Resumen En el presente trabajo nos proponemos analizar la violencia estatal y paraestatal presunta y probada sobre la población indígena y campesina en lucha por el derecho a la tierra en los sectores rurales de Paraguay






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fecha de publicación01.06.2016
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ISSN: 2362-3365

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA (II GEOFRONTERA): DIFERENCIAS E INTERCONEXIONES1

3 – Movimientos Sociales y Conflictos en la Frontera / Movimentos Sociais e Conflitos na Fronteira
M’BAE PICO OIKO2

VIOLENCIA Y TERRITORIO EN PARAGUAY. CONTINUIDADES E INNOVACIONES

Diana Arellano

Antropóloga Social, Docente Investigadora

Universidad Nacional de Misiones

dianamabela@yahoo.com.ar

Delia Ramírez

Antropóloga Social, Becaria Doctoral UNaM-CONICET

Universidad Nacional de Misiones

deliaramirez@gmail.com
Resumen

En el presente trabajo nos proponemos analizar la violencia estatal y paraestatal presunta y probada sobre la población indígena y campesina en lucha por el derecho a la tierra en los sectores rurales de Paraguay.

Las fuerzas represivas del Estado y de los sectores agropecuarios de poder desarrollan procesos de estigmatización, aislamiento y violencia pertinaz sobre los campesinos e indígenas que reclaman el derecho a la tierra inscripto en la Constitución Nacional y repetido en las plataformas electoralistas de los distintos sectores políticos que prometen, en reiteradas oportunidades, desde redistribución de tierras hasta Reforma Agraria.

A partir de un modelo de análisis inspirado en la teoría del campo social dinámico que contempla las interacciones entre los aspectos ideacional, material, normativo y agencial, cuya compleja trama trasciende los periodos que atraviesan los países del Cono Sur con sus inestables sistemas de gobierno –que las ciencias sociales acostumbran a tratar analíticamente como compartimentos estancos- demostramos que, en términos biopolíticos, en el caso de Paraguay existe una estrecha relación entre el ejercicio de la violencia y el problema de acceso a la tierra que, con sus particulares configuraciones, atraviesa etapas dictatoriales, transicionales y democráticas sin distinción.

Introducción

La teoría antropológica ha construido un acervo teórico relevante acerca de la construcción de la otredad3 que, en las últimas décadas, abreva en el concepto foucaultiano de Biopolítica, para referirse a las tensiones en las que los cuerpos son constitutivos y constituyentes de una red de vinculaciones políticas atravesadas por líneas de demarcación que separan ‘lo Mismo’ de ‘lo Otro’ hasta el límite en que, la vida de los ‘otros’ entra en el dominio de los cálculos del poder subyacentes en las estrategias políticas (Foucault, 1998:173).

Las fuerzas represivas del Estado y los actores económicos representados fundamentalmente en el empresariado agropecuario, llevan toda una historia de atropellos sobre campesinos e indígenas, en una tenaz campaña de estigmatización, aislamiento y violencia pertinaz sobre quienes reclaman el derecho a la tierra inscripto en la Constitución Nacional y repetido en las plataformas electoralistas de los distintos sectores políticos que prometen, en reiteradas oportunidades, desde redistribución de tierras hasta Reforma Agraria. Las “negociaciones” que se llevan adelante entre estos actores tan desiguales en términos de poder, se encuentran teñidas de violencia, atropellos a los bienes materiales, suspensión de las garantías constitucionales para determinados grupos, amenaza a las libertades individuales ambulatorias y de expresión, mediante la judicialización de la protesta social y, en su forma extrema, el recurso a la “supresión de la vida” de los líderes campesinos e indígenas bajo diversas estrategias de ejecución y ocultamiento que no se priva incluso de culpabilizar a la propia víctima.

Desde esta perspectiva “el control de la sociedad sobre los individuos no se efectúa solamente por la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista… el cuerpo es una realidad bio-política....” (Foucault, 1997) que debe ser disciplinada a expensas de su libertad y en función de las tensiones, fricciones y avances de los juegos de poder de los sectores dominantes de la sociedad.

