto Residencial Parque Central, Edificio Tajamar, piso 12, Apto. 12-H, Avenida Lecuna, Caracas; ante Ud con el debido respeto acudimos y exponemos
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El día dos (2) de Mayo de 2006, y ya por supuesto despedida, el ciudadano Salas, le solicita que le entregue el carnet, como en efecto nuestra mandante se lo entregó y saca un papel denominado “Acta” que hace firmar a nuestra mandante de un supuesto “mutuo acuerdo”, documento este redactado por el Banco, que es irrito, nulo de nulidad absoluta de contenido discriminatorio, difamatorio y al que nos referiremos, más adelante, en detalle.
El día 31 de mayo de 2006 nuestra representada se dirige al Banco a retirar sus objetos personales, días antes, había solicitado por vía telefónica a una compañera de trabajo, el favor de recogérselos. Nuestra mandante al llegar al piso 22, a la que era su oficina, sus efectos personales ya no están ahí; Se dirige al departamento de Recursos Humanos ( en lugar de llamarse “Recursos Humanos”, debería denominarse Recursos Inhumanos), a los fines de retirar su constancia de trabajo y preguntar por sus efectos personales, le informan que baje al Departamento de Correo, ya en el nivel 2 del estacionamiento, le dicen que allí va a llegar la persona que la va a ayudar a llevar sus cosas personales. Para seguirla humillando, la envían a pasear por el sótano del Banco. Mientras tanto, por otro lado, estaban abriendo su automóvil sin su permiso y montando las cajas, que supuestamente contenían sus efectos personales, en su vehículo y cuando ya estaban todas montadas le dicen a nuestra mandante que sus efectos personales ya se encuentran dentro de su vehículo, sin derecho a revisarlas previamente para verificar su contenido, cuyo derecho también le fue negado. DE ESA MANERA NO SE TRATA NI SIQUIERA A UN DELINCUENTE.
A lo largo de esa relación laboral, violaron todos sus derechos no se les escapó ninguno, hasta violaron su propiedad privada, en este caso su vehículo; la difamaron sin importarle su integridad psíquica, sin piedad alguna, la echaron cual si fuese una delincuente, no tuvieron ni una pizca de delicadeza, de humanidad, no les tembló el pulso para terminarla de aniquilar, había que salir de ella a como diera lugar, a cualquier costo, total ya estaba aniquilada, y, así no les servía, además, había que apresurar su salida, dada la entrada en vigencia la ley que protege a los discapacitados.

Debemos señalar, que si bien es cierto que la legislación que protege a los discapacitados entró en vigencia luego de despedir a nuestra mandante, no es menos cierto que ya existían normas que la protegían, tales como los principios establecidos en nuestra Carta Magna, Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la Declaración de los Derechos Humanos, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, convenios y tratados de organismos internacionales tales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo, su propio Código de Conducta, denominado Código de Conducta del Grupo Provincial.

