Jurisprudencia de la provincia de buenos aires






descargar 358.33 Kb.
títuloJurisprudencia de la provincia de buenos aires
página1/9
fecha de publicación04.06.2016
tamaño358.33 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
REVISTA DE DERECHO DE DAÑOS 2010-3

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
JURISPRUDENCIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por Graciela Medina y Carlos García Santas

INDICE
I. Responsabilidad del Estado

1. Lineamientos generales

II. La regulación de la responsabilidad del Estado a través de las normas de Derecho Administativo

III. La regulación de la responsabilidad del Estado a través de las normas del Código Civil

IV. El “dominio” sobre los bienes públicos del Estado. Normativa aplicable

V. Responsabilidad del Estado por error judicial

2. Pautas para determinar la existencia del error judicial

3. Prueba. Carga probatoria.

4. No genera responsabilidad patrimonial

5. error judicial, policial y administrativo

6. La responsabilidad civil de los magistrados.

7. Necesidad de desafuero previo.

VI. Responsabilidad del Estado por error registral

8.Errónea inscripcion de defunción

9.Erróneo certificado de Registro de la Propiedad

VII. Responsabilidad del Estado por falta de servicio

10.Pautas

11. Cómo se configura la falta de servicio estatal?

VIII. Responsabilidad del Estado por actividad lícita

12.Ausencia de normas que regulan la materia

13. Poder de policía de seguridad.

IX. Responsabilidad del Estado por la guarda de menores

X. Responsabilidad de Estado por omisión

14. Normativa aplicable

15. Poder de policia de seguridad. Daño ocasionado por animal

16. Falta de cuidado de detenido

XI. Responsabilidad del Estado por daño ambiental

17. Indemnización

XII. Responsabilidad del Estado por incumplimiento de los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos

XIII. Responsabilidad de Estado por denegación de justicia

XIV. Responsabilidad extracontractual del Estado

18.Responsabilidad médica. Derecho Público.

19. Responsabilidad del Estado por deficiente prestación médica. Pautas para su determinación

XV. Responsabilidad contractual del Estado

20. caso de juegos de apuesta (carrera hípica).

21.Responsabilidad del Estado frente a la del agenciero

22. Responsabiliad por ser propietario del Hipódromo

XVI. Responsabilidad del Municipio

23.Por daño en la vía pública a peatón

24.Por daño en la acera pública

25.Por omitir señalamiento de lugar peligroso en la vía pública

26. Por árbol caído en la vía pública

27. Por secuestro de un depósito de dinero

28. Por defectuosa atención de salud

29. Responsabilidad del municipio y no del estado provincial

XVII. Responsabilidad del Estado provincial

30. Por daños ocasionados por un policía fuera de servicio con un arma reglamentaria

XVIII. Responsabilidad del funcionario público

31.Pautas para determinarlo

32. Normativa: arts. 1112 y 1113 del Cód. Civil

XIX. Ejecución de sentencias contra el Estado

33.embargo

34. Las leyes de consolidación

35. Ley 11.192

36. Ley 11.756

37. Constitucionalidad de la ley 11.756. Deudas municipales

38. La ley 10.235 y 25.973

39. Las leyes 12.727; 12.774 y 13.002

40. La ley 12.836 (con las leyes 13.436 y 13.929).

41. Oportunidad. Opera de pleno derecho

42. Declaración de inconstitucionalidad de la ley 12.836

43. Inaplicabilidad de la ley 12.836.

44. Inaplicabilidad de la ley 12.836 en caso de avanzada edad

45. Ley 12.836. Intereses aplicables

46. La ley 13.073

47. Consolidación de deudas. Fallo C.S.J.N. “Giordano c/ B.C.R.A.”. Finalidad de la ley 23.982.

XX. Centro educativo- Inaplicabilidad del art. 1117 del Cód. Civil

XXI. CUESTIONES PROCESALES.

a) Competencia

48. Responsabilidad del Estado por omisión

49. Competencia federal- FE.ME.SA

50.Competencia por razón de la materia . Medio ambiente

b) Otros supuestos

51- Daños sufridos en la vía pública

52- Daños ocasionados en vivienda por obras municipales

53- Daños por actividad jurisdiccional

54- Daños por inundación en campo por obras de la Dirección Provincial de Hidráulica

55- Por el ejericicio de función administrativa (Plan de Viviendas)

56-Daños por imputación de un delito de acción pública, detención ilegal y torturas por parte de efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario.

