Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina






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La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968 vigente desde 1970, aunque toma el concepto de crimen de lesa humanidad del Estatuto de Nüremberg, lo despega del requisito de la guerra y contiene un principio que establece la preeminencia del derecho internacional sobre el interno en estos delitos ya que determina que estos actos lesivos deben ser prevenidos y sancionados sin perjuicio de que los mismos no constituyan violación del derecho interno de los Estados. Concretamente establece en su art. I apartado b) la sanción de "Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidad 3 (I) del 13 de febrero de 1945 y 95 (I) del 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política del apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio aún si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos".


El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de 1993 y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda de 1994, tipifican el crimen de lesa humanidad. El primero, establece en su art. 5: "El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter nacional o internacional y dirigidos contra cualquier población civil: a) asesinato; b)exterminación; c) reducción a la servidumbre; d) expulsión; e) encarcelamiento; f) tortura; g) violaciones; h) persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos; i) otros actos inhumanos". El segundo, expresa en su art. 3: "El Tribunal Internacional para Ruanda tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas: a) homicidio intencional; b) exterminio c) esclavitud; d) deportación; e) encarcelamiento; f) tortura; g) violación; h) persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; i) otros actos inhumanos".

El Estatuto de Roma de 1998 vigente desde julio de 2002 ha venido a completar la configuración conceptual actual del crimen de lesa humanidad. En su art. 7 establece: "1. A los efectos del presente Estatuto se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo en cualquier crimen de competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 2. A los efectos del párrafo 1: a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política; b) ...".

Ya se apuntó precedentemente que la CSJN en el caso “Derecho, René J.” ha examinado minuciosamente los elementos y requisitos previstos en el marco del art. 7 del Estatuto de Roma. En este sentido ha establecido que “ …(1) Comprende, entre otras conductas, actos de asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación, desaparición forzada de personas, es decir, un núcleo de actos de extrema crueldad. (2)En segundo lugar, estos actos, para ser calificados como crímenes de lesa humanidad, deben haber sido llevados a cabo como parte de un "ataque generalizado o sistemático";(3) En tercer lugar, ese ataque debe estar dirigido a una población civil. (4)En cuarto lugar, se encuentra un elemento que podría ser descripto como complejo … que consiste en la necesidad de que ese ataque haya sido realizado de conformidad con una política de un estado o de una organización, o para promover esa política”.

Este fallo ha analizado minuciosamente no solo el Estatuto de Roma sino también los Estatutos para los Tribunales de le ex Yugoslavia y Ruanda para realizar una delimitación acabada del crimen de lesa humanidad.

Parte de la interpretación de que “… el requisito más relevante para que un hecho pueda ser considerado un delito de lesa humanidad consiste en que haya sido llevado a cabo como parte de un ataque que a su vez —y esto es lo central— sea generalizado o sistemático..” Refiere al tratamiento especial de este punto efectuado en el fallo “Prosecutor v. Tadic”, dictado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia el 7 de mayo de 1997, en el sentido de que “la inclusión de los requisitos de generalidad o sistematicidad tenía como propósito la exclusión de hechos aislados o aleatorios de la noción de crímenes contra la humanidad …” Sostiene al respecto, que hay un consenso generalizado de que no es necesario que tales condiciones se den acumulativamente, sino que cada una de ellas es suficiente, y a la vez cita las definiciones efectuadas por el Tribunal Internacional para Ruanda al decir que ”El concepto 'generalizado' puede ser definido como masivo, frecuente, de acción a gran escala, llevado a cabo colectivamente con seriedad considerable y dirigido a una multiplicidad de víctimas. El concepto 'sistemático' puede ser definido como completamente organizado y consecuente con un patrón regular sobre la base de una política común que involucra recursos públicos o privados sustanciales." El segundo requisito que examina el fallo es que el ataque debe haber sido llevado a cabo de conformidad con la política de un estado o de una organización: “En efecto, los hechos tienen que estar conectados con alguna forma de política, en el sentido del término que significa las ‘orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado´ … No es necesario que esta política provenga de un gobierno central. Esencialmente, este requisito sirve también a la exclusión de la categoría de delitos de lesa humanidad de actos aislados o aleatorios …” Agrega que “la política de persecución no necesariamente tiene que ser la del estado. Pero aun cuando la fuerza que impulsa la política de terror y/o persecución no sea la de un gobierno, debe verificarse el requisito de que al menos debe provenir de un grupo que tenga control sobre un territorio o pueda moverse libremente en él"15.