Luego de ese terrorismo aplicado, a nuestra defendida, aniquilada física y psíquicamente, incapaz de cuidar de sí misma, el ciudadano José Luis Salas Abad, le hace firmar un “Acta”, para poner fin a la relación laboral que además de estar mal redactada y ser pintoresca, folclórica, bufa, ilegal, es un instrumento irrito, que desconocemos y denunciamos, por carecer de valor jurídico alguno,  y es medio comisivo de fraude a la ley laboral, cuyas normas son de estricto Orden Público, y como tales irrenunciables por convenio alguno entre las partes. El Banco enseña en una mano el cheque, y en la otra, el acta espuria manipulando la necesidad del trabajador; pues bien, nuestra representada recibió el dinero, a todas luces parcial, insuficiente, a sabiendas y sin menoscabo de ulteriores reclamos, observaciones y ajustes, -dada la irrenunciabilidad que la ampara por imperio de la Ley- que son el objetivo de la presente demanda. Y ello por la elemental, legítima e imperiosa necesidad de arbitrar recursos para su subsistencia.
La famosa “Acta”, repetimos, maliciosa, irrita, ilegal, bufa, pintoresca, folclórica y mal redactada, fue emitida el 02 de mayo de 2006, y señalan en su punto PRIMERO: que la voluntad común de las partes de dar por terminada la relación de trabajo fue exteriorizada a partir del 27 de abril de 2005, o sea, es decir, esto es, un año antes de despedirla como lo hicieron, de elaborar el “Acta” y de pagarle su insuficiente liquidación mediante recibo de pago de prestaciones elaborado el 30 de abril de 2006, las partes habían decidido exteriorizar sus voluntades para poner fin a la relación laboral. INSÓLITO, VERDAD?
En este mismo orden de ideas, el punto SEGUNDO dice: “…”EL BANCO” cancelará (sic) a “EL TRABAJADOR” los conceptos que le corresponden por aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva, como es el Derecho…”.
Cuando dicen que el Banco “cancelará”; imaginamos que quisieron decir el Banco pagará, porque el que cancela es el acreedor y no el deudor. Continúan diciendo “…los conceptos que le corresponden por aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva como es el Derecho…” (sic). Pues bien, si querían cumplir con la ley debieron comenzar por pagarle todas las diferencias de sueldo por concepto de reclasificaciones y suplencias, con sus respectivas bonificaciones, que le corresponden conforme a la escala de sueldos de ese Banco, lo cual no han honrado; según ellos, porque nuestra representada “era empleada de confianza”. Ya señalamos supra lo que la Ley Orgánica del Trabajo ordena qué debe entenderse por empleado de confianza. TODO ELLO CONSTITUYE LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS, CONSTITUCIONALES, TALES COMO DERECHO A LA IGUALDAD, A LA NO DISCRIMINACIÓN DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA; EN VIRTUD DEL TRATO DESIGUAL CONTINUADO Y VEJATORIO RECIBIDO DEL PATRONO, QUE LE IMPIDIÓ EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO PRODUCTIVO PRIVÁNDOLA DE OBTENER LAS DIFERENCIAS DE SUELDOS Y LOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD OTORGADOS POR LA EMPRESA A OTROS EMPLEADOS CON LAS MISMAS RESPONSABILIDADES Y CON MENOS TIEMPO DE SERVICIO.

Experticia que solicitaremos en su oportunidad.
Más adelante en el mismo punto segundo y en la misma línea dice “…cómo es el Derecho…”. Sabe Dios a que derecho se están refiriendo, si al derecho de nuestra defendida, con minúscula, o al Derecho en sí, con mayúscula.

Continuando con el punto SEGUNDO, más adelante dicen que “…Igualmente “EL BANCO” declara que, por vía de excepción y en atención a las condiciones particulares de “EL TRABAJADOR”, concederá a éste una indemnización complementaria por terminación de la relación de trabajo.” (Subrayado nuestro). Con esto, están confesando descaradamente, no solo la violación de todos los derechos y garantías constitucionales, a la igualdad, a la no discriminación y el derecho a la dignidad humana, en virtud del trato inferido por dicha empresa a nuestra representada a lo largo de la relación laboral, sino que, “con el pago de esa indemnización complementaria” están confesando de igual modo, que no hubo ningún acuerdo de voluntades para poner fin a la relación laboral, sino que fue constreñida a firmarla, la voluntad fue unilateral y del patrono, por tanto, ese despido ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, EL CUAL CONSTITUYE UN FRAUDE A LA LEY, Y así expresamente solicitamos sea declarado por el Tribunal, en la definitiva.
Lo hicieron de esa manera, porque había que justificar el despido, dado que no lograron esa justificación mediante renuncia, a pesar del terrorismo psicológico que le aplicaron durante varios años, no había ningún motivo para despedirla, solamente sus “condiciones particulares” y haberse enfermado por la conducta hostil y reprochable que el patrono desplegó durante la relación laboral. Estaba enferma había que salir de élla rápidamente, y no se les ocurrido otra cosa, sino que la brillante idea de inventar un “Acta” para simular un acuerdo de voluntades. Así funciona “el primer Banco del país”, eslogan que ellos mismos utilizan para calificarse.

