Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina






descargar 103.37 Kb.
títuloLos Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina
página3/4
fecha de publicación10.06.2016
tamaño103.37 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4

La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad

De la referencia a las fuentes de los delitos de lesa humanidad antes efectuada, puede sostenerse con certeza que a la fecha de la comisión de los ilícitos juzgados por los tribunales argentinos, en nuestro país existía un ordenamiento normativo imperativo, que reprimía los delitos de lesa humanidad.

Ahora bien, la doctrina es conteste en considerar que los delitos de lesa humanidad tienen un alcance que excede al de otras instituciones de derecho interno e internacional, al extremo que cada uno de sus ámbitos de validez permiten derivar notas características: 1) del ámbito material, se deriva la inderogabilidad y la inamnistiabilidad; 2) del ámbito personal, se deriva la responsabilidad individual; 3) del ámbito temporal, se deriva la imprescriptibilidad y la retroactividad y 4) del ámbito espacial se deriva la jurisdicción universal19

Una cuestión que ha debido analizarse especialmente por la jurisprudencia argentina, incluso por la del máximo tribunal nacional, es la relativa a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y a la fuente de donde deriva tal carácter, debido a que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, fue aprobada en Argentina recién en 1995 por ley 24.584 y su adhesión a la misma fue por decreto 579 del P.E.N. de año 2003 y en el año 2.006, por ley 25.778, se le otorga jerarquía constitucional y que los hechos sometidos a juzgamiento databan de la década del 70.

Ya con anterioridad a la incorporación al derecho interno de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal sostuvo que los crímenes contra la humanidad no están sujetos a plazo alguno de prescripción, conforme la directa vigencia en nuestro sistema jurídico de las normas que el derecho de gentes ha elaborado en torno a los crímenes contra la humanidad y que nuestro sistema jurídico recepta a través del art 118 Constitución Nacional. Así se expreso en autos “Massera s/excepciones” del 9 de septiembre de 1.999, Sala I, expte. 30.514; “Astiz Alfredo s/Nulidad”, 4 de mayo de 2.000, Sala II, expte. 16.071; “Contreras Sepúlveda s/prescripción de la acción penal”, 4 de octubre de 2.000, Sala II, expte. 18.020, entre otras.

Por su parte, en concordancia con dicha jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha expedido con fecha 24 de agosto de 2004, en autos “Recurso de hecho deducido por el Estado y el Gobierno de Chile en la causa “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro” sosteniendo la imprescriptibilidad de los Crímenes considerados de Lesa Humanidad20. En sus considerandos estableció que "…los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la prescripción no resultan necesariamente aplicables en el ámbito de este tipo de delitos contra la humanidad porque, precisamente, el objetivo que se pretende mediante esta calificación es el castigo de los responsables donde y cuando se los encuentre independientemente de las limitaciones que habitualmente se utilizan para restringir el poder punitivo de los estados. La imprescriptibilidad de estos delitos aberrantes opera, de algún modo, como una cláusula de seguridad para evitar que todos los restantes mecanismos adoptados por el derecho internacional y por el derecho nacional se vean burlados mediante el mero transcurso del tiempo. El castigo de estos delitos requiere, por consiguiente, de medidas excepcionales tanto para reprimir tal conducta como para evitar su repetición futura en cualquier ámbito de la comunidad internacional…el concepto de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad resulta de particular importancia en el presente caso. En efecto, el sistema de no punición establecido se convertiría en un mecanismo para perpetuar las consecuencias de un sistema ilegítimo de persecución estatal cuyo sustento sólo se encuentra en la formalidad de la sanción legislativa. La aceptación por la comunidad internacional de los crímenes de lesa humanidad no extirpa el derecho penal nacional aunque impone ciertos límites a la actividad de los órganos gubernamentales que no pueden dejar impunes tales delitos que afectan a todo el género humano. Desde esta perspectiva, las decisiones discrecionales de cualquiera de los poderes del Estado que diluyan los efectivos remedios de los que deben disponer los ciudadanos para obtener el castigo de tal tipo de delitos no resultan aceptables. De allí surge la consagración mediante la mencionada Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad de un mecanismo excepcional (pero al mismo tiempo imprescindible) para que esos remedios contra los delitos aberrantes se mantengan como realmente efectivos, a punto tal que la misma convención dispone en su art. 1 que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido"21.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba en autos “Menendez, Luciano Benjamín y otros ..”22 el 24 de julio de 2008 se pronunció por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, refiriendo en sus considerandos a lo dictaminado ,el día 5 de Mayo de 2005, por el Procurador General de la Nación, Dr Esteban Righi en los autos “Simón Julio Héctor”. Allí, analizando los delitos atribuidos (Privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y desaparición forzada de personas, el Dr. Righi dijo: “ Es que habiéndose establecido que, ya para la época en que fueron ejecutadas la desaparición forzada de personas y las torturas eran consideradas crímenes contra la humanidad por el derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para el Estado argentino, de ello se deriva como lógica consecuencia la inexorabilidad de su juzgamiento y su consiguiente imprescriptibilidad” … “son numerosos los instrumentos internacionales que, desde el comienzo mismo de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, ponen de manifiesto el interés de la comunidad de las naciones porque los crímenes de guerra y contra la humanidad fueran debidamente juzgados y sancionados. Es, precisamente, la consolidación de esta convicción lo que conduce, a lo largo de las décadas siguientes, a la recepción convencional de este principio en numerosos Poder Judicial de la Nación instrumentos, como una consecuencia indisolublemente asociada a la noción de crímenes de guerra y de lesa humanidad” … “esta ´procuración como V.E.. han afirmado que la imprescriptibilidad era, ya con anterioridad a la década de 1970, reconocida por la comunidad internacional como un atributo de los crímenes contra la humanidad en virtud de principios del derecho internacional de carácter imperativo, vinculantes, por tanto también para el Estado argentino. Así lo ha expresado con claridad V.E, al pronunciarse en relación con un hecho ocurrido durante el último conflicto bélico mundial, oportunidad en la cual enfatizó que la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de los Estados sino de los principios del ius cogens del derecho internacional, y que en tales condiciones no hay prescripción para los delitos de esa laya (Fallos: 318:2148 y causa A 533, XXXVIII, "Arancibia Clavel", citada).” … “ la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno de la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas -que en su artículo séptimo declara imprescriptible ese crimen de lesa humanidad-, ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes para nuestro país en virtud de normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo demás, sin perjuicio de la existencia de esas normas de ius cogens, cabe también mencionar que para la época en que tuvieron lugar los hechos, el Estado argentino había contribuido ya a la formación de una costumbre internacional en favor de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad…”.

