Derecho Constitucional del Trabajo. Las relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional






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W. Sanguineti Raymond, Derecho Constitucional del Trabajo. Las relaciones de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2007.

1. Una clara preocupación por la vigencia efectiva de los derechos laborales

La aplicación del programa de liberalización económica impulsado por el régimen de facto que gobernó el país a lo largo de la década pasada no sólo supuso importantes cambios en los contenidos de la legislación laboral. Dentro de su herencia puede contarse también, como efecto inducido de sus políticas, una significativa reducción de la virtualidad práctica de dicha legislación. Expresión de ello ha sido el crecimiento exponencial del número de personas que desarrollan labores de carácter dependiente sin que les sean reconocidos los beneficios establecidos por las normas legales y los convenios colectivos. Si bien la estimación de la magnitud de esta “bolsa de incumplimiento” no es una tarea fácil debido al carácter oculto de estas prácticas, una ponderación no demasiado arriesgada de sus alcances induce a pensar que podría aproximarse a la mitad de los trabajadores 1.

Frente a un estado de cosas como éste, resulta evidente cualquier programa de intervención en las relaciones laborales ha de plantearse, como primer y más relevante objetivo, garantizar la aplicación de la normativa expedida por el Estado a quienes reúnen los requisitos exigidos para ello. De allí que sea posible afirmar que nuestro Derecho del Trabajo se encuentra actualmente necesitado, antes incluso que de una reforma de sus contenidos, de un auténtico “rearme institucional”, que reivindique para la mayoría de trabajadores peruanos la condición de sujeto de derechos que de tal modo se les niega. La recuperación de la “ciudadanía laboral” se convierte, desde esta perspectiva, como he tenido la ocasión de sustentar en otro lugar, en una de las prioridades básicas –sino la principal– de la política social en el Perú 2.

Esta es una situación que, como es evidente, no resulta indiferente para la Constitución. Antes bien, dentro de ella es posible encontrar evidencias claras de la existencia de un mandato que exige encarar desde las instancias públicas el problema de la informalidad en sus diversas manifestaciones, incluida la del fraude laboral 3. Para ello, basta con tener en cuenta el compromiso del Estado, que el artículo 43 adjetiva de “social”, de prestar una atención prioritaria al trabajo en sus diferentes modalidades (artículo 23) y a la consideración como “deberes primordiales” del mismo los de “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos” –una categoría dentro de la cual ocupan un lugar privilegiado los de carácter social y laboral– y “promover el bienestar general” (artículo 44) 4.

Naturalmente, la informalidad no es un problema que pueda ser combatido exclusivamente desde la Constitución. Y menos aún a partir de la jurisprudencia constitucional. Su adecuado encaramiento exige, como salta a la vista, de un complejo de medidas de diverso tipo, dentro de las cuales ocupan un lugar seguramente privilegiado, al lado de las dirigidas a reforzar el nivel de exigencia de la legislación laboral, las de apoyo y estímulo al desarrollo de proyectos productivos con capacidad efectiva para competir sin necesidad de recurrir a esta clase maniobras 5. Esto no significa, de todas formas, que la contribución de una y otra al encaramiento del fenómeno pueda ser considerada irrelevante. Para empezar porque, como se ha afirmado, el reconocimiento constitucional de los derechos laborales representa un importante factor de reforzamiento de su eficacia, en la medida en que legitima a sus titulares a utilizar las garantías previstas en su beneficio para exigir su aplicación 6. Si a esto se le añade la adopción por parte de la jurisdicción constitucional de una actitud receptiva ante la reivindicación de dichos derechos, capaz por su incisividad de poner al descubierto las situaciones de encubrimiento que puedan presentarse, habremos dado con un instrumento capaz de desempeñar un importante papel disuasorio de la realización de dichas prácticas.

Pues bien, ésta es precisamente la actitud que ha adoptado el Tribunal Constitucional frente al acuciante problema del fraude en la contratación laboral, al menos a lo largo de la presente década 7. Esta actitud se refleja en una multitud de resoluciones a través de las cuales el mismo se ha inclinado por desvelar la naturaleza laboral de las relaciones sometidas a su conocimiento, que en principio se presentaban bajo la apariencia de contratos civiles de locación de servicios o prestación de “servicios no personales”, aplicando con tal fin un principio de rancia raigambre dentro del Derecho del Trabajo como es el de “primacía de la realidad” 8. Para ello no han sido obstáculos, ni la falta de consagración expresa de este principio a nivel constitucional 9, ni las dudas que es capaz de suscitar la consideración de la calificación jurídica como una de las tareas de la jurisdicción constitucional, ni la ausencia dentro del procedimiento de amparo de una etapa probatoria en la que pueda demostrarse la existencia de una relación laboral.

