Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina






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Derecho Penal Internacional

Los Delitos de Lesa Humanidad. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentina

Eudoro Ramón Albo

No existe duda que el derecho penal internacional constituye un verdadero nuevo paradigma respecto de la concepción tradicional del derecho penal.

Tradicionalmente, una derivación innegable del principio de soberanía de los estados nacionales era la definición de su política criminal y el ejercicio exclusivo del poder punitivo en sus límites territoriales. Esta concepción entra en crisis a partir de mediados del siglo XX con el reconocimiento de la comunidad internacional y la necesidad de los estados de ceder aspectos de su soberanía interna en pos de la vigencia de principios de derecho que aseguren la paz global, lo que en materia de derecho penal implicó la asunción del compromiso de incorporar al derecho interno figuras penales reguladas por el derecho internacional, las que a su vez serían aplicadas por los órganos judiciales nacionales. Asimismo, y con carácter complementario a la jurisdicción nacional, se reconoce la existencia de la jurisdicción internacional habilitada para los casos en que los estados no quieran o no puedan proceder al juzgamiento de los delitos reconocidos por el derecho internacional.

Sin duda, este paradigma resulta como consecuencia necesaria de hechos históricos configurativos de las más grandes violaciones a los derechos humanos perpetrados, en muchos casos, precisamente, desde los aparatos estatales, y que provocaron la lógica reacción de la comunidad internacional que exigía que los autores de tales hechos no quedaran impunes, desde que ellos atentan contra la humanidad entera y no sólo contra sus víctimas.

De ello ha derivado el reconocimiento internacional de los denominados delitos de lesa humanidad.

Ahora bien, su recepción en el derecho penal nacional y su aplicación por los tribunales locales han planteado ciertas discusiones, no sólo en orden a las tradicionales posiciones sobre la incorporación de las normas internacionales en el derecho interno, sino además en el marco de los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal. Asimismo, el reconocimiento del carácter de imprescriptibles de dichas figuras penales configura una cualidad especial en relación a los delitos comunes del ordenamiento interno, por lo que la jurisprudencia ha debido, en la solución de los casos sometidos a juzgamiento, analizar profundamente la concurrencia de las condiciones y requisitos que las configuran.

Los Tribunales nacionales de la República Argentina, en el juzgamiento de los actos violatorios de los derechos humanos perpetrados durante la última dictadura militar, han conformado una importante jurisprudencia en materia de delitos de lesa humanidad, cuyos rasgos más relevantes intentamos reseñar brevemente en el presente trabajo1.

Los delitos de lesa humanidad. Su reconocimiento y conformación conceptual

Si bien una primera distinción entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad consiste en que los primeros se encuentran tipificados en las normas del ordenamiento penal interno de cada Estado y los segundos, en cambio, se encuentran tipificados en normas del ordenamiento penal internacional, resulta mucho más clara su distinción conceptual que atiende a los sujetos lesionados por tales hechos. Aunque en ambos se verifica una lesión de derechos fundamentales de los seres humanos, los delitos comunes atacan sólo los derechos básicos de la víctima mientras que los delitos de lesa humanidad constituyen, además, una lesión a toda la humanidad en su conjunto.

La Corte Suprema de Justica de la Nación en el caso "Arancibia Clavel, Enrique L." ha referido a estos presupuestos básicos de los delitos de lesa humanidad expresando que en ellos: "el individuo como tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho común nacional, sino en la medida en que sea miembro de una víctima colectiva a la que va dirigida la acción.” 2. En el mismo fallo ha indicado que “A tales delitos se los reputa como cometidos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar, porque merecen la sanción y la reprobación de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales”3.

