“A”; todos con dirección procesal en el Conjunto Residencial Parque Central, Edificio Tajamar, piso 12, Apto. 12-H, Avenida Lecuna, Caracas; ante Ud con el debido respeto acudimos y exponemos






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EXP: AP21-L-008-001941

CIUDADANO

JUEZ VIGÉSIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

SU DESPACHO.-
Nosotros, GIUSEPPINA RUSSO de CIAVALDINI. Venezolana, mayor de edad, casada, domiciliada y residenciada en la ciudad de Caracas, identificada con Cédula de Identidad No. 6.194686, e inscrita en el Instituto de Previsión social del Abogado bajo los Nos. 104.812; procediendo en este acto con carácter de apoderada de la ciudadana DIANA JOSEFINA CIAVALDINI MOLY, quien es igualmente, venezolana, mayor de edad, soltera, abogada, del mismo domicilio y residencia e identificada con Cédula de Identidad 10.330.159, según consta de poder autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Chacao, Distrito Metropolitano de Caracas, Bello Campo el 30 de marzo de 2007, el cual ha quedado inserto bajo el Nº 29, Tomo 64, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, que acompañamos marcado “A”; todos con dirección procesal en el Conjunto Residencial Parque Central, Edificio Tajamar, piso 12, Apto. 12-H, Avenida Lecuna, Caracas; ante Ud. con el debido respeto acudimos y exponemos:
PREÁMBULO
La presente demanda tiene por objeto invocar la tutela judicial, como única vía para reparar, en la medida que ello sea posible, la injusta, ilegal, oprobiosa situación de acoso y maltrato continuado a nuestra representada, reparar el colosal daño perpetrado a su integridad física, psíquica y moral, por parte de una institución prevalida de poder y de avasallante actuación. Es la denuncia irrenunciable del ciudadano indefenso, es el clamor de Justicia, es la lucha por el respeto elemental a los derechos y la dignidad inherentes al ser humano. 

 

El profundo contenido moral de la acción que intentamos, deviene de la acuciante indefensión del individuo inerme,  frente al proceder inicuo, malsano, sistemático y fraudulento de quienes abusan de las personas sin temor alguno, carentes de escrúpulos, agavillados, premunidos y concientes de la impunidad de sus actos, de su Poder omnímodo.

 

Una persona, profesional meritorio e intachable más allá de cualquier duda, en la mejor etapa de su vida, fue sistemática y arbitrariamente discriminada, explotada de manera inmisericorde, a despecho de cualquier criterio racional, para, finalmente, y con maldad milimétrica, ser desechada, como premio a su entrega, eficiencia, capacidad y dedicación profesional.

 

Una carrera fue truncada, una vida fue literalmente destruida, -como tantas otras en la misma situación-, y ello clama al Cielo, clama a la conciencia de los hombres y demanda a la Justicia Venezolana, una intervención impostergable, sanadora, ejemplar, que haga responsable al agente del daño, por una reparación integral. Son responsables, en la misma medida del Poder que ejercen y despliegan, contra sus trabajadores. El imperio de la Ley ha de brillar, en obsequio de la Justicia, y en defensa de los ciudadanos libres de nuestro país.

