En torno a la ejecución de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos






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fecha de publicación05.06.2016
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COMISION 1

Sub-Comisión: Derechos Humanos

Titulo de la Ponencia:
EN TORNO A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Autor:
Hernán Espino Cortés

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima – Perú
20005


Correo Electronico:

hernanespino51@hotmail.com

EN TORNO A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



  1. INTRODUCCIÓN.-



Los derechos humanos son una de aquellas materias que requieren un estudio interdisciplinario. En tanto, el carácter complejo de los derechos humanos, que está en la base de tal exigencia, se manifiesta también cuando lo estudiamos en el marco del derecho.
Ello determina que actualmente, y al margen de consideraciones históricas, los derechos humanos están regulados tanto en el derecho internacional como en el derecho interno de los Estados. Como veremos luego, tanto en el ámbito estatal como en el mundial, los derechos humanos están llamados a evolucionar constantemente respondiendo a los nuevos retos que la realidad plantea.
Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo central, el presentar tal evolución, en cuanto al carácter obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana; pero tal obligatoriedad se va ver limitada con relación a que los ordenamientos internos de cada Estado, en general, no han desarrollado los medios técnico-procedimentales para una verdadera ejecución de dichas sentencias, en referencia al carácter reparatorio que ellas tienen. Por cuanto, la mayoría de Estados parte del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, sólo consideran que se dará el cumplimiento de dicha reparación, en tanto se cumpla con la indemnización por daños a la víctima de una violación de sus derechos fundamentales.

La reparación como efecto jurídico de la responsabilidad de los Estados en violación de los derechos humanos, es un concepto más amplio y que contiene a su vez el carácter indemnizatorio de las sentencias de la Corte. Tal noción va más allá, del sentido pecuniario que tiene la indemnización, en tanto que, la reparación incluye la asunción de obligaciones por parte del Estado en temas como: i) El reponer el derecho a la situación de goce o ejercicio anterior a su vulneración (cuando la naturaleza del derecho y de la vulneración lo permitan); ii) La de reparar los daños y perjuicios ocasionados; y iii) El pago de una indemnización.

Posteriormente, se hará un recuento de los efectos de las sentencias de la Corte, efectos que guardan características propias, al ser emitidas por un órgano judicial supranacional. Finalmente el presente trabajo hará un análisis del ordenamiento jurídico peruano y la forma de recepción de las sentencias de la Corte Interamericana, y de los problemas que guarda dicha legislación, en cuanto no prevé un cumplimiento total de dichas sentencias, sólo haciendo referencia a su carácter indemnizatorio.

II. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS.-



El Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene particularidades que lo convierten en un capítulo especial dentro del Derecho Internacional general.
Una de aquellas particularidades es la naturaleza de los tratados que lo contienen. Siendo que los tratados de derechos humanos son claramente distintos de los tratados de tipo clásico, que establecen o reglamentan derechos subjetivos o concesiones o ventajas recíprocas para los Estados Contratantes. Los tratados de derechos humanos, en contrapartida, prescriben obligaciones de carácter esencialmente objetivo, que deben ser garantizadas o implementadas colectivamente, y enfatizan el predominio de consideraciones de interés general u ordre public que trascienden los intereses individuales de las Partes Contratantes1.
De igual forma, la Corte Interamericana en su Opinión consultiva OC – 2/82 subraya que: “Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los contratantes. Su objeto y fin es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente de los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”2.
Los tratados de derechos humanos son considerados normas de jus cogens, es decir, normas de orden público internacional, cuyos efectos erga omnes alcanzan a todos los miembros de la comunidad internacional. Esa característica hace que no admitan pacto en contrario y que sus efectos se extiendan inter alios acta.
Siendo así, los tratados de derechos humanos, una vez ratificados e incorporados al derecho interno, son de cumplimiento obligatorio. Esto implica la obligación de adecuación del derecho interno a la normativa internacional de protección, deber éste que encuéntrase expresamente consignado en dichos instrumentos internacionales; no habiendo espacio para la invocación de la soberanía en el proceso de interpretación o aplicación de los mismos. Significando esto, que dichos tratados representan un límite al ejercicio del poder político de los Estados. ...
Finalmente es necesario indicar, que las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados prohíben que un Estado parte invoque disposiciones de su derecho interno para intentar justificar el incumplimiento de un tratado de derechos humanos.
III. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.-
La Corte Interamericana ha sido configurada, como un órgano de protección jurisdiccional de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicha protección se debe de entender, en primer lugar, con relación a los derechos expresamente señalados por la Convención. En segundo lugar, a los derechos contemplados en los protocolos adicionales a dicha Convención (Art. 77.1 y 77.2 CADH). En razón de ello, a la Corte se le han conferido las atribuciones, los poderes y los mecanismos necesarios para materializar sus funciones.
En referencia al punto anterior, es preciso recordar que la jurisdicción contenciosa de la Corte sólo se activa una vez agotada la jurisdicción interna. Al respecto, PIZA ESCALANTE3 , sostiene que la jurisdicción contenciosa de la Corte es “subsidiaria” en tres aspectos: i) Es subsidiaria en el sentido de que, como jurisdicción internacional que incide en la misma materia que corresponde a la responsabilidad y por lo tanto a la jurisdicción interna de cada Estado, solamente conoce de las violaciones de derechos imputables directamente o reconducibles indirectamente al Estado mismo. No se trata de que las únicas violaciones de derechos humanos sean las del Estado; sino que la protección de estos derechos en el orden internacional se creó y tiene sentido, solamente en la medida en que el ordenamiento interno sea incapaz de garantizarla; ii) Es subsidiaria en el sentido de que por lo mismo, la jurisdicción internacional sólo se ejerce normalmente, cuando la violación no haya sido reparada plenamente por el ordenamiento interno, que es lo que funda el privilegio del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna; y iii) Es subsidiaria en el sentido de que, en el caso del Tribunal, el sistema de la Convención impone también el agotamiento previo de los procedimientos ante la Comisión. En conclusión el sistema jurisdiccional interamericano está configurado como un mecanismo supletorio, es decir, al que sólo se debe recurrir si los órganos, instituciones y poderes del Estado, no cumplen con su función de garantizar la vigencia plena de los derechos reconocidos en la Convención.
Ahora bien, este requisito no puede ser considerado como absoluto, sino que tanto la propia Convención, como la jurisprudencia de la Corte, han establecido supuestos en los cuales se puede recurrir ante el sistema interamericano de forma directa, sin tener que haber agotado previamente la jurisdicción interna4.
IV. ALCANCES JURÍDICOS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA.-
4.1 Efectos jurídicos de la responsabilidad internacional en materia de derechos humanos.-

De lo anteriormente expuesto, se puede colegir que la Corte Interamericana tiene como una de sus principales funciones el conocer sobre la violación a los derechos humanos recogidos en la Convención; y sobre la base de este conocimiento buscará declarar la responsabilidad internacional en que incurran los Estados partes de dicho instrumento internacional. Es por ello, que en el presente trabajo se pondrá mayor énfasis, en la función eminentemente reparatoria de la responsabilidad internacional; así como la importancia de ésta institución en un ordenamiento tan pobre en sanciones como el nuestro.
Siendo así, que los efectos jurídicos de la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos reconocidos en el sistema interamericano se encuentran establecidos en el artículo 63.1 de la Convención. Tales efectos son: i) El de reponer el derecho a la situación de goce o ejercicio anterior a su vulneración (cuando la naturaleza del derecho y de la vulneración lo permitan); ii) La de reparar los daños y perjuicios ocasionados; y iii) El pago de una indemnización.
Con respecto a los efectos jurídicos de la responsabilidad internacional de los Estados, FAUNDEZ LEDESMA5, diferencia los conceptos de reparación e indemnización; considerando que se trata de dos consecuencias de la infracción que están en relación de género a especie, siendo la indemnización sólo una de las formas que puede asumir la reparación. Para el citado autor, las medidas reparadoras persiguen fines muy amplios, pudiendo ser de interés general, mientras que la indemnización satisface únicamente el interés particular del reclamante.

“...Este Tribunal en su jurisprudencia constante ha establecido que es un principio del Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. A tales efectos, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual, cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad inculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

...Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana contiene una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De acuerdo con ello, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la mencionada violación...”6.
De la jurisprudencia revisada, podemos concluir que el Sistema Interamericano de protección de derechos humanos ha adoptado una definición más amplia en referencia al concepto de reparación como efecto de la responsabilidad internacional de los Estados. Como lógica consecuencia, tal definición va más allá, del establecimiento de la responsabilidad y de la determinación de la indemnización pecuniaria; siendo así que establece una serie de medidas adicionales, que en líneas generales, van desde la obligación del Estado de garantizar el respeto de los derechos conculcados, hasta la obligación de prevenir la recurrencia de una nueva violación. De una manera ejemplificadora, podemos mencionar, la obligación de investigar los hechos, perseguir criminalmente a los culpables de las violaciones de derechos humanos, y eventualmente castigarlos, la determinación de que una persona debe ser dejada en libertad, así como, la determinación de que la legislación interna debe cambiarse para adecuarse a las obligaciones internacionales del Estado7.

