Competencia del legislador en la regulación de su ejercicio






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Sentencia C-537/05
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Competencia del legislador en la regulación de su ejercicio
CODIGO DE ETICA PROFESIONAL-Legislador sólo puede incluir conductas relacionadas con el ejercicio de la respectiva profesión
CODIGO DE ETICA PROFESIONAL-Alcance de la competencia sancionadora
CODIGO DE ETICA PROFESIONAL-No admisibilidad de política perfeccionista de las personas
CODIGO DE ETICA MEDICA-Procedencia de juicios ético profesionales por publicaciones periodísticas
TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL-Limites
CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Deber de informar al Tribunal de Ética sobre actos de colega que van en contra de la moral
El artículo 34 consagra que es deber de todo odontólogo informar al Tribunal de Etica de cualquier acto que vaya contra la moral y la ética profesional, cometido por algún colega. Sin que sea necesario adentrarse en profundas reflexiones, salta a la vista que las expresiones acusadas hacen referencia directa a asuntos del comportamiento público y privado de las personas, que pueden convertirse en un obstáculo injustificado para el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y al ejercicio de la autonomía personal, pues, sin que exista disposición constitucional que lo autorice, el odontólogo, con el fin de no ser objeto de un proceso ante el tribunal de ética, tendría que estar pendiente de que su comportamiento público y privado no sea catalogado y, por ende, juzgado como inmoral por otros, aunque ni se relacione con la forma como ejerce su profesión, ni, mucho menos, interfiera en el derecho de los demás. Para la Corte permitir de algún modo una injerencia de esta naturaleza en la vida privada de los profesionales, corresponde a la concepción de los estados totalitarios, que son claramente contrarios a la Constitución que nos rige. Además, hay que agregar que la expresión “la moral” contenida en el artículo 34 no puede entenderse que corresponda a actos del odontólogo relacionados con su profesión, pues, este artículo, como se vio, a renglón seguido, impone como deber informar también sobre los actos contra la ética profesional. Es decir, se vuelven enjuiciables no sólo los actos contra la ética profesional, lo que es perfectamente admisible, sino los actos contra “la moral”, que la disposición se encarga de separar, y que pueden corresponder a actos que para algunas personas, de acuerdo con su educación, medio cultural o situación social o económica son comportamientos inmorales, aunque para otras personas, sólo sean manifestación del libre ejercicio de la autonomía personal, sin que pongan en peligro el hacer profesional, ni la salud oral de los pacientes.
CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Deber de colaborar en instituciones docentes
La expresión demandada en lo concerniente al deber de colaborar del odontólogo en la enseñanza de las futuras generaciones y que si es llamado a vincularse en instituciones docentes, se someta a las normas legales, no implican la obligación inexorable de ser docente o de publicar sus experiencias profesionales, y que en caso de no querer hacerlo, esta decisión sería enjuiciable por el tribunal de ética. No. La lectura obvia de la disposición corresponde a un llamado de colaboración y de solidaridad, sin las consecuencias disciplinarias que le acarrearía al profesional negarse a hacerlo, ni se trata de coartar la libre expresión que aduce el demandante. Es más, se trata del desarrollo del contenido del artículo 95, numeral 2, de la Constitución, que establece los deberes de las personas y del ciudadano, pues no puede dejarse de lado que el odontólogo es un profesional que pertenece al área de la salud, de quien se puede exigir el cumplimiento de los principios que tal responsabilidad lleva consigo.
CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Prohibición de atender a paciente cuya vida peligre