CAPÍTULO I

DE LOS HECHOS
En fecha 16 de octubre de 1996, nuestra representada, ciudadana DIANA JOSEFINA CIAVALDINI MOLY, ya identificada, poco tiempo después de haber culminado sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, ingresó a prestar sus servicios profesionales, por cuenta ajena y por ello bajo dependencia, en la institución bancaria, Banco Provincial, S. A. – Banco Universal, ubicada en el Centro Financiero Provincial, Av. Este 0 San Bernardino, Caracas 1010-A; desempeñando el cargo de Abogado Junior en la Gerencia Legal II, de la Consultoría Jurídica, ubicada en el piso 8, para ese entonces. Devengando un sueldo mensual básico de Ochenta Mil Bolívares (Bs. 80.000.00). Antes de su nombramiento, a diferencia de otros aspirantes al mismo cargo, nuestra representada fue sometida a una evaluación médica rigurosa de todas sus extremidades tanto superiores como inferiores, esto es, le practicaron exámenes médicos extras distintos a los permitidos por la ley, y diferentes a los de rigor que acostumbra esa Institución Bancaria antes de contratar su personal. Tales exámenes fueron realizados por la Jefe del Servicio Médico del Banco, Dra. Maiz, quien le preguntó “Por qué tenía tantas cicatrices en sus piernas y a qué obedecían” - nuestra representada respondió que le habían practicado varias intervenciones quirúrgicas en sus extremidades inferiores. Luego de practicada la evaluación médica rigurosa y remitida a Recursos Humanos del Banco, la entonces Jefe de Recursos Humanos de dicha Institución Bancaria, ciudadana Rosa Evelia Vergel, recomienda a sus superiores que “no se debería contratar a la Dra. Diana Ciavaldini, porque tenía una enfermedad degenerativa, que se la pasaría cayéndose, que estaría a cada momento interviniéndose quirúrgicamente, porque dadas sus “condiciones particulares, sería más el tiempo que estaría guardando reposo médico que el que emplearía trabajando”.
A solicitud del Banco, nuestra representada consignó un informe médico elaborado a mano en una libreta de récipes médicos, por el Dr. Elías Solórzano Yánes, médico cirujano y traumatólogo, Presidente del Hospital Ortopédico Infantil, entre otras, quien señaló que nuestra mandante había sido su paciente desde que era una niña, que su padecimiento se denomina diplejía espástica.
No obstante a lo señalado por el Dr. Solórzano en esa constancia, el Banco no quedó conforme y solicitó a nuestra representada un informe más amplio. La accionante consigna un segundo informe elaborado a principios de octubre de 1996 y antes de su contratación, por el antes mencionado traumatólogo, Dr. Elías Solórzano Yánez, quien señala lo siguiente: “…que ha examinado e intervenido desde que era una niña, a nuestra mandante, que gozaba de buena salud, que el padecimiento denominado diplejía espástica da a entender además de que para desplazarse requiere de una muleta, que no estamos en presencia de ningún padecimiento de tipo degenerativo o progresivo, ni infecto contagioso o de otra categoría. Se trata, eso sí, de un problema permanente pero totalmente estable, de manera que, si bien, en nuestra opinión, no hay tratamiento que le permita alcanzar una marcha normal, aclaramos que de ninguna forma involucra progresión.
La diplejía espástica no implica ninguna otra consecuencia, reafirmamos, ni de orden físico ni intelectual.
Por último, en mi opinión, la paciente sin duda puede desenvolverse satisfactoriamente en un ambiente de trabajo.” Cuyo informe reposa en el expediente de la accionante, el cual solicitamos sea exhibido por la accionada en su debida oportunidad.
No obstante de ese segundo informe, la Dra. Maíz, Jefe del Servicio Médico de esa Institución Bancaria, se comunica con el Dr. Elías Solórzano, vía telefónica para hacerle algunas preguntas sobre el mismo, aduciendo que no le habían quedado claras algunas cosas, y éste, indignado le contesta, que “su informe era de una claridad absoluta comprensible por cualquier persona.”
Por fin es contratada. Al comienzo de la relación laboral, la Dra. Jeanette Peña Gil, Gerente de la entonces denominada “Gerencia Legal II”, jefe inmediato de nuestra mandante, le manifestó que su contratación había sido muy difícil, “dadas sus condiciones particulares” y que si no hubiese intervenido el Dr. René Toro no la hubiesen contratado. Las “condiciones particulares” de nuestra representada a las que se refiere la Dra. Jeanette Peña Gil, es la diplejía espástica que señalamos con anterioridad, que lo único que acarrea es que la Dra. Ciavaldini para desplazarse debe utilizar una muleta tipo canadiense, no implica ninguna otra consecuencia, reafirmamos, ni de orden físico ni intelectual; en consecuencia, puede desenvolverse satisfactoriamente en un ambiente de trabajo, tal como lo afirmó el Dr. Elías Solórzano Yánez, en su informe.
Es importante reseñar que, a diferencia del Banco Provincial, el pasaporte, documento de Identidad a nivel Internacional expedido por el Estado Venezolano a la Dra. Diana Ciavaldini, no señala que ésta tenga ningunas “condiciones particulares”, por la sencilla razón que no discrimina a ninguno de sus nacionales, porque así lo manda nuestra Carta Magna, cuando nos dice que todos somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro color, raza, credo, simpatía política, inclinación sexual, entre otras. Del mismo modo, el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Trabajo, prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo, y confirma en su Parágrafo Primero, que “en las ofertas de trabajo no se podrán incluir menciones que contraríen lo dispuesto en este artículo”. Semejante comentario de “bienvenida” causó en ella un profundo dolor y desconcierto, ya que al contratarla le habían ofrecido hacer carrera dentro de esa Institución como profesional del Derecho. Nuestra representada era una profesional recién graduada, cargada de optimismo e ilusiones, proveniente de la Primera Casa de Estudios del país y contratada para ejercer una labor absolutamente intelectual y no para correr mil metros (1.000 mts.) planos. Conciente del reto que representaba el ejercicio del cargo asignado, estaba segura que en ese Organismo Bancario obtendría, como era debido, las retribuciones correspondientes a una labor prestada excelentemente.

