Incompetencia ratione temporis






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ACTIVIDAD 1. LECTURA Y ESCRITURA EXPLORATORIA

16/11/2014
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO RADILLA PACHECO VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2009

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

Iniciare con la transcripción del concepto de desaparición forzada:

-La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado y/o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.-


Sobre el caso de Desaparición Forzada del C. Rosendo Radilla Pacheco en primer instancia reitero mi repudio ante este tipo de atropellamientos; actos que lejos de orquestar, es el Estado Mexicano quien debe tomar la iniciativa para canalizarlos a la autoridad competente para su esclarecimiento. De manera paralela, permitirse el auxilio de todo ente internacional cuya competencia no sea vulnerable por la milicia mexicana. Abordare la causa y objeto de dicha controversia de carácter histórico con tintes políticos del 25 de agosto de 1974 cuando la Milicia Mexicana intercepto el camión que transportaba entre otros, a un campesino guerrerense llamado Rosendo Radilla Pacheco que dio como resultante su desaparición forzada. Tras diversas actuaciones tanto de funcionarios mexicanos de carácter público así como autoridades, organizaciones no gubernamentales y otras de carácter oficial. En unión de acciones de manera directa o indirecta a la búsqueda de respuestas el asunto de ser “averiguación previa” en territorio nacional mexicano paso a ser expediente y caso abierto para la corte interamericana el 13 de marzo del 2008. En el albor jurídico-internacional se manifestó la suma probatoria de garantías judiciales violentadas, derechos humanos tanto de la victima per-se como de los familiares y allegados a Radilla Pacheco derivando en la imputación de Responsabilidad Internacional para el Estado Mexicano; que hasta entonces no era prioridad situación que cambio al ser señalado por un ente internacional de tal envergadura el 21 de septiembre del 2008. Nuestro país expuso cuatro excepciones preliminares ante la demanda internacional interpuesta a razón y fundamento legal por parte de la Corte Interamericana vs. Estado Mexicano, en la cual alude a:


  • Incompetencia ratione temporis por adhesión al tratado

  • Incompetencia ratione temporis por aplicación del instrumento

  • Incompetencia ratione materiae por fundamentación al caso

  • Incompetencia ratione temporis por reconocimiento en perjuicio


Desgraciadamente los hechos suscitados en nuestro territorio son el reflejo del ego político que pone en entredicho el telar legal de nuestras fuerzas armadas y su procedimiento en casos extremos de “desapariciones clandestinas a civiles ajenos” que entorpecen sus objetivos centrales de control absoluto y protección al gobierno, entiéndase no al estado de derecho y su preservación. Es por eso que no se trata de desestimar la competencia de la Corte Interamericana ni su facultad a petición de particular de conocimiento del caso Radilla Pacheco; eso sin lugar a dudas fue una cortina de humo que el estado mexicano interpuso para salvaguardar la integridad de la milicia mexicana, que hasta la actualidad ya no concede el regazo de paz y seguridad jurídica a los mexicanos sino un clima áspero y rebosante de violencia por actos unilaterales aberrantes.

De manifiesto lo único que logra subrayar México ante el caso Radilla Pacheco fue el proceso penal vs. C. Francisco Quiroz Hermosillo (funcionario público) de quien fuera señalada su autoría en la privación ilegal y arbitraria del campesino.
El gobierno mexicano a sabiendas del ejercicio indebido del ejército, solo se concretó a medio reconocer su responsabilidad por los inhumanos actos cometidos en perjuicio del C. Rosendo Pacheco.
A lo que llamo “demora injustificada” al lapso de tiempo que tuvo que pasar (33 años) desde la desaparición forzada de Radilla Pacheco para que se tomaran cartas en el asunto, se procedería acorde a derecho; no satisfaciendo a protagonismos políticos y actuaciones mediocres del sistema penal nacional. Caso que tiñe de incertidumbre el estado de derecho del país. Respecto a la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/07 fue requerida al Estado Mexicano por parte de la Corte Interamericana, siendo objeto de negación por parte del gobierno a la cabeza de Calderón señalando que eran suficiente con los elementos probatorios ya señalados y escudándose en la suprema en sus preceptos 21 y 102 respectivamente, ostentando facultad exclusiva para la investigación de los delitos en territorio nacional. Lo cual como estudiante de derecho me deja un poco desconcertada ya que volvemos al conflicto de jerarquía siendo ya de índole internacional el caso como es posible que se sujete a normas de estricto derecho interno.

