Competencia compartida servicios públicos domiciliarios






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fecha de publicación05.06.2016
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Delegación de funciones / DELEGACION DE FUNCIONES PRESIDENCIALES - Excepciones
El sistema jurídico colombiano las funciones presidenciales son múltiples y complejas, como que le compete al Presidente de la República no sólo ejercer funciones de jefe de Estado o de jefe de Gobierno, sino como suprema autoridad administrativa. Multiplicidad y complejidad que hacen entendible que muchas de esas funciones deban ser delegadas, cuando así lo permita el legislador, en los ministros o directores de los departamentos administrativos, los representantes legales de las entidades descentralizadas. superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Pero pese a que el art. 211 de la carta que regula la delegación de funciones presidenciales no distingue y podría dar a entender que todas las que enuncia el art 189 ibídem serían delegables por autorización de la ley, la conclusión no puede ser esta, porque existen funciones que por definición no puede ejercer sino el Presidente, en especial aquéllas que cumple en su papel de jefe del Estado y de gobierno, porque a través de ellas se cumple la política gubernamental. Así, no es concebible que dicho funcionario delegue, entre otras funciones inherentes a su carácter de jefe de Estado y director del gobierno, el nombramiento y la remoción de sus ministros, o la dirección de las relaciones internacionales o de la fuerza pública o de las operaciones de guerra; o la conservación y el restablecimiento del orden público, o la permisión del tránsito de tropas extranjeras, o la formulación de políticas generales de administración de los servicios públicos domiciliarios, etc, etc, porque en ello va envuelto el programa de gobierno que juró cumplir. El Presidente no podrá despojarse del ejercicio de ciertas competencias, así autorice su delegación la ley; ley que sería inconstitucional por delegar funciones de suyo indelegables.

FORMULACION DE POLITICAS GENERALES DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Indelegabilidad / PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / PODER REGLAMENTARIO - Diferencias / FACULTADES EXTRAORDINARIAS - Diferencias / COMPETENCIA COMPARTIDA – Servicios públicos domiciliarios
No es aceptable que la formulación de políticas generales de administración pueda ser delegada por su titular en cualquier otro funcionario, organismo, dependencia o agencia de inferior categoría. La formulación de políticas generales de administración, que no puede confundirse con el poder reglamentario que el Presidente ejerce como función propia en los términos del nl 11 del art. 189 de la carta, ni con el que desarrolla cuando el congreso le concede facultades extraordinarias, le compete, exclusivamente, al mencionado funcionario, con sujeción a la ley. Es así una competencia compartida con el legislador. Se habla de competencia compartida en sentido figurado, porque ni el Presidente podrá hacer la formulación de tales políticas por fuera de la ley ni el legislador, muttu proprio, podrá formularlas o quitárselas a aquél para conferírselas a otro organismo o funcionario administrativo de inferior categoría.

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / COMPETENCIA - Restringida / PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / PODER REGLAMENTARIO - Diferencia / FACULTADES EXTRAORDINARIAS
El artículo 370 interpretando en su conjunto y en relación con otras normas constitucionales, da a entender que la competencia del Presidente en el campo de los servicios públicos domiciliarios es restringida porque, de un lado, se reduce a la formulación de las políticas generales de administración o de control de eficiencia; y de otro, a ejercer el control, la inspección y vigilancia de las empresas de servicios públicos pero ni siquiera en forma autónoma, sino a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Estos poderes así enunciados muestran también que la potestad reguladora o normativa relacionada con la prestación de los servicios públicos en general o con los servicios públicos domiciliarios en particular, le compete por mandato de la carta al legislador (arts 150 nl 23 y 365), quien deberá señalar el régimen jurídico de tales servicios e indicar quiénes pueden prestarlos. Normas éstas que no permiten la "delegación" de su potestad legislativa o desconcentración.

