Taller sobre la autodeterminación de los pueblos






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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

SECCIONAL CARTAGENA

FACULTAD DE DERECHO – VIII SEMESTRE DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

DOCENTE: SAULO ENRIQUE OSPINO PEREIRA

TALLER SOBRE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

FECHA: 25 de Mayo de 2015

CASO:

Se formarán 2 grupos, y cada uno tomará una posición;

  1. defenderá la AUTODETERMINACIÓN de Catalunya.

  2. Defenderá al Estado ESPAÑOL sobre la NO AUTODETERMINACIÓN del pueblo catalán.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE AUTODETERMINACIÓN?

Se viene hablando mucho sobre autodeterminación, hasta tal punto que el término es usual en nuestro lenguaje político. Creo que frecuentemente se emplea sin tener una noción muy exacta de lo que significa. En las líneas que siguen trataré de exponer qué entiendo que es la autodeterminación y sacar algunas conclusiones aplicables a nuestra realidad.

El principio (no derecho) de autodeterminación o de libre determinación se enuncia en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 al establecer como propósito de la organización"fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos". La libre determinación de los pueblos elevada ya a la categoría de derecho aparece en 1960, en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea de las Naciones Unidas, conocida como la "carta magna de la descolonización". El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 lo recogerá también en su artículo 1º: "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural". Finalmente, la resolución 2.625 (XXV) de 1970, declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, desarrollando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, dispone que "el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación". Además, precisa que todo Estado tiene el deber de promover la aplicación del principio de libre determinación, con el fin de "poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio". Se añade también lo siguiente: "ninguna de las disposiciones de los párrafos anteriores se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color".

La lectura de estas disposiciones lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son esos pueblos que tienen derecho a la libre determinación? La respuesta clara que se deriva de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia y de otros documentos, es que únicamente los territorios colonizados, es decir, administrados por otro Estado con una condición jurídica distinta, pueden ejercer ese derecho. En ningún caso partes integrantes de un Estado miembro de las Naciones Unidas.

No puede identificarse pueblo titular del derecho de autodeterminación con minoría étnica, nacional, cultural, lingüística, religiosa o de otro tipo. En primer lugar, porque la propia resolución 2.624 ya deja claro que si forma parte de un Estado miembro de las Naciones Unidas que respeta sus principios y tiene un gobierno representativo de toda la población no puede alegar el derecho de libre autodeterminación para separarse de ese Estado. Y en segundo lugar, porque conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el régimen de las minorías es distinto al de los pueblos colonizados. Establece su art. 27: "en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma". Derecho distinto, por tanto, del de autodeterminación.

Se suele decir -normalmente por quienes reivindican la autodeterminación para Euskal Herria- que la Constitución española no recogió el derecho de autodeterminación. Esto no es cierto, aunque merece cierta explicación. Es cierto que el texto constitucional no menciona el derecho a la autodeterminación; pero también es cierto que su art. 10.2 dispone lo siguiente: "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Entre los acuerdos ratificados por España se encuentra el ya comentado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que reconoce el derecho de libre determinación. Además, este pacto establece en su art. 1.3: "los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas". Es decir, que en virtud de la Constitución y de los pactos internacionales suscritos España no solo reconoce el derecho de autodeterminación sino que ha asumido el compromiso de promover su ejercicio. La cuestión es ¿a quién reconoce España ese derecho? Lógicamente, a los territorios colonizados, por ejemplo, al Sahara Occidental, hoy administrado por Marruecos y pendiente de un referendum de autodeterminación (aquí cabe lamentar que España no haya pasado de reconocer formalmente ese derecho, y que su actitud en 1976 desembocara hasta hoy en el incumplimiento práctico de las resoluciones de las Naciones Unidas). En virtud del Derecho Internacional vigente España no tiene por qué reconocer ese derecho a partes de su propio territorio.

Como decía antes, se afirma desde ciertos grupos nacionalistas que, en virtud de las normas de Derecho Internacional, debe reconocerse el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria. En particular, ETA condiciona al reconocimiento de ese derecho el abandono de su "actividad armada" (propuesta de abril de 1995 denominada por sus autores como"alternativa democrática"). Queda claro por lo dicho anteriormente que las normas internacionales no amparan ese derecho.