Para el Tribunal Constitucional “el principio de primacía de la realidad –según se lee en una de las muchas sentencias que lo aplican– es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, que ha visto éste como un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de realización de la persona (artículo 22) y, además, como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23)” 10. Su aplicación resultará pertinente, en consecuencia, cada vez que exista “discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos”, conduciendo al juez constitucional a otorgar “preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos” 11, sin que constituya inconveniente el hecho de que la Constitución no aluda a él.

La tesis de la consagración constitucional “implícita” de este principio puede ser, naturalmente, objeto de discusión. Pero no la circunstancia de que el establecimiento del carácter laboral o no de una determinada relación jurídica es una cuestión de relevancia constitucional, en la medida en que de ella pende la atribución al sujeto de la titularidad de una amplia gama de derechos consagrados por la norma fundamental. Como tampoco resulta discutible que dicha determinación ha de hacerse atendiendo a criterios realistas, basados en la conducta efectivamente desplegada por los sujetos, cuando ésta contradice las afirmaciones contenidas en los documentos por ellos suscritos. El principio de primacía de la realidad es en estos casos, como se ha apuntado, “el instrumento de acceso a los derechos y beneficios laborales” consagrados por la Constitución 12. Su aplicación posee, por ello, una indiscutible trascendencia desde la perspectiva constitucional. Y se encuentra plenamente justificada cada vez que la presunta desnaturalización de una relación de trabajo venga acompañada de la alegación de la vulneración de un derecho fundamental.

Los límites a la aplicación por la jurisprudencia constitucional de este principio vienen dados, si acaso, por las especiales características del instrumento procesal a través del cual se accede a ella. La falta de una etapa probatoria dentro del procedimiento de amparo determina, desde esta perspectiva, que el establecimiento del carácter laboral de la relación deba afrontarse casi de forma exclusiva a partir del estudio de las pruebas de carácter documental que puedan haberse acompañado a la demanda 13. Esta limitación no parece, empero, plantear demasiadas dificultades en buena parte de los supuestos sometidos a la consideración del Tribunal Constitucional, dado que la laxitud con la que hasta hace poco ha venido contemplándose el fenómeno del fraude laboral en el Perú determina que el uso de las modalidades de contratación civil sirva por lo general para encubrir situaciones en las que la existencia de una relación de trabajo salta a la vista incluso a partir de la simple lectura de las estipulaciones contenidas en los contratos de tal naturaleza 14.

Es importante observar, finalmente, que la aplicación por el Tribunal Constitucional del principio de primacía de la realidad se ha producido por lo general frente a supuestos en los que se había procedido al despido del trabajador sin mención de causa alguna, alegando la existencia entre las partes de una relación de carácter civil en vez de laboral. Ello ha determinado que el mismo proceda, luego de determinada la presencia de un contrato de trabajo, a atribuir al acto extintivo llevado a cabo sin motivo la calificación de despido incausado, y a aplicar su doctrina en torno a los efectos necesariamente restitutorios de esta clase de despidos, sobre la que habrá ocasión de reflexionar más adelante 15. El resultado ha sido la aplicación en todos estos casos, en los que el trabajador había sido víctima de una maniobra fraudulenta dirigida a negarle su condición de tal, de la garantía de la readmisión en el puesto de trabajo que venía ocupando 16. Una sanción bastante más severa que la que hubiera correspondido si el empleador, en lugar de recurrir a prácticas como las descritas, hubiera optado desde un inicio por reconocer al demandante la posición de trabajador y le hubiera atribuido una falta relacionada con su capacidad o comportamiento, incluso si luego no hubiera estado en condiciones de acreditar de modo pleno su aptitud para justificar la resolución del vínculo. Este criterio contribuye así a reforzar el efecto preventivo del fraude en la contratación laboral que es posible atribuir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia.

1 Esta estimación constituye una proyección realizada a partir de la información recopilada para el estudio “Locación de servicios y contrato de trabajo: balance y perspectivas de reforma tras quince años de vigencia del Código Civil”, que introduce la 2ª edición de mi trabajo El contrato de locación de servicios, Lima, Gaceta Jurídica, 2000. Para mayores consideraciones sobre el particular, vid. también W. SANGUINETI RAYMOND, “La presunción de laboralidad: una pieza clave para el rearme institucional de Derecho del Trabajo en el Perú”, Laborem, 2003, núm. 3, págs. 41 y sigs., así como la bibliografía citada en ambos trabajos.

2 Vid. W. SANGUINETI RAYMOND, “Recuperar la ciudadanía laboral”, Boletín Legal Express, 2001, núm. 9, pág. 2; y “La recuperación de la ciudadanía laboral: prioridad de la política social”, Análisis Laboral, 2002, núm. 304, págs. 53-54.