A finales del año 1998, nuestra mandante fue trasladada a la Sub Unidad de Asesoría Jurídica de Fideicomiso y Fondo de Pensiones, dependencia ésta adscrita a la Consultoría Jurídica, al poco tiempo de su traslado fue nombrada verbalmente jefe encargada de esa Sub Unidad para cubrir la ausencia de su titular, ciudadana Morela Polo, quién se había ido de permiso pre y postnatal y disfrute de vacaciones pendientes.
Al finalizar los mencionados permisos y vacaciones, la nombrada ciudadana se reintegra a sus labores para ausentarse nuevamente, porque, inmediatamente después de dar a luz, quedó nuevamente en estado de gravidez y estaba a punto de dar a luz; por tanto, ésta solicita otros permisos de pre y postnatal más sus vacaciones vencidas. En definitiva, nuestra mandante desempeñó el cargo señalado en calidad de encargada durante dos (2) años y medio, aproximadamente, período éste en el cual se ausentó su titular por las razones señaladas. Cuando solicita a Recursos Humanos, a través de la persona de José Luis Salas, la diferencia de sueldo y el bono de productividad que le correspondía según la “escala de sueldos y el organigrama de ese Banco”, éste al respecto argumentó lo siguiente: dado que élla era considerada “personal de confianza”, -vaya cinismo, este matonaje empresarial!-, no le correspondía ni la diferencia de sueldos, ni tampoco el bono de producción que cobraba la titular del cargo.
En efecto, la Ley Orgánica del Trabajo, en su Artículo 46, nos señala qué se entiende por trabajador de confianza y nos dice que “…es aquel cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono, o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de otros trabajadores.”. La Ley no nos está diciendo que por ser trabajadores de confianza deben renunciar a derechos irrenunciables que posee un trabajador, en este caso, a la diferencia de salario y al bono de producción que le correspondía en ese momento por desempeñar un cargo de mayor jerarquía; por su parte, el Artículo 135 del mismo texto legal nos señala que “A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. A estos fines se tendrá presente la capacidad del trabajador con la clase de trabajo que ejecuta.” Por tanto, si nuestra representada duró ejerciendo dicho cargo de relevante importancia en calidad de encargada durante dos años y medio, aproximadamente, es porque fue considerada suficientemente idónea, capaz para ejecutarlo de lo contrario hubiese sido devuelta a su puesto o trasladada a otro cargo de menor jerarquía.
Mientras nuestra poderdante se esforzaba en dar lo mejor de si, el clima laboral en lugar de mejorar cada día se hacía más intolerable, descalificaban a cada momento la labor realizada aunque ésta fuese impecable, al punto que quien realizaba su evaluación como profesional era la menos indicada, ciudadana Morela Polo, y decimos la menos indicada, porque se encontraba ausente de su puesto de trabajo, esto es, fuera de la Institución Bancaria, por un período aproximado de dos años y medio, haciendo uso de sus vacaciones y sus permisos pre y postnatales de dos partos seguidos; cómo pudo evaluar a nuestra representada a distancia, cómo podría adivinar si durante su ausencia efectuó su trabajo acorde a las exigencias del Banco o no, porque para saberlo debía estar en su puesto de trabajo físicamente, o sea, es decir, esto es, en cuerpo y alma, dentro de la Institución, sólo de esa forma se puede supervisar y evaluar al personal subordinado y no a distancia cómo lo hizo la ciudadana Morela Polo. Igualmente, la Dra. Morela Polo hacía las evaluaciones de la Dra. Diana Ciavaldini, cuando tenía tiempo,“fuera del Lapso”, para ser discutidas y entregadas a la oficina correspondiente.
