Derecho de las victimas por falta disciplinaria que desconoce el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario






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III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo”, contenida en el inciso primero del artículo 126 de la Ley 734 de 2002, por los cargos formulados, en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.



HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Presidente





JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado




MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado


RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado





MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado



MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado


NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada



MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General




1 Sentencia C-014 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño

2 Ibìdem

3 Sentencias C-554 de 2001, MP Clara Inés Vargas Hernández y C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia del 31 de enero de 2006 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia

5 C-587 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón.

6 C-370 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

7 Entre otras, Sentencia C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Al respecto resulta también ilustrativo el que en el juicio de ponderación empleado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán , al condenar a los centinelas del Muro de Berlín por los homicidios cometidos al amparo de las normas vigentes para la época de los hechos en la República Democrática Alemana, contra quienes intentaban cruzar la frontera, se concluyó que cuando se trata de una norma, justificatoria de una conducta que agrede derechos humanos, extremada, insoportable y evidentemente injusta, ella carece de validez jurídica desde su expedición por lo cual su no aplicación a un caso concreto no puede considerarse como violación de los principios de favorabilidad e irretroactividad en materia penal, y en tales casos el valor de la seguridad jurídica debe ceder ante el de la justicia. Alexi Robert, “Derecho Injusto, Retroactividad y Principio de Legalidad Penal. La doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del Muro de Berlín”. Revista Doxa Nº 23 año 2000.

8 La expresión delicta iuris gentium fue acuñada en el juicio contra Adolph Eichmann por la Corte de Israel al señalar la necesidad de contar con una jurisdicción universal para juzgar crímenes atroces en los siguientes términos: “Los crímenes atroces se definen como tales tanto en el derecho de Israel como en el de otras naciones. Aquellos crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones constituyen “delicta iuris gentium”. Por lo tanto, el derecho internacional antes que limitar o negar la jurisdicción de los Estados con respecto a tales crímenes, y en ausencia de una corte internacional para juzgarlos, requiere que los órganos legislativos y judiciales de cada Estado creen las condiciones para llevar a estos criminales a juicio. La jurisdicción sobre estos crímenes es universal” (Traducción no oficial). En Cr.C (Jm) 40/61, The State of Israel v. Eichmann, 1961, 45 P.M.3, part. II, para. 12, citado por Brown, Bartram. The Evolving Concept of Universal Jurisdiction. En New England Law Review, Vol 35:2, página 384. Ver también http://www.nizkor.org/hweb/people/eichmann-adolph/transcripts/judgement-002/html. El término “core” fue adicionado posteriormente para referirse al conjunto de crímenes que como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra más graves son objeto de jurisdicción universal por los Estados, independientemente de la nacionalidad del autor o de las víctimas y del lugar en donde fueron cometidos, incluidos la piratería, la esclavitud, la tortura y el apartheid. El Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre algunos de esos crímenes.

9 Sentencia C-578 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

10Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe 1/96. Caso 10.559, marzo 1 de 1996.

11 Huhle , Rainer “De Nuremberg a la Haya: Los Crímenes de derechos humanos ante la justicia. Problemas, avances y perspectivas a los 60 años del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg”, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Revista Análisis Político v.18 n.55 Bogotá noviembre. De 2005 Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 4 de julio de 2007 Caso Escué Zapata Vs. Colombia

13 C-587 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón.

14 Sentencia T-227 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett

15 Sentencias C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-014 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-370 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

16 En la Sentencia C-412/93, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte vinculó expresamente estos derechos con el carácter participativo de nuestro sistema democrático. En tal ocasión sostuvo: “las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa”. Por su parte, en la C-228/02 dijo al respecto: “En un Estado social de derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Así, el numeral 4 del artículo 250 Superior, señala que el Fiscal General de la Nación debe ‘velar por la protección de las víctimas’.”

17 A su vez, en otras ocasiones ha resaltado la relación que tales derechos pueden tener con ciertos derechos fundamentales de las víctimas y de los perjudicados. Relacionando tal participación con el derecho al buen nombre y a la honra ver la Sentencia T-275/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

18 Ver entre otras C-587 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón, C-875 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-580 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-228 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-370 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

19 C-014 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño

20Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vásquez Velásquez vs Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988

21 C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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