Competencia de La Corte






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MONUA 2015
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA


23 de marzo de 2015

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO

(CROACIA vs SERBIA)

Sentencia

Presentes: S. Gaviria, presidente; J. Salamanca, Presidente; jueces Carreño, Carvajal, Díaz, Duarte, Neira, Pezzotti, Soto, Gómez, Reyes, Maya, Peña, Núñez

La Corte, compuesta como se mencionó:

Competencia de La Corte
En virtud del artículo 36, el literal a del artículo 38 y el párrafo 1 del artículo 40 del Estatuto de la Corte internacional se recibe el caso de Croacia Vs Serbia a solicitud escrita del primero en contra del segundo por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio asunto sobre el cual La Corte tiene jurisdicción según artículo 36 (1) de su Estatuto y del artículo IX de la convención.
A continuación, se presentara la procedencia de la demanda en contra de la República de Serbia. Lo anterior, por considerarse a la República de Serbia el sucesor legal de la República Federal de Yugoslavia (en adelante RFY), esta última aceptando la sucesión de la República Federal Socialista de Yugoslavia (RFSY).
La RFSY existió desde 1963 hasta el 27 de abril de 1992 momento el cual se pronuncia la declaración de independencia de la RFY, la cual existió desde esta fecha hasta el 4 de febrero de 2003 momento en el cual se instaura la República de Serbia. Al respecto cabe analizar la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de tratados, y de esta manera entrar a analizar la procedencia de la demanda por genocidio contra el Estado de Serbia. Según los artículos 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de la Convención es suficiente la declaración unilateral del Estado sucesor para ser el sucesor legal del estado predecesor. En esta medida, una vez declarado por el Estado de Serbia su sucesión de la RFY, la Declaración de Independencia de esta última en su artículo primero acepta su sucesión de  la RFSY. Por tal motivo, la presente Corte determina que la demanda interpuesta contra el Estado de Serbia procede al considerarse el sucesor legal de la RFSY. ​
Considera la Corte que se debe observar:

  1. La convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978, manifiestamente la contrariedad de la argumentación del agente respecto a los artículos 4, 5, 6, 7, 9,10.



  1. La sentencia proferida por esta Corte el 26 de febrero del 2007 en el caso Bosnia-Herzegovina vs. Serbia y Montenegro, cuyo punto guarda estrecha relación con los hechos de este caso, donde la misma declaro que existía sucesión hacia el demandado de la desaparecida República Federal Yugoslava.



  1. La declaración de independencia de la República Federal  de Yugoslavia expresamente en su artículo primero reconoce la sucesión de estado que establece que la “República Federal de Yugoslavia dándole continuidad al Estado de la República Federal Socialista de Yugoslavia, en materia legal internacional y personalidad política, debe vincularse estrictamente a todos los pactos internacionales a los que estaba vinculado la RFSY”.



  1. El 27 de abril de 1992 el estado de serbia reconoció la sucesión estatal otorgándole las obligaciones contraídas previamente por su Estado predecesor (República Federal de Yugoslavia). ​

Consideraciones de la corte

Se estableció en una primera medida la excepción pre-eliminar por parte del apoderado de Serbia que enunciaba la no competencia de la corte conforme al caso en cuestión, con el argumento que no había sucesión de estados por parte de La República Federal Socialista de Yugoslavia hacia la República Federal de Yugoslavia y por consiguiente al Estado de Serbia. La Corte determinó que este argumento no procedía, debido a que los agentes de Croacia presentaron y citaron a la Corte la Declaración de Independencia de La República Federal de Yugoslavia, que indica el lineamiento y la continuidad de responsabilidad jurídica internacional desde la RFSY hacia la RFY.

Petitorio del Estado de Croacia

Sobre la base de los hechos y argumentos jurídicos presentados en este Memorial, con respeto se solicita a la Corte Internacional de Justicia que falle y declare:

  1. Que tiene jurisdicción sobre todas las alegaciones formuladas por el Solicitante, y no existe ningún impedimento para admisibilidad en relación con cualquiera de ellos.



