La justicia de la provincia de buenos aires hizo lugar a un reclamo contra una prepaga por considerar desactualizado el plan medico obligatorio






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LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HIZO LUGAR A UN RECLAMO CONTRA UNA PREPAGA POR CONSIDERAR DESACTUALIZADO EL PLAN MEDICO OBLIGATORIO
Con fecha 26 de mayo de 2009, la Sala III de la Cámara Civil y Com. de Lomas de Zamora, en la causa "Di Giácomo c/ Medicus S.A. s/ Amparo" (J. 8 SALA III CAUSA Nº 642) , resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que había ordenado la provisión de anillos intracorneales solicitados por el amparista, pese a que los mismos no se encontraban dentro del Plan Médico Obligatorio que rige a las entidades de salud de medicina prepaga.

En dicho fallo la Justicia determinó que el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) suele quedar desactualizado, contemplando prestaciones mínimas que no pueden excluir otras indispensables para garantizar el derecho a la salud.

En la resolución, los magistrados consideraron que  los Programas Médicos Obligatorios fueron concebidos como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar, resaltando que si bien la idea de los mismos es establecer un límite a la cobertura, no puede aceptarse un menú que reduzca las prestaciones habituales.

En tal sentido, los camaristas resaltaron que no existen patologías excluidas, por lo cual, el hecho de que la prestación solicitada no se encuentre contemplada en el PMOE no resulta por sí misma un causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud.

La empresa de medicina prepaga se negaba a cubrir el gasto de dicha patología, alegando que la normativa de salud no la obligaría a extender el ámbito de cobertura a prestaciones como esta. Ante tal postura, los jueces sostuvieron que las obligaciones derivadas del contrato de medicina prepaga exceden el mero plano negocial (o contractual) .

El amparista solicitó, por indicación medica, la provisión de los anillos intracorneales y la intervención por profesionales idóneos para tratar una enfermedad visual progresiva llamada queratocono y así evitar un eventual trasplante de córnea.

En protección del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una mejora continua de las condiciones de existencia manifestó la deficiencia del actual PMO y la urgente necesidad de actualización permanente del mismo por la autoridad de aplicación (Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación).

La Ley 24.754 de 1996 dispone que las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas "prestaciones obligatorias" dispuestas por las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas reglamentaciones. Sin embargo, el dilema se presenta cuando, en cumplimiento del Decreto 492/95 se crea el denominado PMO (Plan Medico Obligatorio), que fue implementado por resolución la 247/96. El PMO es un catálogo de enfermedades elaborado por el propio Estado Nacional, que deberá ser cubierto obligatoriamente por las obras sociales y empresas de medicina prepaga a sus afiliados. El problema es que dicho catálogo no prevé muchas enfermedades lo que significaría un desamparo total del derecho a la salud que poseen los afiliados. La misma Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nacion, ha reconocido el compromiso de regularizar tal circunstancia y la necesidad de actualización periódica y permanente del P.M.O., dado el carácter dinámico que tiene la evolución de la ciencia médica. 

En el caso referido no se encuentran incluidos ni la operación ni los implantes intracorneales para la misma debido a que al momento de creación del P.M.O. esta no existía. La única solución para un diagnóstico similar donde el paciente ya no tolera los lentes de contacto y la disminución de la visión es progresiva, era el trasplante de cornea, una cirugía mucho mas riesgosa de carácter irreversible y no por eso mucho menos costosa. Sin embargo esta sí se encuentra cubierta dentro de P.M.O. Dado que la ciencia avanza día a día y más aun en materia oftalmológica, estas cirugías -como los implantes de anillos intracorneales y el crosslinking- son métodos muchísimo mas adecuados para un paciente joven como el amparista, mucho menos riesgosos que un trasplante, y que permitirían continuar con el desarrollo normal de su vida.