A partir de un modelo de análisis inspirado en la teoría del campo social dinámico que contempla las interacciones entre los aspectos ideacional, material, normativo y agencial, cuya compleja trama trasciende los periodos que atraviesan los países del Cono Sur con sus inestables sistemas de gobierno –que las ciencias sociales acostumbran a tratar analíticamente como compartimentos estancos- nos proponemos abordar los mecanismos biopolíticos –prácticas y simbolizaciones- de construcción social como “otros exterminables” de la población indígena y campesina en lucha por el derecho a la tierra en Paraguay, en un contexto de franca expansión de los monocultivos industrializados para la exportación, que los deja sin su principal medio de producción y subsistencia material y cultural.

Partimos de la hipótesis de que, en términos biopolíticos, en el caso de Paraguay, existe una estrecha relación entre el ejercicio de la violencia y el problema de acceso a la tierra.

Hemos organizado la exposición de los datos en dos grandes bloques precisamente porque, aunque refieren a contextos sociopolíticos diferenciados, presentan una notable continuidad en los modus operandi gubernamentales (prácticas biopolíticas); sus construcciones de la ‘otredad exterminable’ que justifican y facilitan sus prácticas escondiendo sus espurios intereses (simbolizaciones); la manipulación de los sistemas normativos formales y culturales para la justificación de dichas prácticas, y; en respuesta, prácticas, simbolizaciones y apelaciones a las normas internacionales por parte de las víctimas que, construyen con todos los medios a su alcance y en estrecho diálogo con el contexto y sus posibilidades, su estrategia de defensa (capacidad agencial).


  1. Biopolítica del Estado Paraguayo en contexto dictatorial

Los crímenes cometidos durante el gobierno del General Alfredo Stroessner (1954 – 1989) fueron relevados a partir de diversas fuentes, documentados y sistematizados por la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay (CVJ) en un período que se extiende hasta 2003, año de creación de la misma. CVJ arribó a la conclusión de que se produjeron en Paraguay 20.090 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos: 19.862 detenidos arbitraria e ilegalmente; 18.772 torturados; 59 ejecutados extrajudicialmente; 336 desaparecidos y 3.470 exiliados con un enorme sub-registro de estos últimos que se estiman en un millón de personas, de las cuales sólo una proporción insignificante obtuvo condición de refugiado de ACNUR; desplazamientos forzados internos de comunidades indígenas y campesinas (Informe Final CVJ, 2008: Tomo II, Cap. III, 347). Considerando el entorno familiar directo de la víctima (con una media de cinco personas) la estimación asciende a 128.076 víctimas directas e indirectas de violaciones a los Derechos Humanos, es decir, una de cada 124 ciudadanos. CVJ construyó pruebas del “régimen de terror extendido” provocado por un plan sistemático de encarcelamiento y tortura –en algunos casos, reiterados contra una misma persona o familia (Informe Final CVJ, 2008: Tomo II, Cap I, I23-26).

La persecución en el sector rural fue particularmente cruenta y extendida a todos los miembros del grupo familiar del perseguido político. Allí se produjo la mayor cantidad de crímenes contra mujeres, niños, niñas y adolescentes con episodios de esclavitud sexual; represión y desplazamiento forzado de comunidades indígenas y reducción a servidumbre de niños y niñas nativas, y; hechos colectivos graves de violación a los Derechos Humanos como las masacres perpetradas contra campesinos e indígenas bajo la metodología represiva de “comunidad rural sitiada”4 en: San Isidro de Jejuí (San Pedro 1975), Costa Rosado (Caaguazú, 1980), Acarai (Alto Paraná), Simbrón (Paraguarí), Sangre de Drago (Misiones), Pueblo de Dios (Caaguazú), Cordillera (1975). CVJ estimó 2.832 mujeres víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, robo y violencia psicológica y sexual, mayoritariamente, campesinas pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas y; 577 niños, niñas y adolescentes víctimas directas de la dictadura. Sufrieron exilio, separación de sus padres, fueron entregados como criados para servicios domésticos y esclavitud sexual, pero también víctimas de violaciones, tortura y detención arbitraria, especialmente durante los episodios de ocupación de comunidades rurales campesinas e indígenas Aché-guayakí, Mbyá-guaraní, Enxet, Ayoreo Totobiegosode, Maskoy, Avá-guaraní, Paî Tavyterâ y Toba Qom. Los episodios son múltiples y complejos e incluyen desplazamiento forzado, expulsión de sus tierras, robo, violaciones, dispersión familiar, reducción a servidumbre, esclavitud y trabajo forzado, robo de niños, asesinatos, tortura, vejaciones, detenciones y ejecuciones arbitrarias. Todos estos episodios desencadenaron una profunda crisis que, en muchos casos, produjo la pérdida de la lengua materna, la cultura y la religión nativa.