Sobre la valoración de las pruebas de índole testimonial y documental fueron objetadas por el Estado Mexicano a sabiendas de la corrupción que radica en las agencias ministeriales pero ojo no podemos distraer la atención del objeto principal que es la desaparición forzada de un ciudadano mexicano cuya interceptación fue ilegal y las pruebas aceptadas ante la Corte Interamericana son contundentes. Por desgracia aunque parezco motivo burdo siendo campesino y afamado por sus corridos contra el gobierno, la última vez que se tuvo testimonio de verle con vida fue en el Cuartel de Atoyac (Álvarez, Gro.) de ahí nace para los estudiantes de abogacía un hecho histórico que finco relevancia en cuestión de derecho interno y ámbito político mexicano.

En la Suprema corte al instar jurisprudencias que son definidas como verdad histórica legal, mismas que podremos examinar a detalle como precedente para las controversias suscitadas, en base a la figura habeas corpus herencia del derecho anglosajón y reiterada en el caso Radilla Pacheco por la Corte Interamericana, misma que hace hincapié en el derecho a conocer el paradero de sus víctimas sin embargo cabe recalcar que muchas de las desapariciones forzadas van aparejadas del silencio e inactividad para hacer valer el derecho subjetivo (denunciar en todo caso) por parte de los familiares de las victimas siendo un escenario oscuro político y rodeado de impunidad lo que transgrede la norma y su correcta aplicación.

Sin romper la regla de la arbitrariedad al subrayar “a quien resulte responsable” dentro del expediente cotejamos que de manera implícita no se aporta nombre propio a través de las actuaciones y con el simple transcurrir del tiempo que dure la averiguación previa como en el caso Rosendo Pacheco por el autoritarismo gubernamental que recae en la actuación judicial.

Para luego entrar en estipulaciones faltas de coherencia legal pero sobre todo humana ya que van excluyendo en lugar de reparar el daño o indemnizar la desaparición forzada de Rosendo Pacheco cuyo monto es insólito y absurdo. Como mexicanos es inconsistente que siendo la ofensa por parte del Estado Mayor se proceda a la entrega de “cierta cantidad estimada” sin pensar que no es una “ayuda del gobierno” sino una responsabilidad adquirida por actos ilícitos que llevó a cabo en circunstancias carentes de fundamento legal.

No basta con subsanar sino reformar las normas contenidas en la ley suprema de nuestro país así como actuar conjuntamente con organismos no gubernamentales que puedan aportar contenido basto para eliminar las lagunas jurídicas en casos no solo de desaparición forzada sino en delitos especiales también que aun para nuestro cuerpo legislativo es materia de baja prioridad por el excesivo tracto presupuestal heredado de administraciones salientes.

Remitiéndonos a nuestras leyes y gobierno en aquellos tiempos, basta con saber el sexenio en manos de quien estuvo para conocer de las injusticias provistas en los altos rangos de nuestras autoridades. Bien, si para la justicia mexicana la demora es parte de la escasa aportación de pruebas o testimoniales entonces cual es el trabajo del órgano judicial. Es nefasto como causa detrimento la nula o escasa actuación del gobierno en casos de desapariciones forzadas, por lo general y por recomendación del ejecutivo siempre son ejecutadas por la milicia mexicana. En el caso Radilla Pacheco deja claro su postura hacia la colectividad “amenazante” de aquellos años, los gloriosos setentas donde el autoritarismo cobro esplendor político al grado de acallar voces incompatibles con el sentir nacionalista de aquel entonces.

En contraste, la sentencia que emite la corte interamericana significo una fuerte sacudida a nuestro sistema de procuración de justicia, quedando expuesta la dupla poder-política del circulo de impunidad mexicano en la esfera internacional y con tremendo revés jurídico se destapo la cloaca de ilegalidad en el contexto civil.

El blindaje ejercido por parte del gobierno mexicano hacia la SEDENA y sus fuerzas no es el mismo al que pueden aspirar nuestra sociedad.
Y es nuestro estado de derecho el que se minimiza ante una cadena política de poder sobre el cual recae toda la injusticia ejercida sobre el pueblo. Las disposiciones con cierta acción de acato de la Corte Interamericana hacia el Estado Mexicano entablan una conducción de diligencias posteriores pero de orden prioritario, siendo las necesarias para aplicar la dinámica penal, al menos esta vez de manera legal, correcta y eficaz. Sobre si el cuerpo de Radilla Pacheco tendría un lugar de descanso aun no se prevé en la legislación nacional, en otros casos de compleja similitud hasta donde invertiría el gobierno recursos para lograr la “aparición” o “trasladado del cuerpo” de la victima (s).