  1. Que el Demandado es responsable por las violaciones a la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio:

(a) En que aquellas personas por cuya conducta se responsabiliza la comisión del genocidio en el territorio de la República de Croacia contra miembros de la etnia croata en ese territorio, a través de: - Matanza de miembros del grupo; - Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; - Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; - Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; con la intención de destruir a dicho grupo por completo o en parte, contrario al Artículo II de la Convención.

(b) En que aquellas personas por cuya conducta se responsabiliza la conspiración para cometer los actos de genocidio referidos en el parágrafo (a), y que eran cómplices en respecto con esos actos, intentaron cometer otros actos de genocidio y 1 además incitaron a otros a cometer dichos actos, contrario al Artículo III de la Convención.

(c) En que, consciente de que los actos de genocidio a los que se refiere el párrafo (a) estaban siendo o habrían sido cometidos, no tomó ninguna medida para prevenir esos actos, contrario al artículo I de la Convención.

(d) En que no ha logrado llevar a las personas a juicio dentro de su jurisdicción cuando se sospechan motivos probables de la participación en los actos de genocidio se refiere el apartado (a), o en el otros actos mencionados en el párrafo (b), y es por tanto, en violación continua de los artículos I y IV la Convención;

(e) En que no ha logrado llevar a cabo una investigación efectiva sobre el destino de los ciudadanos croatas que están desaparecidos como resultado de los actos de genocidio se refieren los apartados (a) y (b), y es por lo tanto en incumplimiento continuo de los artículos I y IV de la Convención;

  1. Que como consecuencia de la responsabilidad por estas violaciones a la Convención, el Demandado se encuentra obligado a lo siguiente:

(a) a tomar medidas inmediatas y eficaces para someter a juicio ante la autoridad judicial competente, a aquellos ciudadanos u otras personas sujetas a su jurisdicción, incluyendo pero no limitado a la dirección del JNA durante el período pertinente que se sospecha por motivos probables de cometer los actos de genocidio a los que se hace referencia en el párrafo (2) (a), o cualquiera de los otros actos previstos en el párrafo (2) (b), y para garantizar que las personas, si es declarado culpable, se encuentren debidamente castigados por sus crímenes; (b) a proporcionar inmediatamente al Solicitante toda la información en su posesión o control en cuanto a la paradero de los ciudadanos croatas que se han perdido como consecuencia de los actos genocidas por los cuales es responsable, para investigar y, 2 en general para cooperar con las autoridades de Croacia a determinar conjuntamente el paradero de las personas desaparecidas o de sus restos; y (c) a indemnizar al Solicitante, en su derecho propio y como parens patriae de sus ciudadanos, por todos los daños y otras pérdidas o daños a personas o bienes o para la economía de Croacia causada por las violaciones precedentes al derecho internacional, en un monto que deberá determinar el Tribunal en una posterior fase a las actuaciones de este caso. El solicitante se reserva el derecho de introducir a la Corte una evaluación precisa de los daños causados por los actos de los que el demandado es responsable".

Etapa Probatoria Croacia

Prueba 1.1.1 Extracto de Sentencias para el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.

Buscando probar la violación del Estado de Serbia con respecto al artículo (2), inciso (a).

No procede con una votación de 2 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Prueba 1.2.1 Testimonio escrito de Franjo Kozul. Adquirido directamente por el demandante.

Procede por unanimidad de la sala.

Prueba 1.3.1 Testimonio escrito de Kata Pavlicevic. Adquirido directamente por el demandante.

Procede con una votación de 7 votos a favor y 6 votos en contra.

Prueba 1.4.1 Recopilación de documentos militares del Gobierno de Serbia.

Procede por unanimidad de la sala.

Prueba 1.5.1 Video de la cadena televisiva Serbia HRTC.

Procede con 9 votos a favor, 3 votos en contra.

Etapa Probatoria Serbia

Prueba 2.1.1 Testimonio oral de Ximena Medellin y testimonio oral Diana Uribe.

No procede por unanimidad de la sala.