Nuestra representada, tuvo que superar serias dificultades para alcanzar un grado razonable de armonía y estabilidad laboral, en razón de que tuvo que soportar una conducta, desagradable, grosera, agresiva, humillante y denigrante, por parte de sus superiores, quienes le lanzaban injurias e improperios verbales en presencia de otros compañeros de trabajo; visto que el ambiente se tornaba cada día más insoportable, tanto para nuestra mandante, como para otras compañeras, decidieron plantear la situación a Recursos Humanos, en la persona del ciudadano José Luís Salas Abad, quien les recomienda formular tal reclamo por escrito, y así lo hicieron, igualmente solicitamos a la accionada exhibirlo en su debida oportunidad.
En efecto, el día 18 de octubre de 1999, dirigen un memorando a la Vicepresidenta de la Consultoría Jurídica, Dra. Aura Marina Kolster, con copia al Vicepresidente de Recursos Humanos de entonces, Antonio Ortiz Chardón, para ponerlos en conocimiento de la situación que estaban viviendo en la Consultoría Jurídica, con la esperanza de que estos garantizaran un ambiente laboral adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales tal como lo ordena nuestra Carta Magna, Ley Orgánica del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización Internacional del Trabajo, el infeliz Código de Conducta del Grupo Provincial, entre otros.
En el referido memorando se deja constancia del trato inhumano, humillante, denigrante, que estaban recibiendo por parte de sus supervisores, en la persona de la ciudadana Mariflor Ruiz González, quien descalificaba la labor desempeñada por sus subordinadas, entre ellas, nuestra representada, con expresiones tales como, “esto es una cagada”, refiriéndose a su trabajo, descalificándolo en todo momento aunque fuese impecable, que “no durarían un mes más en el Banco, que las iban a botar, y que iban a reclutar abogados hambrientos con una gran carga familiar para que estuviesen dispuestos a trabajar cuarenta y ocho (48) horas al día incluyendo sábados y domingos”, no obstante que la labor por ella desempeñada fue siempre acorde a las exigencias requeridas por ese Banco, demostrándoles a cada momento que era la persona indicada para ese cargo y para otros superiores, como en efecto fue asignada en calidad de encargada con todas las responsabilidades pero sin ninguna retribución económica. En la oportunidad correspondiente exhibiremos el documento señalado.
Nuestra representada, a pesar de todas esas humillaciones, siempre daba lo mejor de sí como profesional altamente responsable, porque pensaba que quizás el clima laboral cambiaría al convencerse la Institución que sus “condiciones particulares”, no tenían nada que ver con la capacidad intelectual, profesional, y; en consecuencia, mejoraría su relación laboral y borrarían sus “condiciones particulares” al resaltar lo que verdaderamente interesaba a ese Banco que era su capacidad intelectual, su idoneidad y altísima competencia y a así subvenir a una relación laboral medianamente tolerable.

