Rama Judicial tribunal contencioso administrativo del huila






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República de Colombia


Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA


SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. DR. GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA



Neiva, veintitrés (23) de agosto de dos mil diez (2010).

ACCION: TUTELA

ACCIONANTE: LUIS ALBERTO SANTAMARIA GARZON

ACCIONADO: NACIÓN EJERCITO NACIONAL

PROVIDENCIA: SENTENCIA

RADICACION: 41 001 23 31 000 2010 00430 00
Aprobada en la fecha. Acta N° 101.

I.- ANTECEDENTES:
El señor LUIS ALBERTO SANTAMARIA GARZON, actuando en nombre propio, ejerciendo la acción constitucional de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, solicita se ampare sus derechos fundamentales a la seguridad a la vida y al mínimo vital.
II.- HECHOS
Expone como supuestos fácticos que el 21 de febrero de 2006 entró al Ejercito Nacional como soldado regular con buen estado de salud, siguió la carrera de soldado profesional y solicitó la baja y a la fecha no le han valorado y por lo tanto considera que le están violando ese derecho.
III.- DERECHOS CONCULCADOS
Menciona el accionante como derechos fundamentales vulnerados por parte de la entidad accionada el derecho fundamental a la vida y al mínimo vital, consignados en los artículos 11 y 53 de la Constitución Política.
IV.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA
Conforme acta de reparto de 10 de agosto de 2010 la Oficina Judicial recibió la presente acción y en la misma fecha, ésta Corporación avocó el conocimiento de la solicitud (f.22), se ordenó notificar, correr traslado, requerir al accionante para que allegara un informe sobre los hechos objeto de la presente acción.
V.- INFORME DEL ACCIONADO (f. 29):
Informa que el Soldado Profesional LUIS ALBERTO SANTAMARIA GARZON, fue retirado el 30 de mayo de 2009, por la causal de solicitud propia.
Que de conformidad con el artículo 20 del decreto 1793 de 2000 “Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares. Exámenes de Retiro. El soldado profesional tiene la obligación de presentarse a la Sanidad respectiva para la práctica de los correspondientes exámenes físicos, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de su retiro; si no lo hiciere, el Ministerio de Defensa Nacional quedara exonerado del pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
Que en virtud de lo anterior es claro que el actor, en su condición de retirado tenía el deber legal de hacer presentación en esa Dirección dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su retiro de la Institución, con el fin de realizar exámenes psicofísicos de retiro y de esa manera definir su situación de sanidad, procedimiento acatado por el actor.
Que el 24 de noviembre de 2009, fue calificada la ficha médica de retiro del señor SLP® LUIS ALBERTO SANTAMARIA por parte del médico competente, quien estimó convenientes conceptos médicos por la especialidades de ortopedia, audiometría tonal seriada y neurología.
Que el 10 de mayo de 2010, nuevamente fueron generadas órdenes de concepto médico por las especialidades de ortopedia y cirugía general, sin que hasta el momento obre en el expediente médico laboral del actor los conceptos médicos solicitados para la convocatoria de junta médico laboral.
Transcribe los artículos 8, 19 y 35 del decreto 1796 de 2000 y consigna que para mejor ilustración del proceso de exámenes psicofísicos de retiro, comienza por la presentación del retirado en la Sección de Medicina Laboral de esa Dirección con el fin de radicar ficha médica o pliego de antecedentes de retiro.
Que el pliego de antecedentes o ficha médica de retiro consta de cuatro folios, dos de ellos es aquel donde el retirado plasma cada una de las enfermedades o molestias que presume poseer; los restantes, consta de revisiones y exámenes médicos por parte de diferentes especialidades como lo son audiometría, optometría, odontología, laboratorio clínico y médico general, en donde cada uno de estos certifica el estado de salud del valorado.
Posteriormente el pliego de antecedentes es calificado por parte de los médicos integrantes de la Junta Médico Laboral, quienes determinan, con base en el expediente médico laboral que reposa en la Sección de Medicina Laboral y la historia clínica, si el retirado se encuentra apto o no apto para el retiro.
Cuando el retirado no es apto para el retiro, que presenta patologías que ameritan la realización de junta médico laboral, los médicos integrantes de la junta médica requieren concepto de especialista.
Que en virtud de lo anterior, el retirado debe estar en constante comunicación con la Sección de Medicina Laboral Retiros, con el fin de saber los resultados de calificación de su ficha médica, para luego acudir a las órdenes de especialista indicado.
Que luego de obtener el concepto médico requerido, el interesado debe programar la fecha para ser valorado en junta médico laboral y de esa manera determinar la disminución de la capacidad laboral.
Manifiesta también que esa Dirección no se encuentra en obligación de llamar o conminar a los retirados del Ejercito Nacional a realizar sus exámenes psicofísicos de retiro, que ese es un derecho que se encuentra plasmado en el Decreto 1796 de 2000, el cual es de conocimiento de sus miembros y por consiguiente no sirve de excusa el desconocimiento del mismo por presunta falta de información de la Institución, ya que en la calidad de retirado debe estar atento a los términos y procesos legales a que tiene derecho.
Que el Decreto 1795 de 2000 (Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional) define dicho sistema como un conjunto interrelacionado de Instituciones, Organismos, Dependencias, planes y procesos debidamente articulados y armonizados entre sí, para el cumplimiento de la misión, cual es prestar el servicio público esencial en salud a sus afiliados y beneficiarios.
Que en virtud de lo anterior, es claro que la obligación de dar inicio al trámite de exámenes psicofísicos de retiro y demás que este amerite, esta a cargo del accionante y no por parte de esa Dirección.
Por último informa que esa Dirección en ningún momento ha negado la convocatoria de junta médico laboral de retiro a favor del accionante, sino por el contrario, ha sido el paciente quien no ha acatado las sugerencias prescritas por esa Dirección, por consiguiente conminan al actor a que acuda a los especialistas antes mencionados para la consecución de los conceptos médicos requeridos para la junta médica laboral.
Solicita DENEGAR la presente acción, por ausencia de vulneración de derecho fundamental por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el Artículo 86 de la Constitución Política para obtener la protección de los derechos fundamentales de la persona cuando estos son amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de la autoridad pública o de particulares en la prestación de un servicio público.
Esta acción es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
6.1 Derecho Fundamental Vulnerado:
El accionante, considera violado sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital contenidos en los artículos 11 y 53 de la Carta Política, los cuales preceptúan:
ARTICULO 11: El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
ARTÍCULO 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
6.2 PROBLEMA JURÍDICO:
El problema jurídico consiste en determinar por la Corporación, si la entidad accionada Ejercito Nacional, se encuentra vulnerando los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital del actor, al omitir remitirlo al examen de retiro.
6.3 CASO CONCRETO:
El accionante instaura acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, al considerar que el ente accionado no lo ha querido remitir a la valoración médica de retiro.
El Ejército Nacional en su informe, sostiene que no se presenta vulneración de los derechos fundamentales y que la obligación de presentarse a los exámenes de retiro es del accionante, la cual acató en principio, pero no acudió posteriormente a los especialistas en ortopedia, audiometría tonal seriada, neurología y cirugía general (f.29 y 30) para la consecución de los conceptos médicos requeridos para la junta medica laboral.
Con la demanda de acción de tutela se allegó por el accionante copia simple de su historia clínica en el Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata, Huila del año 2008 (f.7 y ss.).
Visible a folio 32 se allegó por parte del accionado oficio 534519 de 18 de noviembre de 2009 dirigido al Comandante Batallón de Artillería No. 9 “TENERIFE” donde se solicita por parte de la Jefe de Medicina Laboral Sanidad ejército al Señor Teniente Coronel Comandante Batallón de Artillería No. 9 para que autorice a quien corresponda la prestación de servicios médicos por ORTOPEDIA, AUDIOMETRIA TONAL SERIADA Y NEUROLOGIA por noventa (90) días a partir de la fecha al accionante.
A folio 33 se aportó por parte de la entidad accionada oficio 53451 de 24 de noviembre de 2009 dirigido a la Directora del Hospital Militar Central para que autorice a quien corresponda, la prestación de servicios médicos por resonancia magnética de columna lumbar (atención médico quirúrgica, medicamentos en general, hospitalización si fuese necesaria y rehabilitación) por 90 días, a partir de la fecha al actor.
6.4 RÉGIMEN LEGAL:
El Decreto 1793 de 2000 Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares en el artículo 20 prescribe:
ARTÍCULO 20. EXAMENES DE RETIRO. El soldado profesional tiene la obligación de presentarse a la Sanidad respectiva para la práctica de los correspondientes exámenes físicos, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de su retiro; si no lo hiciere, el Ministerio de Defensa Nacional quedará exonerado del pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar”.
El Decreto 1796 de 2000 en relación con el examen de retiro preceptúa:




