Derecho de las victimas por falta disciplinaria que desconoce el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario






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4.2. Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio del Interior y de Justicia solicita se declare la exequibilidad de la norma acusada.
4.2.1. Considera que dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite que se estructure un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, el derecho del servidor público a no permanecer sub judice y el interés de las autoridades en el término de las investigaciones que adelanta. A su juicio, resultaría contrario al principio de seguridad jurídica dejar abierta y sin límite la función sancionatoria y punitiva del Estado, sin que de manera cierta los efectos de cosa juzgada se concreten definitivamente.
4.2.2. Recuerda que la Corte Constitucional ya protegió los derechos de las víctimas y perjudicados en el proceso disciplinario, legitimándolos para participar en el en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos.
4.2.3. Observa que el actor formula la acción de inconstitucionalidad sin tener en cuenta que debió haber integrado proposición jurídica completa, vinculando a la demanda, no sólo el artículo acusado sino, además, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, debido a la evidente conexidad reglada que existe entre ambos.
4.2.4. Añade que la norma acusada no debe ser entendida como si el término de prescripción de actos atentatorios del derecho Internacional Humanitario, que configuran faltas disciplinarias gravísimas, convierta en prescriptibles esos atentados.
4.2.5. Destaca finalmente que del parágrafo del artículo 30 de la 734 de 2002 establece un término de prescripción más amplio para aquellas conductas reprimidas por el Derecho Internacional Humanitario, constitutivas simultáneamente de falta disciplinaria.
4.3. Ministerio de Relaciones Exteriores
El apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a las pretensiones del actor, por considerar que la norma se ajusta a la Constitución Política.
4.3.1. Comienza por afirmar que la falta disciplinaría se configura porque se infringen deberes funcionales y el delito porque se vulneran bienes jurídicos. En aquél se constata la ilicitud frente al deber funcional y en el segundo (penal) en la vulneración o puesta en peligro del bien jurídico. Por lo anterior es que el Estatuto Disciplinario tiene señalado términos, entre otros, uno específico para la prescripción de las acciones disciplinarias, dando la oportunidad de que el investigado renuncie para que la acción pueda proseguir la acción hasta por dos años (art. 30 Ley 734 de 2.002); de la misma manera ha señalado un término de prescripción de la sanción disciplinaria (art. 32 Ley 734 de 2.002) dando un término específico a partir de la ejecutoria del fallo.
4.3.2. Destaca que "la revocatoria directa de los fallos disciplinarios", se encuentra consagrada en forma específica en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2.002, régimen entre cuyas características destaca que procede contra fallos sancionatorios y no contra fallos absolutorios, la autoridad disciplinaria puede disponerla por sí misma o a petición de persona en quien recayó la sanción, el competente para pronunciar el fallo es quien lo profirió o su superior jerárquico, las causales son la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y al vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales; existe un presupuesto de procedibilidad que consiste en que contra el fallo no se hubieren interpuesto los recursos ordinarios; la solicitud se puede hacer aún cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contenciosa, hay unos requisitos de forma o de contenido del escrito de solicitud expresamente señalados y unos términos entre el que se encuentra el de los cinco años señalado como aparte acusado en la demanda de inexequibilidad.
Recuerda que en la Sentencia C-014 / 04 la se refirió ampliamente a todas las eventualidades en que se solicite "la revocatoria directa de los fallos disciplinarios", y que lo en ella señalado conduce a concluir que el aparte demandado no vulnera el Ordenamiento Superior.
Señala la importancia de tomar en cuenta que la regulación constitucional del poder disciplinario, es distinta a la regulación constitucional de otros ámbitos como el poder penal del Estado y el aparte del artículo acusado del artículo 126 de la Ley 274 de 2.002, se refiere a los requisitos que deberá observar el peticionario referido en el artículo 125.
4.4. Departamento Administrativo de la Función Pública
El Departamento Administrativo de la Función Pública intervino a través de apoderado para solicitar que se desestimen los cargos presentados contra la norma parcialmente acusada y, en su lugar, se declare la constitucionalidad del inciso 1° (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002.
4.4.1. Comenzó por señalar la naturaleza del proceso disciplinario consistente en evaluar la conducta oficial de los servidores públicos en el cumplimiento de su función, al tiempo que advirtió que en el mismo los quejosos no pueden intentar u obtener el reconocimiento del derecho a la reparación pues ésta aspiración indemnizatoria no está ligada a la infracción del deber funcional que vincula al sujeto disciplinable con el Estado.
4.4.2. Agregó que la acción disciplinaria es autónoma e independiente de cualquiera otra acción que pueda surgir de la comisión de una falta, que el principio de segundad jurídica garantiza el valor de cosa juzgada que tiene el fallo disciplinario, que se enfatiza en el hecho de que al Estado no le es dable desconocer los efectos vinculantes de sus decisiones disciplinarias.
4.4.3. Observó que las faltas disciplinarias constitutivas de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario comportan necesariamente la violación de derechos fundamentales que se encuentran protegidos a través de otros mecanismos judiciales nacionales e internacionales de innegable eficacia, tal situación hace que la disposición parcialmente acusada resulte compatible con nuestra Carta Política dada su naturaleza administrativa.
5. Concepto del Procurador General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación, en concepto número 4480 de febrero de 2008, solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad condicionada del inciso primero del artículo 126 de la ley 734 de 2002, bajo el entendido que el término de cinco años de la revocatoria directa, cuando la víctima no haya sido sujeto procesal, empieza a contarse una vez enterada del mismo, y, obviamente, cuando el fallo esté ejecutoriado.
5.1. La vista fiscal inicia su intervención haciendo un breve recuento del procedimiento para la revocatoria directa de los fallos disciplinarios, que en términos generales, resumidos en la sentencia C-014 de 2004, son los siguientes:
- La revocatoria procede contra fallos sancionatorios y conforme a la sentencia C-014 de 2004 también contra los fallos absolutorios cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

