Posturas epistemológicas en torno a los derechos humanos






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fecha de publicación10.06.2015
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Posturas epistemológicas en torno a los derechos humanos
Al abordar el tema de los derechos humanos necesariamente nos posicionamos en alguna o algunas de las diversas corrientes epistemológico-jurídicas que explican, a través de sus propios paradigmas, los fundamentos de tales derechos, por lo que resulta complicado establecer un concepto unívoco de los mismos.
Quizá el siguiente escrito resulte un tanto tedioso y meramente teórico, pero creo que es necesario abrevar en ello para entender porque existe tanta diversidad en cuanto a la concepción que se tiene de los derechos humanos.
Cada corriente de pensamiento construye su propia teoría de acuerdo a sus paradigmas y por lo tanto no existe una verdad absoluta para todas ellas, sino que en su individualidad sostienen partes de esa verdad, a partir de axiomas claros y constantes.
Es así que dentro del estudio de la filosofía jurídica encontramos diversas formas de explicar la fenomenología del derecho a través de las variadas corrientes ius epistemológicas que han ido desarrollándose a lo largo de la historia de esta ciencia: Ius naturalismo, Ius positivismo, racionalismo, o Ius realismo son algunas

de ellas, por mencionarlas tan sólo en forma ilustrativa.
La epistemología, conocida también con el nombre de teoría del conocimiento puede ser definida, según Arroyo Galván, como:
…la doctrina acerca de las ideas sobre el conocimiento, la generación (formas de acceder a él) y la validez del conocimiento. Como disciplina ha evolucionado desde el tiempo de los griegos, en su desarrollo se han generado diferentes posturas en torno a qué es el conocimiento, cómo se accede a este y cuáles son los criterios de validez del mismo.

De esta forma, las corrientes epistemológicas o del conocimiento se conforman por axiomas que dan fundamento a los teoremas propios de cada corriente, aglutinándose el conocimiento jurídico en una forma ordenada y coherente.
Así, en las mencionadas teorías se explica al fenómeno jurídico no sólo desde una perspectiva unilateral (como lo podría hacer una sola postura epistemológica), sino que se entiende que el derecho está a su vez compuesto por tres esferas que integran un todo. Estas tres esferas están constituidas por el hecho, la norma y los valores, que a su vez representan tres corrientes del conocimiento.
En la norma, el valor y el hecho podemos ubicar tres corrientes filosóficas del derecho: el Ius positivismo que analizará el formalismo de la norma, su vigencia o validez extrínseca; el Ius naturalismo, que incidirá en el contenido axiológico que

debe contener la norma; y finalmente el Ius realismo, que se encargará del análisis de los hechos en los que se gesta el derecho y donde se palpan sus efectos (causa-efecto).
Por su parte, en la corriente del ius naturalismo el conocimiento que pondera el aspecto axiológico del derecho encarna en la dignidad humana el fundamento del derecho natural. Ya desde la época medieval Santo Tomás consideraba que entre los hombres existían ciertos derechos innatos, intrínsecos a su propia naturaleza humana, que encontraban su fundamento en el valor de la dignidad humana.
Con base en este razonamiento o postura epistemológica, el Estado en su papel rector sólo tendría la tarea de reconocer esos derechos dados naturalmente al ser humano y plasmarlos en el derecho positivo, a efecto de reconocerlos y garantizar

su observancia. No obstante, aún cuando éstos no estén reconocidos por el ordenamiento jurídico, existen per se.
Por su parte, dentro de la corriente epistemológica del ius positivismo existen dos posicionamientos conocidos como positivismo radical y positivismo moderado. El positivismo radical sostiene que el derecho natural es sólo una simple ideología que puede debilitar o fortalecer al derecho positivo; en cambio, el positivismo moderado considera que el término derecho debe ser empleado exclusivamente para el derecho positivo independientemente de que exista un orden jurídico superior como el derecho natural.
El positivismo, en forma contraria al naturalismo, toma una postura no valoradora o aestimativa; esto es, no incluye el estudio de los fines axiológicos del derecho, como pudieran ser la justicia, la libertad, la igualdad u otros que bien pudieran imprimirle validez intrínseca. Muy por encima de esta consideración, el positivismo

califica de jurídicas aquellas normas que, siendo emitidas por los órganos competentes, hayan sido elaboradas de conformidad con los procedimientos establecidos por otras normas y que sean efectivamente observadas en el grupo social, independientemente de que no impliquen la realización de algún valor.
En este sentido, los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscritas a un sujeto por una norma jurídica; y por status, la condición de un sujeto prevista así mismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos que son ejercicio de éstas.
Por otra parte, en el ius realismo se considera al derecho como un conjunto de hechos sociales, es decir, que pasa al primer plano del análisis una cierta conducta humana y actitudes o ideas relacionadas con ella.
De esta manera, el realismo sociológico conceptualiza como derecho vigente al conjunto de ideas normativas que fungen como sistema de interpretación de fenómenos jurídicos concretos, cuando las normas relativas a éstos son efectivamente observadas y quienes las observan se sienten vinculados por ellas.
Una vez agotadas las esferas positivista y axiológica, se requirió la conciencia práctica del Estado sobre la vulneración reiterada de los derechos humanos de los

ciudadanos mexicanos, y haciendo un análisis de la praxis de éstos, se integró la tercera esfera del fenómeno jurídico: la esfera ontológica, “el ser” en busca de su concordancia con el “deber ser.”
No obstante la existencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un alto sentido axiológico-jurídico, la realidad social fue contundente, el análisis sociológico-jurídico de la eficacia de los derechos fundamentales en México dio como resultado la necesaria implementación de la institución denominada Comisión de Derechos Humanos, en sus ámbitos nacional

y local.
Si los derechos humanos fuesen eficaces en su plenitud, las comisiones de los derechos humanos no tendrían razón de ser; sin embargo, el Estado en su afán de tutelar a estos derechos fundamentales implementó un sistema jurisdiccional y, a la par, un sistema no jurisdiccional cubierto por el ombudsman.

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