En este orden, el punto TERCERO: señala que “… “EL TRABAJADOR” declara, por medio de la presente, su autorización expresa a debitar (subrayado nuestro) del monto correspondiente a su liquidación, incluyendo la Indemnización Complementaria por Terminación de la Relación de Trabajo referida en el punto anterior, “los montos que correspondan a faltantes que se generen con ocasión del servicio prestado…”, (subrayado nuestro). A cuáles faltantes se están refiriendo, porque nuestra representación en ese Banco jamás ocupó el cargo de cajera, por tanto nunca manejó dinero efectivo, élla fue una alta ejecutiva del Banco, tal como señalan constancias solicitadas a la Vicepresidencia de Recursos Humanos que obran en su poder y que reproduciremos en su oportunidad, y no una especialista de Consultoría Jurídica como se indica en esta “Acta”. Por tanto, no hay ningún faltante que debitar.
Hay un dicho coloquial muy sabio por ahí que reza “cada ladrón juzga por su condición”. Lo traemos a colación porque es un hecho notorio que el BANCO PROVINCIAL, S. A. – BANCO UNIVERSAL, “el primer Banco del país”, tienen en su contra muchas demandas a nivel nacional, por violación de derechos humanos “acoso moral”, “diferencia de prestaciones sociales”, es el modus operandi que utiliza esa Institución Financiera, luego de exprimir a sus empleados poniéndolos a trabajar “cuarenta y ocho (48) horas al día” cómo ellos dicen, y cuando quedan inservibles, incapaces de cuidar de sí mismos, los echa a la calle cual si fuesen cosas, porque las cosas cuando no sirven se sustituyen por unas nuevas. Nuestra mandante, fue víctima se ese trato inhumano, cuya conducta ilícita, desplegada por ese Banco es reprochable mundialmente; violaron todos sus derechos y garantías constitucionales, de nuestra representada, tales como derecho a la igualdad, a la no discriminación, derecho a la dignidad humana, derecho al trabajo y muchos más. Los únicos pecados de nuestra poderdante son, repetimos; en primer lugar, es que para desplazarse requiere de una muleta; y, en segundo término, enfermarse, luego de nueve (09) largos años de tortura, enrostrándole a cada momento sus condiciones particulares, se enfermó por primera vez; cuya enfermedad fue producto de esa conducta ilícita, reprochable desplegada por el patrono, por tal motivo la echan a la calle, sin dolor alguno.
En el punto CUARTO dicen: “EL TRABAJADOR” declara que luego de cumplido su primer año ininterrumpido de servicios para “EL BANCO” disfrutó efectiva y regularmente de los períodos vacacionales a los cuales tenía derecho, y haber recibido el pago a que hubiere lugar por concepto de vacaciones y bono vacacional…”. Es falso de toda falsedad, perfectamente comprobable con una inspección ocular a su expediente, nuestra representada no tomaba las vacaciones regularmente porque sólo podía disfrutarlas cuando el Banco se lo permitía y no “efectiva y regularmente” como ellos señalan.
Punto OCTAVO: “…”EL TRABAJADOR” manifiesta que no tiene nada de reclamar a la Empresa ante algún organismo Administrativo o Judicial del Trabajo, ni ante cualquier otro por concepto de salarios, beneficios, u otras compensaciones legales o contractuales, con motivo de lo convenido en este documento, ni por ningún otro concepto derivado de la relación de trabajo que los vinculó, tales como, horas extraordinarias, días de descanso, días feriados, reclasificaciones, aumentos de salario, bonificaciones.”. Como ya señalamos supra, y no por evidente dejaremos de mencionarlo, los derechos del trabajador son irrenunciables porque son de orden público.
En el mismo orden de ideas, los puntos QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, no los transcribimos porque, repetimos, no hubo ninguna voluntad exteriorizada por parte de nuestra representada para poner fin a la relación laboral, sino que fue constreñida por el patrono a firmar, por tanto EL ACTA EN COMENTO ES IRRITA, ILEGAL NULA DE NULIDAD ABSOLUTA, ES UN FRAUDE A LA LEY, REDACTADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE BURLAR DERECHOS, QUE  CONSTITUYEN ORDEN PÚBLICO,  IRRENUNCIABLES  POR IMPERIO DE LA LEY. 
Algo se les debía ocurrir, repetimos, dado que a pesar de la conducta ilícita, abusiva, reiterada, por ellos desplegada a lo largo de la relación laboral, no lograron que nuestra representada decidiera marcharse por su propia voluntad.
El estado de salud de nuestra representada, se ha deteriorando cada día más, tanto porque la silla solicitada en múltiples oportunidades jamás llegó, como por la depresión severa ocasionada por esa conducta abusiva y reiterada desplegada por los agentes del acoso laboral denunciado en este libelo, a lo largo de la relación laboral.
Después de un año de haber sido echada despiadadamente del Banco, enferma con una enfermedad ocupacional, ocasionada por la conducta ilícita, cruel, desplegada por su patrono a lo largo de la relación laboral, continúa con el tratamiento de fisioterapia y terapia psiquiátrica.