COMPETENCIA LEGISLATIVA - Indelegalidad / PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Poder normativo / FORMULACION DE POLITICAS GENERALES DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS – Presidente de la República / COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES – Incompetencia / DELEGACION LEGAL - Inaplicabilidad
No es lógico ni jurídico pensar que cuando el constituyente le otorga al Presidente la facultad de señalar las políticas generales de administración de los servicios públicos domiciliarios, le está entregado a su vez el poder que le corresponde al legislador. Este, por definición, en el sistema jurídico colombiano no podrá "delegar" su competencia legislativa y sólo por excepción, como se expresó atrás, podrá hacerlo en los términos del nl 10 del art 150. Lo expuesto define o delimita a grandes rasgos el poder normativo del Presidente y muestra que en este campo no podía delegar en las comisiones de Regulación la potestad de formular las políticas generales de administración de los servicios públicos domiciliarios, así la ley 142 en su art. 68 haya permitido esa delegación. Es obvio que para que cualquier delegación opere, el supuesto sine quo non de la misma estará en la competencia que tenga el delegante. En suma, las Comisiones de Regulación no pueden ser delegatarias de la potestad que el constituyente le otorga, en forma exclusiva, al Presidente en su art. 370 de la constitución. En esa formulación éste compromete su responsabilidad política y no podrá liberarse de ésta a través del fácil mecanismo de la delegación, que desplaza dicha responsabilidad hacia el delegatario (art. 211).

DELEGACION DE POTESTADES LEGISLATIVAS - Improcedencia / REGIMEN JURIDICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS / COMPETENCIA / CONGRESO DE LA REPUBLICA
La competencia de las comisiones no proviene de la delegación de funciones presidenciales, sino de la ley 142 de 1994, o sea que esa competencia nace de la "delegación" de poderes legislativos. Pues bien, Tampoco la ley podía otorgar ese poder reglamentario a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, porque si esto fuera así se encontraría la sala frente a la delegación de potestades legislativas en un órgano o agencia de la administración (ni siquiera en el superior jerárquico), no autorizada por la carta política. No puede olvidarse que la constitución le asigna al legislador la competencia para fijar el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios (art. 365) y no permite ni explícita ni implícitamente su delegación. NOTA DE RELATORIA: Sobre delegación de potestades legislativas cita la sentencia de julio 24 de 1997, Ponente Dr; MARIO ALARIO MENDEZ, Exp; 1570.

COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES - Extralimitación / REGIMEN LEGAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS / COMPETENCIA / CONGRESO DE LA REPUBLICA
La comisión al expedir la resolución 028 no formuló ninguna política general de administración. Baste leer su texto para corroborar este aserto, ya que esa resolución es un reglamento contentivo de un procedimiento gubernativo completo para la selección de los operadores de larga distancia, con poderes definitorios y de disposición de tanta trascendencia como los de otorgar títulos habilitantes para la prestación del servicio; disponer restricciones en el número de los concesionarios u operadores de larga distancia; definir las calidades de los operarios; señalar el procedimiento para la expedición de las licencias; fijar las reglas para la interconexión y el uso del espectro electromagnético; precisar el régimen tarifario, etc., etc. El enunciado mismo de la aludida resolución muestra que la comisión con ese acto invadió la órbita del legislador, único competente para definir el régimen legal de los servicios públicos domiciliarios, según el art. 365 de la constitución.

COMPETENCIA LEGISLATIVA - Indelegabilidad / PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / PODER NORMATIVO / FORMULACION DE POLITICAS GENERALES DE ADMINISTRACION / SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS / COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES - Incompetencia / DELEGACION LEGAL - Inaplicabilidad
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, so pretexto acatar el mandato contenido en el literal d) del art. 74.3 de la mencionada ley, expidió dicha resolución con el fin de "reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento de operadores de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional, y señalar fórmulas de tarifas que se cobrarán por la concesión"; y al hacerlo creó un estatuto o reglamento de carácter general y obligatorio contentivo de un procedimiento administrativo especial derogatorio, no sólo del corriente señalado en el código administrativo, sino del regulado en la misma ley 142 en sus arts 106 y ss. En otras palabras, delegó el legislador en dicha comisión el poder reglamentario sobre materias de su resorte exclusivo, atinentes a la utilización y manejo del espectro electromagnético, el establecimiento de las fórmulas tarifarias para la operación del servicio de telecomunicaciones, el uso de redes de telecomunicaciones de propiedad del estado, los cargos de acceso e interconexión, el establecimiento de medidas generales para impedir abusos de posición dominante y de protección del usuario, etc; es decir, le transfirió a la Comisión el poder de legislar todo lo relacionado con la utilización de bienes estatales fiscales, tarifarios, de policía administrativa etc., etc. Cabe recordar aquí también que los procedimientos gubernativos reguladores de las actuaciones administrativas propias de los servicios públicos domiciliarios, son parte integrante de su régimen jurídico general y que éste, por mandato del art 365 por la carta, no lo puede expedir sino el legislador. En este orden de ideas, los arts 68 y 74.3 de la ley 142 deberán inaplicarse por ser violatorios de los arts 370, 189 nl. 11, 150 y 365 de la carta política.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA

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