Taller sobre la autodeterminación de los pueblos






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Los pasos a seguir para una Catalunya independiente

La Constitución española impide la autodeterminación del pueblo catalán, que también tendría problemas para ser reconocido como miembro de la Unión Europea

los pasos a seguir para una catalunya independiente

El éxito indiscutible de la multitudinaria manifestación independentista de la Diada ha servido como mínimo para visualizar la más que deteriorada relación entre Catalunya y España. La repercusión mediática, también en el exterior, ha reabierto con fuerza el debate sobre la independencia y sus consecuencias. Por un lado, se habla de cómo conseguir un divorcio lo menos traumático posible; por otro lado, el encaje que tendría este supuesto nuevo Estado – si llegara la separación- con la Unión Europea y con las principales instituciones del mundo. 

La primera traba con la que se encontraría el pueblo catalán para conseguir una independencia formal es la Constitución española de 1978 y, en concreto, el artículo 2 del título preliminar, que hace referencia a “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, eso sí, “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. En consecuencia, según lo establecido en el ordenamiento jurídico español, no es posible proceder a una secesión unilateral de Catalunya. Entonces, quedaría la opción, si se quiere hacer de forma legal, de llegar a un acuerdo dialogado con España.  

Pero en el no tan hipotético caso de que el Ejecutivo español se negase en rotundo a aceptar tal propósito, sólo quedarían dos vías: la resignación o continuar adelante. Si se decantase por lo último, “debería hacerse con el máximo de legitimidad posible ya que lo haríamos fuera de la legalidad”, comenta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) Xavier Arbós. En este sentido Arbós considera que sería indispensable convocar nuevas elecciones al Parlament de Catalunya y que cada uno de los partidos dejara bien clara su postura en el programa electoral. 

Si una vez celebrados los comicios, el nuevo gobierno proclamara la independencia de manera unilateral –aceptando que España lo vería como un acto ilegal-, ¿sería suficiente? “Quizá no del todo, ya que tendría que haber un referéndum, tal como se hizo con el Estatut”, responde el catedrático Xavier Arbós, “con lo que se conseguiría un plus de legitimidad”· Siendo así, surgiría un problema práctico: la gestión fiable de la consulta popular, como por ejemplo la elaboración del censo electoral, el control del procedimiento y establecer cuál tiene que ser la mayoría suficiente para dar por válido el resultado. En este sentido, Arbós ve un problema de transparencia porque la sociedad catalana no es unánime respecto a esta cuestión y los contrarios a la independencia “reclamarían” que la organización de la consulta no dependiera exclusivamente de los que sí lo son. 

Por otro lado, la manera de formular la pregunta también es muy importante. “Debería ser clara, inteligible, que la gente conociera las consecuencias de decantarse por el sí, con qué nos regiríamos en el futuro, es decir, cómo afectaría la independencia a los ciudadanos”, añade. Entonces, el paso lógico a la consulta sería propiciar un gran debate ciudadano sobre los pros y contras de las dos opciones posibles. Los partidarios del sí deberían de explicar cuestiones tales como quién pagaría las pensiones de jubilación, los subsidios por desempleo o las nóminas de los funcionarios del Estado español que trabajan en Catalunya.  

Y, por último, debería esclarecerse la manera en que sería interpretado el resultado: ¿qué porcentaje de participación sería aceptable teniendo en cuenta que sería una consulta ilegal?, ¿qué proporción de votos necesitaría el sí?, ¿qué ocurriría si una provincia prefiriera continuar siendo española? Son aspectos que deberían quedar bien resueltos antes de la realización de la consulta. 

El reconocimiento de Catalunya como Estado. Una de las grandes preocupaciones que suscita la cuestión es el encaje que tendría una Catalunya independiente en la esfera internacional. Empezando por la Unión Europea, ya que quien firmó los tratados de adhesión fue España, por lo que Catalunya quedaría fuera automáticamente y su ingreso podría ser bastante dificultoso. “Para entrar en la UE te tienen que admitir todos los países miembros y el Estado español no querría”, comenta Esther López, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). 

El reconocimiento de otras organizaciones internacionales tampoco sería un camino de rosas. “Esto implicaría el cumplimiento de una serie de requisitos, como el que fuera legal la aparición de ese nuevo Estado, que no hubiera violado ninguna norma para su creación”, explica la experta. En cuanto a la libre autodeterminación de un pueblo, el derecho internacional pide que “haya mantenido una organización estable durante unos años, una estructura política, una cultura e idiosincrasia separadas del Estado al que pertenece”. Para López,  el requisito que le faltaría a Catalunya es “demostrar” que durante muchos años ha sido una entidad independiente del Estado español”. Y concluye: “Es un problema de derecho interno más asimilable a Suiza o Alemania que a países como Kosovo, Palestina o Timor Oriental”. 

La experta también se basa en que la evolución histórica en los Balcanes ha sido distinta a la española. “España como Estado existe desde hace siglos y todos los problemas se han resuelto de manera interna y ha transmitido una imagen de cohesión al exterior. En cambio, en los Balcanes los estados se crearon fictíciamente, han habido choques culturales muy fuertes y muchas tensiones internacionalmente”, añade. 