Continúa recibiendo atención psiquiátrica, actualmente con el Dr. Jaime Castañé, Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta quien después de evaluarla observó la misma patología que tenía antes de ser echada del Banco, o sea, depresión severa, desorden de pánico, trastornos de sueño, desarreglos digestivos, fuertes dolores musculares, principalmente en su brazo izquierdo que es el que utiliza para sostener la muleta, al punto que la mayoría de las veces no puede desplazarse por el dolor tan inmenso. El Dr. Castañé le prescribió los medicamentos siguientes: Lexapro, Rivotril, y Stilnox, y reposo, prácticamente está todo el día dormida; asiste, igualmente, a psicoterapia con el mencionado Dr. Jaime Castañé. En los actuales momentos se mantiene de reposo y su médico le ha dicho que todavía no puede adquirir el compromiso de una nueva relación laboral, dado su estado de salud y que no podía indicarle cuando, hasta no ver en ella una mejoría tanto mental, como física.
Esta conducta ilícita, abusiva y reiterada, desplegada por el Banco Provincial “primer Banco del país”, eslogan que utilizan para autocalificarse, desde el inicio de la relación laboral, hasta el día que ellos decidieron darle fin, tal como lo demuestra esa cosa que denominan “Acta” nula de nulidad absoluta, esto es, jurídicamente inexistente por éllos elaborada; no es más que la técnica utilizada por los empresarios que consiste en crear un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, con el solo propósito de atentar contra la personalidad, dignidad, intimidar, opacar, reducir aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima para que ésta abandone su puesto de trabajo “voluntariamente”, ese proceso destructivo utilizado por el patrono ocasiona graves problemas psicológicos duraderos que puede llevar a la victima a una discapacidad permanente, incluso a la muerte.
La doctrina internacional denomina esta conducta mobbing, que el descubridor de la materia, Heinz Leymann, la define como “aquel fenómeno en que una persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente -al menos una vez por semana- y durante un tiempo prolongado -más de seis meses- sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo.” Luego concluye diciendo “En las sociedades altamente industrializadas del primer mundo, el entorno laboral es el único “campo de batalla” en el que es posible “matar” a alguien sin ser juzgado. Y el mobbing no es más que “matar” laboralmente, en primer lugar, y socialmente, después.”
En resumen, la definición jurídica de mobbing es la “presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración. Definición, ésta, que trascendió a los Tribunales de Justicia Internacionales, la Organización Internacional del Trabajo y medios de comunicación, con motivo de una sentencia (JS Nº 2 Girona 17-09-02) y cuya definición ha sido adoptada por los órganos judiciales europeos. El 12 de diciembre de 2002 la agencia EFE, difundía la siguiente noticia que por su interés debemos reseñar: “El Juzgado de Instrucción Nº 27 de Barcelona, España, cita a declarar como querellado a la cúpula de “Caixa Penedés “ por “mobbing” “…El Magistrado justifica la imputación diciendo en su auto que “…la incipiente literatura jurídica efectivamente califica con una nueva palabra anglosajona mobbing, aquella presión laboral ejercida desde puestos directivos de algunas empresas tendente a la autoliquidación de un trabajador mediante su denigración en su lugar de trabajo”. (Subrayado nuestro). Diarios el País y el Mundo 12-12-02.
El acta de despido de "mutuo acuerdo", no es otra cosa que la cristalización, el continente, de la maldad milimétrica aplicada como "política laboral" por una institución, es la banalización, la mera reducción a "tramite", de un crimen institucionalizado...es la infame reducción a burocracia, de una práctica, incluso delictiva, ejecutada, no sólo para eludir responsabilidades legales, sino peor, aún, para burlar la Ley con acciones derechamente fraudulentas. Esa acta, que hacemos valer y oponemos desde ya, para que sea reconocida por el demandado, es una confesión expresa, calificada, irrebatible, del modo artero, burdo, descarado, de "cubrirse las espaldas", de obtener un "certificado de pureza", después de ejecutar, durante años, la sistemática, y planeada desde siempre, "política de la empresa", que pareciera inspirarse en el pragmático principio de:   "A burro amarrado, leña segura".
Empero, pequeña “inconveniencia” para el Banco, ese instrumento es abierta, expresa, palmaria, groseramente violatorio del Orden Público Laboral, y más aún, y así declaramos, ejecutado en fraude y violación  de rango constitucional.