4.2. Efectos de las sentencias de la Corte Interamericana.-


Una vez que se ha agotado el procedimiento escrito y el procedimiento oral, con la subsiguiente admisión de pruebas, diligencias probatorias de oficio, citación de testigos y peritos, con la eventual objeción de los mismos, o con la eventual recusación de peritos, y no habiendo sobreseimiento del caso, la Corte podrá dictar sentencia.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen como consecuencia un doble efecto:

  1. Efectos sobre el Estado Parte en el caso concreto (efecto directo); que a la vez comprende:

    1. El carácter definitivo, inapelable y de cumplimiento obligado de las sentencias; de esta forma la sentencia expedida por la Corte deberá ser acatada y cumplida por los Estados que hayan sido parte en el proceso, y no podrá ser ni modificada ni suspendida por tales Estados invocando circunstancias o disposiciones de su derecho interno o que su ordenamiento jurídico no prevé los procedimientos adecuados para el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia.



    1. El valor vinculante de la sentencia no sólo se limita al fallo sino que se extiende a los fundamentos jurídicos; los Estados están obligados al cumplimiento de lo establecido en las sentencias dictadas por la Corte, entendiendo que la parte dispositiva de las mismas no sólo incluye el fallo, sino también los fundamentos jurídicos, ya que en ellos no sólo se explica, motivan y justifican las medidas finalmente adoptadas, sino que en muchos caso se señalan los criterios a seguir, los límites o alcances de las medidas, o los procedimientos a seguir para el cumplimiento de la sentencia.




    1. El dictado de una sentencia condenatoria no elimina la obligación del Estado responsable de seguir con las investigaciones, sancionar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para alcanzar en su territorio la plena eficacia de los derechos.




    1. La vinculación a lo dispuesto en las sentencias no alcanza a la propia Corte, la cual podrá variar su jurisprudencia; la Corte no se siente vinculada a sus precedentes jurisprudenciales por cuanto considera que cada caso debe analizarse de forma individualizada.




    1. En casos excepcionales la Corte acepta que se plantee el recurso de revisión; en casos excepcionales, es procedente que se le plantee la revisión de algunas de sus sentencias si existen hechos o circunstancias relevantes desconocidas al momento de dictarse sentencia, que de haberse conocido podrían haber hecho variar el fallo. En este caso el recurso de revisión sólo procederá ante la propia Corte y no ante ningún órgano nacional, interamericano o mundial.



  1. Efecto indirecto o irradiador sobre los demás Estados, que no son parte en el proceso.

Al respecto, estas sentencias d dictadas por la Corte respecto a unos casos concretos proyectan un efecto irradiador sobre los demás Estados, los cuales, sin haber sido parte en el proceso, se ven obligados a cumplir con lo establecido en dicha jurisprudencia, muy especialmente en los fundamentos jurídicos8.