En el miso dictamen el Dr. Righi sostuvo; “.. En cuanto a su condición de lesa humanidad y su consecuencia directa, la imprescriptibilidad, no puede obviarse que el principio de legalidad material no proyecta sus consecuencias con la misma intensidad sobre todos los campos del derecho penal, sino que ésta es relativa a las particularidades del objeto que se ha de regular. En particular, en lo que atañe al mandato de certeza, es un principio entendido que la descripción y regulación de los elementos generales del delito no necesitan alcanzar el estándar de precisión que es condición de validez para la formulación de los tipos delictivos de la parte especial (cf. Jakobs, Derecho Penal, Madrid, 1995, ps. 89 y ss.; Roxin, Derecho Penal, Madrid, 1997, ps. 363 y ss.) Y, en tal sentido, no advierto ni en la calificación legal de la desaparición forzada como crimen contra la humanidad, ni en la postulación de que esos ilícitos son imprescriptibles, un grado de precisión menor que el que habitualmente es exigido para las reglas de la parte general; especialmente en lo que respecta a esta última característica, que no hace más que expresar que no hay un límite temporal para persecución penal…” “Por lo demás, en cuanto a la exigencia de ley formal, creo evidente que el fundamento político (democrático-representativo) que explica esta limitación en el ámbito nacional no puede ser trasladado al ámbito del derecho internacional, que se caracteriza, precisamente, por la ausencia de un órgano legislativo centralizado, y reserva el proceso creador de normas a la actividad de los Estados. Ello, sin perjuicio de señalar que, en lo que atañe al requisito de norma jurídica escrita, éste se halla asegurado por el conjunto de resoluciones, declaraciones e instrumentos convencionales que conforman el corpus del derecho internacional de los derechos humanos y que dieron origen a la norma de ius cogens relativa a la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. … En consecuencia, debe concluirse que, ya en el momento de comisión de los hechos, había normas del derecho internacional general, vinculantes para el Estado argentino, que reputaban imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, y que ellas, en tanto normas integrantes del orden jurídico nacional, importaron -en virtud de las relaciones de jerarquía entre las normas internaciones y las leyes de la Nación (artículo 31 de la Constitución)- una modificación del régimen legal de la prescripción de la acción penal, previsto en los artículos 59 y siguientes del Código Penal. Por consiguiente, corresponde concluir que no se halla prescripta la acción penal para la persecución de los delitos de tortura y desaparición forzada de personas aquí investigados…”

Esta posición ya había sido sustentada en la misma causa “Menendez, Luciano Benjamín y otros ..” con fecha 10 de Junio de 2004 y en autos "Vega Juan Carlos s/Denuncia de Apropiación Extorsiva" (Expte. N° 10-V-00) por Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en los autos “Vargas Aignase, Guillermo s/Secuestro y Desaparición” por Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en sentencia de fecha 15 de diciembre de 2004, como asimismo en el fallo condenatorio de Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez dictado en dichos autos el 04 de setiembre de 2008 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

La adecuación típica de los hechos juzgados en las figuras del derecho interno argentino bajo el carácter de delitos de lesa humanidad.

