Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina






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Respecto a Las Torturas

Otra figura penal de lesa humanidad que debió ser analizada es la de la Tortura, respecto de la cual los fallos de los tribunales nacionales consideraron que encontraba previsión en el delito de “Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima” contemplada en el art. 144 ter del Código Penal vigente a la fecha de comisión de los hechos juzgados. En ese sentido resolvieron, entre otros, el los fallos de las causas “Vargas,Aignasse, Guiilermo..” del 04 de setiembre de 2008 y “Ménendez, Luciano Benjamín y otros “ del 24 de julio de 2008.

En éste último, se cita el dictamen del Dr. Esteban Righi en los autos “Simón Julio Héctor..” en el que expresaba “ .. queda claro que para la época en que los hechos investigados tuvieron lugar, la prohibición de la tortura formaba parte ineludible del derecho imperativo dirigido tanto a los Estados como, personalmente, a los funcionarios estatales. En otras palabras, la utilización de la tortura como práctica oficial comprometía la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad individual de quienes la ejecutaran frente al derecho de gentes. Y también respecto de este delito hay que concluir que los tipos penales del Código Penal que lo contienen (artículo 144ter de la ley 14.616) habían ya adquirido por entonces un atributo adicional -la condición de lesa humanidad, con las consecuencias que ello implica- en virtud de la normativa internacional, vinculante para la República Argentina, que los complementó”.

En igual sentido se había sentado jurisprudencia de la causa "Suarez Mason y otros s/ privación ilegal de la libertad…"29, en el año 2003 expresando que "todo el conjunto abyecto de condiciones de vida y muerte a que se sometiera a los cautivos, si son analizados desde sus objetivos, efectos, grado de crueldad, sistematicidad y conjunto, han confluido a generar el delito de imposición de tormentos de una manera central, al menos conjunta con la figura de la detención ilegal, y de ningún modo accesoria o tangencial a ésta... Tales tratos están incluidos en la prohibición jurídica internacional de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y encuadran en el delito de imposición de tormentos que expresamente castiga al funcionario que impusiere ‘cualquier especie de tormento’(art. 144 ter. primer párrafo del Código Penal, según la ley 14.616)"

La figura de la Asociación ilícita

La CSJN también se pronunció respecto a esta figura en la causa "Arancibia Clavel, Enrique". En dicha oportunidad dijo "… corresponde calificar a la conducta como delito de lesa humanidad, si la agrupación de la que formaba parte el imputado, estaba destinada a perseguir a los opositores políticos del gobierno de facto, por medio de homicidios, desaparición forzada de personas y tormentos, con la aquiescencia de funcionarios estatales…" … “Que en este sentido no podría sostenerse que si los homicidios, la tortura y los tormentos, la desaparición forzada de personas, son delitos contra la humanidad, el formar parte de una asociación destinada a cometerlos no lo sea, pues constituiría un contrasentido tal afirmación, toda vez que este último sería un acto preparatorio punible de los otros. Así, por ejemplo lo estatuyen los arts. 2 y 3 inc. b Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que incluye dentro de los actos castigados la “asociación para cometer genocidio” …“Que del plexo normativo internacional transcripto se desprende que dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad, también se incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos, con conocimiento de ello”. … “Que en consecuencia el formar parte de un grupo dedicado a perpetrar estos hechos, independientemente del rol funcional que se ocupe, también es un crimen contra la humanidad”. (posición sustentada en el voto de los Dres. Zaffaroni y Highton de Nolasco). El fallo expresa además que "… de la definición dada por la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, se desprende la convexidad y el homicidio y otros delitos o actos inhumanos y la persecución política y la conspiración para cometerlos en la formulación y ejecución de un plan común, también se incluye, dentro de la calificación de lesa humanidad, el formar parte de una organización destinada a cometerlos…" (del voto del Dr. Boggiano), y que "… el delito de asociación ilícita por tomar parte de una organización dirigida a la persecución de opositores políticos constituye un crímen de lesa humanidad cuyo castigo se encuentra impuesto por normas imperativas de Derecho Internacional (ius cogens) para todos los estados nacionales, que deben ser castigados por éstos, sin que pueda admitirse la legitimidad de normas que permitan la impunidad de actos aberrantes cometidos en el marco de una amplia persecución estatal” (criterio expresado en el voto del Dr. Maqueda).

