Competencia para hacer cumplir la orden de tutela






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DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución


RESUELVE:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 16 de noviembre de 1999 y en su lugar CONCEDER la tutela por violación al derecho de asociación sindical, según se expresó en los considerandos del presente fallo.
Segundo. ORDENAR, como mecanismo transitorio y mientras decide la jurisdicción ordinaria laboral, que la empresa Avianca a partir del próximo salario que se pague a los trabajadores, después de notificada la presente sentencia, y de ahí en adelante, hará la respectiva retención de la cuota sindical a los trabajadores afiliados al sindicato, según el listado que el sindicato entregue al empleador dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente fallo, retención que incluye las cuotas legales y extralegales y se entregarán tales aportes a SINTRAVA, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la retención por parte del empleador, sin perjuicio de la reclamación de las cuotas anteriores por la via pertinente. El Ministerio del Trabajo intervendrá, si fuere necesario, según se indicó en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero. PREVENIR a la empresa Avianca para que dé cumplimiento al artículo 39 del decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 68 de la ley 50 de 1990, y a la Recomendación del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en el informe 309, caso 1925, y retenga y pague las cuotas sindicales de los trabajadores beneficiados por la Convención colectiva, en el entendido de que la prevención se da hacia el futuro y las cuotas anteriores serán objeto de reclamación en la jurisidicción ordinaria laboral. Para el cumplimiento de la orden dada en este numeral, también se previene al Ministerio del Trabajo para que agilice la definición compartida en la mesa tripartita a que se hizo referencia en la parte motiva, tomando si es necesario las medidas y atribuciones que establece el artículo 20 de la ley 584 de 2000.
Cuarto. Por Secretaría líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Quinto. Una vez esté el expediente en Secretaría los interesados pueden tener acceso a él.
Sexto. Por Secretaría de la Corte Constitucional envíese copia de este fallo al señor Ministro del Trabajo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.


ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO

Magistrado

FABIO MORÓN DÍAZ

Magistrado

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado

IVAN ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General


1 T-441/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero

2 M.P. Antonio Barrera Carbonell

3 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

4 Corte Constitucional. Sentencia T-468/92. M.P. Fabio Morón Díaz.

5 Corte Constitucional, Sentencia T-578 de 1998, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz

6 M.P. Alejandro Martínez Caballero

7 M.P. Carlos Gaviria Díaz

8 Esta norma dice : "Art. 23.(...)4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses".

9 Convenio Sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, artículo 3.2.

10 Convenio Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949.

11


 A este respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 dice en su CAPITULO III - Derechos Económicos, Sociales y Culturales : "Desarrollo progresivo. Art. 26. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación (...) en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados."

12


 Observación General No. 9 (1998). La aplicación interna del Pacto (Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Informe sobre los períodos de sesiones 18° y 19°. Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales 1999 - Suplemento No. 2. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 1999.

13 OIT, informe, caso # 1698, párrafo 255

14 Véanse por ejemplo, las sentencias C-423/95 M.P. Fabio Morón Díaz, C-135/96 M.P. Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero, C-040/97 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-327/97 M.P. Fabio Morón Díaz, y C-467/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

15


 M.P. Alejandro Martínez Caballero.


16 Sentencia C-295/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz

17 Sobre esta noción, ver Louis Favoreu "El bloque de constitucionalidad" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales., No 5 pp 46 y ss. Igualmente Javier Pardo Falcón. El Consejo Constitucional Francés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp 115 y ss.

18 Las relaciones colectivas de trabajo en América Latina, páginas 132 y ss.

19 Ibidem, p. 134

20 OIT, Recopilación de 1985, párrafo 325

21 G.J. CXXIX, 332

22 G.J. CXXXVI, 351

23 G.J. CXLVI, 920

24 C-354/97 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

25 Constitución Política de Colombia, "Artículo 230.- Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley."

26 Geraldo W. Von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz, op. cit. pp.142.

27


 El caso que se estudia fue clasificado por el Comité de Libertad Sindical como uno de los "graves y urgentes sobre los que el comité llama de manera particular la atención del Consejo de Administración". 309° Informe del Comité de Libertad Sindical. Oficina Internacional del Trabajo, BOLETIN OFICIAL. Vol. LXXXI, 1998, Serie B, núm. 1, pág. 2


28Geraldo W. Von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz, op. cit. pp..121-135

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