Otra cosa es si abandonamos el concepto estricto de autodeterminación contenido en las normas internacionales. Supuesto que éstas no amparan las aspiraciones independentistas en Euskal Herria, podemos preguntarnos si cabe otra definición más amplia de autodeterminación. Trataré de responder en la segunda parte de este artículo.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE AUTODETERMINACIÓN?

La primera parte de este artículo finalizaba preguntando si cabe definir el derecho de autodeterminación de forma más amplia que la derivada del Derecho Internacional, limitada al proceso de descolonización. Utilizando sin más una lógica democrática parece evidente que no se puede obligar a una comunidad humana a aceptar una condición política no deseada. Si la totalidad o una clara mayoría de un pueblo quiere la independencia ¿qué Estado realmente democrático se la podría negar?

La respuesta no es fácil y hay que matizar mucho. En primer lugar, si no estaremos hablando del derecho de secesión, cosa distinta del derecho de autodeterminación. El derecho a separarse y crear un nuevo Estado no se recoge en el Derecho Internacional ni es frecuente en el derecho interno. Desde luego, no aparece en la Constitución Española, ni suele aparecer en otras constituciones. Una excepción fue la Unión Soviética, que desapareció precisamente al ser ejercitado el derecho a la separación de sus repúblicas.

Con el derecho de secesión pasa lo mismo que con el de autodeterminación: que no se puede reclamar para Euskal Herria con base en ninguna norma positiva. Ahora bien, por la misma lógica democrática diremos que si una comunidad humana realmente quiere separarse de un Estado, habrá que buscar los medios normativos; como mínimo, una reforma constitucional y una consulta popular para saber si efectivamente la mayoría quiere la secesión.

Aquí aparece otro problema; el del sujeto titular del derecho. Porque ¿qué es Euskal Herria? Soy consciente de utilizar una denominación no aceptada unánimemente. Para el nacionalismo vasco, Euskal Herria es una nación compuesta por seis o siete territorios: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra (Alta y Baja), Laburdi y Zuberoa. En estos territorios no hay unanimidad sobre su pertenencia al mismo pueblo. Parece ser que la mayoría de los navarros no se consideran parte de esa nación; probablemente también la mayoría de los habitantes de Laburdi, Baja Navarra y Zuberoa no consideran a Euskal Herria como su nación, sino tan solo como un ámbito cultural, y prefieren seguir siendo franceses. Incluso en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, hoy integradas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, no hay una mayoría nacionalista rotunda. También es claro para cualquier historiador serio que nunca ha existido una comunidad política (mucho menos un Estado) que abarcara todo lo que el nacionalismo vasco considera Euskal Herria.

Para hablar de existencia de un derecho (autodeterminación, secesión) hay que encontrar a su titular. Si es un sujeto colectivo, habrá que exigirle unos mínimos para ser identificado. Fundamentalmente, que ese colectivo sea capaz de formar y expresar una voluntad. Para ello serán necesarios unos órganos más o menos representativos y unos cauces de participación de sus miembros. Y, por supuesto, que los miembros del colectivo también estén identificados y se reconozcan como tales a sí mismos.

Nada de eso sucede con Euskal Herria. No hay ni ha habido nunca un órgano común (rey, parlamento, gobierno) que exprese su voluntad, no ha habido nunca un censo que identifique a los ciudadanos de Euskal Herria ni unos límites geográficos reconocidos interna y externamente.

Que no haya existido no quiere decir que no pueda existir en el futuro. De nuevo por simple lógica democrática podemos pensar que si los ciudadanos de los siete territorios quisieran crear esos órganos comunes nadie debe impedirlo. Es una opción política tan legítima como cualquier otra (todas las naciones han sido hijas de una voluntad). Pero también la lógica democrática nos obliga a preguntar a esos ciudadanos su opinión, y esa consulta debiera hacerse mediante los cauces representativos existentes.

A diferencia de Euskal Herria, es claro que Navarra ha formado y forma una comunidad política, con unos órganos capaces de expresar la voluntad de los navarros (Parlamento, Gobierno, ayuntamientos, etc.) y que existe un censo con el que se sabe exactamente a quién preguntar y a quien no. Lo mismo podemos decir de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y también de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su conjunto.

