Derecho de las victimas por falta disciplinaria que desconoce el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario






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2.2. Los derechos de las víctimas y el deber de protección
Es indiscutible que “El constituyente dio la más alta fuerza normativa a una concepción ética del ejercicio del poder, según la cual, nada está por encima del respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni siquiera en los Estados de excepción”5, y que los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario constituyen criterios hermenéuticos esenciales para determinar el contenido propio tanto de otras cláusulas constitucionales más particulares, como de las normas infraconstitucionales.
Desde esta perspectiva la tarea de la Corte es la de justificar y preservar la legitimidad de las decisiones adoptadas por las mayorías en el contexto axiológico de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que ocupan un lugar preferente, aún para esas mayorías cuya voluntad no debe ser ajena a criterios éticos, y conforman un mínimo necesario para proteger la prevalencia, sobre las decisiones políticas, de la dignidad humana entendida a la luz de la convicción jurídica común a la comunidad internacional que tales tratados recogen, que en una democracia constitucional merece extraordinario respeto y no puede ser menoscabado, vulnerado o sacrificado, no debe ser sometido a regateos políticos o de otra índole, y no admite formas mejores o peores, buenas o malas de transgresión por plausibles que puedan parecer coyunturalmente los fines que las animan, so pena de que el contenido de tales acciones tenga finalmente un efecto pernicioso en las libertades y en los fundamentos mismos de la democracia, pues los mismos constituyen “el límite al poder de configuración del congreso, de gestión del gobierno y de interpretación judicial6”. Lo anterior no obsta para que el alcance de los derechos humanos pueda estar condicionado en caso de que exista una contraposición inaceptable desde el punto de vista de la justicia material entre la norma legal que se invoca como justificatoria de una conducta Estatal y el resultado que de ella se deriva7.
Lo anterior implica que aún en los casos en que exista una norma que justifique la actuación o la amplitud de la discrecionalidad otorgada a la autoridad estatal, si el resultado de la misma es inaceptable desde el punto de vista de la justicia material y los Derechos Humanos tal actuación debe ser censurada, pues el sometimiento de las autoridades a la Constitución y a la ley y la primacía de aquella sobre ésta exigen conformar su quehacer a los postulados normativos infraconstitucionales interpretándolos a la luz de los preceptos Superiores y no a la inversa. Al respecto, la Corte Constitucional destacó que Otro de los aspectos sobresalientes de la construcción del consenso de la comunidad internacional para la protección de los valores de la dignidad humana y de repudio a la barbarie, es el reconocimiento de un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario como crímenes internacionales, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones por constituir un core delicta iuris gentium, es decir, el cuerpo fundamental de “graves crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones’89, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “…los Estados no están autorizados a restringir estos derechos, aun invocando la existencia de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida del Estado o de la comunidad nacional10.
En los eventos que atañen a los derechos humanos, tales decisiones no tienen un carácter meramente filosófico sino que de hecho apuntan a resolver problemas reales que enfrentan la sociedad y sus miembros, en tanto el contenido que se de a tales derechos les afecta, define las posibilidades de convivencia social y sustenta la legitimidad de las autoridades. "’El delincuente es llevado a la corte penal, no porque ha dañado a determinadas personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito pone en peligro la comunidad como entidad entera,’ anotó Hannah Arendt en relación al proceso de Nuremberg”11.
El deber de garantía de la vigencia y efectividad de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario impone al Estado una exigencia indeclinable de carácter positivo que le obliga a adoptar e implementar utilizando hasta el màximo y con extrema diligencia sus posibilidades las políticas, acciones o medidas encaminadas a lograr la primacia de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y constitucionales y una de carácter negativo que le obliga a abstenerse de adelanta, o ejecutar políticas, acciones o medidas regresivos en materia de derechos humanos o que signifiquen una carga cuya onerosidad para quien la sufre carezca de toda justificaciòn desde la perspectiva de la dignidad humana. Se demanda entonces del Estado y todas sus autoridades una inquebrantable, infatigable y seria atención a su cuidado, deber cuyo cumplimiento ¨no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole 12(Artículos 93 y 9 C.N).