Supuestos de hecho

Dentro del análisis realizado por la Corte es de carácter imperativo revisar el contenido obligacional del Convenio para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Por tanto se empezará por acotar en que consiste el supuesto de hecho contenido en esta Convención, segundo analizar cómo operaría la dinámica jurídica en el caso en cuestión, y por último dejar clara la posición de esta Corporación respecto al caso en concreto con relación al supuesto de hecho.
La Convención de 1948 que entra en vigor en 1951 establece en su preámbulo que “el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo condena”. En razón de lo anterior, obliga a las partes firmantes de este tratado a tomar ciertas medidas que propendan sancionar la comisión de este delito y prevenir la consumación del mismo. Para esto establece qué se debe entender como genocidio, cuáles son las formas de que se configure tal delito y los actos que serán castigados en caso de la violación de derechos humanos que se presente.
Este texto normativo en el artículo II, indica que el genocidio será cualquier acto de matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional de grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas distintas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La dinámica del derecho consiste en que un hecho debe cumplir con todos los requisitos consagrados en el texto normativo para que acaezca la consecuencia. En ese sentido, para configurarse una trasgresión o incumplimiento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, es suficiente con que se incumpla al menos una directriz de la Convención.
Considera esta Corporación que una vez analizados los hechos y el material probatorio presentado por las partes, no se encontró violación alguna a la Convención, como se desarrollara más adelante en esta sentencia.

Carga de la prueba.

La carga de la prueba, a la luz de los principios generales aceptados por el derecho de los países civilizados, acorde al artículo 38, literal c, del Estatuto que rige esta Corte, corresponde a la parte que inicia el proceso, a la parte demandante. Cabe establecer que en el caso que se pone de manifiesto ante esta corporación, no aplica la teoría de la carga dinámica de la carga de la prueba.
La carga dinámica de la prueba es una teoría que surge por la inequidad en conocimientos técnicos entre las partes. Por lo tanto, en casos como en los cuales hay obligaciones de medios, la parte demandada que tenga una condición de conocimiento técnico especial puede verse obligada a probar su ausencia de responsabilidad.
Por lo anterior, esta teoría no aplica en el caso presente, ni en ninguna situación que esta Corte pueda conocer.
Para la Corte Internacional de Justicia, la carga de la prueba siempre la va a tener la parte que alega un hecho.

Hecho notorio

El hecho notorio es una acción de conocimiento público interno y que para efectos del Derecho Internacional es inadmisible.
Las declaraciones que se dan en lugares públicos al interior de los Estados (entiéndase Parlamentos, ruedas de prensa, medios de comunicación locales, discursos políticos, etc.) no se podrán tomar exentas de prueba a luz del conocimiento de la Corte Internacional de Justicia.
El hecho notorio que alegaba la parte demandante referente a las declaraciones emitidas por el ex presidente Milosevic, y los representantes del parlamento de la República Federal de Yugoslavia acerca de la creación de la Gran Serbia y las declaraciones denigrantes dentro de dicho recinto no implica que se esté haciendo referencia directa a cometer actos genocidas, a los ojos del artículo 3, literal C, de la CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO.
La intensión, la mens rea, no fue probada por la parte croata al presentar las pruebas.
Responsabilidad

Por los argumentos anteriormente expuestos, entra La Corte a analizar los elementos del artículo 2 de la Resolución 56/83 de la Asamblea General de La ONU del 2001, expuestos a continuación;

Cuando una acción u omisión es atribuible a un Estado según el derecho internacional y cuando esta constituye una violación de una obligación internacional del Estado, se establece un hecho internacionalmente ilícito por parte del Estado, lo cual acarrea una responsabilidad del trasgresor de la norma internacional.

Atendiendo a sus consideraciones precedentes, este tribunal estudia estos dos requisitos y encuentra que no existe una violación a una obligación internacional, que en este caso es la violación a la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, porque no se encontró probado dentro del proceso el delito de genocidio el cual es requisito sine qua non para predicar el desconocimiento a la obligación internacional de cumplir lo estipulado en dicha convención.

Resuelve

  1. Declarar, por unanimidad, no probadas las pretensiones del Estado demandante.

  2. Declarar, por doce votos contra uno, que el Estado de Serbia no es internacionalmente responsable por los hechos presentados ante el tribunal.