Precisamente el catedrático Xavier Arbós utiliza un paralelismo con Kosovo: “Cuando hay un pueblo oprimido, el derecho internacional público le garantiza el derecho a la autodeterminación”. Esto se aplica a comunidades humanas que se ven discriminadas o perseguidas, un caso diferente del catalán o quebequense. Refiriéndose a este último, Arbós recuerda que en Quebec “nadie puso ningún impedimento legal” para la celebración del referéndum de 1995. El máximo organismo judicial del país puso como condición evitar “ambigüedades” en la pregunta de la consulta y acatar principios generales tales como el respeto a las minorías y los derechos individuales. En cambio, Catalunya no tiene competencias para convocar este tipo de consultas y el derecho constitucional le prohíbe su segregación del resto del Estado, a diferencia de otros países cuya situación histórica podría asemejarse. 

Más allá de la legalidad o no de una supuesta Catalunya independiente, su creación tampoco se lograría sin tensiones sociales importantes, que además del bolsillo, tocarían fibras emocionales, porque si bien hay quien se siente sólo español, también hay quien se siente sólo catalán y ambas cosas a la vez.


LEER ESTA POSICIÓN ESTATAL.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, advirtió este martes que el ejecutivo no negociará con Cataluña sobre el derecho de autodeterminación porque "no es posible" dentro de la Constitución española actual.

"Legalmente, el derecho de autodeterminación que usted pide no es posible ni en esta Constitución ni en ninguna otra de las democracias de nuestro entorno, salvo que se cambie", dijo Sáenz de Santamaría en una respuesta en una sesión de control al gobierno en el Senado.

La vicepresidenta del gobierno conservador español se expresaba de esta manera en respuesta al portavoz en la Cámara Alta de la coalición CiU, gobernante en Cataluña, Josep Lluis Cleríes, tras la consulta simbólica sobre la independencia de esa región nororiental española del domingo.

"Convendría menos retórica y más las cosas claras: si lo que quieren ustedes es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo, porque ya le digo yo que ni este partido ni este gobierno va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión", insistió Saénz de Santamaría.

La número dos del gobierno español se expresó así después que por la mañana el presidente regional catalán, Artur Mas, llamara este martes a Madrid a entablar "diálogo permanente" para la organización de una "consulta definitiva y políticamente vinculante" sobre el futuro de Cataluña.

El domingo, 2,3 millones de personas, de una población de 7,5 millones, participaron en una votación simbólica, que no habría debido celebrarse tras su suspensión por el Tribunal Constitucional español.

Más del 80% de los participantes, se manifestaron a favor de la independencia.

"Dialogar sobre las reglas de la democracia exige en primer lugar respetarlas", añadió Saénz de Santamaría este martes, acusando al ejecutivo catalán de "saltarse la ley con la excusa de la política".

CINCO RAZONES POR LAS QUE CATALUÑA NO PUEDE SER LA SUIZA DEL MEDITERRÁNEO

Uno tras otro, los estudios de parte infravaloran los costes de la secesión y bosquejan una economía catalana robusta, al margen de los males que aquejan a toda España. Pero al igual que le sucedió a Madrid con la burbuja de optimismo olímpico, la realidad es otra. Cataluña, lo mismo que el resto de España, perdería muchísimo, y a continuación les exponemos cinco razones por las que el sueño independentista se aleja bastante del estado de las finanzas suizas.

Una Cataluña independiente no sería una Suiza incrustada en el Mediterráneo, tal y como en muchas ocasiones se insinúa en una propaganda carente de fundamentos económicos. Uno tras otro, los estudios de parte, siempre subvencionados de una forma u otra por la Generalitat, infravaloran los costes de la secesión y bosquejan una economía robusta, al margen de los males que aquejan a toda España. Por ejemplo, el Cercle Català de Negocis confeccionó los presupuestos de una Cataluña independiente afirmando que el PIB crecería a partir de 2015 al 4 o el 5 por ciento, por encima incluso de las tasas de crecimiento europeas. U otro ejemplo: un documento de la fundación CatDem argumenta que una Cataluña independiente exhibiría un PIB per cápita un 9 por ciento superior a la media de la UE, algo que curiosamente ya consigue hoy.

Pero al igual que le sucedió a Madrid con la burbuja de optimismo olímpico, la realidad es otra. Cataluña, del mismo modo que el resto de España, perdería muchísimo, y a continuación les exponemos cinco razones por las que el sueño independentista se aleja bastante del estado de las finanzas suizas.

Los gestores. Los gobernantes de la autonomía catalana presentan un historial de gestión o ‘track record’ bastante pobre. Después de que un Govern compuesto por ERC disparase la deuda y dejase a la Comunidad fuera de los mercados, ¿qué hace pensar que una independencia espoleada por Esquerra estaría mejor gestionada?