 

- Hay lugar a ella de oficio o a petición del sancionado o de la víctima.  Es decir, la autoridad disciplinaria puede disponerla por sí misma o a petición de la persona en quien recayó la sanción o a solicitud de la víctima en los eventos de violaciones al DIDH y DIH. 

 

- El competente para revocar un fallo es el funcionario que lo profirió, su superior jerárquico o el Procurador General de la Nación.  Este funcionario puede asumir directamente el conocimiento de una petición de revocatoria.
-Las causales para la revocatoria de un fallo sancionatorio son la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales y, conforme a la sentencia C-014 de 2004, el artículo 124 de la Ley 734 de 2002, cuando se trate de conductas que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
-Existe un presupuesto de procedibilidad consistente en que contra el fallo no se hubieren interpuesto los recursos ordinarios.

 

- La solicitud de revocatoria puede hacerse aun cuando el sancionado hubiere acudido a la jurisdicción contenciosa, pero siempre que no se haya dictado sentencia.  Si en el proceso se ha proferido sentencia, la revocatoria puede solicitarse por causa distinta a la que dio origen a la decisión judicial.

 

-Los requisitos para solicitar la revocatoria son la identificación del investigado y su dirección, la identificación del fallo y la sustentación de los motivos de inconformidad relacionados con la causal invocada.

 

-La solicitud que no cumpla con tales requisitos se inadmite y si no se corrige dentro de los cinco días siguientes, se rechaza.
-El término para resolver la solicitud de revocatoria directa es de tres meses a partir de su recibo.
-La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el ejercicio de acciones contencioso administrativas, no dan lugar a interponer recurso alguno y no permiten la aplicación del silencio administrativo”.
5.2. Expone que el ius puniendi, tiene distintas variantes y matices, cuyo fundamento básico es el principio de legalidad, que es el límite y parámetro que impide al mismo Estado desbordar dicha facultad, evitando la arbitrariedad y por ende la vulneración de los derechos constitucionales, y señala que si bien, el derecho disciplinario hace parte del ius puniendi y se ha nutrido de los principios del derecho penal, no es posible transpolar la totalidad de las reglas de éste al ámbito disciplinario, pues desconocería, además, el carácter autónomo que tiene.