Los presidentes,

(Firmado)

Juan S. Gaviria Garlatti

(Firmado)

Julián D. Salamanca Latorre

OPINION DISIDENTE DE LA JUEZA PAULA GOMEZ

La jueza considera que la republica de Serbia sí cometió una violación a la Convención Contra el Genocidio, tomando como referencia específicamente el punto (D) del artículo 3, que llevaría por tanto a cumplir la pretensión de la República de Croacia de considerarse por violado el articulo 4 de dicha convención por los siguientes motivos:

1. Carga de la prueba y hechos notorios

Si bien es conocido que la carga de la prueba del presente caso corresponde al demandante y esta Corte en sus consideraciones estableció que dicha carga no fue cumplida con cabalidad, la jueza considera está dentro del conocimiento de esta Corporación, constituyéndose como actos notorios, las actuaciones bélicas cometidos por la República de Serbia entre los años 1991-1995. Las razones por las cuales es pertinente que dichos actos se reconozcan como tales son las siguientes:

Si hacemos referencia a las declaraciones de los hechos basados en el Application instituting proceeding del 2 de Julio de 1999 de esta misma Corte sobre el caso, es de conocimiento general internacional:

a) El ataque del 31 de marzo de 1991 de un grupo de insurgentes serbios que contaban con el apoyo del Ejercito popular Yugoslavo (en adelante JNA) contra la policía croata se instauró como punto de partida para los reiterados ataques bélicos y las violaciones de derechos humanos por parte de tanto los grupos paramilitares y el HNA contra distintos municipios de Croacia, que para el me de julio de 1991 ya contaba con aproximadamente 100.000 integrantes dirigidos por el gobierno de Belgrado.

b) Es también conocimiento de esta corte, por ejemplo, la masacre cometida por dichos grupos armados en la ciudad de Vukovar entre el 18 y 21 de noviembre en donde cantidades de ciudadanos fueron asesinados y deportados.

c) Además, conforme a la misma fuente, para 1995 se habrían encontrado al menos 120 fosas comunes en las regiones de Knin, Dalmatia y Banovia por las autoridades croatas.

d) Por si fuera poco, se menciona que para 1992 las fuerzas armadas del JNA y los grupos paramilitares habrían causado más de 20.000 muertes de ciudadanos croatas, 55.000 heridos y 3.000 personas en estado de desaparición.

Concluye la jueza que si estos hechos, que tan solo son un sumario de la situación, y sin ir más allá de citar a esta misma Corte, son conocidos por los jueces y se incluyen como un recuento histórico del caso deben ser por tanto también conocidos por la comunidad internacional constituyéndose así como hechos notorios, y que si bien la parte accionante falló en su cometido de proveer la suficiente evidencia para ejecutar su carga probatoria con diligencia, son necesarios en las consideraciones de la corte para fallar el caso en cuestión.

2. Elemento de intención

Teniendo claro algunos de los hechos bélicos por parte del JNA y los grupos paramilitares de Serbia, es necesario encontrar una intención detrás de los mismos. Es conocimiento de esta Corte la intención del entonces y difunto presidente Slodoban Milosevic de crear una “Gran Serbia” uniendo a Croacia con Serbia, Montenegro y Bosnia Herzegovina y es también conocido que este hacia reiterada alusión a un profundo nacionalismo en sus discursos. Aclara la jueza que no alega una violación al punto C del artículo 3 de la Convención, ya que no es del todo claro si los discursos del ex presidente eran una instigación publica y directa al genocidio en si, no obstante, este elemento constituyó un incentivo claro para las fuerzas armadas actoras a la tentativa de genocidio que la juez reitera en su disidencia.

En cuanto al conflicto armado entre los dos estados mencionado, la jueza quisiera aclarar que la existencia de este no infiere necesariamente en el hecho de que la tentativa de una de las partes haya sido cometer el crimen de genocidio.

Concluye

Por tanto, teniendo en cuenta l artículo 2 de la Convención de Genocidio establece que la intención de genocidio incluye la destrucción tanto parcial como total de un grupo nacional, étnico (…) concluye la jueza que todos los eventos ocurridos en relación al caso desde 1991 a 1995 en donde se cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos incentivados por la noción de una “Gran Serbia”, sin ser considerados como genocidio, fueron encaminados a una tentativa de genocidio y por tanto existe una responsabilidad del estado de Serbia frente a la violación del artículo 4 de la Convención.

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