En el caso “Derecho, René J." del 11/07/2007, el máximo tribunal nacional ha efectuado una mayor ponderación del criterio de distinción refiriendo "…que el propósito de los crímenes contra la humanidad es proteger la característica propiamente humana de ser un ‘animal político', es decir, de agruparse y formar organizaciones políticas necesarias para la vida social. … La característica humana de vivir en grupo, la necesidad natural de vivir socialmente, tiene por consecuencia la exigencia de crear una organización política artificial que regule esa vida en común. La mera existencia de esa organización, sin embargo, implica una amenaza, al menos abstracta, al bienestar individual. Los crímenes de lesa humanidad representan la amenaza más grave: se trata de casos en los que la política se ha vuelto cancerosa o perversa. El ser humano no puede vivir sin una organización política, pero la constitución de un orden institucional crea el riesgo y la amenaza permanente de que éste se vuelva en contra del hombre… Los casos de crímenes de lesa humanidad son justamente la realización de la peor de esas amenazas, la de la organización política atacando masivamente a quienes debía cobijar. ‘Humanidad', por lo tanto, en este contexto, se refiere a la característica universal de ser un ‘animal político' y la caracterización de estos ataques como crímenes de lesa humanidad cumple la función de señalar el interés común, compartido por el género humano, en que las organizaciones políticas no se conviertan en ese tipo de maquinaria perversa. El criterio de distinción entonces radicaría no en la naturaleza de cada acto individual (es decir, por ejemplo, cada homicidio) sino en su pertenencia a un contexto específico: ‘El alto grado de depravación, por sí mismo, no distingue a los crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi-gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control …. Con ello aparece dada una característica general que proporciona un primer acercamiento para dilucidar si determinado delito es también un crimen de lesa humanidad. Se podría configurar ese criterio como un test general bajo la pregunta de si el hecho que se pretende poner a prueba puede ser considerado el producto de un ejercicio despótico y depravado del poder gubernamental"4.

Además del criterio sustentado precedentemente, en el caso “Derecho” la CSJN en un pormenorizado análisis de la normativa y jurisprudencia internacionales, en especial, el Estatuto de Roma, los Estatutos del Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Ruanda, describe los delitos de lesa humanidad y resalta en ellos especialmente las siguientes características: a) un ataque sistemático o generalizado dirigido contra la población civil, b) que el ataque producto del ejercicio despótico de los órganos gubernamentales y estructuras organizadas del estado u organizaciones cuasi-gubernamentales.

Las fuentes de los delitos de lesa humanidad: el ius cogens y el derecho convencional

Los delitos de lesa humanidad, aun cuando en algunos casos hayan sido tipificados en los códigos penales nacionales5, reconocen sus fuentes en el derecho internacional.

En tal sentido la CSJN6 ha señalado que las fuentes generales del derecho internacional son las fijadas por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que establece en su art. 38 que aplicará “Las convenciones internacionales, generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados en disputa; b) La costumbre internacional, como evidencia de la práctica general aceptada como derecho; c) Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas ..” y como medios auxiliares para la determinación de normas: “d) las decisiones judiciales e) la doctrina de los publicistas más altamente cualificados de varias naciones f) la equidad cuando las partes lo autoricen".

En el caso de los delitos de lesa humanidad en particular, el ordenamiento penal internacional reconoce como fuentes a sus normas consuetudinarias (ius cogens) y convencionales (tratados, declaraciones, pactos).

Los delitos de lesa humanidad en el ius cogens

La idea de comunidad internacional vinculada a intereses superiores y objetivos propios distintos a los de los Estados que la integran, fue concebida ya en autores como Vitoria, Suárez y Grocio, la que se erige en persona moral capaz de crear un derecho que se impone imperativamente a todas sus partes y que no resulta únicamente del acuerdo de voluntades entre todos los grupos políticos que la integran. Este derecho, el ius cogens; consagrado en lo que se denomina “la opinio iuris internacional” como elemento de los principios generales de humanidad, se sustenta en la existencia de un orden natural y los principios generales de humanidad que rigen la comunidad internacional.7