Ahora bien, la incorporación al derecho interno del derecho internacional convencional del que deriva la consagración de los delitos de lesa humanidad, se produce en la República Argentina ya desde el final de la segunda guerra mundial.

En octubre de 1945 ratificó la Carta de Naciones Unidas poniendo de manifiesto la voluntad de adherir a la posición de la Comunidad Internacional en el juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que convino la creación del Tribunal Militar Internacional, firmado en agosto de 1945 y el Estatuto anexo al mismo (Tribunal y Estatuto de Nüremberg).

En abril de 1956, mediante decreto ley 6286/56 Argentina ratificó la "Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio" aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. el 9 de diciembre de 1948.

El 18 de setiembre de 1956 nuestro país ratificó los Convenios de Ginebra I, II, III y IV aprobados el 12 de agosto de 1949 que consagran disposiciones básicas aplicables a todo conflicto armado, sea éste de carácter internacional o interno.

Entre febrero y marzo de 1.945, se lleva a cabo en Chapultepec la Conferencia Americana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, habiéndose adherido Argentina al Acta Final de dichas conferencia, mediante el decreto 6945 del 27 de marzo de 1.945, ratificado por ley 12.837.

Ahora bien, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas por la resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre de 1.968, fue aprobada en Argentina por ley 24.584 sancionada el 1° de noviembre de 1.995 y por decreto 579/2.003 el Sr. Presidente de la Nación dispuso adherir a la misma. Finalmente por la ley 25.778, del 20 de agosto del 2.006, se otorga jerarquía constitucional a la referida Convención.

Por ley 25.390 la República Argentina aprueba El Estatuto de Roma de 1998, ratificado el 16 de enero de 2001 y por ley 26.200 sancionada el 13 de diciembre de 2006 (B.O. del 9 de enero de 2007) se dispone la Implementación de las disposiciones del Estatuto en el derecho interno, fijando las penas aplicables a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra remitiendo a las figuras previstas por el instrumento internacional.

Ahora bien, en materia de incorporación del derecho de los tratados internacionales al derecho nacional argentino merece destacarse especialmente la reforma Constitucional de 1994. En ella se incorporó en su artículo 75 inc. 22° una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos otorgándoles jerarquía constitucional. El texto expresa: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

Con tal incorporación y su asignación de jerarquía constitucional se origina de la conformación de un llamado “bloque constitucional” formado por el texto constitucional histórico y dichos tratados, como lo ha considerado la mayoría de la doctrina, desarrollando una política constitucional de universalización de los derechos humanos que, al concederles rango de norma suprema nacional, impone categóricamente la responsabilidad del Estado argentino frente a graves violaciones a los derechos humanos.

Esto ha sido expresado por la CSJN en el citado caso "Arancibia Clavel, Enrique L." diciendo "la reforma constitucional de 1994 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones. Sus normas son claras en el sentido de aceptar la responsabilidad de los estados al haber dado jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Correlativamente la negativa a la prosecución de las acciones penales contra los crímenes de lesa humanidad importa, de modo evidente, un apartamiento a esos principios e implica salir del marco normativo en el que se han insertado las naciones civilizadas especialmente desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La incorporación de estos derechos al derecho positivo universal desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las subsecuentes convenciones de protección de diversos derechos humanos han supuesto el reconocimiento de este carácter esencial de protección de la dignidad humana. Resulta claro que la admisión de tales declaraciones no es constitutiva de los derechos humanos preexistentes porque ellos pertenecen a los seres humanos independientemente de su protección por los derechos internos"16

También en los fallos “Arancibia Clavel, Enrique” y “Simón, Julio César y otro” el máximo Tribunal ha señalado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de obligaciones del Estado en la protección de los derechos humanos. Expresó que “ … la Corte Interamericana dejó establecido que incumbe a los Estados partes no sólo un deber de respeto de los derechos humanos, sino también un deber de garantía, de conformidad con el cual, "en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención, cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención…” 17.

Los deberes del Estado de articular el aparato gubernamental para que sus órganos sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos, incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención. Para mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa "Almonacid" ha establecido que “los delitos de lesa humanidad donde quiera y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales delitos serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigada" y que “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana" y que "el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares””18.
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