4.3. Obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana.-



Aquí surge la pregunta ¿qué es lo que sucede dentro del marco de las atribuciones de la Corte, en caso de que las sentencias o fallos dictados, no sean debidamente ejecutados, en todo o en parte, por un Estado que se encuentra recalcitrante ante la decisión judicial?
Es cierto que la Convención Americana, no prevé un mecanismo formal para hacer ejecutar las decisiones de la Corte Interamericana en contra de un Estado que se niegue a hacerlo, o no cumpla con la totalidad de ella (reparaciones no pecuniarias), pero con todo y todo, la Convención prevé que en cada período de sesiones la Corte someterá a consideración de la Asamblea General de la OEA, un informe sobre sus labores, pero de manera especial, señala el artículo 65, la Corte indicará los “casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”, con las recomendaciones pertinentes.
Esta simple labor de divulgación, tiene ya un fuerte impacto en la opinión pública, y el Estado en rebeldía, se encuentra ante una situación políticamente poca enaltecedora, pudiendo por lo demás, la Asamblea General de la Organización, discutir con la libertad y amplitud que quiera el asunto en cuestión, y si lo juzgare conveniente, adoptar las medidas políticas que fueren pertinentes9.
La sentencia de la Corte es obligatoria, según lo dispone la Convención en su Art. 68, según el cual: “Los Estados Partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Y además, según el Art. 65: “La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización(OEA) un informe sobre su labor del año anterior. De manera especial señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.
El cumplimiento de la sentencia por parte de un Estado, es una obligación de resultado. De ahí que, el Estado parte está obligado por las normas internacionales primarias a instrumentar con actos jurídicos adecuados, del modo que crea más conveniente y ajustado a su derecho, el resultado establecido en el fallo. Para asegurar este resultado, el Estado debe eliminar los obstáculos que existan -derogar leyes, juzgar de nuevo, etc.- y al mismo tiempo dictar lo que sea necesario, para poder cumplir con la obligación internacional.
Siendo que, existe un doble efecto de las sentencias de la Corte Interamericana: el de cosa interpretada que tiene una eficacia erga omnes y el de cosa juzgada que únicamente tiene efectos inter partes. El efecto de cosa interpretada puede implicar que la inobservancia, por parte de un tercer Estado, del contenido de una sentencia que haya declarado una violación, pueda hacer incurrir a este en responsabilidad internacional; porque, en el futuro un individuo puede acudir a los órganos del sistema y utilizar el antecedente del Estado condenado y tener muchas posibilidades de éxito. En el caso de la cosa juzgada, los efectos concretos de la sentencia sólo afectan a las partes vinculadas en la litis (que debe incluir al reclamante particular)10.
Los Estados no sólo se comprometen a cumplir la decisión de la Corte y a reparar las consecuencias de dicha violación para el caso concreto, sino que también los tribunales y autoridades nacionales tienen la obligación a futuro de no realizar actos que representen una violación similar que pueda provocar de nuevo responsabilidad internacional para el Estado...En referencia a la ejecución de las sentencias, en el extremo referido al cumplimiento de la obligación pecuniaria interpuesta contra el Estado, éste no reviste mayores problemas; en tanto que la misma Convención señala el procedimiento a seguir en dichos casos. Pero esto no sucede con las sentencias que además de establecer el pago de una indemnización, ordenen además reparaciones no pecuniarias; como por ejemplo, aquellas que establecen la obligación de adecuar su legislación interna a lo establecido en la Convención; donde dicho instrumento no sugiere ningún procedimiento interno a seguir. Dejando en este caso, un gran margen de discrecionalidad a los Estados, para que ellos mismos, adecuen en sus ordenamientos internos, el procedimiento más idóneo a seguir, en la búsqueda de los criterios jurídicos que sean necesarios para la ejecución total de las obligaciones que impone las sentencias de la Corte.
En la actualidad, son pocos los Estados parte de la Convención que han establecido mecanismos procesales especiales, para la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. Problema que surge, en cuanto la Corte en el desarrollo de su jurisprudencia, ha sobrepasado los criterios pecuniarios al momento cautelar el derecho violentado; poniendo énfasis en la exigencia a los Estados de restablecer el derecho vulnerado o de garantizar el cumplimiento de dichos derechos (criterios no pecuniarios). Siendo que, la Convención sólo se refiere al procedimiento a seguir en la ejecución de sentencias indemnizatorias (sólo en dicho extremo). De ahí que, las reparaciones de naturaleza no pecuniaria, establecidas en la jurisprudencia de la Corte, son de difícil ejecución por la carencia de mecanismos procesales eficaces para tal fin. Situación a la que no es ajena el Perú, agregándose en su momento consideraciones de tipo político, que dificultan la ejecución de las decisiones de la Corte.
V. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA Y SU TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ
5.1. Aspectos Generales.-

La Constitución de 1993 ha establecido, expresamente, en su artículo 205 que: “agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte”. Asimismo, en el artículo 55, de dicho cuerpo normativo, se ha dispuesto que los tratados internacionales, aprobados y ratificados por el Perú forman parte del Derecho nacional. Es de resaltar que el Perú continua con la tradición de otorgar prevalencia a los tratados de derechos humanos sobre normas nacionales.
De lo anterior, podemos concluir que el Perú cuenta con un doble sistema de protección de los derechos fundamentales. Un primer nivel, a cargo de la justicia constitucional responsable de la tutela de los derechos fundamentales, sujeta básicamente a la Constitución; y un segundo nivel, que vendría a ser el sistema interamericano para la protección internacional de los Derechos Humanos, regido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ende, la justicia internacional no sólo actúa supletoriamente frente a la justicia nacional, sino que esta se encuentra sometida, tanto al Derecho interno como al Derecho internacional de los derechos humanos, al cual alude la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución 199311.