Por ende toda recomendación emitida a favor de la justicia y equidad legal es un importante avance en nuestra esfera jurídica y en la contemplación, respeto y protección de nuestros derechos humanos así como garantías judiciales dentro del orden jurídico mexicano. Que esto a pesar de ser mencionado en nuestra ley suprema siempre se ve salpicado de despotismo al recurrir a los preceptos constitucionales a favor del sujeto pasivo (s) (victimas) mas no así a pos de la autoridad.

Sobre las diversas excepciones contempladas por el Estado Mexicano se puede definir como carente de criterio por su naturaleza positivista y ausente de flexibilidad a situaciones de hecho que por desgracia no prevé el mismo derecho nacional respecto a la fuente consuetudinaria (costumbre) que sustenta la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco. Precisamente en base a la gama articulada en la Convención Americana, se encuentra el radio de aplicación operante de los Derechos Humanos que no solo contempla un estado o caso particular sino tiene matices legales extensivos a cualquier nacional o extranjero al que se le vulneren tanto el Derecho de Justicia como la Protección a su Integridad.

Bajo el escrutinio de la Corte Interamericana en pleno de su facultad de conocimiento sobre el expediente, constata inconsistencias en su haber de las actuaciones por parte de la justicia nacional a mención de la reserva del Estado Mexicano respecto al fuero militar por actos ilícitos en servicio; refutado el 14 constitucional como preámbulo en la sentencia emitida por el Tribunal, suscrita el 23 de noviembre del 2009 mediante la cual se ha donado a la comunidad jurídica internacional la apreciación ensoberbecida de los derechos humanos en territorio mexicano respecto de sus nacionales.

Dentro del ejercicio del Tribunal reitera: que todo reconocimiento de Responsabilidad Internacional por parte del estado demandado equivale a las justas medidas de costas aplicadas al caso así como a las reparaciones en beneficio de la víctima y así mismo del propio arquetipo sistemático judicial. Por lo tanto deducimos que es de incumbencia procesal el interés inmediato de justicia concreta sobre el caso donde la corte interamericana, no solo será las veces de órgano receptor de denuncias sino de mediador internacional en caso de que la controversia suscite conflictos del orden civil.

Trascendiendo de manera generosa el capítulo de pruebas affidávit aportadas previamente en relación a las presuntas víctimas, testigos y peritos del caso Radilla Pacheco en conjunto con las presentadas en plena audiencia pública; de las cuales el Estado Mexicano se refirió a estas como no idóneas para el Acervo Probatorio sin que las impugnase ante la Corte Interamericana. Durante el desahogo de pruebas se emitieron otras tantas no con valor probatorio pero si de índole activista para reformar nuestra legislación congruente con el fuero militar y la seguridad nacional (aportadas por la CNDH a SEDENA) durante el sexenio Calderonista.

Llama la atención como la defensa nacional se mantiene al margen de lo acontecido en el caso Radilla Pacheco siendo protagonista de tal acto de arbitrariedad. El eminente perfil bajo crea una nube de despotismo donde el gobierno mexicano más que esclarecer se limita a efectuar deliberadamente apologías carentes de legalidad. La intervención de la Corte Interamericana atenúa un clima de incertidumbre social que vivió la comunidad y los familiares del propio Radilla Pacheco. Analizando los hechos nos damos cuenta que de manera reiterada se siguen cometiendo indistintamente en comunidades campesinas, donde alzar la voz en aras de la libertad de expresión con manejo pacifico de su contenido solazado es motivo de intolerancia política.

Otro punto importante dentro de los actores de la desaparición forzada de Radilla Pacheco son el sequito militar que invade la esfera civil, ya por demás violentada por la autoridad y que lejos de implementar saneamiento logra un clima de coraje legal por combatir. Actualmente la reforma sobre el fuero militar es un gran aporte para la protección de los derechos humanos de la sociedad civil donde ya se contempla como tal al militar que sucumba en pro de la violación de los mismos.

Recapitulando sobre el Caso Radilla Pacheco ocurre su desaparición forzada a manos de la Milicia Mexicana y por encargo particular dado que según pesquisas el campesino se consideraba líder político de la comunidad guerrerense y parte de la guerrilla contra el gobierno. Después de 33 años sin efecto de justicia son los familiares y “La Comunidad” dejando atrás a los terceros ajenos; los que de conformidad con el parentesco consanguíneo de Radilla Pacheco únicamente pueden refutarse en el entendido de victimas con asiento en las actuaciones del caso.