El gobierno de Stroessner fue denunciado ante la CIDH en marzo de 1974 por "la situación de esclavitud y actos de genocidio" contra el Pueblo Aché. La Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay estima que un 60 a 70% del pueblo Aché –localizados en sus comunidades ancestrales ubicadas en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Guairá y Caazapá- murió a consecuencia de estas circunstancias durante la década de los sesenta y sobre todo de los setenta (Informe Final CVJ, 2008: Tomo III, Pág. 31; 89; 149-229).

Feierstein (2011) sostiene que, en América Latina, la Conferencia de Ejércitos Americanos de 1954 en Caracas, base de la Doctrina de Seguridad Nacional, asignó a las fuerzas armadas de Estados Unidos la función de defensa contra amenazas externas a la región y, a las fuerzas armadas de los países, la función de aniquilamiento del supuesto “enemigo interno”, transformándolas en fuerzas de ocupación y aniquilamiento genocida de la población civil connacional (Feiesrtein, 2011:86-88). A partir allí, la tarea de reducción del supuesto enemigo interno cuenta con la connivencia, la capacitación, los recursos y la conducción de las fuerzas americanas que, tanto en dictadura como en transición a la democracia y hasta la actualidad realizan en territorio paraguayo ejercicios conjuntos y presencia permanente.5

Este plan sistemático de persecución interna tuvo su correlato en el mayor proceso de expropiación espuria y solapada de bienes materiales. Todo el proceso de control biopolítico de la oposición (persecución, tortura, detenciones y expulsiones ilegales, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas), incluyó en la mayoría de los casos, la apropiación indebida de los bienes materiales de las víctimas. Sucede que, ante tanto horror y silencio al que fue indispensable ponerle voces y articularlo en sistemas de ideas que le dieran un sentido, sólo recientemente, cuando CVJ logró cuantificar de manera aproximada el rédito material de la persecución política, se comienza a hablar de la finalidad económica del proceso. En efecto, CVJ investigó y documentó la existencia de lo que llamó Tierras Mal Habidas: 4.241 lotes con 7.851.395 Hectáreas adjudicadas con graves irregularidades, trasgrediendo las normativas de la Legislación Agraria vigente. Estas tierras, que se presentaban como latifundios improductivos eran tierras fiscales, fincas de propiedad de los perseguidos políticos (especialmente de los exiliados) y, territorios ancestrales indígenas.

El 64% de las tierras que tenían por objeto la Reforma Agraria fueron adjudicadas de manera irregular o ilegal a presidentes y ministros paraguayos y extranjeros, altos funcionarios de gobierno, militares y policías en servicio activo y empresarios y latifundistas6.

Desde 1963 hasta 2013 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) transfirieron de forma irregular casi 8 millones de hectáreas. El poder político paraguayo tejió durante un tiempo extenso e intenso la conformación de un conglomerado de Tierras Mal Habidas. Para convertirse en latifundistas, los stroessnistas despojaron de sus territorios a campesinos e indígenas de manera violenta. La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la sistemática violación de los Derechos Humanos. Las luchas campesinas e indígenas se ubican en una continuidad histórica, tal como lo venimos exponiendo, y en causas estructurales que determinan que actualmente alrededor del 85% de las tierras se encuentre en mano de un 3% de los propietarios. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno coyuntural de solución sencilla sino de un complejo conflicto estructural que configura las subjetividades de los sujetos políticos.