5.3. Manifiesta que el estatuto disciplinario en el parágrafo del artículo 30 señala que los términos prescriptivos previstos en el mismo quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que ratifique y por lo tanto el término de prescripción a que alude el demandante en relación con la solicitud de revocatoria directa, se debe ajustar a lo establecido en los tratados internacionales invocados, sin embargo, considera la Procuraduría General de la Nación que “la debida interpretación de las citadas disposiciones legales, consiste en que, en primera instancia, se debe recurrir a las normas que regulan los términos de prescripción establecidos en el estatuto disciplinario y en el evento que existan tratados internacionales suscritos por Colombia que se ocupen del tema, sin duda se debe acudir al bloque de constitucionalidad para la interpretación de las normas internas”.
5.4. Subraya que no es razonable que se solicite la inconstitucionalidad del término para presentar la revocatoria directa por parte de las víctimas cuando la prescripción de algunas de esas conductas, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, en el inciso segundo del artículo 30, es de 12 años, lo cual implicaría que mientras la persecución de la conducta sólo se podría llevar a cabo dentro de ese lapso a partir de la ocurrencia de la misma, la solicitud de la revocatoria directa sería indeterminada, aspecto que no considera admisible dentro de la concepción del derecho disciplinario y los objetivos que persigue.
No obstante, resalta la especial condición de las víctimas en el derecho disciplinario que las legitima para, como lo estableció la Corte en la sentencia C-014 de 2004 “intervenir en el en calidad de sujetos procesales, para que se reconozcan y realicen sus derechos al esclarecimiento y conocimiento de la verdad y a la realización de la justicia disciplinaria.  Por ello, su exclusión como sujetos procesales en la actuación disciplinaria y la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables:  Constituyen, entre otras cosas, limitaciones arbitrarias de los derechos a la verdad y a la justicia que les asisten a la víctima o a los perjudicados con una falta disciplinaria gravísima, potencialmente lesiva de derechos fundamentales.”
5.5. Lo anterior sirve como fundamento al Ministerio Publico, para afirmar que,
las faltas disciplinarias que desconocen el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, son de singular importancia por la afectación de los derechos fundamentales de las personas que han sido sujetas de estas violaciones, lo cual implica que la víctima cumple una labor fundamental como sujeto procesal dentro de una actuación disciplinaria y es por ello, que debe gozar de todas las garantías que le permiten intervenir en el proceso, y entre otras, que tenga la opción de interponer la revocatoria directa en el evento de los fallos absolutorios u ostensiblemente ínfimos en relación con la gravedad de la conducta.
Es por tanto que, en aquéllas situaciones en las que estén comprometidos la vulneración del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y la víctima no tuvo la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de la revocatoria directa debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de un fallo disciplinario”.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia.
Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.
2. La materia sujeta a examen
Le corresponde a la Corte definir si el límite temporal de cinco años que establece la norma para poder solicitar la revocatoria de un fallo disciplinario, supera o no el impuesto a la potestad de configuración del Congreso por los tratados de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y el Derecho Internacional Humanitario.

Para responder a esos interrogantes, la Corte recordará brevemente la naturaleza de la acción disciplinaria y la aplicación de los principios de cosa juzgada y non bis in idem a la misma, los derechos constitucionales de las víctimas de las infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y los deberes del Estado investigar juzgar y sancionar a los culpables de las mismas, para entrar a definir a partir de allí si la restricción impuesta a la acción de revisión por la expresión acusada se ajusta o no a la Carta.
2.1. La acción disciplinaria
El derecho disciplinario comprende, por una parte, el poder disciplinario, es decir, la facultad que hace parte del poder sancionador del Estado, en virtud de la cual aquél está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias por la infracción de los deberes funcionales en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas y las sanciones correspondientes teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida. De otro lado, el derecho disciplinario, en sentido positivo, comprende el conjunto de normas a través de las cuales se ejerce el poder disciplinario mediante un procedimiento que conlleva el respeto por la dignidad humana y por el debido proceso (legalidad, favorabilidad, ilicitud sustancial, culpabilidad, proporcionalidad, igualdad, debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad, celeridad y ejecutoriedad y que culmina con una decisión que constituye cosa juzgada respecto de lo debatido en el proceso)1.