Presupuesto revestido de seguridad jurídica cuya certeza avala que toda determinación deberá ser por escrito y constar la identificación oportuna en el cuerpo de la demanda, no extensible a reconocimientos de último impacto. Dejando en segundo plano a los presuntos afectados “La Comunidad” que en omisión por la Corte Interamericana no fue ratificada su mención por lo tanto no es motivo de causa procesal. La convergencia entre la responsabilidad de la milicia y la presunción de victimas (identificación escrita) es la misma que estiba en la deserción de actuación de la autoridad y el respeto de los familiares para denunciar tales hechos sin afectar su integridad física en aquellos años.

Insolente clima de incompetencia de la autoridad nacional ante un caso que cobro preeminencia gracias a que entes internacionales pusieron el dedo en la llaga (el Tribunal y la Corte Europea) sobre el caso Radilla Pacheco en base a la concatenación de la tríada: Interés Simple, Interés Legitimo e Interés Jurídico emanando de ello, reformas de fondo y forma en nuestro derecho como en el cuerpo de leyes nacionales.

La CNDH, previo conducto de la recomendación 026/2001, da fe del cumulo de desapariciones en nuestro país a partir de 1970 por motivo de la guerra sucia entonces fatídicamente para el Estado Mexicano las instancias de gobierno lejos de procurarla y preservar nuestros derechos como ciudadanos, inter alia no pusieron en ejercicio la procuración de justicia ante la desaparición clandestina de nuestros iguales.

Como punto de conciencia político-jurídico-social, es imperante establecer las debidas acciones procesales que se adecuen de modo concreto para el esclarecimiento del caso (s) o en su defecto la correcta aplicación de la impartición de la justicia sobre los autores: intelectuales y/o materiales no diferenciándoles su cargo o rango que ostenten ante la sociedad en el entendido de criminales: militares, de cuello blanco, funcionarios o los propios civiles en aras de la justicia pro victimas y sus familiares.

CONCLUSIÓN



Es apremiante el estudio de nuestros códigos (sustantivos y procedimentales), leyes (del orden común o especial), nuestras constituciones (federales y estatales) así como reglamentos y demás legislaciones. Toda letra muerta siempre nutre al jurista y por ende al proceso cual sea su materia de aplicación pero es justo la letra muerta la que aproxima a conflictos de jerarquías en obediencia a la apreciación singular y por demás a la par de nuestra ley suprema con los tratados internacionales a los que se suscribe el Estado Mexicano. Un argumento vinculante fue el que atrajo la Corte Interamericana al ámbito internacional de justicia impartida: Caso Radilla Pacheco que aún atravesando el filtro de la SCJN, no logro consolidar la sed de justicia para las victimas familiares así como para la comunidad que fue testigo del acto ilícito por parte de las fuerzas militares.

Ahora bien, bajo mi criterio, aprecio una pericia jurídica por parte de la Corte Interamericana misma que fue determinante para la sentencia emitida de su parte en contraste con la apatía procesal de las autoridades mexicanas así como la nula atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia Nacional para conocer del caso. Es inaceptable que a casi cuatro décadas de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla Pacheco, se violenten nuestras garantías jurídicas y derechos humanos. No solo por parte de la milicia, aparte del crimen organizado también por parte del aparato judicial nacional siendo receptores de la ineficiencia legislativa, ya que un problema de leyes conlleva un desastre de ejecución.

El Caso Radilla Pacheco es un precedente invaluable para la evolución de nuestro derecho ya que no solo contempla garantías violentadas sino normas transgredidas es per se, un nudo jurídico repleto de impunidad y actuaciones sujetas a los intereses del gobierno, cuyo legado para las futuras generaciones del derecho servirá como materia de estudio y material para lograr iniciativas de ley que comulguen con la correcta aplicación de las leyes de nuestro país en la impartición de justicia, sin escatimar en reformas y adhesiones a tratados internacionales que protejan los derecho humanos y velen por la seguridad jurídica de los ciudadanos mexicanos.

REFLEXIÓN


Mi elección se baso primordialmente en temas de injusticia por parte de la milicia mexicana, que por mucho ha dejado atrás la imagen de justa y protectora para trascender al ojo internacional como una máquina de orquestar atropellos e injusticias a nivel nacional bajo coacción del gobierno federal.

Mi escrito lo redacte en honor a personajes que han sufrido dichas injusticias pero más aun por sus familiares que han padecido a la par el letargo de las lagunas legales en nuestro sistema jurídico mexicano. Me apasiona lo relacionado al Derecho y enfocado a la justicia, desentrañar la verdad hasta tener una explicación que satisfaga aunque no siempre sea justo el veredicto pero si en ecuanimidad con el delito cometido.

Elsa Tanya Mota Noriega

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