Derecho de negociacion colectiva






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Sentencia C-063/08

 

DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Protección constitucional e internacional

 

DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA-Alcance

 

El alcance del derecho de negociación colectiva, lo ha señalado esta Corporación con base en lo dispuesto en el artículo 2º. del Convenio 154 de la OIT, en el cual se hace referencia a la negociación colectiva como un concepto genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador, grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de unos y otros. El derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de los pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las condiciones del trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes involucradas en el conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre los empleadores y los trabajadores

 

DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA-No tienen carácter absoluto y pueden ser limitados por la ley

 

Las limitaciones a los derechos de sindicación y de negociación colectiva podrán ser justificadas en cuanto busquen proteger bienes constitucionalmente relevantes como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política económica y social del Estado, la estabilidad macroeconómica y la función social de las empresas, entre otros

 

CONVENIOS 87 Y 98 DE LA OIT SOBRE LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA-Hacen parte del bloque de constitucionalidad

 

El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (num. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (num. 98) forman parte del bloque de constitucionalidad en cuanto se refieren a derechos humanos fundamentales en el trabajo como la libertad sindical y la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva

 

CONVENIO 154 DE LA OIT SOBRE EL FOMENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA-No hace parte del bloque de constitucionalidad ni en sentido estricto ni en sentido lato

 

En relación con el derecho de negociación colectiva, cabe mencionar el Convenio num. 154 de la OIT, sobre el fomento de la misma de manera libre y voluntaria, Convenio sobre el que la Corte ha considerado que no cabe duda que hace parte de la legislación interna, tanto a la luz del artículo 53 constitucional, como por haber sido aprobado por medio de la Ley 524 de 1999, sin embargo, hasta la fecha esta Corporación no ha declarado que haga parte integrante del bloque de constitucionalidad ni en sentido estricto ni en sentido lato. En la sentencia C-161 de 2000 en la cual se examinó la exequibilidad del Convenio 154 y de su ley aprobatoria no hubo un pronunciamiento de esta Corporación, y sentencias posteriores en las cuales se ha hecho alusión al mismo tampoco han dilucidado el extremo en cuestión.

 

NEGOCIACION COLECTIVA-Concepto

 

La expresión “negociación colectiva” de que tratan el Convenio 154 y el artículo 55 de la Constitución, no se reduce a pliegos de peticiones o convenciones colectivas, sino que abarca todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Puede afirmarse entonces, que la negociación colectiva es el género y la convención colectiva y el pliego de peticiones son la especie y como especie, pueden ser objeto de algunas restricciones.

 

CONVENCION COLECTIVA-Concepto/CONVENCION COLECTIVA-Fuente autónoma de derecho

 

La convención colectiva es uno de los instrumentos o mecanismos para la negociación, destinada a dar solución y a poner fin a los conflictos colectivos de trabajo y a precaver que éstos desemboquen en la huelga, y tiene como finalidad fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Si bien es el resultado de la negociación, pues de conformidad con lo previsto en el C.S.T., art. 435, inc. 2º, si se llegare a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva, no es sólo un contrato sino que se constituye en norma jurídica dictada por la empresa y los trabajadores, a través de un acuerdo de voluntades reglado y de naturaleza formal, que se convierte en fuente autónoma de derecho, dirigida a regular las condiciones individuales de trabajo, con sujeción a los derechos mínimos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Así, por tener un claro contenido regulador y constituir sus cláusulas derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal del derecho.

 

DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Constitución de organizaciones convenientes/LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-Constitución de organizaciones convenientes

 

La garantía de la libertad sindical y la protección del derecho fundamental de sindicalización, constituyen la regla general, y toda limitación a las mismas ha de estar constitucionalmente justificada

 

LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL-Constitución de dos o más sindicatos en una empresa

 

SINDICATO DE BASE, GREMIAL O DE INDUSTRIA-Coexistencia en una misma empresa

 

DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA-Vulneración por impedimento a sindicatos minoritarios de negociar colectivamente

 

El impedimento absoluto a los sindicatos minoritarios, de negociar colectivamente, no atiende los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y vulnera no solo el derecho de negociación colectiva sino también el de libertad sindical, eje fundamental de los derechos de los trabajadores. El derecho de negociación colectiva que debe ser posibilitado a toda clase de categorías de organizaciones sindicales, de conformidad con el Convenio 154 de la OIT, que radica en cabeza de los Estados partes el deber de adoptar medidas dirigidas a fomentar la negociación colectiva, y aunque no especifica cuales medidas, si deja una amplia libertad de configuración en cabeza de los órganos estatales responsables para el cumplimiento de dichos propósitos. La restricción a los sindicatos minoritarios del derecho a la negociación colectiva de manera irrazonable y desproporcionada no tiene justificación constitucional.

 

 

Referencia: expediente D-6869

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965.

 

Demandante: Nixon Torres Cárcamo.

 

Magistrada Ponente:

Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.

 

 

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

En conclusión, la disposición demandada no tiene justificación constitucional y por ende la Constitución, pues restringe a los sindicatos minoritarios el derecho a la negociación colectiva de manera irrazonable y desproporcionada. La Corte encuentra que efectivamente se presenta una incompatibilidad entre lo dispuesto en el artículo 39 de la Carta, que establece el derecho que tienen los trabajadores y empleadores “a constituir sindicatos y asociaciones, sin intervención del Estado”; en el artículo 55 superior que “garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales”, y en el artículo 93 de la Constitución por desconocimiento de lo plasmado en el literal a) del numeral 2º del artículo 5º del Convenio 154 de 1981 de la OIT sobre la negociación colectiva que dispone que “la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio”. (Negrillas original de la Corte y subrayas nuestras).