La expresada relación laboral veíase agravada, por las razones que se acaban de señalar, el trato humillante, déspota y denigrante de sus superiores no mejoraba, al contrario persistía en forma sostenida en el tiempo; le asignaban tareas que por su naturaleza correspondía realizar a personas de otro departamento, dado que se trataba de labores de archivo que requerían de personas calificadas para ello, que hubiesen estudiado esa materia, nuestra mandante es abogado no archivóloga; y, además, no fue contratada para esas labores, sino para realizar trabajos jurídicos.

Tales labores consistían en revisar, microfichas, carpetas de archivo pesadas y polvorienta imposible de levantar con una sola mano, porque, como hemos dicho, nuestra representada no podía emplear las dos manos porque tiene dificultades motoras para movilizarse y requiere de una mano para sostener la muleta que utiliza para desplazarse; igualmente, debían rellenar un formulario diario indicando el tiempo empleado en la labor asignada, las veces que se ausentaban de esas tareas para acudir al baño con el fin de realizar sus necesidades fisiológicas y el tiempo empleado en las mismas; no podían comunicarse entre ellas, o sea, entre las compañeras que desempeñaban esas tareas, tampoco podían utilizar celulares, ni atender las llamadas telefónicas que recibían sin importar la urgencia de las mismas. El formulario en cuestión era revisado todos los viernes en la tarde por la ciudadana Mariflor Ruiz a quién le habían asignado esa tarea de supervisión por órdenes, según élla, de la Dra. Aura Marina Kolster, Vicepresidente Consultor Jurídico. Al final del horario de trabajo, tanto nuestra representada como sus compañeras eran retenidas arbitrariamente en su lugar de trabajo, pues no podían retirarse a sus casas hasta tanto la mencionada ciudadana Mariflor Ruiz González no “cuadrara” el famoso formulario en horas, minutos y segundos de la jornada laboral.
Dichas tareas, colocaban a nuestra defendida en situación de peligro, porque si utilizaba las dos manos para levantar esos expedientes podía perder el equilibrio y caerse, por razones obvias. El memorando en cuestión, no tuvo el trato y la consideración que ellas merecían. Lo que es más grabe aún, es que el Banco estaba en conocimiento de toda la situación, de esa conducta ilícita y no hizo nada para solucionarlo.
Cabe destacar que, una vez terminadas las dos suplencias que nuestra representada cubrió en calidad de jefe encargada de la Sub Unidad de Asesoría Jurídica de Fideicomiso y Fondos de Pensiones, al poco tiempo del reintegro de la titular de ese cargo, ciudadana Morela Polo, ésta decide renunciar, y se hace necesario cubrir la vacante; en lugar de nombrar titular de ese cargo a nuestra mandante porque lo había desempeñado durante dos años y medio aproximadamente, lo que supone que lo hizo eficientemente, sin recibir a cambio ninguna remuneración salarial acorde a las responsabilidades asignadas, según la escala de sueldo de ese Banco; el ciudadano José Luis Salas Abad, de Recursos Humanos, se dirige a la oficina de nuestra representada para preguntarle, que “si ella conoce a alguna persona que pueda desempeñar el cargo vacante entonces denominado “Responsable de Sub Unidad de la Asesoría Jurídica de Fideicomiso y Fondo de Pensiones”. Nuestra representada responde que si conoce a esa persona y que es élla misma, habida cuenta de haber desempeñado dicho cargo durante dos años y medio aproximadamente en calidad de encargada en forma eficiente, tal como lo demuestran las felicitaciones que recibía vía correo electrónico interno. Las cuales reproduciremos en su oportunidad. El ciudadano José Luis Salas le responde “tu no puedes ser”, sin más explicación; quiere decir que, nuestra representada era muy eficiente para hacer ese trabajo sin ninguna remuneración extra, para explotarla durante dos años y medio, creándole expectativas, sin poder disfrutar de sus vacaciones de ley, pero cuando se trataba de postularla a ser titular del mismo, lo cual suponía mejor remuneración, bono de producción y otros beneficios, la hacían a un lado como a “un patito feo”, y nombran a otro abogado.