Los mecanismos legales que implementó el regímenes durante los 35 años de su duración fueron: el Estado de Sitio (Artículo Nº 79 de la Constitución Nacional) que permitía “trasladar a las personas de un punto a otro de la República" y la Ley N° 294/55 que decía en su Art. 16 que los delitos de rebelión y sedición no son excarcelables ni procede la substitución de la pena "salvo la de conmutación de la misma por la de destierro dispuesta por el Poder Ejecutivo". El Código Penal de 1914 vigente hasta el año 1998, establecía en el Artículo Nº 62.1 la pena de destierro hasta de 10 años y, en el Artículo Nº 65 agregaba que los condenados a destierro serían “expulsados del territorio de la República y extrañados por el tiempo fijado por la condena.

Como se mencionó anteriormente, el delito de Tierras Mal Habidas se logró mediante la manipulación fraudulenta de la Reforma Agraria implementada por el régimen stroessnista en la década de 1960 con ayuda de organismos multilaterales de crédito en el marco del Programa Regional de Desarrollo denominado “Alianza para el Progreso” (USAID, 2008).

Las estrategias culturales que hicieron posible la expoliación, complementaron el régimen extendido de persecución política a las voces disidentes y su estigmatización bajo el rótulo de “comunistas” o “contreras” con, mecanismos culturales prebendarios que lograron la connivencia silenciosa de la población en virtud de que, durante el Periodo de Consolidación de la Dictadura (décadas del ‘60 y ‘70), la Reforma Agraria que impulsó el régimen stroessnista ejecutó una redistribución de pequeñas parcelas de tierras laborables (20 Has.) entre los jóvenes que cumplían con el Servicio Militar Obligatorio, reforzando de este modo, la aceptación de la población de la militarización prebendaria de los jóvenes y el apoyo de las familias de los conscriptos pobres7 que accedían de este modo condicionado a la tenencia de la tierra que, en muchos casos ya ocupaban. (Informe Final CVJ, 2008: Tomo IV, Cap. VI, 206).

Bajo regímenes dictatoriales, las posibilidades de reacción de la población se reducen dramáticamente. No obstante, en el caso de Paraguay, la ciudadanía elevó sistemáticamente denuncias y pedidos de ayuda internacional desoídos, que hoy conocemos a través de la sistematización de los documentos desclasificados de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denominado “Procedimiento 1503” que reúne cientos de informes y comunicados que diversos organismos no gubernamentales y personas particulares, remitidos a Naciones Unidas denunciando las violaciones a los DDHH en Paraguay y pidiendo infructuosamente ayuda a la comunidad internacional, durante doce años, entre 1978 y 1990 (Valencia Villa, 2010).

Otras formas de agencia de las víctimas se desarrollaron en su mayoría fuera del territorio. Esta fue tal vez la principal tarea que cumplieron los exiliados políticos paraguayos, principalmente desde Argentina (aún durante el periodo de Dictadura Militar, entre 1976 y 1983) y desde Europa, a través de las organizaciones de exiliados paraguayos en España y Francia (Giménez Guanes, 1997).


  1. Biopolítica del estado Paraguayo en contexto democrático: continuidades y discontinuidades.

La caída de Alfredo Stroessner en 1989 no significó el fin del autoritarismo en Paraguay ya que, sin juicio ni castigo, los represores continuaron en ejercicio y, las prácticas culturales de disciplinamiento continuaron vigentes. Aún en la actualidad se observan operaciones que dan cuenta de la continuidad de una matriz represora. En este sentido, sobre los sectores rurales, campesinos e indígenas se observa la aplicación cruda de la represión. No solo porque se trata de un sector movilizado –los campesinos representan en Paraguay el actor político más organizado- sino además, porque sus demandas atacan a los pilares de un modelo de acumulación de capital que se basa en la posesión de la tierra para los agronegocios (Palau, 2012).