El análisis desde los principios de legalidad e irretroactividad penal.
Otra cuestión que fue analizada en los fallos de los tribunales argentinos fue la relativa al encuadramiento legal de los hechos objeto de las acusaciones dado que las figuras previstas en el código penal al tiempo de su comisión no contenían una denominación idéntica a los tipos penales del derecho internacional.

Para su adecuación típica fue necesario atender al tiempo efectivo de la acción, desde el comienzo de ejecución hasta la realización completa del tipo o su consumación, con el propósito de resguardar el principio de irretroactividad de la ley penal, principio constitucional vinculado a la garantía de legalidad.

Cabe reiterar que la República Argentina al tiempo en el que tuvieron lugar los hechos objeto sometidos a proceso ya había manifestado su voluntad indubitable de reconocer a los delitos de lesa humanidad como categoría del ordenamiento penal internacional consuetudinario y convencional incorporada a su derecho interno, por lo que respecto a la condición de lesa humanidad de los ilícitos juzgados no puede sostenerse que se incurra en retroactividad legal y que, por ende se vulnere el principio de ley previa.

Las figuras penales aplicadas en los fallos en argentinos

Respecto a la Desaparición Forzada de Personas:

Una cuestión especialmente tratada en la jurisprudencia fue la relativa al encuadramiento legal de la Desaparición forzada de Personas, dado que como tal no se encontraba específicamente nominada en las figuras del código penal.

Sobre el particular la Corte Suprema de la Nación expresó que "...el Estado mediante el uso de figuras penales existentes en la legislación sanciona los hechos considerados como desaparición forzada. Lo contrario llevaría al absurdo de que el país, ante la ausencia de una figura legal concreta llamada "desaparición forzada de personas" en el orden interno, no incrimine las conductas descritas en una Convención, en clara violación de los compromisos internacionales asumidos. O de igual manera, que dejase impune los delitos de de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio. La desaparición forzada implica la violación múltiple y continuada de varios derechos, todos ellos debidamente protegidos por nuestras leyes".23

En el mismo sentido en la antes citada causa “Simón Julio Héctor…”24 el Procurador General de la Nación, Dr. Righi dijo: “En primer lugar, estimo que no puede predicarse que aquello en lo que consiste una desaparición forzada de personas no estuviera suficientemente precisado a los ojos de cualquier individuo por la normativa originada en la actividad de las naciones, su práctica concordante y el conjunto de decisiones de los organismos de aplicación internacionales; máxime cuando, como ya fue expuesto, el tipo en cuestión no es más que un caso específico de privación ilegítima de la libertad, conducta ésta contenida desde siempre en nuestra legislación penal. Estas consideraciones valen tanto más para el delito de torturas, que se halla previsto desde siempre en los artículos 144 tercero y siguientes”.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en su artículo II define la "desaparición forzada" en los siguientes términos: "Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes" y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "las desapariciones forzadas implican una violación múltiple, a la vez que continuada, de numerosos derechos esenciales de la persona humana, de manera especial de los siguientes derechos: i) derecho a la libertad personal …. ii) derecho a la integridad personal …. iii) derecho a la vida …”25.

Es por ello que la calificación impuesta se correspondió a la del delito de Privación ilegítima de la libertad agravada, pero ante la acreditación fehaciente de que las víctimas habían sido privadas de la vida –aun sin que se lograra la ubicación de los cuerpos- se aplicó la figura del Homicidio agravado en concurso real.

En autos “Vargas Aignasse, Guillermo ..”26 el Tribunal Federal en lo Criminal de Tucumán, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos27, ha sostenido que "La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención cuyo inciso primero reza: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente." , criterio ya sustentado por dicho Tribunal en el caso “Castillo Páez vs. Perú”28 de 1977 al decir que "No puede admitirse el argumento en el sentido de que la situación misma de indeterminación del paradero de una persona, no implica que hubiese sido privada de su vida, ya que faltaría el cuerpo del delito," "Es inaceptable este razonamiento puesto que bastaría que los autores de una desaparición forzada ocultasen o destruyesen el cadáver de una víctima, lo que es frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad absoluta de los infractores, quienes en esta situación pretenden borrar toda huella de la desaparición"
1   2   3   4

similar:

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconTerrorismo ~ derecho ~ delito politico ~ derechos humanos ~ delitos...

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconPor ellos cometer en perjuicio de la humanidad hechos ilícitos en...

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconII). Seguidamente, se analizará, en forma más breve, la reciente...

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconColombia Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconEl terrorismo como crimen de lesa humanidad – Análisis y consecuencias de la incorporación

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconLa reforma de los delitos contra el honor en argentina

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconResumen: Los Delitos económicos, “desde que aparecieron” -aunque...

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconEl articulo 16 de la Constitucion Nacional Argentina expresa que...

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconManual Básico de Derecho Urbanístico. Doctrina, legislación y jurisprudencia

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina iconLista de instrumentos internacionales, legislación y jurisprudencia sobre objeción de conciencia






© 2015
contactos
ley.exam-10.com