El artículo 18 de la ley 35 de 1989 establece que el odontólogo no podrá atender ningún paciente que por su estado de salud, peligre su vida, salvo previa autorización escrita de sus familiares o médico tratante. El demandante considera que esta disposición vulnera los artículos 1, 2, 4. 11, 13 y 95-2, de la Constitución, porque desconoce la dignidad humana de un paciente grave, quien si no tiene un familiar o médico tratante, se verá privado de la atención odontológica. Si a la norma acusada se le da la interpretación armónica de conformidad con lo establecido en los demás artículos que conciernen a pacientes enfermos, se llega a la conclusión de que el artículo 18 acusado es acorde con la Constitución, pues no hay lugar a la situación que plantea el actor : ¿qué pasa si una persona se encuentra en peligro y no está ningún familiar para autorizar, el médico tratante para hacerlo? O ¿Qué pasa si el paciente, no obstante su estado de salud, es conciente par autorizar la atención del odontólogo? Las respuestas se encuentran no en el artículo 18 acusado, sino en el artículo 11 de la misma Ley, que señala “El odontólogo está obligado a atender a cualquier persona que solicite sus servicios con carácter de urgencia, si el caso corresponde a su especialidad. (…)” (se subraya) El artículo 19, que dice : “El odontólogo no hará tratamiento, no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a personas en estado de inconciencia o intelectualmente no capaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata.”. Y en armonía con la situación extrema propuesta por el demandante, se pueden citar, además, los artículos 20, 21 y 22 de la misma Ley. Por consiguiente, no encuentra la Corte, como lo afirma el actor, que el odontólogo pueda negarse a atender a un paciente grave, sólo por el hecho de no contar con la autorización escrita de sus familiares o del médico tratante, porque, se repite, en estos eventos, el profesional debe actuar como lo indican el resto de disposiciones, aplicando para el caso por él propuesto, las demás normas que regulan lo que debe ser la práctica profesional, establecida en el Capítulo II de la Ley 35 de 1989.
CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Fijación de honorarios
El artículo 30 de la Ley 35 de 1989 señala que el odontólogo no fijará sus honorarios en forma que establezcan competencia con sus colegas, ni aceptará o dará comisiones por remisión de pacientes. Para la Corte, en efecto, la expresión demandada implica una injerencia carente de justificación constitucional en el derecho que tiene el profesional de percibir los honorarios correspondientes, según el acuerdo al que hubiere llegado con el paciente, en virtud del ejercicio de su profesión. Por consiguiente, el monto de los honorarios incluye aspectos que valoran tanto el profesional como el paciente, tales como el conocimiento especializado, calidad de los materiales, el acceso a los avances científicos e instrumentos que utilice el odontólogo en su consultorio o clínica, etc. Y, de otro lado, tienen relación con el tratamiento que requiere el paciente : si es indispensable para la salud oral o corresponde a un tratamiento meramente estético, eventos en los que interviene además, la situación económica del paciente. Considera la Corte que la expresión demandada al limitar el cobro de los honorarios a los que establezcan sus colegas vulnera el artículo 25 de la Constitución, en cuanto al derecho a recibir la remuneración pactada por el trabajo realizado.
CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Información sobre títulos, especialidades y menciones especiales
La prohibición de dar a conocer los logros académicos, científicos y profesionales en lugares distintos a las publicaciones científicas, cuando se trata de profesionales de la odontología viola los artículos 13, 20 y 25 de la Carta. En cuanto al resto del citado artículo 49 de la Ley 35 de 1989, se encuentra por la Corte que aun cuando pueda ser objeto de reproche por otras razones de estética o de contaminación visual, por ejemplo, lo cierto es que la norma acusa indeterminación en su contenido, por una parte, pues quedaría al capricho de quien vaya a darle aplicación la apreciación de los conceptos en ella incluidos, y por otra parte, la Constitución Política garantiza la libertad de expresión, que en este caso aparece lesionada sin justificación frente a la Carta. Abundando en razones, cabría preguntarse si tal como está concebida la norma, estaría prohibida la publicidad por internet, ya que se trataría de caracteres iluminados para informar sobre las especialidades del profesional, lo que en el mundo actual resulta absurda una limitación de esta naturaleza.

CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Absolución de consultas y de testimonios
El artículo 55 de la ley 35 de 1989 establece que es contrario a la ética absolver consultas y testimonios a título personal y en forma pública, bajo ninguna circunstancia, exista o no remuneración, sobre asuntos relacionados con la odontología y ramas auxiliares, salvo que lo requieran las autoridades competentes. Para la Corte la prohibición contenida en esta norma es injustificada y desproporcionada, pues la Constitución garantiza el derecho a la libre expresión en el artículo 20.

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