La caída de los mercados internacionales de la madera y el algodón, principales productos de exportación de Paraguay, cedió su lugar a la expansión de los monocultivos industrializados para la exportación, principalmente soja y en segundo lugar, arroz. La dependencia económica de los agronegocios de exportación continúa el proceso de pauperización y expulsión de los campesinos que pierden sus tierras a manos de un mercado internacional. En este contexto, la población campesina paraguaya ha llevado a cabo una resistencia, capacidad de organización y agencia en defensa de sus intereses. De allí, la continuidad bajo régimen democrático de una Biopolítica sostenida que ha intentado en vano reducir la resistencia en el sector rural.

El factor estructural es la forma de tenencia informal de la tierra y la reducción del tamaño de las explotaciones por división de los lotes por herencia y/o venta por endeudamiento. La concentración de la tierra es un problema que no ha podido superarse hasta el presente. En 2008, en Paraguay, la pobreza afectaba al 46,4% de la población total y al 50,5% del sector rural. Según una encuesta del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 2 de cada 3 campesinos vive en situación de pobreza. La DGEEC (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos) señala que el 29,7% de la población rural no posee tierras, el 60% de la población con menos tierra posee el 6,6% del total de las mismas y el 10% con más tierra, posee el 66,4% de las tierras. Es decir, el 29,7% (669.121 habitantes), unas 121.658 familias, cifra que supera a las 110.000 familias sin tierra que censó el Ministerio del Interior en 1989. Según El Censo Agropecuario Nacional 2008, en Paraguay sobre un total de 288.875 fincas: 134.912 tienen título definitivo; 64.619 posee Documento Provisorio; 22.456 corresponde a Tierra alquilada o tomada en aparcería o mediería; 77.878 a Uso como Ocupante y; 13.854 a Otra forma de tenencia (CAN, 2008:22).

Acordamos con Cárdenas Rivera (2003) que, bajo sistema democrático o de transición a la democracia, resulta imperante aunque infructuoso, dilucidar los límites entre la violencia política –vinculada con determinadas acciones de los actores armados organizados (guerrilla, ejército y paramilitares)- y las demás formas sociales de violencia en razón de que, las relaciones entre una y otra son en muchos casos imperceptibles y se refuerzan mutuamente, por ello el diagnóstico resulta más complejo en el momento de dilucidar los móviles y las circunstancias de la mayoría de las muertes violentas (Cárdenas Rivera, 2003).

El fin de los regímenes dictatoriales y el inicio de los procesos de transición a la democracia ponen en evidencia la continuidad de la Biopolítica, independientemente del régimen gubernamental que la sustente. Durante la larga transición democrática paraguaya (1989 – 2008) la violencia del Estado disminuyó sólo en el ámbito urbano aunque allí también se dieron episodios represivos con asesinatos como el llamado “Marzo Paraguayo” (1999). Además, existe una fuerte presencia territorial de los intereses geopolíticos de Estados Unidos a través de sus programas neoliberales para la región que –con base en el Plan Colombia- combinan intervencionismo político, judicial, económico y militar, bajo las engañosas formas de ‘ayuda humanitaria’ y ‘lucha antiterrorista’ contra la presencia de supuestos grupos armados de orientación marxistas como el denominado EPP (Ejército Popular Paraguayo) cuyos supuestos integrantes están presos, prófugos o han sido ejecutados extrajudicialmente en el proceso de captura, acusados de secuestro extorsivo y organización armada. Su aparición resulta llamativa, especialmente por el énfasis en su cobertura mediática y la instalación en el sentido común de una población atemorizada (CODEHUPY, 2010).

Según datos de CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay) entre 1989 y 2005 se produjeron 75 ejecuciones sumarias y 2 desapariciones forzadas de líderes y activistas campesinos producidos por la represión armada a manifestaciones y, por ultimaciones a manos de sicarios en sus propios parajes, en episodios que intentan ser confusos y que forman parte de la estrategia de criminalización y ajusticiamiento por parte de fuerzas policiales, parapoliciales y civiles armados, casi siempre, al servicio de los propietarios de las tierras ocupadas. Se producen además, violentos desalojos de las parcelas que ocupan (destrucción e incendio de sus viviendas con todas sus pertenencias y plantaciones) y el encarcelamiento sistemático de dirigentes campesinos bajo la figura de “invasión de inmueble ajeno” (Informe Chokokue, 2007:11). A 2013 hay 120 campesinos asesinados en Paraguay; ninguno de esos casos ha recibido la correspondiente investigación judicial.