Adicionalmente, como lo ha advertido la Corte, por regla general no existen víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria, salvo que la misma implique violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario caso en el cual las víctimas o perjudicados, en reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, “están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos”, por lo cual “la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables”2.
La institución de la cosa juzgada a su vez está relacionada con el principio de non bis in idem, sin que de ello pueda derivarse que a ella deban sacrificarse los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario pues ,tal como lo ha reiterado esta Corporación, si bien tales principios se establecen en beneficio del procesado, en tanto colisionen con otros como los derivados de los derechos de las víctimas y el deber estatal de investigar juzgar y sancionar las conductas violatorias de éstos para concretar la justicia material y lograr un orden justo (CP Preámbulo y arts 2° y 229) exigen una limitación de esas garantías constitucionales del procesado y “hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada3.
Estas concepciones permean la sentencia C-014 de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la demanda parcial de inexequibilidad contra los artículos 123 y 125 de la Ley 734 de 2002 precisó que este mecanismo excepcional de revisión de los fallos disciplinarios era extensivo a los autos de archivo y a los fallos absolutorios, cuando la falta disciplinaria que se investiga, fuera de aquellas que constituyan infracción de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Del mismo modo, declaró exequible el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 “en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos por la Ley”.
En tal sentido y en relación con este tipo de faltas, en los procesos disciplinarios procede la revocatoria directa de los fallos condenatorios, absolutorios y autos de archivo, a solicitud de la víctima o perjudicado que haya sufrido la violación de sus derechos por el incumplimiento de un deber funcional de un servidor público.
Por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el procedimiento disciplinario como un recurso interno que, si bien no puede sustituir la función de la jurisdicción penal en casos de violaciones de los derechos humanos –en razón de la naturaleza del tipo de faltas investigadas que tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, y de los fines del órgano a cargo de la misma–, “sus resultados pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de este tipo de responsabilidades”4
No obstante, el establecimiento de un límite para solicitar la revocatoria de un fallo disciplinario no contraría el bloque de constitucionalidad, toda vez que corresponde al ejercicio legítimo de la potestad de configuración legislativa.
Contrario a lo que sostiene el demandante, la Constitución Política consagra la prohibición de que en Colombia existan penas y medidas de seguridad imprescriptibles, de modo que el señalamiento de un término para solicitar la revocatoria de un fallo disciplinario, bien sea sancionatorio o absolutorio, resulta acorde con dicha prohibición, la cual constituye además una garantía para el investigado tanto si ha sido sancionado o absuelto. La única excepción a esa prohibición constitucional está prevista en el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, respecto del cual el constituyente introdujo una salvedad mediante el Acto Legislativo 02 de 2001, que según lo determinó la Corte Constitucional al revisar dicho Estatuto, se circunscribe al ámbito de competencia asignado a la Corte Penal Internacional para los delitos sometidos a su jurisdicción.
La revocatoria directa es una institución propia del derecho disciplinario directamente relacionada con la infracción de los deberes funcionales en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas y las sanciones correspondientes, por lo que no pueden extenderse las mismas consideraciones que para las conductas infractoras de la ley penal. Así mismo, la Corporación no encontró que exista un tratado internacional ratificado por Colombia que autorice que en cualquier tiempo se pueda revocar un fallo disciplinario, de modo que en esta materia se debe seguir la regla general de la prescriptibilidad de las sanciones.
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