57- Daños por vereda en mal estado

58- Daños por palmera que cae sobre automotor

xxxxxxxxxxxxxx

I. Responsabilidad del Estado

  1. Lineamientos generales

Cuando la responsabilidad proviene de hechos lícitos, quien responde no es el agente que provoca materialmente el daño sino quien se sirve de él para llevar a cabo es actividad inherente a la función que tiene asignada. La responsabilidad causada por el hecho lícito debe ser siempre, en principio, institucional. No es el agente que ejecutando un deber legal y siguiendo la manda que hace al cumplimiento de su función ocasiona un daño a un tercero quien debe responder, sino la institución que lo emplea y se vale de él para realizar esa función que le compete. Es así que la responsabilidad del Estado provincial es directa en estos casos, salvo que el agente haya actuado con negligencia y el hecho pueda serle imputado a título de culpa, en cuyo caso él resulta responsable directo (art. 1109 Cód. Civ.) y la Provincia lo es en forma indirecta (arts. 1112 y 1113, párr. 2ø, Cód. Civ.). Este principio de la responsabilidad directa del empleador encuentra formulación en nuestro derecho a través de normas específicas que lo contienen, como son los arts. 2553, 2618, 2627 y 2650 del Código Civil -que imponen la obligación de reparar al margen de las nociones de culpa o ilicitud- de los que se extrae que quien despliega un accionar que la ley autoriza, y por tanto lícito, debe no obstante indemnizar los perjuicios que con él cause a terceros, a la par que no es el ejecutor material del hecho sino quien lo manda ejecutar el que está obligado a reparar el daño. Así, no son los obreros que cavan en busca de un tesoro, ni los que operan las calderas, máquinas o artefactos que producen inmisión en la casa vecina, ni los albañiles que montan los andamios en la finca lindera, ni los operarios que realizan las obras que hacen surgir las aguas que se vierten sobre el fundo ajeno quienes responden por el daño causado, sino el dueño de la obra o del establecimiento. Ello revela que no es el ejecutor material del hecho sino aquél por cuya cuenta y orden se ejecuta, quien está obligado a resarcir el daño que se cause con ese accionar legítimo.

cc0002 SM 58752 RSD-406-6 S 28-12-2006 Arrúa González, Edilberta c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios B2003657

Para que se genere la responsabilidad estatal por abstención los presupuestos son los mismos derivaos del régimen general. Como en toda pretensión indemnizatoria que involucre una reparación de daños y perjuicios no puede estar ausente el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia estatal. Así el Estado resultará civilmente responsable siempre que se acredite una relación causal entre el incumplimiento de su obligado y el daño producido.

SCBA, 11/4/2007, Acuña, Luis E. c/Rosano Mariano s/ds. Y ps., en Lexis Nexis Buenos Aires n° 12 /2007, p. 1402.



  1. La regulación de la responsabilidad del Estado a través de las normas de Derecho Administativo

La acción se encamina a hacer efectiva la responsabilidad estatal, cuestión que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público, conclusión que no varía por el hecho de que deba acudirse, para su solución, al método de integración analógica. Está expresamente previsto en el código de la materia que esta clase de asuntos corresponde a los tribunales contencioso administrativos aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado (art. 2 inc. 4, ley 12.008 -texto según ley 13-.101-).

SCBA, B 69016 I 3-10-2007: N.,A. c/ P.,d. s/ Daños y perjuicios. Pretensión indemnizatoria. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1, ley 12.008 B94393
III. La regulación de la responsabilidad del Estado a través de las normas del Código Civil

IV. El “dominio” sobre los bienes públicos del Estado. Normativa aplicable

Cabe apuntalar que conforme al inc. 7º del art. 2340 del C.Civil, son bienes públicos del Estado, las calles, plazas, caminos, puentes y cualquiera otras obras públicas, construidas para utilidad o comodidad común. Y tal dominio es materia propia del derecho administrativo, no pudiendo confundirse con el derecho real perfilado por el art. 2506. El Estado carece de las atribuciones que son naturales en el derecho civil de dominio, y ello precisamente porque lo que caracteriza a bienes públicos como el de litis es un destino de aprovechamiento y goce directo e irrestricto por los individuos de la sociedad, general e indiscriminadamente. Están fuera del comercio, son inalienables e imprescriptibles (arg. art. 3951 del C.Civil), y el Estado es apenas su administrador, careciendo de los atributos esenciales de un propietario, sin poder excluirlos a su arbitrio de las indicadas utilidad o comodidad común, que son su fundamento. Lo que lleva a concluir que, siendo la municipalidad –sin duda- guardián de la cosa (el árbol) por cuyo vicio o riesgo sobrevino el daño, no pesa sobre el estado provincial responsabilidad fundada en el art. 1113 del C.Civil, ya que su condición no es la del “dueño” que dicha norma previó.