Citas del fallo:
LA CAMARA DE APELACIONES RESOLVIO:
“El amparo resulta la vía idónea para la efectiva protección del derecho a la vida como a la salud y a la integridad psicofísica….Al respecto, debe puntualizarse que el derecho a la vida y su corolario, el derecho a la preservación de la salud, tienen una directa relación con el principio fundante de la dignidad inherente a la persona humana; soporte y fin de los demás derechos humanos amparados”
“Cabe comenzar por ubicar el problema en su lugar adecuado, es decir, en el campo de los derechos humanos. El derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional … Además, este derecho se encuentra íntimamente vinculado con el derecho a la vida digna, reconocido por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de jerarquía supranacional (art. 75, inc. 22 C.N.). El derecho a la salud ostenta un valor, que en su concepto más extenso significa el derecho a una mejor calidad de vida.”
“Ha dicho la Corte Federal que, “el hombre es la razón de todo el sistema jurídico; y que, en tanto fin en sí mismo -más allá de la naturaleza trascendente-, su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes tienen siempre un carácter instrumental” .
“Un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. …En este orden de ideas, el contenido material del derecho a la vida, es el bien humano básico de la vida, que reclama ser respetado, y en principio protegido”.
“Cabe resaltar que la medicina es una ciencia en constante evolución, los alcances científicos son múltiples, los nuevos tratamientos ofrecen alternativas eficaces para la curación de una enfermedad en las que el ente médico asistencial no debe permanecer ajeno. Ello involucra a todos los elementos tecnológicos, instrumentos y equipamientos que constituyen presupuesto indispensable para procurar al paciente, por medio de sus prestadores y aún fuera de ellos, la posibilidad de brindar calidad de prestación médica, de sistemas terapéuticos, reglas y técnicas con que cuente la medicina”.
“Corresponde que la incoada cubra el costo de los implantes intracorneales solicitados, pese a que los mismos no se encuentren incluidos en este momento en el Programa Médico Obligatorio, pues considero que las obligaciones que surgen del contrato de medicina prepaga exceden el mero plano negocial y tienden a proteger las relaciones privadas. Es que el principio de buena fe, que rige la ejecución de los contratos implica actuar conforme a derecho, en este caso el mencionado deber de brindar una adecuada atención médica, como también aplicar el criterio de dos personas razonables y honorables, que en el presente -teniendo en cuenta el costo del tratamiento, sus características y sus ventajas para la actora- llevan a la solución propiciada; y principalmente, porque los Programas Médicos Obligatorios, no siempre se encuentran debidamente actualizados"
“En efecto; el hecho que la prestación no se encuentre contemplada en el PMOE (Programa Médico Obligatorio de Emergencia), no resulta de por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud. Ciertamente, el P.M.O. fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar, para cuya implementación se señaló que, si bien la idea es la de establecer límites en la cobertura, no resulta aceptable la implantación de un menú que reduzca las prestaciones habituales, como así también que, independientemente de la cobertura prevista en el programa, no existen patologías excluidas … En tales condiciones, esa limitación en la cobertura debe ser entendida como un "piso prestacional", por lo que no puede, como principio, derivar en una afectación del derecho a la vida y a la salud de las personas que tiene jerarquía constitucional siendo claro que no corresponde aquí detenerse en la consideración de razones puramente económicas pues, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho a la vida -que incluye a la salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y constituye un valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Recuérdase que para el Estado Nacional, “debe quedar garantizado el mecanismo para la actualización del Programa Médico Obligatorio, en virtud del carácter dinámico del conocimiento científico, estableciendo una metodología de análisis para la incorporación de tecnologías que asegure la probada eficacia de todo procedimiento diagnóstico o terapéutico a financiar por la Seguridad Social" (considerando 8° de la Resolución 939/2000). Y, por último, también señaló que "los Agentes del Seguro son responsables de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de sus beneficiarios y no meros financiadores de las prestaciones" (considerando 9° de la Resolución 939/2000). De este modo el propio Estado Nacional ha caracterizado el programa implementado diciendo: a) constituye un piso básico de prestaciones; b) es mutable y se nutre de las nuevas técnicas y c) tiene un fin integral que supera el mero sufragio económico de la práctica médica. Bajo estas pautas directrices, corresponde extender la cobertura -en este particular supuesto- más allá del "Programa Médico Obligatorio", a fin de no vulnerar el derecho a la salud del amparista”.
Ver cita y fallo completo en:

http://www.pjba.gov.ar/sitio/jurisprudencia/ActualidadPBA.asp

http://www.pjba.gov.ar/sitio/jurisprudencia/descarga.asp?id=5733&n=642.DOC

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