ARTICULO 8o. EXAMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado.

Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación”.
6.5 PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
En el sub-lite encuentra la Sala que el actor solicitó la baja como soldado profesional del Ejército Nacional y se presentó a los exámenes de retiro pertinentes.
Le fueron dispuestas remisiones a especialistas de ORTOPEDIA, AUDIOMETRIA TONAL SERIADA Y NEUROLOGIA, las cuales se ordenaron por el Ejército Nacional el 18 y 24 de Noviembre de 2009 (f.32 y 33).
Conforme a la reglamentación legal transcrita es obligación del actor surtir todo el proceso de los exámenes de retiro y según los documentos allegados al proceso, el accionante no siguió el protocolo correspondiente para comparecer a los especialistas y completar el esquema del examen de retiro.
Considera la Sala, que como es obligación del actor comparecer a los exámenes de retiro y seguir todo el procedimiento descrito, no se encuentra la entidad accionada vulnerando los derechos a la vida y al mínimo vital invocados por el tutelante, encontrándose su reclamación paralizada por su inactividad, requiriendo la Jefatura de Medicina Laboral de Sanidad del Ejército, su presencia para definir su situación de sanidad.
En consecuencia se negará la tutela de los derechos fundamentales teniendo en cuenta que la entidad accionada no se encuentra vulnerándolos.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: NO TUTELAR los derechos a la vida y al mínimo vital invocados por el señor LUIS ALBERTO SANTAMARIA GARZON como vulnerados por el EJÉRCITO NACIONAL.
Segundo: Notifíquese por el medio más expedito a las partes.
Tercero: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.


GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA.

Magistrado


JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ


Magistrado (E.)


RAMIRO APONTE PINO


Magistrado.


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