Se trata de un proceso biopolítico en contexto democrático con un número de violaciones a los Derechos Humanos y atentados contra la integridad física de las personas que alcanza una cifra elevada para un régimen de garantías constitucionales (120 casos, en 24 años de democracia) si se compara con el número de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas (425 casos, en 35 años de dictadura) (Arellano, 2011).

También durante el gobierno de Lugo Méndez (2008 – 2012) se produjeron hechos de violencia en el sector rural pero, con predominante carácter parapolicial. Continuaron persistentemente los problemas vinculados a las ocupaciones de tierras, los desalojos violentos y el temor al EPP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Los sectores rurales dominantes y sus representantes en el Senado presionaron fuertemente al presidente Lugo Méndez –por entonces amenazado de múltiples juicios políticos- a que tomara acciones represivas contra el supuesto grupo armado EPP lo que lo llevó a declarar Estado de Excepción en los Departamentos de Amambay, San Pedro, Concepción, Alto Paraguay y Presidente Hayes (Ley Nº 3.994) el 24 de Abril de 2010.

La violencia no cesó en su escalada y, el 15 de Junio de 2012 se produjo el asesinato en Yvypytâ, Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú8, de al menos 17 personas entre policías y campesinos, durante un procedimiento de desalojo de tierras denominado por la prensa primero –y luego adoptado por la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)- “Masacre de Curuguaty” (CODEHUPY, 2012).

El desalojo que terminó en masacre se produjo sobre una comunidad campesina que ocupaba pacíficamente y reclamaba sus derechos sobre un predio de 2.000 Has de Tierras Mal Habidas apropiado de manera fraudulenta por el latifundista, empresario y político Blas N. Riquelme, titular de Campos Morombí S.A (quien posee más de 70.000 Has. sólo en el Departamento Canindeyú)9. Este confuso episodio fue el punto principal del libelo acusatorio de un juicio político al presidente democráticamente electo Fernando Lugo Méndez. Luego de 23 intentos fallidos a lo largo de su gestión, los diferentes intereses se articularon para la Destitución por vía parlamentaria en 2012, a 13 meses del fin de su mandato democrático y en un juicio sin precedentes que duró menos 24 horas.

Luego de la Masacre de Curuguaty y con el gobierno del vicepresidente Federico Franco –considerado ilegítimo por gran parte de la población y por los países socios del MERCOSUR- se profundizó la implementación del sistema de asesinatos selectivos de líderes sociales, campesinos e indígenas en episodios confusos que las Fiscalías no contribuyen a esclarecer. Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 se produjeron los asesinatos de líderes campesinos en lucha por la tierra (Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano) un líder indígena aché (Bruno Chevugi), un periodista en Pedro Juan Caballero y dos concejales (uno de Itapúa y otro de la zona del Alto Paraná).

La investigación de la Masacre de Curuguaty, es una acabada expresión de impunidad10. El caso ilumina la complejidad del proceso, ya que interactúan factores geopolíticos y confluyen intereses económicos y políticos. Se mantiene imputados a 60 campesinos que no se encontraban en el lugar de los hechos sino en un “listado” de los organismos de Inteligencia; 11 de los ellos se encuentran presos y un adolescente condenado bajo la causa de “asociación criminal” por haber reconocido que llevó agua y medicamentos a su familia que resistía en Curuguaty. Las familias se encuentran desamparadas y bajo la presión de dispositivos oficiales represivos.

Tampoco ha cesado la violencia del Estado sobre las comunidades indígenas. En noviembre de 2012, la Comunidad Yvapoty (Pueblo Ava Guarani - Departamento de Canindeyú) que tenía el título de su territorio fue desalojada por 400 policías con orden judicial a favor del empresario de origen brasileño Elves Da Silva Riveiro11. Esta comunidad de 186 familias, con 122 niñas, niños y adolescentes, se encontraba asentada en la finca de 600 hectáreas desde hace más de 22 años. Su escuela, el puesto de salud, la despensa comunitaria y 26 viviendas familiares fueron quemadas (Informe SUNNU, 2013).