Colofón

El juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en la Argentina durante la última dictadura militar ha dado lugar a la elaboración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de una doctrina judicial en materia de delitos de lesa humanidad, que consolida los principios rectores del derecho penal internacional, reconociendo el paradigma de la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho interno en esta materia.

El máximo tribunal argentino ha delineado en sus fallos los presupuestos básicos de los delitos de lesa humanidad en un pormenorizado análisis de la normativa y jurisprudencia internacionales, reconociendo como fuentes no sólo al derecho internacional convencional (tratados, declaraciones, pactos) sino además a las normas consuetudinarias del derecho de gentes (ius cogens) cuya existencia y vigencia opera independientemente del asentimiento de las autoridades de los estados.

Se ha ratificado que en el derecho interno argentino existen normas constitucionales que reconocen la validez del ius cogens, lo que permite sostener la recepción de los delitos de lesa humanidad contemplados en él en un sistema de protección de los derechos humanos que resulta obligatorio e independiente de la previsión expresa del derecho interno nacional.

Por lo demás, existe una muy completa incorporación del derecho internacional convencional al derecho interno argentino, la que asume su mayor relevancia en la reforma Constitucional de 1994, la que en la redacción del actual artículo 75 inc. 22°, origina la conformación de un “bloque constitucional” constituido por el texto constitucional histórico y los tratados incorporados por él, en una política constitucional de universalización de los derechos humanos, y al concederles rango de norma suprema nacional, impone la responsabilidad del Estado argentino frente a graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte Suprema declaró que a la fecha de la comisión de los ilícitos juzgados, existía un ordenamiento normativo imperativo, que reprimía los delitos de lesa humanidad ya que la Nación Argentina había manifestado su voluntad indubitable de reconocerlos como categoría del ordenamiento penal internacional consuetudinario y convencional incorporada a su derecho interno, por lo que descartó que reconocer tal calidad vulnere el principio de ley previa.

Aún cuando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad fue aprobada en Argentina recién en 1995 y su adhesión en 2003 y se le otorgó jerarquía constitucional en el año 2006, la Corte Suprema declaró la imprescriptibilidad de las acciones penales en los hechos acaecidos con anterioridad ya que los crímenes contra la humanidad no están sujetos a plazo alguno de prescripción, conforme la directa vigencia en nuestro sistema jurídico de las normas del derecho de gentes y que nuestro país receptara con anterioridad a los hechos juzgados.

Consideramos que esta doctrina legal elaborada por el máximo Tribunal argentino y seguida por los tribunales inferiores en fallos recientes, concordante con principios sustentados por la jurisprudencia internacional, ha contribuido al cumplimiento del compromiso asumido por el Estado Argentino de castigar los crímenes de lesa humanidad, el que fue impuesto asimismo por el derecho interno como mandato constitucional de punición de estas infracciones penales que atentan contra el más universal de los bienes jurídicos: la condición humana.

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1 En el presente trabajo se han analizado, los últimos fallos dictados en la materia : la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Córdoba de fecha 24 de julio de 2008 en los autos “Menéndez, Luciano Benjamín y otros S/. Privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados; homicidio agravado” (Expte. 40/M/2008); la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán de fecha 4 de septiembre de 2008 en Causa: "Vargas Aignasse Guillermo S/Secuestro y Desaparición".- Expte. V - 03/08 y la sentencia dictada en igual causa dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de fecha 15 de diciembre de 2.004. Asimismo se han consultado los fallos que sirvieron de antecedentes en la materia: en Corte Suprema de Justicia de la Nación: fallo del 24 de agosto de 2004 en causa “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro S/ Homicidio Agravado y Asociación Ilícita” (Causa Nº 259); fallo del 14 de junio de 2005 en autos “Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, etc. Causa Nº 17.768”.”, en especial el dictamen del Procurador General de la Nación, Dr Esteban Righi de fecha 5 de Mayo de 2005; el fallo del 11 de julio de 2007 en autos “Derecho, René Jesús S/Incidente de Prescripción de la Acción penal” Causa 24079; fallo del 13 de julio de 2007 en causa "'Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. De casación e inconstitucionalidad'; M.2334.XLII.


2 (Fallos 327:3294, “Arancibia Clavel, Enrique L. ..”considerando 38 del voto del doctor Maqueda)

3 (considerandos 31 y 32 del voto de los jueces Moliné O'Connor y Nazareno y del voto del juez Bossert en Fallos: 318:2148)"

4 CSJN: “Derecho, René J." del 11/07/2007. En el tratamiento del tema cita a Luban, David A: A Theory of crimes against Humanity. Yale Journal of International Law 29, 2004, p. 85 y ss.