En la actualidad, la Generalitat acumula más deuda que el resto de comunidades, sufre para pagar a los proveedores y precisa la ayuda del Fondo de Liquidez autonómico. Madrid, que aporta más recursos que Cataluña a la solidaridad interregional, en cambio presenta mucha menos deuda y cuentas más saneadas.

Y mientras que la mayor parte de las autonomías han cumplido con sus compromisos de reducción del déficit, Cataluña es la que menos ha recortado. De acuerdo con las cuentas de Fedea, la Generalitat rebajó el año pasado el gasto corriente menos que nadie: sólo un 1 por ciento una vez se descuentan las facturas sin abonar. De hecho, a cierre de 2012 el Govern sólo había cerrado un 6 por ciento de sus entidades públicas y mantiene abiertos 435 organismos. Si estos gestores no han sido capaces de administrarse bien con los recursos de los que disponían, ¿por qué van a hacerlo mejor cuando se independicen? La trayectoria financiera no indica que Cataluña se vaya a granjear enseguida la confianza de los mercados financieros y la inversión.

La deuda privada y la banca. Al igual que el resto de España, Cataluña tiene un problema de sobreendeudamiento. Según los datos proporcionados por Funcas, la Comunidad registró en 2011 una diferencia entre créditos y depósitos de 131.000 millones de euros, el más elevado de España. O dicho de otro modo, el montante de créditos concedidos equivale a 1,6 veces el total de los depósitos de la comunidad.

Por si esto fuera poco, la Caixa y el Sabadell cuentan con más depósitos en el resto de España que en el Principado catalán. Si el nacionalismo español se recrudece y provoca una fuga de depositantes, la banca catalana perdería el control incluso con la ayuda del BCE. Sólo Caixa Catalunya ya ha precisado un rescate de unos 12.000 millones. En total, las inyecciones entre Frob, Mede y Sareb a las entidades catalanas ya ascienden a los 27.00 millones. Con la mayoría de las entidades financieras catalanas quebradas, la Caixa y el Sabadell también quebrarían.

El apoyo exterior. Los bancos de inversión ya se han pronunciado sobre la independencia de Cataluña. El banco japonés Nomura ha calificado el hecho de “económicamente inimaginable, especialmente por el tamaño del sector bancario”. Y el estadounidense JPMorgan advierte de la pérdida de empresas y de que una entidad fuera de España se enfrentaría a “un entorno incierto de financiación”. Por no hablar del apoyo en la UE, ¿qué efectos tendría la emancipación catalana en una Europa en proceso de construcción? ¿Y por qué los alemanes van a querer aportar a la solidaridad europea si los catalanes no quieren? La sola idea de una Europa aún más dividida y una España desmembrada y con una economía aún más debilitada causaría pavor en Bruselas.

El comercio. Pese a que Cataluña ya exporta más fuera de España, la Comunidad importa más del extranjero y en realidad sólo salva su balanza comercial por su superávit comercial con el resto de España, por valor de 11.700 millones según los datos de 2011 elaborados por Ceprede. En primer lugar, la economía catalana ha funcionado como un centro intensivo en importaciones que luego ha exportado al resto de España. En segundo lugar, su tejido empresarial ha sido más sensible a las presiones de la globalización. Y tercero, el comportamiento de las ventas al exterior ha flaqueado y éstas únicamente han aumentado un exiguo 0,3 por ciento durante la primera mitad del año.

El boicot comercial y la deslocalización en un entorno de incertidumbre pesaría sobre la economía catalana, lo mismo que sucedió en Quebec, donde en medio de la vorágine independentista numerosas multinacionales y entidades financieras trasladaron su sede de Montreal a Toronto. Y semejante proceso sólo remitió cuando se frenó la deriva independentista.

El expolio, las pensiones y la realidad económica catalana. La Generalitat esgrime unos estudios completamente adulterados para asentar en el imaginario catalán la idea del expolio fiscal. Sin embargo, estos cálculos no contabilizan, entre otras cosas, su parte de los gastos de los Ministerios, el déficit del Estado, los fondos europeos o el IVA abonado por un ciudadano de otro territorio pero declarado por una empresa catalana. Suprimidos estos y otros efectos, diversos académicos establecen que Cataluña tendría un superávit fiscal superior a los 4.000 millones una vez se reparte el déficit de todas las Administraciones por regiones. Es decir, el futuro Estado catalán soportaría mucho más déficit al cargar con su porción correspondiente de los 70.000 millones anuales del agujero presupuestario del Reino de España.

Y entre estos agujeros se encuentran las pensiones. Con los datos de la Seguridad Social de 2011 desglosados por autonomías, Cataluña presentó un déficit en las pensiones de 1.168 millones, frente al superávit de Madrid del orden de los 3.052 millones. Esto es, Madrid sufraga el agujero de las prestaciones catalanas.

Después de todo, la realidad económica catalana no dista mucho de la española y la tasa de paro se sitúa sólo unas décimas por debajo de la nacional. Por mucho que nos pese, todos, y no sólo una Cataluña independiente, estamos más bien lejos de constituir algo que se acerque a una Suiza del Mediterráneo.
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