El Estado social de derecho que es un Estado Constitucional y respetuoso del consenso de la comunidad internacional en torno al valor de la dignidad humana y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que lo recogen se centra entonces en el reconocimiento de esa dignidad y su protección “atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad y no del individuo abstracto”, de manera que los derechos fundamentales “Conforman lo que se puede denominar el orden público constitucional…”13.
Esa dignidad del hombre ha constituido el eje de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de derechos humanos y libertades fundamentales, en tanto “valor central del sistema y principio de principios” perspectiva desde la cual se considera fundamental “ todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica)”14.
En relación con las víctimas de conductas que implican violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el alcance de sus derechos precisado por la jurisprudencia nacional e internacional comporta un derecho de participación efectiva15 para lograr la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de esos hechos, pues no puede considerarse que el interés de las víctimas se reduce al meramente patrimonial.
Un recuento jurisprudencial permite concluir que tales derechos se desprenden del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.), del derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12), así como de la obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Estos valores y principios constitucionales que fundamentan estos derechos, tienen además una estrecha relación con el derecho de acceso a la verdad, el carácter participativo del Estado,16 y con los derechos fundamentales ,17 y la dignidad humana que le dan una dimensión objetiva a los mismos, por lo cual el interés de las víctimas y de los perjudicados en participar dentro de los procesos conducidos por el Estado relacionados con conductas que vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario trasciende necesariamente el aspecto meramente subjetivo e individual para proyectar a la sociedad entera el interés en conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables de de esas conductas, y cuya intervención en esos procesos se realiza precisamente a través de ellas, dado que, como también lo ha sostenido, la sociedad civil en estos casos puede estar representada por cualquier ciudadano.18
Planteada así la cuestión, las víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, en tanto encarnan bienes jurídicos que también buscan ser protegidos por el derecho disciplinario como la dignidad humana, los fines del Estado, la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, tienen un legítimo derecho a que en el proceso disciplinario se establezca la verdad y se concrete la justicia en ese ámbito, derecho que conlleva el deber del Estado de investigar y sancionar esa conducta lesiva de la dignidad humana cuya restitución y afirmación ha de alcanzarse en el marco de los diferentes espacios en que se hace justicia entre los cuales esta el derecho disciplinario. “Es decir, en tales eventos, las víctimas tienen un derecho a la verdad y a la justicia disciplinarias pues la afirmación de su dignidad, el reconocimiento y realización de sus derechos y, por esa vía, la promoción de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, no se circunscriben únicamente al ejercicio del poder punitivo del Estado sino que se extiende a todas las esferas de la vida pública y privada y, desde luego, también al ejercicio de la potestad estatal disciplinaria”19.
3. El caso concreto
Para que la primacía de los derechos humanos sea posible a la luz de la dignidad humana como valor central y principio de principios es necesario que su consideración permee tanto las decisiones judiciales como la actividad de todos los servidores públicos y a ello no puede ser ajeno al poder sancionatorio del Estado en materia disciplinaria.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puntualizó:
es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención”20.(Negrilla fuera del texto)
En el caso se observa que las faltas disciplinarias gravísimas consagradas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, implican vulneraciones a los derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario que demandan protección especial a las víctimas de los mismos:
5. Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o social:

a. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

b. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

c. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

d. Traslado por la fuerza de miembros del grupo a otro.

6. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, la muerte de uno o varios de sus miembros.

7. Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario.

8. Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley.
9. Infligir a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación.

10. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia.

11. Ocasionar la muerte en forma deliberada, por causa de sus opiniones o actividades políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma.

12.   Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.

13.   Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias.

14.   Privar ilegalmente de la libertad a una persona.

15.   Retardar injustificadamente la conducción de persona capturada, detenida o condenada, al lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro del término legal.

16.   Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.
En estas hipótesis, el fundamento del reproche disciplinario sigue siendo la infracción del deber funcional del servidor público o del particular que desempeña funciones públicas, pero dado que con ellas se lesionan derechos humanos como los consagrados en los artículos 4, 5 7 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el titular de estos adquiere una situación especial respecto de cualquier ciudadano interesado en el ejercicio del control disciplinario y la protección del ejercicio legítimo de la autoridad dentro del Estado de derecho, pues tales conductas a la luz de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos son, como se dijo, ilícitas.
No es posible desconocer que, sin excepción, todos los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas destinatarios de la ley 734 de 2002 tienen el deber de proteger la vida, derechos y libertades de las personas residentes en Colombia (art. 2º C.P.), entre los cuales se encuentran los derechos humanos y aquellos derivados del Derecho Internacional Humanitario que ocupan un lugar privilegiado, lo cual les convierte en garantes y por tanto responsables del goce efectivo de tales bienes jurídicos, posición que conlleva inexorablemente el deber prioritario, específico, permanente y erga omnes de considerarlos, respetarlos, garantizar su pleno y libre ejercicio y preservar su eficacia, en cualquier circunstancia, por todos los medios a su alcance, cualquiera sea la naturaleza de las funciones legales o constitucionales que ejerzan y del manejo de las relaciones interestatales. Por tanto, la limitación de la posibilidad de acudir a la justicia disciplinaria en los casos en que la conducta pueda encuadrarse en una de las faltas que impliquen, por acción o por omisión, un atentado contra los derechos humanos o el DIH resulta contraria al jus cogens, a la obligación que tiene el Estado ante a la comunidad internacional en su conjunto y frente a la humanidad entera que se convierte en víctima con la violación de los derechos de cualquier ser humano, de investigar y sancionar por todos los medios a su alcance, incluyendo los relativos al derecho penal y disciplinario, tales actos u omisiones máxime cuando se pueden hallarse involucrados servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas, y a los principios y valores consagrados en la Constitución Política que nos definen como un Estado de derecho y una sociedad democrática.
Diferenciar entre el carácter grave o leve, penal , civil, administrativo o disciplinario, de una conducta que envuelva una violación de derechos fundamentales o Derecho Internacional Humanitario no puede tener un fundamento válido a la luz de éstos o de la Constitución Política, so pena de sacrificar unos y otros a la discrecionalidad de las autoridades, erosionar la efectividad de la protección de esos derechos prevista en los estatutos jurídicos nacionales e internacionales y crear un caldo de cultivo propicio a la repetición de esas conductas, por lo cual no resulta posible determinar su alcance en función de una visión centrada en la seguridad jurídica, la cosa juzgada o el principio de non bis in idem, como tampoco en la naturaleza administrativa del proceso disciplinario, la finalidad del mismo consistente en evaluar la conducta oficial de los servidores públicos en el cumplimiento de su función, o la imposibilidad de alcanzar por este medio una reparación patrimonial, o el interés de la administración de ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente como lo manifiestan algunos intervinientes.
En materia de faltas de servidores públicos y de particulares que cumplen funciones públicas que impliquen violación de los derechos humanos o el DIH todas aquellas medidas de orden interno destinadas a investigarlas y sancionarlas constituyen una obligación estatal que solo concluye cuando tales deberes han sido eficazmente cumplidos y hacen parte de las garantías de los derechos a la verdad como parte esencial de la reparación, a la justicia y a la no repetición que constituyen derechos de las víctimas, y en cuyo respeto esta interesada la sociedad entera y cada uno de sus miembros, como que son condición de su existencia.
Puestas así las cosas es claro que la protección de los derechos de las víctimas no puede estar sujeta a una limitación que pueda hacer nugatorio su ejercicio, especialmente cuando en la vulneración de sus derechos está involucrado un servidor público, ni puede ser el transcurso del tiempo una razón válida para impedir a las víctimas el derecho a la defensa y protección frente a faltas tales como las señaladas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por lo cual tampoco resulta razonable el límite impuesto a ellas por la norma demandada para solicitar la revocatoria directa, máxime si se considera que, como lo ha señalado esta Corporación las limitaciones a los derechos constitucionales de las víctimas y perjudicados por conductas lesivas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, constituyen un ámbito en donde la libertad del Legislador es restringida21.
No obstante, es evidente, como bien lo señala el Ministerio Público que: i) el parágrafo del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, no puede interpretarse en el sentido pretendido por el actor sino en el marco de la regulación disciplinaria; ii) no es posible aplicar todos los criterios del derecho penal al derecho disciplinario; iii) la factibilidad de que las víctimas y perjudicados soliciten la revocatoria directa de fallos absolutorios o con sanciones mínimas respecto de la conducta ha de armonizarse con la escogencia del legislador en materia de prescripción.
Por otra parte, habiendo sido legitimadas las víctimas o perjudicados para participar en el proceso disciplinario con todas las facultades de los sujetos procesales, es en ese campo donde deben defender su interés utilizando las herramientas que les otorga el mismo procedimiento. Sin embargo, no siempre las víctimas están en condiciones de conocer la existencia de tales procesos para ejercer sus facultades como sujetos procesales, por lo cual el deber del Estado de garantizar sus derechos impone condicionar la exequibilidad del aparte demandado en el sentido planteado por la vista fiscal.

En consecuencia la Corte declarará la exequibilidad condicionada de la norma en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria.
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