5 Ej: Bolivia, cuyo art.138 del Código Penal tipifica el genocidio; Paraguay, que tiene previsto el genocidio y los crímenes de guerra en sus arts.319 y 320 CP, Colombia, por ley 589 modificatoria del CP prevé la desaparición forzada, desplazamiento forzado, genocidio y tortura, Perú, cuya ley 26.296 modificó el CP tipificando el genocidio, la desaparición forzada y la tortura. Argentina por ley 26.200 de Implementación del Estatuto de Roma establece escalas penales para los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra previstos en aquel y Uruguay por ley 18.026 tipifica los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra. El Anteproyecto de reforma de C.P. para la Argentina de 2006 introduce los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, lesa humanidad y crímenes de guerra.

6 CSJN en “Arancibia Clavel ..” Fallos 327:3294, considerando 38 del voto del doctor Maqueda; y en Fallos 328:2056, considerando 51 del voto del doctor Maqueda,

7 Dobovsek, José. Derecho Penal Internacional. Fuentes normativas. La Ley. Bs. As. 2008 p.264 yss.

8Mattarollo Rodolfo "La jurisprudencia argentina reciente y los crímenes de lesa humanidad", Revista Argentina de Derechos Humanos Año 1 N 0, AD HOC, p 114 y ss

9 Gil Domínguez, Andrés, Constitución y derechos humanos. Las normas del olvido en la República Argentina, Ediar, Buenos Aires, 2004, p. 44

10 (Fallos 318:2148, considerando 32 del voto de los doctores Nazareno y Moliné O'Connor)

11 (Fallos 327:3294, considerando 33 del voto del doctor Maqueda)

12 (Cfr. Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, 2000, Tomo IA, p. 310)

13 "'Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. De casación e inconstitucionalidad'; M.2334.XLII.


14 En 1961 por el Tribunal del distrito de Jerusalén y por el Tribunal Supremo de Israel (caso Eichmann); en 1971 por los Tribunales de Bangladesh al tratar una solicitud de extradición a la India de oficiales de Pakistán "por actos de genocidio y crímenes contra la humanidad" (C.I.J. Annuaire 1973-1974, p.125); en 1981 por el Tribunal Supremo de los Países Bajos en el asunto Menten (N.Y.I.L. 1982, p. 401 y ss.); en 1983 por el Tribunal Supremo de Francia en el caso Claus Barbie; en 1989 por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario -Canadá- en el caso Finta.


15 En este punto cita al fallo “Prosecutor v. Tadic”, dictado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia el 7 de mayo de 1997

16 Fallo citado, considerando 63 del voto del doctor Maqueda

17 En tal sentido, y desarrollando lo que ya había establecido en el caso "Arancibia Clavel, Enrique L.", en el caso "Simón, Julio Héctor y otros", Fallos 328:2056, considerandos 18 y 19,

18 Cfr. Mazzeo Julio L., considerando 23

19 (Cfr. Gil Domínguez, Andrés, Constitución y derechos humanos. Las normas del olvido en la República Argentina. Ediar. Buenos Aires. 2004, p. 46).

20 “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro” s/ Homicidio Calificado y Asociación Ilícita y otros” (Causa Nº 259)

21 Fallo citado: (Fallos 327:3294, considerandos 33 del voto del doctor Maqueda)

22 “Ménendez, Luciano Benjamín y otros S/. Privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados; homicidio agravado” (Expte. 40/M/2008),


23 ("Videla Jorge Rafael s/ incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada" del dictamen del Procurador General Nicolás Becerra. 21/08/2003).

24 “Simón Julio Héctor s/privación ilegítima de la libertad, etc. Causa Nº 17.768”.

25 (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 153, 155, 156 y 157).

26 "Vargas Aignasse Guillermo S/Secuestro y Desaparición". Sentencia del 04/09/2008.

27 casos Velásquez Rodríguez (sent. del 29 de julio de 1988); Godinez Cruz (sent. del 20 de enero de 1989); Fairen Garbi y Solís Corrales (sent. del 15 de marzo de 1989) y Caso Blake, Excepciones preliminares (sent. del 2 de julio de 1996)

28 Castillo Páez vs. Perú sent. del 3 de noviembre de 1977, párrafo 73

29 "Suarez Mason y otros s/ privación ilegal de la libertad…"Sentencia del 20/10/2005 en causa nro. 14.216/03)


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