Vale la pena destacar que una vez que sale de sus funciones el abogado que designaron en calidad de titular para cubrir la vacante de la oficina “Responsable de Sub Unidad de la Asesoría Jurídica de Fideicomiso y Fondo de Pensiones”, ciudadano Dr. José Antonio Di Cesare, le solicitan a la Dra. Ciavaldini que asuma nuevamente esa responsabilidad del fideicomiso para todos los clientes de la Asesoría Jurídica de la Banca Corporativa.
Para la fecha de la antes referida conversación con el ciudadano José Luis Salas, la Dra. Ciavaldini, había sido ya transferida a la Asesoría Jurídica de la Banca Corporativa.
Fueron transcurriendo los años, seis (6) para ser exactos, escalando posiciones cada vez con retos de mayor importancia y responsabilidad dentro de la Consultoría Jurídica, quién llegó desde Abogado Júnior, (actualmente Abogado III): Abogado Semi-Senior (actualmente Abogado II), Abogado Senior (actualmente Abogado I), Jefe Encargada de la Sub Unidad de Asesoría Jurídica de Fideicomiso y Fondo de Pensiones, y por último Director de la Sub Unidad de la Banca Corporativa de la Consultoría Jurídica, en cada ascenso le ofrecían verbalmente que iban a ajustar su sueldo de acuerdo al cargo desempeñado y las responsabilidades asumidas. Promesa que no cumplían, ni se dignaban a nombrarla oficialmente (en el caso del fideicomiso) titular de esas gerencias, ni tampoco ajustaban el salario que correspondía a los diferentes cargos desempeñados, según la escala de salario de ese Banco, no obstante que su trabajo fue desempeñado siempre de manera impecable tal como lo demuestran los ascensos sucesivos, porque de no ser así no la habrían promovido para ocupar esos cargos de importancia dentro de la Institución.
Aproximadamente, entre los meses de abril y mayo de 2002, la Dra. Ciavaldini se comunica con Recursos Humanos a fin de que este departamento le informe cuál es su cargo como abogado dentro de la consultoría jurídica ya que siempre, en materia de salarios le informaban que no era posible aumentarle el sueldo ya que se encontraba en el “limite superior de la banda de sueldo para ese tipo de cargo” y después de muchas evasivas y varias llamadas telefónicas al mismo departamento Recursos Humanos por fin le informan que es abogado Júnior (hoy denominado abogado III), y le explican que incurrieron en un error involuntario, seguramente al cambiar la data de plataforma.
Lo cierto es que nuestra mandante para 30 de octubre del año 2000, ya había sido ascendida al cargo de abogado Senior, tal como lo indica el correo electrónico interno que le envió el ciudadano Rómulo Parra. Caramba, ninguno de sus jefes había advertido tamaño error, ni siquiera la Dra. Jeannette Peña Gil, para la fecha jefe inmediato de nuestra representada, y quien sabía perfectamente que mucho antes de ser trasferida al departamento de Fideicomiso y Fondos de Pensiones la Dra. Ciavaldini estaba ascendida al cargo de Abogado Semi-Senior.
Siendo esta la situación la Dra. Ciavaldini conversa personalmente con la Dra. Aura Marina Kolster Consultor Jurídico, y entre otras cosas le expone lo siguiente: “Dra. Kolster no entiendo como es eso que me han tenido clasificada como abogado Junior y ganando un sueldo que es el que corresponde a esas bandas de salario, durante seis (6) años , o sea desde 1996 hasta el 2002, es necesario solucionar ese problema y el impacto que ese “error involuntario” (única explicación del departamento de Recursos Humanos) ha tenido sobre el pago de mi salario, vacaciones, prestaciones, utilidades, etc. y, por otra
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