3 Según apunta G. BOZA PRO, “Informalidad y relaciones de trabajo”, en SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Desafíos y perspectivas del Derecho del Trabajo y de los regímenes de pensiones en el Perú. I Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lima, 2004, pág. 42.

4 Nuevamente, G. BOZA PRO, op. cit., págs. 39-40.

5 Vid., además de la opinión del autor citado en la nota anterior, págs. 55-65, y los demás estudios sobre el tema contenidos en la obra colectiva allí referida, S. RUESGA, La economía sumergida, Madrid, Acento Editorial, 2000, pág. 80 y sigs.

6 Como observara O. ERMIDA URIARTE, “Constitucionalización del Derecho Laboral”, Asesoría Laboral, 1993, núm. 26, pág. 19. En la misma dirección, vid. también M. CARRILLO CALLE, “Los derechos laborales en las Constituciones hispanoamericanas: bases para un estudio comparado”, en M. CARRILLO CALLE (Director), Constitución, trabajo y seguridad social. Estudio comparado en veinte constituciones hispanoamericanas, Lima, ADEC-ATC, 1993, pág. 64.

7 Con anterioridad, sin embargo, el Tribunal Constitucional mostró una actitud claramente legitimadora de la evasión de las normas laborales mediante contratos civiles o mercantiles. Como muestra de ello pueden verse las sentencias citadas en W. SANGUINETI RAYMOND, El contrato …, cit., pág. 22, nota 14.

8 Para una amplia muestra de esta jurisprudencia, vid. C. PUNTRIANO ROSAS y K. PASCO ARRÓSPIDE, “Reconocimiento del principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Asesoría Laboral, 2006, núm. 182, págs. 11-17

9 El principio de primacía de la realidad se encuentra reconocido a nivel legislativo a través del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de acuerdo con el cual “en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”.

10 Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 2000 (Ex Núm. 0991-2000-AA/TC. Caso Liberio Edmar Vidal contra Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote). Para ejemplos más recientes vid. las Sentencias de 5 de octubre de 2004 (Exp. Núm. 1869-2004-AA/TC. Caso Rosa Carmela Mariñas contra Municipalidad Distrital de Baños del Inca), y de 18 de marzo de 2005 (Exp. Núm. 1259-2005-AA/TC. Caso Oscar Eduardo Romero Ortiz contra Red Asistencial de Piura-EsSalud).

11 Por decirlo con las palabras empleadas por la Sentencia de 16 de julio de 2004. Exp. Núm. 0833-2000-AA/TC. Caso Nidia Calle Vílchez contra RENIEC.

12 Como afirma J. TOYAMA MIYAGUSUKU, “El principio de primacía de la realidad en las sentencias del Tribunal Constitucional”, en AA.VV., Estudios sobre la jurisprudencia constitucional en materia laboral y previsional, Lima, Academia de la Magistratura-Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2004, pág. 48.

13 Conforme pone el acento, J. TOYAMA MIYAGUSUKU, op. ult. cit., pág. 54.

14 Vid. por ejemplo los supuestos contemplados en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 4 de agosto de 2004 (Exp. Núm. 1116-2002-AA/TC. Caso Pablo Gregorio Gonza Tito contra Municipalidad Distrital de Surquillo), y de 10 de septiembre de 2004 (Exp. Núm. 2493-2004-AA/TC. Caso Marco Néstor Bernilla Castillo contra Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque).

15 Vid. infra III.C.6.

16 Vid. por ejemplo la Sentencia de 16 de agosto de 2005 (Exp. Núm. 2371-2004-AA/TC. Caso Margiory Loayza Calderón contra Telefónica del Perú), en la cual, luego de haber establecido que “si bien la recurrente fue contratada bajo la modalidad de locación de servicios, de hecho realizaba prestaciones propias de un contrato de trabajo”, se declara que, como consecuencia de ello, “la extinción de la relación laboral” denunciada “se encuentra fundada –única y exclusivamente– en la voluntad del empleador, lo que constituye (…) un acto lesivo de los derechos fundamentales” frente al cual procede ordenar, como de hecho se hace en la parte resolutiva de la sentencia, “la reincorporación de la demandante en el cargo que desempeñaba al momento de la violación de sus derechos fundamentales”. O incluso, más recientemente, la Sentencia de 31 de enero de 2006 (Exp. Núm. 3710/2005 AA/TC. Caso Regner Muñoz Pérez contra Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto), donde se afirma con absoluta claridad que “la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización indebida de una modalidad de contratación como la antes descrita (locación de servicios) configura un despido incausado. Siendo así y dada la finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando al la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales”.

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