Por lo tanto, podríamos consultar la voluntad de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra (Alta y Baja), Laburdi y Zuberoa, para saber si efectivamente quieren constituir una comunidad política, Euskal Herria, y separarse de los estados español y francés.

Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que en este procedimiento quien estaría ejerciendo un derecho no sería Euskal Herria, sujeto inexistente como tal, sino que lo estaría ejerciendo cada uno de esos siete territorios consultados, o mejor, los ciudadanos de esos territorios.

La situación es similar a la del proceso de unidad europea. Nadie habla de un derecho de Europa a la unidad, porque Europa no es inicialmente un sujeto de derechos. Sí son sujeto de derechos los diferentes Estados europeos que libremente pueden decidir integrarse en una comunidad política superior. Al final del proceso, y solo al final, puede surgir un nuevo sujeto de derechos, la Europa unificada políticamente.

Por lo tanto, debemos hablar de la legitimidad de un proyecto (que, como todos, se puede compartir o rechazar) que pretenda construir un sujeto político denominado Euskal Herria con los siete territorios mencionados. Pero hoy éste no existe como sujeto de derechos (evidentemente sí existe una realidad geográfica y cultural a la que se puede llamar Euskal Herria), por lo que difícilmente se puede hablar de, ni mucho menos exigir, el derecho de autodeterminación o de secesión para Euskal Herria.

Otra cosa es propugnar que la Constitución española sea más abierta en el reconocimiento del derecho de autogobierno o derecho de autodeterminación de los pueblos en ese sentido amplio, llegando incluso a regular un derecho a la secesión. Es decir, que cualquier comunidad política de las existentes dentro del Estado español tuviera mayor capacidad para decidir su integración o separación de una unidad política superior. Pero esto debiera aplicarse con carácter general. También al procedimiento por el cual un municipio puede fusionarse con otro, o integrarse en otra provincia, o al procedimiento para que una provincia abandone una Comunidad Autónoma y se integre en otra, o se constituya en Comunidad uniprovincial, etc., llegando incluso a la secesión del propio Estado.

Entiendo que la lógica estrictamente democrática atribuye el derecho a decidir a los ciudadanos individualmente, no a sujetos colectivos tan indeterminados como las "naciones" o los "pueblos". ¿Por qué Euskal Herria o Cataluña van a tener derecho a la independencia y no la merindad de Olite, el valle de Baztán o la provincia de Huelva, si sus ciudadanos así lo exigen? La ideología nacionalista suele sustentar el derecho a la independencia en algo tan arbitrario y difuso como la lengua o la cultura. La experiencia histórica demuestra que carece de base. Esos criterios por sí solos no explicarían la existencia de una nación como Suiza, con cuatro lenguas, la inexistencia de una nación en el Valle de Arán (con una lengua propia diferente tanto del castellano como del catalán), o por qué no hay ni ha habido nunca una nación por cada una de las lenguas existentes. Si aplicamos la lógica democrática hasta sus últimas consecuencias, únicamente la voluntad de los ciudadanos individuales puede basar la constitución, modificación o desaparición de una comunidad política.

Finalmente, quiero señalar que una posible secesión o independencia de cualquier parte de España hoy no es posible sin una reforma constitucional. El art. 2 de la Constitución establece "la indisoluble unidad de la Nación española". Que se establezca la unidad es lógico, porque sin la existencia de una comunidad humana organizada políticamente no tendría sentido la propia Constitución. Pero que califique de indisoluble la nación revela más un deseo influido por ciertos mitos nacionalistas (la nación como realidad eterna) que un hecho. Todas las naciones, como las personas, nacen, crecen y mueren. La historia es despiadada, y como todas las demás naciones España algún día, pronto o tarde, desaparecerá, bien para fragmentarse o bien para integrarse en una comunidad superior. Quiero recordar aquí una cita de Omar Kheyyam que tomo del profesor González Navarro: "El tiempo, inexorable, va fluyendo. ¿Qué queda de Bagdad y de Balk? Un leve roce puede matar la rosa. Bebe, y al mirar las estrellas medita en las culturas que se tragó el desierto".
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