Su reconocimiento en la comunidad internacional fue consagrado en el año 1899 a través de un precepto –reconocido luego como Cláusula Martens- contenido en el preámbulo de la II Convención y reiterado en la IV Convención de la Haya de 1907. En términos similares, se reitera en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. En ellos se establecen las reglas de comportamiento entre Estados en situación de guerra, sujetándolos al régimen emergente de los principios del derecho de gentes8. En mayo de 1969 ha recibido reconocimiento expreso en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (ratificada por la República Argentina el 12 de mayo de 1972 por ley 19.865) que en su art. 53 establece que una norma imperativa de derecho internacional será una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo podrá ser modificada por otra ulterior que tenga el mismo carácter. En el ámbito regional la Organización de Estados Americanos reconoció expresamente al ius cogens al explicitar la existencia de obligaciones emanadas de otras fuentes del derecho internacional distintas de los tratados en sus arts. 43, 53 y 64.

De ello puede entenderse que el ius cogens cumple para la Comunidad Internacional la misma función de parámetro de validez y vigencia que cumple una Constitución para un Estado9 .

La CSJN en 1995 ha ubicado en el marco del ius cogens a los delitos de lesa humanidad en el caso "Priebke, Erich"10 y con mayor precisión en el caso "Arancibia Clavel, Enrique L."11. Ha expresado que "…el ius cogens también se encuentra sujeto a un proceso de evolución que ha permitido incrementar el conjunto de crímenes de tal atrocidad que no pueden ser admitidos y cuya existencia y vigencia opera independientemente del asentimiento de las autoridades de estos estados. Lo que el antiguo derecho de gentes castigaba en miras a la normal convivencia entre estados (enfocado esencialmente hacia la protección de los embajadores o el castigo de la piratería) ha derivado en la punición de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad…”

En el derecho interno argentino existen normas constitucionales que reconocen la validez de este ordenamiento penal internacional consuetudinario (ius cogens) lo que permite sostener la recepción de los delitos de lesa humanidad contemplados en él.

La Constitución de 1853 en su art. 102 (actual art. 118, luego de la reforma de 1994) dispone que “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”.

Otra alusión al derecho internacional consuetudinario, que resulta importante es la del art. 21 de la ley 48 de 1863 que al enunciar las normas que deben aplicar los jueces y tribunales federales cita separadamente a los "tratados internacionales" y a los "principios del derecho de gentes", remitiendo con esta última expresión al derecho internacional consuetudinario12.

En la causa Mazzeo, la CSJN dijo que: "…la especial atención dada al derecho de gentes por la Constitución Nacional de 1853 derivada en este segmento del Proyecto de Gorostiaga no puede asimilarse a una mera remisión a un sistema codificado de leyes con sus correspondientes sanciones, pues ello importaría trasladar ponderaciones y métodos de interpretación propios del derecho interno que son inaplicables a un sistema internacional de protección de derechos humanos…Que, por consiguiente, la consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existe un sistema de protección de derechos que resulta obligatorio o independiente del consentimiento expreso de las Naciones que las vincula y que es conocido actualmente dentro del este proceso evolutivo como ius cogens”13.

Los delitos de lesa humanidad en el derecho penal internacional convencional

En derecho penal internacional convencional, a partir de mediados del siglo pasado, se consagran los delitos de lesa humanidad en su conformación conceptual actual, resultando los siguientes instrumentos, hitos decisivos en esta evolución:

El Estatuto de Nüremberg de 1945, en su art. 6 inciso c. define al crimen de lesa humanidad como "El asesinato, el exterminio, la sumisión a la esclavitud, la deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o bien las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando estos actos o persecuciones, tanto si han constituido como si no, una violación del derecho interno del país donde han sido perpetrados, han sido cometidos después de cualquier crimen de la competencia del tribunal, o en relación con ese crimen". La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) mediante Resolución N° 3 del 13 de febrero de 1946 consagró dicho criterio y fue sustentado en numerosos fallos internacionales.14

La Convención para la prevención y sanción del Delito de Genocidio de 1948 en su art. I establece que el genocidio, sea cometido en tiempo de paz o de guerra, es un delito del derecho internacional que los Estados se comprometen a prevenir y sancionar. Seguidamente, en su art. II tipifica el delito de genocidio: "En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) la matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo."
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