 

Esta es la pieza contentiva, decantada, de toda la "fría lógica empresarial", elemento estructural de su cosmovisión, en su proceder como Patrono. Todo un modus operandi, que corresponde al proceder de un timador profesional: Pintan un paraíso de posibilidades al novel profesional...se le ofrece, a cambio de su entrega, eficiencia,  y, por supuesto, su  "sacrificio", una carrera con futuro, para luego, ya debidamente engatusada, pastoreada durante una década, abusada con calculada frialdad, y en proporción directa a la indefensión, que dentro de su buena fe, albergó la conducta de nuestra representada, como persona que es, de intachables valores y honradez indiscutible, y que siempre obró en función de la carrera que, dentro del Banco, ella se había ganado con su trabajo. 
Nuestra representada, pequeño (por mas meritorio!) átomo, empleado del Banco y al servicio y en función de los únicos y exclusivos intereses del Banco, es conducida, para ser impuesta , finalmente la llevan, en medio de un ambiente tan hostil como opresivo y cobarde, a hacerla firmar, so pena de carecer de sustento, que desacuerdo significa, nada menos que ver “retenido” el “cheque“, hasta llegar a un “acuerdo”. Firma así, un acta espuria, contentiva, repetimos, de un acto fraudulento por parte del Banco, de una  mala fe milimétrica, mediante el cual se “lava” un despido, para erigirlo, que el papel lo aguanta, un “acuerdo consensuado”, Queda así desplegada la astucia mediocre de, y por la, corporación demandada,   temor a la vigente Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y además estaba por entrar en vigencia la Ley para Personas con Discapacidad, debían salir de esa papa caliente que en su conciencia gravitaba...tantos años de gavilla inmoral, de “ninguneo” sistemático, de subvaloración integral, especialmente la salarial, de confinamiento a un techo arbitrario impuesto por ellos, tiránicamente y por capricho del poderoso, y ahora se les vino encima, para mayor abundamiento, la bendita Ley para las Personas con Discapacidad. Debían resolver el "asunto".
Reducida a  ser una pieza de adorno en una "asignada", "nueva",  oficinilla, desposeída de todas sus funciones profesionales, de personal, de todo, negados incluso el saludo y el habla, y reducida cobardemente por un verdadero circulo de, repetimos, banalizada, institucionalizada maldad, (costumbre contra la Ley, no genera derechos, y si, responsabilidades),  nuestra representada esperaba su inexorable fusilamiento, mientras se decía, todavía!, que aquello sólo era una pesadilla. Sus años de desvelo, su entrega más allá de una mera relación laboral, su intachable dedicación, su "rendimiento", o mejor expresado: Su celo y profesionalismo ejemplar, puesto al servicio del Banco, la condujeron, no precisamente, a la carrera brillante, granjeada palmo a palmo, y por derecho propio. La condujeron más bien, a  esa fría oficinilla, a  ella, la "empleada ejemplar", la siempre competente trabajadora que fue, la profesional responsable que siempre será, de sobreponerse al inmenso daño que estamos demandando. Diana Ciavaldini, sería "tramitada" en breve, lo de la Oficinilla, verdadera celda para un condenado! no podía ser ignorado. El Gigante Empresarial, a través de sus operarios, la iban a finalmente, después de matonearla por diez años! a defenestrar entera. Los años de padecimiento psicológico, del apabullamiento institucional, encontraban así su infame conclusión. El vejamen sería así perfeccionado, en grado de consumación total. Ahora sólo quedaba el inmenso daño, el cual mantiene a nuestra representada en precarias condiciones de salud, entre otros graves padecimientos. Derivados todos del acoso, del incumplimiento más elemental, de la discriminación arbitraria, aplicada por el Banco y sus operarios.
Este hecho, el acto "final" contenido en la espuria acta denunciada, fue elaborado a la medida de sus intereses, repetimos, y "presentado para su firma", a nuestra representada, persona que así, fue fulminada moralmente, y por ello es la víctima demandante en  el presente juicio, que formalmente incoamos ante su competente autoridad.
Nuestra representada nada exige, que no sea Justicia. Su integridad moral, su dignidad, sus más elementales derechos como persona y trabajador, han sido violentados, mucho más allá de la esfera patrimonial, o meramente pecuniaria, a despecho de que, esta arista de responsabilidad, va naturalmente incluida en la gran lesión, y que sea demandada también, en el presente libelo.