Causa 71.146 del 22-6-2004 RSD: 148/04 “Torello c/ M.S.I. s/ ds. y ps.” ID: 3310

V. Responsabilidad del Estado por error judicial

  1. Pautas para determinar la existencia del error judicial

El error judicial consiste en la decisión emitida por un magistrado en un proceso, que se revela gravemente incongruente, desacertada, equívoca o inicua. El error judicial puede ser el producto de la culpa o del dolo del magistrado (dolo judicial, o error judicial gravemente inexcusable) que lo responsabilice criminal o civilmente (arg. Art.515 inc.4 in fine del Código Civil), o ser el producto de un acto de juzgamiento hecho sin infracción que no haga al magistrado pasible de responsabilidad alguna. Por su parte, la responsabilidad estatal frente al damnificado puede existir independientemente de la ausencia de responsabilidad del magistrado, fundándose ella en razones vinculadas al Estado de Derecho y la garantía de igualdad frente a las cargas públicas. El error en tales términos debe ser verificado por un pronunciamiento anterior mediante el cual se determinen la naturaleza y gravedad del yerro, y se deje sin efecto el acto.

Causa 96.855 del 21-5-2009 RSD: 41/09 “Ramos c/ Pcia. Bs. As. S/ ds. Y ps.” orden: Soláns-Krause ID: 4803
En consideración a esas decisiones administrativas dictadas en ese ámbito correctivo << y>>  disciplinario, donde se analizaran las actuaciones de funcionarios que llevaban a cabo procederes irregulares en ese proceso penal << y>>  la posterior decisión anulatoria del acta de declaración de los imputados aquí actores, lo cual como se refiere en el pronunciamiento de esa causa penal de la Excma. Cámara de Garantías es un “trámite” del cual dependen entre otros “tanto medulares cual la elevación a juicio como incidentales, ni más ni menos que la cautelar de prisión” cabe precisar que evidentemente se está en presencia de un << error judicial>>  pues ha mediado un comportamiento irregular, un acto << judicial>>  que se aparta del “oficio” o la regularidad.

CC0203 LP 110657 RSD-70-9 S 19-5-2009, "A., A. D. << Y>>  OTRO/A C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ DAÑOS << Y>>  PERJ. ESTADO (EJERC. PROF. FUNCIO)" (causa 110.657) B355148

Cabe precisar de igual modo que si bien en definitiva << y>>  mediante la decisión de la Alzada Penal << y>>  en base a los recursos planteados por los aquí actores ha mediado la superación o subsanación de los << errores>>  antes descriptos, lo cierto es que en el supuesto como se verá aún con la corrección posterior en la instancia superior, se ocasionaron perjuicios valorables en el curso mismo de ese trámite, necesario para la subsanación. Es decir que conforme a lo aquí actuado a la prueba rendida << y>>  a la actitud procesal que ha guardado el Fisco Provincial ante esta Alzada ha quedado establecido, como se verá, que efectivamente quienes estaban involucrados en ese trámite “fueron dañados” << y>>  por tanto deben ser indemnizados (arts. 260, 261 del C.P.C.C; 1068, 1069, 1070, 1112 del C. Civil).

CC0203 LP 110657 RSD-70-9 S 19-5-2009, "A., A. D. << Y>>  OTRO/A C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ DAÑOS << Y>>  PERJ. ESTADO (EJERC. PROF. FUNCIO)" (causa 110.657) B355148

En los aspectos cabe valorar que el Estado solo puede ser responsabilizado por << error judicial>>  en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo << y>>  dejado sin efecto, como aquí ocurrió respecto a la “orden de detención” dispuesta a fs. 158/160 por el Agente Fiscal interviniente de acuerdo a la citada resolución de la Excma. Cámara Penal << y>>  la elevación de las actuaciones a juicio << y>>  “otros medulares”, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostentaban esos pronunciamientos impedía juzgar que había << error>>  ya que lo contrario importaría un atentado contra el orden social << y>>  la seguridad jurídica << y>>  la acción de daños << y>>  perjuicios se constituiría en un recurso contra el procedimiento firme, no previsto ni admitido por la ley.