La comunidad Sawhoyamaxa (Pueblo Enxet del Departamento de Presidente Hayes/Chaco) fue expulsada de su territorio ancestral en 1995 por Heribert Roedel, un ganadero terrateniente de origen alemán. Aunque la comunidad ganó el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado paraguayo no procedió a la restitución de la tierra por lo que los indígenas decidieron reingresar a su territorio en calidad de ocupantes de sus propias tierras ancestrales, con la consecuente tensión e inminente nuevo desalojo.

A fines de 2012, 25 mil hectáreas de tierras ancestrales de los ayoreos de Cuyabia (Departamento de Boquerón) fueron vendidas a un empresario por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Por el escándalo fue desplazado el titular del INDI, Rubén Quesnel y quedó involucrado Jorge Oviedo Mattos (Senador reelecto del Partido UNACE).

Los episodios de violencia en estas comunidades fueron descriptos por tratarse de sucesos recientes pero, todos los pueblos indígenas ubicados en territorio paraguayo se encuentran sometidos a situaciones cotidianas de violencia y todo tipo de vejaciones.

Aunque CVJ recomendó en 2008 al Estado paraguayo, mediante reforma legal, medidas dirigidas a la devolución de las llamadas Tierras Mal Habidas, revocando adjudicaciones, promoviendo la nulidad de títulos para su recuperación y re-adjudicación institucional a los sujetos de la Reforma Agraria y otros beneficiarios, entre los que sugiere incluir a las víctimas de la dictadura y sus familiares en el Inciso C, relativo al orden de preferencia en el Estatuto Agrario:

… restituir los bienes inmuebles despojados a los exiliados y recuperar las tierras y los bienes mal habidos en manos de los personeros de la dictadura y sus prestanombres [sic]; recuperar las propiedades colectivas, las tierras comunales y los espacios públicos usurpados y; crear un mecanismo eficaz de restitución y protección de tierras ancestrales de las comunidades indígenas garantizando la protección de la biodiversidad, sus culturas y modos de vida tradicionales de acuerdo a los artículos 62 a 67, Capítulo V de la Constitución Nacional” ello no se ha realizado (Reforma propuesta a la Ley Nº 1863/02. en su Artículo 49).
A pesar de las recomendaciones de CVJ, la reforma a la ley no se realizó aún y se generalizaron discursos de estigmatización de todos los colectivos que, organizados, defiendan sus derechos. Nuevamente se observan mecanismos de exclusión racial, discriminación de minorías de todo tipo (gays, lesbianas, travestis, migrantes, extranjeros, etc), legitimación de los terratenientes y sojeros como los “verdaderos trabajadores”, en detrimento de los campesinos e indígenas que son catalogados como “sucios”, “haraganes”, “muertos de hambre”, “usurpadores”, “secuestradores” o, ideológicamente demonizados como “zurdos”, “chavistas”, “bolches”, del mismo modo que durante el régimen stroessnista.
Conclusión

Los episodios de violencia política en Paraguay han producido una fuerte tensión en el ámbito rural. La persecución y criminalización de los campesinos en lucha por la tierra que tuvo su momento más álgido en la llamada “Masacre de Curuguaty” en 2012, continúa hasta el presente en espiral ascendente. De allí la relevancia de generar un conocimiento sistemático y riguroso en clave Biopolítica que sustente la estrecha relación existente entre la tenencia de la tierra y la clasificación y estigmatización de campesinos e indígenas que reclaman sus derechos.