5.2. Mecanismos para la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana.-

De conformidad con los artículos 55 y 205 de la Constitución Peruana de 1993 y la cuarta disposición final y transitoria de la misma, se han desarrollado mecanismos especiales de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también, el novísimo Código Procesal Constitucional del 2004, Ley N° 28237, en su artículo 115 refiere que las resoluciones de los organismos jurisdiccionales a cuya competencia se haya sometido expresamente el Estado peruano no requieren, para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo alguno. Estableciendo que dichas resoluciones son comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente del Poder Judicial, quien a su vez, las remite al tribunal donde se agotó la jurisdicción interna y dispone su ejecución por el juez competente, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales internacionales (en el presente caso, la Corte Interamericana).
De lo observado, podemos afirmar que las normas señaladas no distinguen entre obligaciones pecuniarias y no pecuniarias establecida en las sentencias a ejecutar. Es de suponer que el legislador peruano no tuvo en mente esta distinción; obviando el regular los mecanismos internos para la ejecución de las obligaciones no pecuniarias.
Tal es así, que los mecanismos procesales de ejecución de las sentencias están pensados para las obligaciones pecuniarias, dejando de lado la naturaleza especial de las obligaciones sobre derechos humanos, en tanto que el resarcimiento no puede limitarse sólo al aspecto pecuniario, ya la jurisprudencia de la Corte ha extendido dicho criterio, en cuanto el Estado peruano está no sólo obligado al pago de una indemnización pecuniaria a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, cometidos durante las dos décadas pasadas, sino que a su vez, la Corte ha determinado la obligación de investigar, procesar y sancionar dichas violaciones, y de adecuar su ordenamiento jurídico a lo dispuesto por la Convención Americana, así como a la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana.
CONCLUSIONES


  • La Corte Interamericana tiene competencia para determinar la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los Derechos Humanos. Esta responsabilidad internacional clásica, se identifica con el resarcimiento pecuniario de la víctima; sin embargo, por la naturaleza especial de las obligaciones sobre derechos humanos, esas consecuencias no pueden limitarse sólo al aspecto pecuniario, sino que, como ya lo determinó la jurisprudencia de la Corte, ésta incumbe la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos; así como también la obligación de adecuar sus ordenamientos internos a los preceptos que desarrolla en dichas sentencias.




  • De lo anterior, hemos podido también observar, que el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, es previsto en la legislación interna de cada Estado, sólo en el ámbito de ejecución de la indemnización pecuniaria; habiendo un gran silencio en dichas legislaciones en cuanto a las demás obligaciones que abarca la noción de reparación.

1 Cancado Trindade, Antonio A.; El derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2001, Pag. 22.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos; El efecto de las reservas, sobre la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82, del 24 de septiembre de 1982.

3 Piza Escalante, Rodolfo; La Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos vol., La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Estudios y Documentos. San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1985, Pags. 162-163.

4 Remotti Carbonell, José Carlos; La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Estructura, funcionamiento y jurisprudencia, Editorial IDEMSA, Lima - Perú, 2004, Pág. 42.

5 Faundez Ledesma, Héctor; El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, San José - Costa Rica, 1996, Pág. 390.

6 Caso “Cinco Pensionistas” contra el Perú. Sentencia sobre el fondo, de 28 de febrero de 2003.

7 Krticevic, Viviana; “Líneas de trabajo para mejorar la eficacia del sistema”, en Méndez, Juan y Cox, Francisco; El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, IIDH, San José - Costa Rica, 1998, Pág. 418.

8 Remotti Carbonell, José Carlos; Op. Cit., Págs. 278-291.

9 Gómez-Robledo Verduzco, Alonso; Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Editorial Porrua, México DF., 2000, Pág.41.

10 Urioste Braga, Fernando; Responsabilidad Internacional de los Estados en los Derechos Humanos, Euros Editores, Buenos Aires, 2002, Pág. 194.

11 Landa Arroyo, César; Tribunal Constitucional y Estado Democrático, Palestra, Lima-Perú, 2003, Pág. 799.

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