CC0203 LP 110657 RSD-70-9 S 19-5-2009, "A., A. D. << Y>>  OTRO/A C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ DAÑOS << Y>>  PERJ. ESTADO (EJERC. PROF. FUNCIO)" (causa 110.657) B355148

Si bien es cierto que para la habilitación de reclamos indemnizatorios fundamentados en << errores judiciales>>  se requiere la remoción previa de la cosa juzgada << y>>  que el instituto cautelar de la prisión preventiva, -no efectivizada materialmente en el supuesto por eximición de prisión requerida por los actores- no siempre tiene aptitud para alcanzar ese efecto cuando resulta posteriormente absuelto el detenido, lo cierto es que la posibilidad resarcitoria queda abierta cuando en el procedimiento apropiado –las instancias penales- se demuestra la ilegitimidad del mismo, lo que se da cuando se revela incuestionadamente infundado o arbitrario, es decir que medió carencia de sustento lógico en las constancias de la causa para el dictado de esa cautelar, teniendo en cuenta que en general para ese dictado no es necesario una prueba concluyente de la comisión del delito sino solamente la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso.
Cabe valorar entonces que se ha destacado en el fallo de la Cámara Penal que se viene citando, que “la documental no exhibida” resultó esencial porque ello significó que en definitiva no se cumpla con la declaración del imputado que prevé la norma del artículo 308 del C.P.P., trámite del cual dependen, como antes se dijo, la elevación a juicio << y>>  la cautelar de prisión.

CC0203 LP 110657 RSD-70-9 S 19-5-2009, "A., A. D. << Y>>  OTRO/A C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ DAÑOS << Y>>  PERJ. ESTADO (EJERC. PROF. FUNCIO)" (causa 110.657) B355148
si bien en una comunidad jurídicamente organizada todos sus componentes tienen el deber o carga genérica de someterse a las decisiones que se adopten en los procesos jurisdiccionales, lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados por una sentencia desfavorable << y>>  este deber se concreta, muchas veces, en el sacrificio que tiene que aceptar todo particular, sin indemnización, de soportar los daños que le provoca el sometimiento al proceso, hasta tanto obtenga una sentencia que haga lugar a su pretensión; lo cierto es que ello constituye un principio general del derecho cuyo fundamento reposa en la justicia legal o general, que es la especie de la justicia que establece deberes de las partes con el todo social. Pero existen límites que, de superarse, generan la responsabilidad estatal por << error judicial>>  dado que cuando se configura una actividad << judicial>>  irregular, renace el deber de reparación, ya que la especialidad e intensidad del sacrificio justifica que el particular no deba soportar exclusivamente el daño en tales casos.
Debe puntualizarse en esos aspectos, que no solo es posible admitir que generan derecho a indemnización el << error judicial>>  o la falta de servicio de justicia, cuando hay privación de libertad, sino que aunque ello no ocurra << y>>  se acrediten otros órdenes de perjuicios con trascendencia valorable derivados de injustas prolongaciones de la medida de detención que se logra superar mediante la eximición de la misma << y>>  tiene su origen en ostensible e inexcusable << error judicial>>  o la falta de servicio, ello se viabiliza, pues existiendo daño injusto originado en esos procederes, acreditado el mismo debe repararse (arts. 43, 1112, 1113, 1068, 1069, 1078 del C. Civil).

Si bien los accionantes fueron procesados y ordenada su detención ello no se concretó en razón de la eximición de prisión que promovieron. Es que si bien la imputación de delitos y el avance de una causa penal produce el descrédito y la aflicción del honor y estima propios, no se ha expuesto ni probado que más allá del círculo de intimidad o cercanía profesional la misma haya trascendido a medios públicos de difusión con lo cual esa aflicción se hubiera acrecentado aún más. Por otro lado, si bien por la condición de ser abogados los mencionados están en juego en forma especial la significación de su honra pública, y es evidente que debió afectarlos el indebido trámite en sus desempeños diarios, no puede perderse de vista que el propio conocimiento de la sinrazón de la tramitación ha debido de algún modo morigerar sus afeblecidos espíritus

CC0203 LP 110657 RSD-70-9 S 19-5-2009, "A., A. D. << Y>>  OTRO/A C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ DAÑOS << Y>>  PERJ. ESTADO (EJERC. PROF. FUNCIO)" (causa 110.657) B355148


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconJurisprudencia de la provincia de buenos aires

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconJurisprudencia de la provincia de buenos aires

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconResponsabilidad penal influencia sobre la responsabilidad civil:...

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires icon"defensor del pueblo de la provincia de buenos aires c/ sindicato...

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconProvincia de buenos aires

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconProvincia de buenos aires

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconProvincia de buenos aires

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconProvincia de buenos aires

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconProvincia de buenos aires

Jurisprudencia de la provincia de buenos aires iconEl gobernador de la provincia de buenos aires






© 2015
contactos
ley.exam-10.com