Por todo lo antes expuesto, sostenemos que, en términos biopolíticos, en el caso de Paraguay existe una estrecha relación entre el ejercicio de la violencia y el problema de acceso a la tierra que, con sus particulares configuraciones atraviesa etapas dictatoriales, transicionales y democráticas, con escasa modificaciones tanto en las prácticas como en las representaciones simbólicas que las justifican. La construcción de los “otros” a los que se les niega el derecho básico a la vida es un largo proceso que puede ser detectado de manera preventiva mediante la construcción de conocimientos que contribuyan a desarticular la clasificación y estigmatización de personas y grupos (acciones estandarizadas como Primera Etapa de los Procesos Genocidas)y expliciten las verdaderas causas del conflicto (Arellano, 2013). La construcción de los campesinos e indígenas paraguayos en lucha por el acceso a la tierra como “otros exterminables” responde a la defensa que ejerce el Estado de los intereses de los sectores dominantes del país en detrimento de los derechos más elementales de la ciudadanía.
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Valencia Villa, Alejandro (2010): La situación de Derechos Humanos del Paraguay entre 1978 y 1990: El Procedimiento Confidencial 1503 de las Naciones Unidas. Asunción del Paraguay.

1 Editor: Facultad De Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Direccion: Oficina de Relaciones Internacionales – 1er piso Biblioteca, Calle Tucuman 1946, Posadas, Misiones, CPA: N3300BSP, Correo electrónico: internacionalesfhycs@gmail.com

2 Voz Guaraní, signif. ¿Qué pasa?

3 Los principales desarrollos del concepto pueden ampliarse consultando Giddens (1992); Auge (1995); García Canclini (1995); Edward (1995); Boivin et al. (2004), entre otros.

4 Consiste en un régimen de castigo colectivo penado como crimen de guerra, aplicado durante un periodo que puede durar entre una semana y varios meses, so pretexto de sancionar a la comunidad por supuestos delitos, entre los cuales las acusaciones de “ser comunistas” o “esconder o ayudar a comunistas” fueron las más frecuentes. Mediante un cerco militar y la ocupación con efectivos armados se procede al aislamiento, restricción a las comunicaciones y relaciones sociales, culturales, comerciales con el exterior de la comunidad, al ingreso de alimentos y medicamentos, a la circulación de las personas al interior de la misma, muchas veces se disgrega a las familias y se las reordena por grupos de género y edad prohibiendo el contacto entre los miembros de las familias y se procede a todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos, entre las cuales las torturas, violaciones y vejaciones son permanentes.

5 En Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, del Chaco Paraguayo se registra formalmente la presencia de soldados norteamericanos que ingresaron con inmunidad en los años 2005 y 2006. La comunidad se ve afectada e impresionada con el despliegue del proceso de militarización de la zona con apoyo norteamericano. El Chaco paraguayo es un territorio estratégico por su lugar transfronterizo, los trece pueblos indígenas que habitan ese territorio y los recursos naturales que dispone el lugar (Irala, 2011).

6 Paralelo a la cesión irregular de tierras que se realiza con el gobierno de Stroessner se continúa con un proceso de extranjerización del territorio, cuya profundidad histórica se remonta a la Guerra de la Triple Alianza (Glauser, 2009).

7 Los jóvenes de clase media no hacen el SMO sino un entrenamiento militar reducido a unas pocas semanas en el CIMEFOR, so pretexto de no interrumpir sus estudios.

8 Específicamente, el lugar en disputa es un predio de 2 mil hectáreas que se conoce como Marina Cué que significa “la antigua Marina”, por tratarse de un capo que ocupó la Marina Paraguaya durante más de 30 años, pero tras un prolongado abandono del predio por parte del Estado, las familias campesinas comenzaron a realizar los trámites para habitar legalmente ese lugar, porque entendían que era propiedad del Estado.

9 Campos Morombí S.A., de Blas Riquelme, recién se interesó por tener esas tierras lindantes cuando los campesinos gestionaron su tenencia ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La estrategia del empresario, entonces, fue iniciar un juicio por usucapión y así, en tiempo récord, consiguió una sentencia que implicaba un conjunto de graves irregularidades. El inmueble figura oficialmente como Tierra Mal Habida en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay y presentado por ésta a la procuraduría General de la Nación para su pronto tratamiento, en tanto fue adjudicada por el Estado paraguayo a través del IBR en 1975 a una Persona No Beneficiaria del Estatuto Agrario (CVJ, 2008, Tomo IV: 37-39).

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11 Cabe destacar, que este conflicto se produce en el mismo Departamento en el que ocurrió la Masacre de Curuguaty, a poca distancia de allí.



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