 

Cabe recordar, que el derecho de asociación sindical - que es una garantía de naturaleza fundamental, se halla consagrado en el artículo 39 de la Constitución y ha sido calificado por esta Corporación como un “derecho subjetivo, de carácter voluntario, relacional e instrumental (Sentencia T-656 de 2004), -no se agota en la posibilidad de crear organizaciones de trabajadores o de empleadores, sino que comporta igualmente el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más fielmente los derechos y los intereses de cada individuo y comporta, además, su real y efectivo ejercicio, el cual se materializa a través de la negociación colectiva, concretándose  así su carácter instrumental.

 

La Corte, en virtud de los análisis efectuados, llega a la conclusión de que los cargos formulados por el actor contra el numeral 2º del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 están llamados a prosperar, razón por la cual declarará la inexequibilidad de dicha disposición.
 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

 

I. ANTECEDENTES

 

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Nixon Torres Cárcamo demandó la inconstitucionalidad del numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que subrogó el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerar que vulnera el preámbulo, los artículos 13, 39, 53, 55,  y 93 de la Constitución Política, así como los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; los artículos 1  y 2 del Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores y los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del  Convenio 154 sobre la negociación colectiva.

 

Mediante Auto del 13 de julio de 2007, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda, dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia y  al Ministro de la Protección Social, e invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad de Santo Tomás y Universidad Sergio Arboleda, para que intervengan impugnando o defendiendo la disposición acusada.

 

Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

 

 

II. DISPOSICIÓN DEMANDADA

 

A continuación se transcribe el texto del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y se subraya el numeral demandado.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO No. 2351 DE 1965

(Septiembre 4)

Diario Oficial No 31.754, 17 de septiembre de 1965

 

ARTICULO 26. Representación sindical.

1.

2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa.

3.

 

 

III. LA DEMANDA

 

El ciudadano Nixon Torres Cárcamo demanda la inconstitucionalidad del numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, por considerar que vulnera el preámbulo, los artículos 13, 39, 53, 55,  y 93 de la Constitución Política, así como los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; los artículos 1  y 2 del Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores y los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del  Convenio 154 sobre negociación colectiva.

 

El accionante, después de hacer una alusión inicial a la Sentencia C-567 de 200M.P. Alfredo Beltrán Sierra., mediante la cual  se declaró la inexequibilidad de las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, así como a las sentencias C-161 de 200M.P. Alejandro Martínez Caballero. y C-280 de 200M.P. Humberto Sierra Porto. S.V. Jaime Araujo Rentería. A.V. Jaime Córdoba Triviño y Álvaro Tafur Gálvis., alusivas al derecho de negociación colectiva, y luego de transcribir las disposiciones superiores que considera infringidas, aborda la exposición de las razones por las cuales encuentra que se presenta la vulneración de los aludidos preceptos constitucionales y de las disposiciones contenidas en los referidos Convenios.

 

En relación con al Preámbulo de la Constitución, señala que su vulneración se deriva del hecho de que, a través de la norma acusada,  se está restringiendo la participación democrática de las organizaciones sindicales en la discusión de las prerrogativas laborales de la contratación colectiva y se acaba con la participación pluralista de las organizaciones sindicales de industria cuando resulten minoritarias en número de afiliados.

 

En relación con el artículo 39 de la Constitución, dice el demandante que la violación resulta de la injerencia negativa del Estado, al imponer reglas que atentan contra los derechos democráticos y contra el derecho fundamental de asociación del que son igualmente titulares quienes hayan optado por afiliarse a un sindicado de industria  y no a la organización sindical de base.

 

La vulneración del artículo 53 de la Constitución se materializa en el menoscabo de los derechos constitucionales de los trabajadores, específicamente en su derecho a la negociación colectiva, a celebrar convenciones colectivas de trabajo, al suplantarse su representante por otra organización sindical diferente a la escogida por él para el mejoramiento de sus condiciones laborales.

 

Sostiene que el artículo 55 superior resulta igualmente vulnerado por cuanto, a través de la disposición acusada, se está anulando el derecho de negociación de los afiliados al sindicato de industria, menoscabando así la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

 

La violación del artículo 93 superior se vendría a configurar por la vulneración de las disposiciones contenidas en los diferentes Convenios Internacionales. En relación con los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948, afirma el accionante que resultan quebrantados por la disposición acusada, ya que se impone el ejercicio de la representación sindical por otra organización y  acaba con la libertad de elección.

 

Los artículos 1 y 2 del Convenio 98 de 1949 resultan vulnerados, por cuanto al imponer en forma antidemocrática la representación sindical, se genera un acto de discriminación que menoscaba la libertad sindical, se anula la participación democrática del sindicato de industria frente a los intereses de sus afiliados, se estimula en forma negativa la decisión del afiliado de ser miembro del sindicato de industria y permite que se consoliden las acciones del empleador tendientes a fomentar la afiliación en el sindicato de base, para que el sindicato de industria pierda la representación en materia de contratación colectiva.

 

Considera violados los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971 por cuanto se suprime la capacidad de elección de representantes sindicales al interior de los sindicatos de industria, permitiendo que se suplante la capacidad de representación por parte de los sindicatos de base.

 

En relación con los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154 de 1981 sobre negociación colectiva, afirma el demandante que su vulneración se deriva de la anulación de la negociación colectiva como derecho de los sindicatos de industria, e impide la negociación a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a las cuales se aplique el Convenio.

 

En cuanto concierne al artículo 13 de la Constitución, manifiesta el demandante que su violación se concreta en la habilitación de la representación por parte del sindicato mayoritario de base y la consecuente supresión de la representación por parte del sindicato minoritario de industria, configurándose así una situación de menoscabo del derecho a la igualdad en relación con el derecho de asociación y con el derecho a la representación sindical.

 

 
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