 

Sólo una sentencia que declare la responsabilidad  del Banco-matón, podrá reparar, en parte,  la inmensidad del daño inferido.  El matonaje desplegado por el Banco-agente del daño, así lo exige. La dignidad, la honra, la reputación, son bienes inestimables, acaso los únicos,  para las personas dignas,  de carne y hueso.

 

Este paradigma, este caso típico, pedagógico, esclarecedor, de acoso moral en el trabajo, consumado, como rutina intrascendente, y que constituyó, (y constituye!) para nuestra mandante, Diana Ciavaldini, una colosal discriminación arbitraria,  un daño de tal entidad, continuado, tan profundo, que, entre otros muchos perniciosos efectos,  ha quebrantado su salud, y que la mantiene bajo tratamiento médico.

   

Que padecer una injusticia, que una persona inocente e indefensa, despojada de todos sus derechos y garantías constitucionales tales como derecho a la igualdad, a la no discriminación y el derecho a la dignidad humana, en virtud de haber sido sometida injustamente al maltrato sistemático, hasta enfermarse como sufre ahora, nuestra mandante, Dra. Diana Ciavaldini, trabajadora ejemplar e intachable, por el despliegue inmisericorde,  de un acoso moral, de un mobbing, ya es hora que sea revisado, comprobado,  reparado judicialmente, y que el Banco sea condenado, de acuerdo a la naturaleza del daño inferido, y en justa  correspondencia con los bienes invocados para la tutela jurídica.
Pondere el Juez, en su justa medida, la denuncia contenida en estos alegatos. Valore en su oportunidad, el inmenso daño que se ejecuta impunemente sobre una persona, valiosa, con el único fin de anular sus aspiraciones de superación, discriminándola sin razón válida alguna.
Es por todo lo antes expuesto, repetimos, que nuestra representada no acudió oportunamente a solicitar la correspondiente calificación de despido y reclamar sus derechos; por tanto ciudadano Juez, viendo su futuro profesional incierto porque quizás no pueda volver a trabajar por la magnitud del daño que ese Banco le ocasionó a la Dra. DIANA JOSEFINA CIAVALDINI MOLY, antes identificada, es por ello que acudimos a su competente autoridad para demandar por DAÑOS MORALES Y MATERIALES a la sociedad mercantil Banco Provincial, S.A. Banco Universal, Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 30 de septiembre de 1952, anotado bajo el Nº 488, Tomo 2-B, y cuyos Estatutos Sociales reformados se encuentran inscritos en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 5 de diciembre de 2005, bajo el No. 30, Tomo 179-A Pro.
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